RECORTES DE PRENSA

Lunes, 23 de Nov de 2009 El Puerto mira de reojo a Chiclana Propietarios de viviendas ilegales realizan sus primeras críticas al elevado coste de su futura regularización mientras que desde el Gobierno local se asegura que sólo se exige lo que marca la ley Propietarios de viviendas ilegales de Chiclana, manifestándose el pasado sábado. E. M. Cañas El pasado sábado, un importante número de propietarios de viviendas ilegales de Chiclana se echó a la calle para protestar por el "excesivo" coste que le supondrá el proceso de regularización. Esa ciudad, con más de 15.000 viviendas al margen del planeamiento, es el caso más extremo del desarrollismo residencial ilegal en la provincia puesto que se calcula que en El Puerto haya algo menos de 5.000, aunque las comparaciones entre una ciudad y otra son continuas. Por lo tanto, todo lo que ocurra en ese municipio es seguido con cierta atención desde El Puerto por una cuestión lógica: Chiclana ha comenzado a poner en práctica un procedimiento de regularización de sus núcleos ilegales que, como no podía ser de otra forma, guarda semejanzas con el que se está ultimando en el planeamiento portuense. La localidad chiclanera cuenta con un nuevo Plan General ya aprobado que fue elaborado por Territorio y Ciudad (precisamente la empresa que está redactando el ordenamiento portuense). Pero el proceso de regularización se ha encallado cuando se han fijado los costes que supondrá la legalización. Ante esto la pregunta es clara: ¿Ocurrirá esto en El Puerto cuando se llegue a la fase en la que se encuentra el ordenamiento chiclanero? Las fuentes consultadas por este periódico prefieren no especular con esta cuestión, al menos en el momento actual con un ordenamiento aún en fase de redacción. Pero ya se conocen las primeras estimaciones económicas y, por ende, las primeras reacciones. El nuevo ordenamiento incluye un estudio económico financiero donde cuantifica las actuaciones a ejecutar durante sus ocho años de vigencia. Uno de los aspectos que se analiza es el coste de la urbanización que tendrán los núcleos que serán regularizados. En función de la clasificación de suelo que se le ha asignado a cada uno (el Plan establece que los diseminados no tienen una solución única sino que se marcan distintas vías en función de su grado de consolidación), los gastos pueden oscilar entre los 10 y los 35 euros por metro cuadrado bruto del ámbito. Pero ésta no será la única cuantía a la que tendrán que hacer frente los propietarios. Ya en el documento de aprobación provisional 2 se advierte que también tendrán que costear aspectos tales como la compensación a aquellos dueños de terrenos donde se proyectan las dotaciones que obliga la ley (zonas destinadas para equipamientos públicos) dentro de estos diseminados o, en el caso de que no haya espacio libre por la colmatación del núcleo, la adquisición de las parcelas necesarias en lugares cercanos. Además, se debe compensar también al Ayuntamiento por el suelo que cualquier nuevo desarrollo debe ceder gratuitamente al municipio. No obstante, y al igual que en el caso de Chiclana, todos los gastos que deban afrontar se señalarán de forma pormenorizada en una ordenanza que deberá elaborar el Ayuntamiento una vez entre en vigor el nuevo Plan General (previsto inicialmente para 2011). Pero, tal y como se insiste en el Plan, lo que se está obligando a los propietarios es simplemente lo que marca la normativa urbanística, cuya base es la del reparto equitativo de cargas y derechos. Sin embargo, este periódico publicaba la pasada semana un artículo firmado por José Antonio Castro Cortegana, coordinador de Coave (una de las entidades que representa a los diseminados ilegales), donde auguraba que estos costes iban a ser excesivos. En este sentido, apuntaba: "A muchas urbanizaciones realizadas por grandes constructoras seguro que no les ha salido tan caro, teniendo en cuenta la edificabilidad que se les permite y que la proporción de espacios dotacionales que han aportado a nuestra ciudad son bastante menores a los que a nosotros se nos exige". Eso sí, ratificaba su convencimiento de que son los propietarios los que deben asumir estos gastos y no el Ayuntamiento. Mientras, desde el Gobierno local se incide en esta cuestión. La concejala de Urbanismo, Patricia Ybarra, indica que el nuevo Plan General "está planteado de manera que sean los privados los que costeen las obras públicas" (no en vano sólo el 30% de las inversiones corresponden a las administraciones públicas). Al ser preguntada por posibles rebajas en estos costes para los ilegales, la edil es tajante. "El Ayuntamiento nunca se ha comprometido más allá de presentar la cuestión ante bancos y cajas de ahorro para intentar llegar a alguna oferta beneficiosa para los diseminados pero es algo pronto aún para ahondar en este asunto". Eso sí, Ybarra lo dice claro: "¿Puede plantearse el Ayuntamiento pagar, aunque sea una parte, la urbanización del Juncal, Casino o Rancho Linares?. Obviamente no, son suelos privados que llegarán a quienes compren las casas perfectamente urbanizados, con sus reservas de espacios dotacionales y con sus parques y sus aceras. La única diferencia entre estos suelos y los ilegales es que estos últimos han llegado a la casa antes de hacer las calles, pero porque ellos lo hayan hecho al revés no tiene por qué el Ayuntamiento pagarles nada".