El 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua  
   
Comunicado de Ecologistas en Acción  
(Ecologistas en Acción de Albacete, 22 de Marzo de 2003)


En 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, conocida como la Cumbre de Río de Janeiro, instauró el 22 de marzo como el Día Mundial del Agua, para destacar el papel fundamental que este recurso tiene para el desarrollo humano y la conservación de la vida y los ecosistemas. Desgraciadamente, como ocurre casi siempre que se celebra un día en referencia a un problema, el estado de éste no ha mejorado en los once años transcurridos, en el mundo en general y en España, en particular.

Por un lado, el acceso de un tercio de la población mundial al agua potable sigue estando condicionado por enormes dificultades: escasez, contaminación, dominio de un pueblo o estado sobre otro, etc. Esta situación sigue originando, a su vez, enfermedades, insuficiencia para el mantenimiento de los cultivos y, en no pocos casos, guerras encubiertas como la de Israel y Palestina.

Pero en España el problema del agua, aunque de otra dimensión, sigue en permanente actualidad, a raíz de la aprobación del P.H.N. y del conflicto y las manifestaciones en torno al trasvase del Ebro al Levante. La planificación hidrológica del P.H.N. no tiene en cuenta las posibilidades de ahorro, como ya ocurriera con los Planes de Cuenca y con otros proyectos hidrológicos de gobiernos anteriores (recordar el plan Borrell de conexión entre cuencas). Una vez más, este Plan se limita a contemplar la creación de infraestructuras con el objetivo de satisfacer las demandas, siempre crecientes, de un recurso que se manifiesta cuantitativa y ambientalmente insuficiente para atenderlas a todas.

En este punto hay que analizar las alegaciones que hacen los distintos intereses en conflicto. Por una parte, los Gobiernos de la Comunidad Valenciana y de Murcia, apoyados por unos intereses empresariales y turísticos poderosos y por las asociaciones agrarias, exigen el cumplimiento del P.H.N. (es la primera vez que un Gobierno organiza una manifestación para exigirse el cumplimiento de su propia Ley), apelando a la "solidaridad" y a la necesidad de mantener y aumentar el nivel de desarrollo económico alcanzado. Incluso justifican que un m³ de agua en el Levante produce más beneficios económicos que en las tierras de Aragón o de los Pirineos (para los que se contempla la construcción de nuevos embalses que inundarían más valles, aumentando el despoblamiento de esas tierras).

Por otra parte, los habitantes de Aragón o de las comarcas del bajo Ebro, incluidos los de las tierras del delta, protestan y reclaman del Gobierno y de la Unión Europea, la permanencia íntegra del caudal hasta su desembocadura, con el fin de asegurar las formas de vida tradicionales de una población que, no por más escasa, debe tener menos derecho a su supervivencia. Y aquí está una de las claves del problema: ¿qué derechos deben prevalecer? Por un lado, un mayor crecimiento económico de unas formas de desarrollo no sostenibles ambientalmente: grandes urbes turísticas demandantes de agua en la costa en el período de máximo estiaje, con infraestructuras muy costosas, como parques temáticos o campos de golf, para un turismo de alto nivel económico, y explotaciones agrarias de elevada tecnología (cultivos bajo plástico y regadíos tecnificados y con gran dependencia de agroquímicos), pero de alto rendimiento económico en el corto plazo.

Frente a ese modelo, la otra cara la presentan las poblaciones tradicionalmente asentadas en los valles pirenaicos de Navarra y Aragón, con economías agrarias y ganaderas de subsistencia, o las poblaciones de baja densidad (un viaje a las tierras de Amposta o Deltebre lo atestiguan rápidamente) de las tierras bajas del Ebro, con una agricultura tradicional del arroz, de menor rendimiento económico que los anteriores, pero que ha permitido la existencia de uno de los ecosistemas de humedales más importantes de España para la invernada y nidificación de aves (que, evidentemente, no votan ni pagan impuestos, pero con los mismos derechos para seguir existiendo). Además, con un gran potencial de turismo de naturaleza, que asegure a medio y largo plazo el mantenimiento de la riqueza de sus habitantes, con menor impacto ambiental en el territorio si se gestiona convenientemente.
Pero hay otro argumento que hay que incluir para tomar la decisión final y es el que ha llevado el debate del P.H.N. a Europa: el coste y la financiación de las obras ha de ser asumido por los usuarios finales del agua, conforme a las directivas y la legislación de la propia Unión Europea. Si ésto fuera así, el precio del m³ del agua del trasvase del Ebro, unas 63 pesetas, sería inaceptable para los agricultores del Levante, que "exigen" un precio similar al que vienen disfrutando en los actuales sistemas de abastecimiento y que no contempla, por supuesto, el coste de la contaminación producida en sus ríos y acuíferos.

En Albacete y en Castilla La Mancha hemos padecido desde los años setenta el enorme coste ambiental y social que el trasvase Tajo Segura supuso en muchos pueblos de Guadalajara, Cuenca y Albacete. ¿Por qué entonces ha sido el Gobierno de nuestra Comunidad uno de los que han apoyado el P.H.N., con el modelo insostenible que contiene?
Trasvase Tajo-Segura, a su paso por Albacete
Foto: Ecologistas en Acción
 
Por último hay que hacer referencia en este Día, a los problemas específicos en nuestro entorno, en especial a la polémica sobre las construcciones de traída de agua desde el Júcar, que abastecerán con 30 Hm³ al año a nuestra ciudad. Lo primero que se debe explicar es que la mayor parte de esta cantidad no va a destinarse al consumo humano sino a mantener los regadíos de maíz, remolacha o alfalfa, en sustitución de las mismas cantidades de aguas subterráneas, pero en unas condiciones similares a las que denunciamos para la agricultura levantina: los beneficiarios de esos regadíos no van a pagar el coste real de las obras. Y, además, no se ha previsto ninguna medida para abordar el problema de fondo que ha llevado a esta situación: la sobreexplotación y la contaminación de los acuíferos por productos químicos procedentes de dichos cultivos. Y ese trasvase de agua es irrisorio frente al mantenimiento de más de 500 Hm³, que seguirán extrayéndose cada año de las aguas subterráneas, con el imparable aumento de los regadíos que pueden verse en los alrededores de nuestra ciudad. Por esta razón los primeros que han aplaudido la traída de aguas desde el Júcar han sido los regantes, mientras que los ciudadanos ignoran cómo va a repercutir en sus bolsillos esta obra tan polémica.

Y, mientras tanto, se sigue regando con agua de excelente calidad en el campo de golf de Cuasiermas, con unos consumos escandalosos y con unas instalaciones pendientes desde hace casi cuatro años de una demanda ante los Tribunales y sin la licencia de actividad del Ayuntamiento. Resulta curioso que en las carpetas de la campaña del agua "Mójate" de la Junta de Comunidades, se denuncien los campos de golf en otras regiones y, aquí se declaren Proyecto de Singular Interés. ¿Para quién?

Triste, pero a pesar de todo, el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. Felicidades a quien corresponda.
 
 
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