Ecologistas denuncia el inicio de las obras de la pista de esquí seco de la Diputación sin permisos

Según ha podido confirmar Ecologistas en Acción el pasado lunes, la Diputación Provincial de Valladolid ha comenzado las obras de construcción del proyecto Meseta Ski, ubicado en la localidad de Villavieja del Cerro (Tordesillas), pese a carecer presuntamente de las preceptivas Declaración de Impacto Ambiental, licencia ambiental, autorización de uso excepcional en suelo rústico y licencia urbanística, infracciones tipificadas como graves o muy graves en sus respectivas normativas sectoriales.

Las obras iniciadas consisten en la remoción de los terrenos afectados por la pista de esquí y sus instalaciones auxiliares y en el levantamiento de una edificación, de la que ya se ha ejecutado parte de la estructura. La licencia urbanística y la autorización excepcional de uso solicitadas al Ayuntamiento de Tordesillas por la institución provincial a través de SODEVA salieron a información pública el pasado mes de agosto, pero no se pueden conceder sin conocer la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, cuyo trámite de exposición pública terminó asimismo el pasado día 9 de octubre, y durante el cual los ecologistas presentaron alegaciones, todavía no informadas por la Comisión de Prevención Ambiental de Valladolid.

Los hechos citados pueden ser constitutivos de infracción urbanística muy grave, por carecer de licencia urbanística y afectar las obras a suelo rústico con protección; infracción muy grave de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, por iniciarse el proyecto sin Declaración de Impacto Ambiental; infracción grave de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León por iniciarse las obras sin licencia ambiental; e infracción del artículo 319 del Código Penal por llevar a cabo una construcción no autorizada en un suelo rústico de especial protección natural clasificado por el Plan General de Ordenación Urbana de Tordesillas.

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha solicitado al Alcalde de Tordesillas y al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid la paralización inmediata de las obras y la apertura de sendos expedientes sancionadores por las infracciones administrativas referidas, que deberían finalizar con la imposición a la Diputación Provincial de una multa por importe de hasta 2,4 millones de euros. Asimismo, ha denunciado los hechos ante la Fiscalía de Valladolid por la comisión de un presunto delito urbanístico, castigado con penas de prisión e inhabilitación de 6 meses a 3 años, del que sería responsable el Presidente de la institución provincial, Ramiro Ruiz Medrano.

Para los ecologistas, la actuación de la Diputación Provincial es especialmente grave, por tener encomendado subsidiariamente el control de la legalidad urbanística en los pueblos de la provincia, de forma que se daría la paradoja de que en caso de inhibición del Ayuntamiento de Tordesillas sería la propia institución provincial la encargada de ordenar la paralización de las obras y abrirse un expediente sancionador a sí misma. No es de recibo que por un supuesto interés electoral la Administración vulnere todas las regulaciones establecidas para proteger el medio ambiente y el territorio, con lo que da un ejemplo nefasto y crea alarma social.

Respecto a las alegaciones presentadas al Estudio de Impacto Ambiental por Ecologistas en Acción, se basan entre otros asuntos en: la falta de examen de alternativas; la falta de justificación de caudal de agua suficiente (el PGOU de Tordesillas indica que el actual sistema de abastecimiento de Villavieja del Cerro se considera totalmente insuficiente); la falta de estudios de movilidad y tráfico; la presencia en el Cerro de San Juan de dos yacimientos arqueológicos, en cuyos suelos “no resultan compatibles los usos que supongan remoción del subsuelo”, según el PGOU de Tordesillas; y la protección de parte de los terrenos afectados por el proyecto, clasificados por el PGOU de Tordesillas como suelo rústico con protección natural paisajística y forestal, donde “están prohibidos los usos que manifiestamente puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico relevante”. Ecologistas en Acción cuestiona también la inversión de 4,7 millones de euros destinada por la Diputación Provincial para un proyecto de dudoso interés social y nulo interés ambiental.