LA FEPG HA DENUNCIADO A LOS ALCALDES DE TARIFA Y BARBATE POR DELITO ECOLOGICO

En pleno verano, mientras los máximos responsables políticos y del sector turístico se vanaglorian del éxito de la temporada, del esfuerzo hecho para garantizar la calidad de la oferta turística, se siguen vertiendo directamente las aguas fecales en algunas de nuestras mejores y más famosas playas.

La Federación Ecologista Pacifista Gaditana (FEPG-CEPA) denuncia públicamente la gravedad de estos hechos:

Los poblados-urbanizaciones de Bolonia y El Lentiscal (término de Tarifa) vierten sus aguas residuales en la misma playa de Bolonia, playa que se promociona precisamente en base a sus aguas limpias y a su entorno natural.

Pero el caso más sangrante es sin duda el de Zahara de los Atunes (término de Barbate) población que ha conseguido este verano relevancia a nivel nacional debido a la presencia de numerosos/as famosos/as. Todas las aguas residuales de esta población y de la vecina urbanización de Atlanterra (perteneciente al término de Tarifa), en total unas 25.000 personas, se vierten al arroyo del Cachón, que se remansa junto a Zahara formando una gran charca pútrida y pestilente, pórtico impresentable para una zona que está teniendo un gran auge turístico precisamente por su fama de sus aguas limpias, calidad paisajística y tranquilidad.

Ante los olores tan insoportables -que ha motivado que numerosos turistas abandonen el pueblo- el Ayuntamiento de Barbate no se le ha ocurrido mejor idea que abrir una zanja y evacuar esta agua contaminadas directamente a la playa. Durante todo el pasado fin de semana, miles de m3 de aguas putrefactas han sido vertidas a la famosa playa de Zahara. La corriente y el oleaje se han encargado de extender la contaminación por la zona de baños sin que ningún aviso anunciara a los bañistas que estaban en aguas contaminadas.

La FEPG ha emprendido acciones legales contra los Ayuntamiento de Tarifa y Barbate por entender que estos hechos están tipificados en el actual código penal como delito ecológico y contra la salud pública. El Art. 325 del Código Penal estipula penas de prisión de seis meses a cuatro años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial a los que realizaren vertidos a las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, contemplándose como agravante el que exista riesgo para la salud de las personas.

El Defensor del pueblo, José Chamizo, ha comunicado a la CEPA que la Consejería de Medio Ambiente ha rechazado su recomendación de que apruebe una normativa para regular las subvenciones a actividades de organizaciones ecologistas que acabe con la discrecionalidad y discriminación existente en la actualidad.

La CEPA ha denunciado reiteradamente el boicot que viene sufriendo por parte de la Consejería de Medio Ambiente (CMA) para el desarrollo de proyectos de conservación y defensa del medio ambiente. La CMA saca anualmente una convocatoria para subvencionar proyectos, pero la concesión de las subvenciones es totalmente arbitraria, de forma que son utilizadas con fines políticos, boicoteando las actividades de las organizaciones independientes y reivindicativas y apoyando aquellas cercanas al PSOE.

En 1996, de los 18 millones presupuestos para asociaciones y federaciones ecologistas, la CEPA -la principal organización ecologista de Andalucía, con más de 130 grupos federados- no recibió ni una peseta. Entre los Proyectos a los que la CMA negó su apoyo estaba el de "Corredor ecológico del Guadiamar", que ahora presenta el Consejero como su proyecto estrella. En 1997, la CMA ha aprobado sólo tres proyectos de los 12 presentados por la CEPA, sin mayores explicaciones.

Este dinero lo utiliza el Sr. Blanco subvencionar a entidades patrocinadas por la misma Consejería o el PSOE. Los máximos responsables de la CMA están intentando crear un conjunto de auténticas OSGs (Organizaciones Sí Gubernamentales) que compitan en situación de ventaja con las ONGs independientes. Como ejemplo, baste indicar que la Federación de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía -entidad privada cuyos máximos responsables han sido altos cargos de la CMA, y ahora lo son del área de medio ambiente del PSOE- ha recibido más de 80 millones de pesetas de subvenciones.

El Defensor del Pueblo confirmó la existencia de tal discriminación, y solicitó a la CMA la aprobación de una normativa sobre subvenciones que evite las "arbitrariedades o discrecionalidades no justificadas".

