La Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Intervención Territorial de Albacete, ha realizado un control financiero de las ayudas recibidas por la empresa Cereales Saltó, dedicada a la deshidratación de forrajes, con cargo al Feoga-Garantía durante la campaña 97-98 y que ha concluido con la recomendación de la apertura de un expediente de reintegro total de la subveción percibida, que se eleva a 728 millones de pesetas, con los intereses y sanciones que legalmente correspondan. Esta acción se inscribe en el marco de la polémica surgida sobre las ayudas a la desecación de forrajes en la Región.

Según indicó ayer el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Alejandro Alonso, durante su comparecencia ante la Comisión correspondiente de las Cortes regionales, en el citado informe sobre los controles de contabilidad financiera, se indica que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha cumplido las medidas de seguimiento y control muy por encima de las exigencias establecidas en la legislación y por eso «no se efectúa ninguna recomendación a este respecto al órgano gestor».

El consejero indicó que los dos expedientes abiertos ante las irregularidades detectadas en la dos instalaciones de deshidratación de forrajes de Cereales Saltó –una en Pozo Majano (Albacete) y la otra en el paraje Los Grazones, también de Albacete– han finalizado con la revocación de las autorizaciones concecidas a esta firma para la obtención de los beneficios derivados del régimen de ayudas al sector de los forrajes desecados. En el primer caso la retirada de la autorización es por un periodo de cuatro meses mientras que en el segundo es por un año.

Alonso explicó que Cereales Saltó consiguió autorización en marzo del 97 para las dos plantas y que se ha ido renovando cada campaña. En la campaña 98/99, la empresa realizó 100 contratos, con una superficie de forraje de 3.887,79 hectáreas y recibió ayudas por 490,1 millones de pesetas; en la campaña 99/00, realizó 103 contratos, con una superficie de forraje de 4.447,63 hectáreas y recibió 585,5 millones de pesetas de ayudas; y en la campaña 00/01 ha realizado 144 contratos, con una superficie de forraje de 7.050 hectáreas y se le han abonado 386,9 millones de pesetas.

El consejero reiteró que el sector de forrajes es el que mayores controles conlleva y agregó que «los controles en Castilla-La Mancha son superiores a los del resto de comunidades autónomas y se llevan a cabo más controles de los que obliga el FEGA y la UE». Así, dijo que la Consejería realizó los controles previos pertinentes para autorizar las dos transformadoras y que, con posterioridad, en cada campaña la Delegación de Agricultura hizo los controles para comprobar que se continuaban cumpliendo los requisitos. Asimismo, afirmó que se han llevado a cabo todos los controles administrativos sistemáticos de todas las solicitudes.

En cuanto a los controles por muestreo destacó que si bien la legislación comunitaria prevé que todas las empresas de transformación autorizadas se visiten al menos una vez en campaña, los funcionarios de las Delegaciones provinciales realizan controles todas las semanas. A Cereales Saltó se le han realizado un total de 32.631 controles en las tres últimas campañas, según explicaron.

Respecto a los expedientes sancionadores tras las irregularidades detectadas en las dos transformadoras, el consejero comentó que en las instalaciones de Pozo Majano, se comprobó que las existencias de forraje deshidratado no coincidían con las reflejadas en la contabilidad de existencias, ya que la contabilidad reflejaba 945.080 kilos más que las existencias físicas que se encuentran en la empresa.

En las instalaciones de Los Grazones, se detectaron irregularidades tanto en el grado de humedad de los forrajes a su entrada en la planta, como en la contabilidad, que también determinanaron una resolución, con fecha 28 de marzo de 2001, de revocar la autorización a la empresa por un período de doce meses.

El PP pide que se investiguen más empresas en la Región

El diputado del Grupo Popular César Gómez Benayas anunció que su grupo solicitará que se cree una comisión de investigación para que se aclaren las irregularidades que han aparecido en torno a las subvenciones a la deshidratación de la alfalfa, dado que, en su opinión, la Consejería no ha sido capaz de hacerlo.

Gómez Benayas instó a la Consejería a hacer una investigación más exhaustiva sobre esta actividad, donde recordó que existen 22 empresas autorizadas para desecar forrajes y sólo hasta el momento se han detectado irregularidades en una, al tiempo que denunció la tardanza del Gobierno regional para actuar en este asunto, que dijo sólo se ha producido cuando se ha conocido la investigación de la Intervención del Estado y noticias en medios de comunicación.

Afirmó tener albaranes en los que se modifica la humedad real que tenía la alfalfa, así como otros de cantidades de alfalfa que nunca entraron en las plantas para ser deshidratada, lo que dijo prueba «el ciclo de la gran estafa de la alfalfa”.

El consejero de Agricultura le dijo que si eso es cierto que acuda al juzgado a denunciar ese delito, porque si no estará encubriendo un fraude, y señaló que pedirá a los servicios jurídicos de las Cortes que remitan el acta de la sesión para que investiguen ese fraude.

Gómez Benayas respondió que «no soy policía, sino político y quiero las pruebas para poder decir lo que digo» y añadió que éstas «posiblemente no sirvan para denunciar ni condenar a nadie, ni ganas que tengo».

El portavoz de Agricultura del PSOE, Antonio Salinas, acusó a Benayas de «amagar y no dar», recordó que, a diferencia del lino, en torno al cual «se montó una trama sólo para cobrar subvenciones», la alfalfa si es una alternativa para la agricultura regional. / EFE

Controles continuados de 24 horas diarias a cinco empresas

El titular de Agricultura indicó que a pesar de que Castilla-La Mancha ha venido realizando controles adicionales a los marcados en la legislación sobre las ayudas al sector de forrajes desecados, creen que todavía hay que intensificarlos más en tres puntos críticos: la humedad de entrada del forraje, la temperatura de deshidratado y las salidas de forraje.

Por eso, estos nuevos controles han sido incluidos en la Orden de 9 de abril de 2001, apuntando que el Gobierno regional propuso el pasado mes de marzo al Ministerio de Agricultura que estas medidas fuesen adoptadas por el MAPA y se generalizasen a todo el territorio nacional a través de la Circular del FEGA para la campaña de comercialización 2001-2002. Según Alonso, la respuesta del Ministerio ha sido “ir dando largas y posponiendo una toma de decisión a la próxima campaña”.

El director general de Alimentación y Cooperativas, Francisco Mombiela, señaló que este año en Castilla-La Mancha se intensificarán más los controles para evitar posibles fraudes en el cobro de subvenciones.

Así, durante dos meses se harán controles a cinco empresas durante las veinticuatro horas del día, algo que, según aseguró este alto cargo de Agricultura, «no ha hecho todavía ninguna otra comunidad autónoma».