El Tribunal Constitucional ratifica la suspensión de la Ley y el Proyecto de Meseta Ski

Comunicado, 20-07-11

Por acuerdo de su Pleno de 19 de julio, el Tribunal Constitucional ha decidido mantener la suspensión de la Ley 6/2010, de 28 de mayo, de Declaración de Proyecto Regional del Complejo de Ocio y Aventura Meseta Ski, recurrida el pasado 11 de marzo por el Presidente del Gobierno por vulneración del artículo 50 de la Ley de Montes, que obliga a las Comunidades Autónomas a garantizar la restauración de los terrenos incendiados y que prohíbe su urbanización durante treinta años.

El Tribunal Constitucional establece “la prevalencia del bien jurídico ambiental, expresado en este caso en la regeneración de la masa forestal, sobre el desarrollo de determinadas actividades económicas en los casos en que el ejercicio de éstas sea susceptible de poner en cuestión los objetivos de preservación del medio ambiente”. Frente a la pretensión de la Junta de Castilla y León de que se levantara la suspensión de la Ley, el Alto Tribunal señala que “tampoco aparece aquí una lesión de intereses públicos o privados de carácter patrimonial de tal magnitud que suponga afectar a un sector económico de manera directa e inmediata, fundamental para la economía de la Nación, con posibles perjuicios económicos de muy difícil reparación”.

Por lo tanto, el Complejo de Ocio “Meseta Ski”, promovido por la Diputación de Valladolid en la pedanía de Villavieja del Cerro, en Tordesillas (Valladolid), seguirá paralizado hasta que se produzca la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de la Ley que improvisaron las Cortes de Castilla y León para intentar pasar por encima de las 13 resoluciones judiciales que hasta la fecha han declarado la ilegalidad del proyecto, por vulnerar el planeamiento urbanístico, iniciarse sin Declaración de Impacto Ambiental, omitir la información pública o cambiar el uso de terrenos forestales quemados.

De esta manera, fracasa una vez más el intento de reanudar las obras y poner en funcionamiento el Complejo de Ocio, cuya demolición deberá asimismo aguardar al pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Meseta Ski, como ya acordó el Juez de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Valladolid y ahora ratifica el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en una sentencia de 7 de julio que también se ha conocido hoy.

Ecologistas en Acción vuelve a agradecer al Presidente del Gobierno que haya intervenido en defensa de la legalidad y el medio ambiente, y deplora una vez más la arbitrariedad e ilegalidad de las actuaciones emprendidas por la Diputación de Valladolid, el Ayuntamiento de Tordesillas, la Junta de Castilla y León y los grupos parlamentarios popular, socialista y leonesista de las Cortes regionales.

Los ecologistas consideran gravísimo que todas las autoridades y representantes políticos regionales que han intervenido a favor del proyecto hayan sacrificado el principio de legalidad, la división de poderes del Estado y los derechos fundamentales amparados por la Constitución para satisfacer los intereses espurios de unos políticos locales lamentables cuyas ocurrencias han costado hasta la fecha más de 12 millones de euros de todos, dilapidados en un dislate imposible. Asimismo, consideran lacerante que el responsable del fiasco de Meseta Ski, Alfonso Centeno, haya sido confirmado como Vicepresidente de la Diputación de Valladolid, premiando de manera incomprensible la ineptitud y las conductas ilegales.

La prohibición de recalificar terrenos forestales incendiados es una conquista histórica del movimiento ecologista que de esta manera se ve preservada del ataque de las instituciones de Castilla y León. Éstas deberían explicar su interés por los negocios privados de determinadas empresas constructoras como las promotoras o concesionarias de proyectos como Meseta Ski, la Ciudad del Medio Ambiente (Soria), la estación de esquí de San Glorio (León) o los vertederos de Gomecello (Salamanca), Santovenia de Pisuerga (Valladolid) o Fresno de la Ribera (Zamora), todos aprobados por Ley para pasar por encima de resoluciones judiciales que los declaran ilegales, y en algún caso objeto de investigaciones judiciales por corrupción.

Ecologistas en Acción de Valladolid