El Viceconsejero de Medio Ambiente ha comunicado a Chamizo que mantendrá la normativa existente. El Defensor del Pueblo Andaluz en su escrito dirigido a la EPA entiende que la actual normativa de concesión de subvenciones "no es un instrumento normativo suficiente en orden a la garantía de los principios constitucionales cuya defensa propugnamos" y que el contenido de la normativa actual de la CMA "constituye el principal argumento para justificar que se suprima la discrecionalidad existente".

La CEPA lamenta el desprecio de la CMA al Defensor del Pueblo y denuncia el uso político de estos fondos públicos que en vez de ir a proyectos de conservación de la naturaleza se están destinando a pagar favores políticos a miembros del PSOE o entidades sumisas a la política del Sr. Blanco. La CEPA va a poner estos hechos en conocimiento de la ejecutiva del PSOE, que esperemos que actúe ante la gravedad de los mismos.

1. LA RETIRADA DE LOS LODOS:

Oficialmente la superficie afectada por los lodos es de 2.700 Ha. De éstas se ha "limpiado el 75 % (a 12/9/98). Sin embargo faltan por limpiar casi totalmente, las 1500 Ha de Entremuros. Si las incluimos, la superficie "limpiada" es un 55 %.

La retirada de los lodos se ha realizado exclusivamente con maquinaria pesada en contra de las reiteradas recomendaciones del grupo de expertos del CSIC. A causa del empleo de la maquinaria, el CSIC estima que aproximadamente el 10 % de los lodos vertidos (800.000 Tn) se han quedado en el suelo, contaminándolo gravemente. Además lodos y tierra están sueltos y sin vegetación en grandes zonas, las condiciones óptimas para que las avenidas del río los arrastren masivamente.

2. EL VERTIDO DE ENTREMUROS:

Ha carecido de control riguroso. Se han vertido más de 3,5 millones de metros cúbicos. De ellos 1,6 millones con un tratamiento claramente deficiente incumpliendo las propuestas del CSIC. Más de 1 millón de metros cúbicos con niveles medianos de contaminación se han vertido sin depurar.

Quedan sin depurar, en la zona de mayor contaminación de Entremuros grandes charcos cuyo volumen se estima en cerca de 1 millón de metros cúbicos. Tenemos fundadas sospechas de que los análisis oficiales son un fraude.

3. CAUSAS DE LA ROTURA DE LA MINA

El informe encargado por la juez del caso, no estará realizado hasta por lo menos octubre. Los expertos que lo realizan aun no han terminado los trabajos de campo, entre otras cosas porque hasta hace poco la Junta no se ha comprometido a pagarles por adelantado. La jueza ha autorizado a Boliden obras en la zona de la rotura que podrían suponer el ocultación de pruebas.

Sin embargo otro informe que un experto de la Universidad Politécnica de Barcelona está elaborando por encargo de la Comisión Internacional de Grandes Presas, indica que la causa directa de la rotura fue que 800 metros del dique se desplazaron 50 m sobre sus cimientos. Provisionalmente apunta como causas más probables de este desplazamiento a las filtraciones de agua ácida a través del muro y a las voladuras.

Con respecto a las filtraciones, se ha conocido en el juicio que a partir de febrero de 1998 éstas aumentaron de 100 a 1000 metros cúbicos/hora ( para dar una idea de su magnitud, equivaldrían al consumo medio de una ciudad de 80.000 habitantes).

4. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

Alarmante. En los municipios de Aznalcollar y Aznalcazar, al menos dos ocasiones, se han sobrepasado los 300 microgramos/m3 que es el límite máximo establecido. Cuando los niveles de contaminación eran la cuarta parte de los actuales el CSIC ya alertó sobre la situación, indicando que se superaban los indices de las zonas industriales más contaminadas de España.

El peligro es tanto mayor al tratarse de partículas muy pequeñas ( el 70 % es menor de 10 micras). La legislación española no tiene en cuenta esta circunstancia. En EEUU por ejemplo, para estas partículas el límite máximo es 150 microgramos/m3.

5. BOLIDEN, LA CORTA Y LA BALSA

A la defensiva. Sus acciones han perdido el 50 % de su valor. Para curarse en salud, ha reservado 36.000 millones de pesetas para el tema del vertido.

