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Miércoles, 25 de Nov de 2009
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Denuncian en Subdelegación las talas hechas por dos obras del Plan E
Ecologistas en Acción reclama al Gobierno central que no financie la reforma del acerado de El Tomillar y la instalación de un colector junto a los bloques de Caballero
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Una de las talas realizadas, junto a los bloques de Luis Caballero. |
Delegación
Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Subdelegación del Gobierno en Cádiz que el Ayuntamiento ha procedido a la tala de 358 árboles en diversas zonas de la ciudad con proyectos a financiar con el Plan E, los Fondos de Inversión Local para el Empleo (FEIL). Las actuaciones son la reparación del acerado en la urbanización El Tomillar y la construcción de un colector de desagüe junto al grupo de pisos de Luis Caballero, en Ronda del Ferrocarril.
El colectivo conservacionista recuerda que en el primer proyecto "el Ayuntamiento, en vez de reparar aceras y ampliar alcorques, ha aprovechado para talar los 327 árboles existentes, de las especies arces negundos, álamos blancos, almeces y brachichitos". Además, el colectivo recuerda que se han cegado todos los alcorques "por lo que será imposible la replantación de los árboles talados".
Mientras, la prolongación del colector se ha realizado "sobre una zona verde donde existían 31 pinos carrascos, cuando existe un colector paralelo y colindante a dicha zona verde, por lo que era posible ampliar la actual conducción duplicando el mismo trazado y existiendo, incluso, el proyecto".
Para Ecologistas en Acción, "los fondos públicos deben tener como finalidad generar empleo en obras que fomenten a su vez beneficios sociales, pero no se entiende que se gaste o despilfarre dinero público en destruir zonas verdes o arbolado urbano".
La entidad conservacionista recuerda que estas actuaciones "se contradicen" con la nueva convocatoria de Fondos Estatales previstos para el año próximo donde se incluyen actuaciones de "mejora medioambiental y de regeneración forestal". Por este motivo, la asociación reclama a la Subdelegación que los dos proyectos denunciados no sean financiados por el Gobierno central y que se tomen "medidas de control más exhaustivas" sobre las actuaciones aprobadas.
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