Alejandro Gil calificó de «irrisoria y ridícula» la inversión de 11.000 millones de pesetas que proyecta el Ministerio de Medio Ambiente en todo el territorio nacional en materia de depuración de aguas residuales para los próximos tres años, «frente a los 18.000 millones que invertirá el Gobierno regional, en ese mismo periodo, en toda la Comunidad Autónoma», lo que hará a juicio del consejero de Obras Públicas que el nivel de cumplimiento de la normativa europea sobre saneamiento se alcance «sobradamente» en el año 2005, fecha límite establecida por las autoridades comunitarias.

En este sentido, Gil recordó que actualmente un 78% de los municipios de la provincia de Albacete depuran correctamente sus aguas , y que en el plazo máximo de un año y medio esta cifra se elevará hasta un 85% con las depuradoras que actualmente se están construyendo en los tres municipios que vierten sus aguas hacia las Lagunas de Ruidera (Ossa de Montiel, Munera y El Bonillo) y en localidades de la mancomunidad de la Sierra del Segura. Todo ello, aseguró el consejero de Obras Públicas, ha sido posible gracias a las aportaciones de 5.300 millones del Gobierno regional, de los propios ayuntamientos donde se han instalado las depuradoras y de los fondos europeos Feder y de cohesión, «porque ni la Confederación Hidrográfica del Júcar, ni la del Segura ni la del Guadiana han aportado cantidad alguna, lo que sigue demostrando que se sigue pensando más en valenciano o en los intereses de Murcia que en los de Albacete, y que el Ministerio de Medio Ambiente actúa de un modo sectario sin tener en cuenta el beneficio de Castilla-La Mancha».

El consejero se refirió a la posible sanción que la UE puede imponer al Gobierno español por la mala calidad de sus aguas interiores, que podría alcanzar los siete millones y medio de pesetas diarios y los tres mil anuales. Gil insistió en que la mala situación de estas aguas continentales se debe a que «no se está haciendo un exhaustivo control de los vertidos de aguas residuales y no hay más que comprobar cómo las Confederaciones Hidrográficas, que tienen la responsabilidad de controlar los vertidos de aguas que se hacen desde poblaciones , industrias u otras instalaciones, cada vez tienen menos recursos económicos y humanos, con lo que difícilmente pueden llevar a cabo ese control».

Dentro de las zonas consideradas por la Unión Europea como no aptas para el baño por su mala calidad de aguas se encuentran las Lagunas de Ruidera y el río Júcar a su paso por Alcalá. Respecto a las primeras, Gil recordó que en el año 1993 la depuración de sus aguas residuales se declaró «de interés general, y por tanto es responsabilidad del Estado el saneamiento integral de las urbanizaciones de ese entorno, aunque después de ocho años lamentablemente Medio Ambiente no ha acometido ni una sola actuación. A pesar de que la situación mejorará cuando inauguremos las nuevas depuradoras, si el Gobierno sigue parado vamos a seguir teniendo problemas». Respecto a la situación del Júcar insistió el consejero en que «hace ya un tiempo dejó de ser un río natural para convertirse en un canal artificial que se utiliza a capricho de los intereses de las empresas eléctricas».