Pretende reanudar la actividad minera en diciembre utilizando la Corta donde se depositan los lodos como vertedero de residuos. La Junta apoya esto y baraja la posibilidad de subvencionar la reanudación con 1800 millones.

Sin embargo la Corta está en contacto con dos acuíferos: el superficial del río y el de Niebla-Posadas a mayor profundidad.

El depósito provisional de los lodos en la Corta se hizo en base a una informe preliminar (cuya urgencia obligó a hacerlo en 10 días) del Instituto Tecnológico Geominero de España. Este informe destaca que para cualquier otra actuación que no sea la emergencia del depósito provisional de los lodos es necesario contar con estudios geológicos mucho más profundos.

No solo los ecologistas sino también miembros del grupo de expertos han considerado un disparate la utilización de la Corta como vertedero.

La balsa es otro gran problema. En ella quedan 30 millones de metros cúbicos de residuos. Están previstas diversas obras para reforzar los muros e impedir las filtraciones pero no han comenzado hasta septiembre y todavía no hay casi nada hecho

6. EL GUADALQUIVIR Y EL MURO DE DOÑANA

Durante la 1ª semana se vertieron al Guadalquivir 2,5 millones de metros cúbicos de aguas altísimamente contaminadas que produjeron un aumento de la concentración de cinc en la desembocadura de unas 200 veces durante unas dos semanas. En agosto al menos 1´6 millones más se han vertido en estado más que dudoso.

De cara a la próxima temporada de lluvias las amenazas de avenidas del Guadiamar son inquietantes. Ante esto la única medida tomada hasta el momento por la administración es la construcción de un muro de 30 Km de longitud para blindar al Parque Nacional de Doñana desviando el agua hacia el río. Prevalece una vez más la idea de una Doñana aislada de su entorno que se gestiona al margen de él en vez de una planificación integrada de toda la zona afectada.

7. OTROS TEMAS

La administración oculta información. Informes pedidos sobre la analítica de Entremuros hace 20 días, todavía no nos han sido enviados. No se ha suministrado ningún análisis de animales o plantas a pesar de que análisis de la SEO y del CSIC indican que vegetales como la enea y la castañuela tienen altos niveles de contaminación.

Se desconoce el gasto realizado por la administración. Se sabe que están comprometidos 19.000 millones de pesetas y que solo en la retirada de lodos hasta el momento la Junta ya se ha gastado 5000 millones.

El grupo de expertos después de hacer 6 informes en dos meses, a partir del 24 de junio está "missing". Los dos últimos informes, cuyas recomendaciones han sido casi totalmente ignoradas, habían producido un no disimulado malestar en la administración que llevó al coordinador de la Comisión, Pérez Miyares a pedir una censura previa de los informes. ¿Existen presiones políticas para silenciar al CSIC?

Desde el 25 de julio hasta el 31 de agosto se realizó la depuración y vertido de las aguas más tóxicas de la zona de Entremuros. Paralelamente se ha estado vertiendo, sin depurar, el agua de la zona norte. Estas últimas no están ni mucho menos limpias, pero al ser consideradas como un vertido convencional de una industria contaminante y, no superar los límites máximos legalmente establecidos han sido vertidas sin más.

La historia de este vertido es un ejemplo, una vez más, de la incompetencia e inoperancia de nuestras administraciones públicas. Los informes técnicos del CSIC sobre cómo se debería hacer la depuración estaban acabados a finales de mayo.

Como la construcción de una depuradora que aplicara con rigor los criterios del CSIC les pareció demasiado cara, la comisión Junta-Gobierno pretendió hacer una chapuza rápida y, siguiendo parcialmente las recomendaciones del ITGME, anunció ya el día 28 de mayo, que se iba a proceder inminentemente a echar cal "in situ" desde las orillas y pequeñas embarcaciones, tras lo cual se vertería el agua. A partir de entonces se produjo una interminable sucesión de anuncios, desmentidos, titubeos y disputas entre las dos administraciones ( no menos de 4 veces se anunció, para posteriormente desmentirse, el comienzo del vertido).

Tras dos meses de marear la perdiz, se improvisó un sistema chapucero de depuración utilizando una balsa de tierra que quedó entre el muro que retiene las aguas más contaminadas y otro contiguo de refuerzo. El único tratamiento consistía en añadir carbonato sódico tras lo cual el agua recorría la balsa, se iban decantando los metales pesados, y se vertía por el otro extremo.

Aunque todavía no conocemos la analítica en detalle, sabemos que el agua salía desde un principio (cuando es sistema debía se más eficiente) con un alto nivel de turbiedad. Esto contraviene una de las recomendaciones básicas de los informes del CSIC que alertaban sobre la alta concentración de metales pesados que podrían contener estas partículas. Tenemos fundadas sospechas de que los análisis oficiales de este agua depurada se han hecho filtrando previamente el agua y desechando el poso de partículas, lo cual supondría un grave fraude. Por este procedimiento se ha depurado el 60 % del agua tratada.

A partir de los análisis oficiales calculamos que durante los 25 días que ha estado funcionando, se han podido verter desde la balsa hacia el Brazo de la Torre y el Guadalquivir unas 160 toneladas de barro cargadas de metales pesados. A este respecto es necesario realizar una autocrítica porque como CEPA no hemos atendido a tiempo a este problema pues hubiera sido necesario tomar muestras del vertido y denunciarlo con más vigor.

Es paradójico que la comisión Junta-Gobierno se refiere en todo momento a este sistema de depuración como "la balsa experimental" a pesar de que depuró el 60% del agua. No obstante, al final y en un tiempo record se instaló una depuradora prefabricada siguiendo las recomendaciones técnicas del CSIC "que llevaban hechas casi tres meses". Esta depuradora (que la ministra Tocino se empeño en innagurar aun cuando todavía no estaba preparada para funcionar) supone un sistema de tratamiento del agua mucho más riguroso que la "balsa experimental" aunque lamentablemente solo ha tratado un millón de metros cúbicos de los más 3,5 millones vertidos.

Hasta qué punto se ha contaminado el Brazo de la Torre y el Guadalquivir no es fácil de saber. Desconfiamos de los análisis de agua oficiales pues probablemente desechan las partículas en suspensión y con frecuencia se hacen en marea alta. Por otra parte desconocemos los análisis de pescados y mariscos de la zona.

Utilizando la zodiac de la FEPG hemos recogido varias muestras de agua en el Brazo de la Torre durante todo el tiempo en que se ha estado realizando el vertido que han sido enviadas a la universidad de Barcelona. Cuando salga este pregonero ya se conocerán los resultados y tendremos un elemento más de juicio en este "turbio asunto".

Todos los años numerosos miembros de la FEPG participan activamente en la lucha contra los incendios forestales. Nuestros voluntarios se coordinan con el dispositivo del infoca y contribuyen en las tareas de vigilancia, de ayuda y de participación directa en la extinción de los incendios que se producen a lo largo de la campaña. Buena parte de los voluntarios de la FEPG solicitan, además, el carné de vigilante jurado honorario de incendios forestales que otorga la Delegación de Gobernación. Algunos años la FEPG ha contado con hasta 75 vigilantes «documentados», y en la presente campaña poco más de 40.

Pero lo que llama la atención es que cuando llegan las acreditaciones a la oficina de la FEPG, faltan dos. Puestos en contacto con Gobernación nos informan que los carnés de vigilantes de estos dos compañeros no se habían concedido por contar con expedientes de «mala conducta» en los archivos de la Guardia Civil. El asunto causó indignación tanto en la FEPG como entre los miembros del grupo «rechazado»: se trata de Verdemar, uno de los colectivos ciudadanos que más se ha destacado en la lucha contra los incendios forestales.

Las razones de tan mala conducta no son otra que participar con sus compañeros en la defensa del medio ambiente del Campo de Gibraltar: un acto de protesta en la «verja» contra la contaminación de las aguas del litoral por el gobierno de la colonia de su graciosa majestad británica (q.d.g.m.a.).

El asunto no causó más problemas debido a que el Delegado de Gobernación, ante una gestión de Adolfo Etchemendi, tomó cartas en el asunto e invalidó la decisión de la comisión que otorgaba los carnés de vigilantes jurados. Al parecer, en la citada comisión participan miembros de Protección Civil, de la Guardia Civil y de la Delegación de Medio Ambiente. La poca sensibilidad ecológica de quienes se dedican «profesionalmente» a la defensa del medio ambiente parece planear en estas decisiones. Pero más preocupante aún es que por la cabeza de quienes otorgan las acreditaciones pasen y pesen más los valores propios del franquismo: quien se mueve, aunque sea en legítima y democrática defensa, aunque sea por defender el medio natural en el que vivimos, tiene «mala conducta», no es persona «grata».

Que esto pase muchos años después de la muerte de Franco y con un gobierno ininterrumpido del PSOE en Andalucía es impresentable. Si el concepto que de «ciudadano» tiene el poder actual se corresponde con un ser «tranquilo», que no se mueve ni a tiros, «maduro», «responsable» y «consciente», que lee poco, que ve mucho la tele, Canal+ y 105 partidos de fútbol, que dice que la política es para los políticos, la ecología para los ecologistas, la educación para los maestros, y que participa en la vida social y política -si vota- a través de las elecciones, etc., seguramente lo que quieren es un ciudadano dormido, cuando lo que realmente necesitamos todos (ellos también) son ciudadanos activos.

Juan Cabral Bustillos

Suponiendo que fuera Osama Bin Laden (como dice el FBI) el autor que ha inspirado y financiado los atentados de Kenia y Sudán del día 7 de Agosto (257 muertos -12 de ellos estadounidenses- y más de 1.000 heridos), Estados Unidos respondió de todos modos el día 20 de Agosto con un bombardeo de misiles tomahawk sobre una "fábrica de armas químicas" (de productos farmacéuticos según las autoridades sudanesas y las posteriores pruebas efectuadas) en Sudán (con 7 víctimas mortales) y otros bombardeos contra un "complejo de bases terroristas" en la frontera afgano-pakistaní y a unos 150 kms. al sureste de Kabul, en territorio talibán.

La cuestión es : 1º) que Clinton tomó la decisión de estas "operaciones de castigo", con el probable objetivo de lavar su imagen pública, precisamente cuando se le juzgaba por sus relaciones amorosas con Mónica Lewinski, 2º) Estados Unidos -con miles de soldados en bases terrestres y buques en las zonas del Mar Rojo y Golfo Pérsico- ha actuado "quirúrgicamente" por su cuenta, sin respaldo de la ONU ni de ningún otro tipo de organismo internacional, y 3º) EE.UU. se ha lanzado abierta y militarmente contra los grupos islamistas de toda Africa y de Oriente Medio (aunque ya atacó también a Líbano, Libia... e Irak).

Actuar así, como lo ha hecho el gobierno USA, no merece otro calificativo, igualmente, que el de acto terrorista internacional... "fundamentalismo yanki" que trata de alejar la sombra del islamismo de los grandes centros de producción petrolífera de Oriente Medio. El Sr. Matutes, nuestro Ministro de Exteriores: "Todo país tiene derecho a defenderse y contraatacar" (sin comentarios).

Entre el año 2003 y el año 2015 los españoles pagaremos en concepto de compra de armas casi DOS BILLONES de pesetas, es decir, 141.121 millones anuales, aunque este año ya hemos anticipado por tal concepto 96.700 millones de pts. Concretamente 1.604.231 millones de pts. serán empleados en comprar lo siguiente : 1º) el cazabombardero Euro-Fighter 2000, 2º) el buque de guerra «fragata F-100», y 3º) el carro de combate Leopard.

Pero aún hay más. Según Miguel Angel González (El País, 3-9-98) las previsiones de Defensa incluyen otros 854.386 millones de pts. destinados a "inversiones ineludibles para mantener la operatividad y hacer frente en lo posible al objetivo de constitución de reservas de guerra"

O sea : 2.758.763 de millones (CASI 3 BILLONES) en armas.

Los pacifistas hemos de responder a esta barbarie de dos formas básicas: 1º) creando una Cultura de Paz, y 2º) desobedeciendo a los gastos militares mediante la OBJECIÓN FISCAL. Es una cuestión de vida o muerte.

Al contemplar la Amazonia o Doñana al atardecer un ecologista puede vivir un bello sentimiento de enamoramiento y compenetración con la Naturaleza (vertidos aparte). Algo parecido (salvando las distancias) pueden sentir los militares españoles y norteamericanos cuando maniobran, sobrevuelan y navegan por la provincia de Cádiz. Cádiz, para los militares, es un santuario estratégico en la misma medida que, para los ecologistas, Doñana es (todavía) un paraíso ecológico.

El radar del Montero, el vertido (impune) del J.P. Bobo junto a la Base Naval de Rota, las especulaciones inmobiliarias de Defensa en ciudades como Cádiz, Jerez y Algeciras, los ejercicios militares del Tercio de la Legión Alejandro Farnesio en el Pinsapar del Parque Natural de Grazalema (denunciado por la FEPG a finales de junio), lo del polvorín de la Armada en la Sierra del Retín ó en Rota, etc., etc., son ejemplos recientes y conocidos de la militarización creciente de esta provincia.

A todo ello ha venido a añadirse la noticia, al parecer ya definitiva, de que Defensa va a proceder a construir por 500 millones de pesetas y frente a la playa de Camposoto (San Fernando) una isla de acero y hormigón más dos diques rompeolas para experiencias de tiro con misiles y otras lindezas similares.

La Plataforma que se creó en Mayo-Junio pasado habrá de reactivarse de nuevo para contrarrestar esta nueva barbarie de Defensa contra la provincia de Cádiz, la más militarizada del pais.

En la provincia de Cádiz hay juicios pendientes a insumisos del MOC y de la FEPG: Manolo Suárez, Paco Cuevas, Jaime Maraver, etc. Otros insumisos han sido recientemente juzgados y sentenciados: Juan Ignacio Ortega, Manuel Sánchez, Francisco Velázquez-Gaztelu, etc. Otros acaban de salir de prisión: Rafa Ruiz Travieso (8 meses en tercer grado). Etc.

La estrategia de la insumisión ha dado como resultado una nueva Ley de Objeción de Conciencia, el anuncio de la supresión de la mili obligatoria, etc... pero el movimiento antimilitarista continúa adelante en su lucha.

La sombra de la insumisión es alargada... y ha producido ya dos nuevos "insumisos sobrevenidos" en Sevilla, los compañeros José Mª Trillo-Figueroa y Rafael Fernández. No tenían la condición legal de objetores, entraron en el ejército y entonces desertaron... son los llamados "insumisos en los cuarteles", una vuelta de tuerca más contra el militarismo y la guerra.

Mentes decimonónicas siguen defendiendo que la producción de residuos es el mejor de los indicadores del nivel de desarrollo de una sociedad. Por ello quieren almacenar los residuos tóxicos en un gran vertedero (Nerva), para exhibir el poderío industrial andaluz con el mismo orgullo que se elevaban las chimeneas -vomitando humo- en medio de las ciudades durante la primera revolución industrial.

Los países desarrollados han optado por la reducción y reciclaje de residuos tóxicos como única opción de futuro que pueda garantizar una actividad industrial sostenible a largo plazo. Estos fueron los objetivos del Plan Nacional de Residuos Peligrosos, aprobado en 1995 con el más alto consenso político y social. Este Plan estipulaba como principal objetivo reducir en un 40% la producción de residuos y reciclar otro 20%, en el plazo de 5 años. El restante 40% debe gestionarse con sistemas ambientalmente correctos: inertización para reducir su toxicidad y movilidad, o almacenarlos en depósitos de seguridad con los residuos debidamente clasificados y sellados. Sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente (CMA) se desvincula de este compromiso, con el falso argumento &endash;el mismo que utiliza la Ministra Tocino para pedir un aumento de las emisiones de CO2- que somos una región poco desarrollada. El Consejero Blanco viene defendiendo que sean las regiones más ricas las que reduzcan su producción de residuos, que nosotros tenemos derecho a seguir contaminando.

Andalucía, una vez más está perdiendo el tren del desarrollo y corremos el peligro de convertirnos en una Comunidad tercermundista, en almacén de residuos propios y ajenos. El Plan de Residuos Peligrosos, aprobado recientemente por la Junta de Andalucía, consagra sistemas de producción altamente contaminante, facilitando a las industrias que producen más residuos el deshacerse de ellos con sistemas muy baratos, pero de alto coste social y ambiental.

La catástrofe de Aznalcóllar, la irradiación de Acerinox y el conflicto de Nerva, debían haber llevado a los máximos responsables de la CMA a una profunda reflexión sobre los altísimos riesgos del transporte y almacenamiento de residuos tóxicos y radioactivos. Desgraciadamente no ha sido así.

El Plan de Residuos Peligrosos de Andalucía da prioridad a soluciones de "final de proceso", sin cuestionar la creciente generación de residuos tóxicos y peligrosos. La Junta de Andalucía propone como "solución" para las doscientas mil toneladas anuales de residuos tóxicos que se producen en nuestra Comunidad, incinerarlos (en contra de una resolución del Parlamento Andaluz) y enterrarlos. Los planes de reducción y reciclado quedan en meras anécdotas, sin compromisos vinculantes.

El rechazo social que suele provocar la instalación de plantas de residuos industriales plantea la necesidad de llegar a un amplio acuerdo social e institucional para impulsar soluciones técnicamente viables, socialmente admisibles y ambientalmente asumibles. La CMA, en una muestra más de su política suicida, ha optado por la imposición, instalando, contra la voluntad popular, un gigantesco vertedero a escasos 800 metros de la localidad de Nerva y del cauce del río Tinto.

Enterrar los residuos es como esconder la basura bajo la alfombra, con el agravante de que estos vertederos son auténticos reactores químicos de consecuencias impredecibles. Los obsesivos intentos de la Junta de Andalucía y de algunos sectores industriales de instalar vertederos, sin asumir paralelamente compromisos de reducción de la cantidad y de la toxicidad de los residuos, están condenados al fracaso. Un verdadero Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos tiene que asegurar la prevención, la minimización, el reciclaje, la reducción de la toxicidad de los residuos y la restauración de los suelos actualmente contaminados. Estos objetivos coinciden plenamente con los del III Plan Nacional de Investigación y Desarrollo (I+D), al que tenemos que incorporarnos para no perder de nuevo el tren del futuro. La democracia también debe llegar a los sistemas de prevención y gestión de los residuos. El Plan tiene que garantizar la máxima transparencia, mediante un sistema de auditorías ambientales rigurosas, incorporando mecanismos de participación y control parlamentario, municipal y social.

Si no queremos que los conflictos ambientales y sociales se sucedan de forma irremediable, y que nos convirtamos en el basurero de Europa, la CMA tiene que dar marcha atrás en su irresponsable Plan de Residuos Peligrosos, impulsando propuestas de futuro que lleve a desarrollar un tejido industrial innovador, eficiente y competitivo, que tenga la producción limpia como un objetivo prioritario. Es necesario que todos lleguemos al convencimiento de que el actual modelo de producción industrial contaminante nos lleva a un callejón sin salida y que el mejor residuo es el que no se produce.

Juan Clavero y Daniel López Marijuán

 

ROTURA DE LA BALSA DE UNA CANTERA EN SAN JOSÉ DEL VALLE

 

 

La rotura en julio de la balsa de decantación de la explotación de arena que la empresa ASIROSA tiene en la localidad de San José del Valle, es un serio aviso sobre las graves consecuencias que puede tener el descontrol existente en las explotaciones de áridos (graveras y areneras) en la provincia de Cádiz.

 

El vertido de 30.000 m3 de aguas y fango, procedentes de la limpieza de las arenas, no tendrán esta vez particulares consecuencias medioambientales, pues sólo ha ocasionado los daños físicos de cualquier riada en el arroyo del Sotillo y en la Garganta del Valle, afluente esta última del río Majaceite.

 

La FEPG ha denunciado hasta la saciedad las graves consecuencias que puede tener el descontrol existente en estas explotaciones, sin que la Delegación de la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía haya hecho nada al respecto. Si en una cantera legal, que tenía todas las autorizaciones pertinentes (tanto del Departamento de Minas dependiente de la mencionada Delegación, como de la Consejería de Medio Ambiente, que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental) ha ocurrido esto, qué no podrá ocurrir con las decenas de areneras y graveras ilegales existentes en la cuenca del Guadalete.

 

La FEPG ha solicitado al Delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía que se realice una exhaustiva inspección de la totalidad de balsas de decantación existentes en las explotaciones de áridos legales de la provincia de Cádiz, y se proceda a clausurar las ilegales.

La Consejería de Medio Ambiente (CMA) ha comenzado a dar marcha atrás en su inadmisible plan de privatizar los parques naturales. Tras un año de conflictos, la razón comienza a imponerse sobre tantos despropósitos e ilegalidades cometidas por los responsables de esta Consejería, que en vez de promocionar el conocimiento de nuestros parajes naturales más emblemáticos, no se les ocurrió mejor idea que regalárselos a una empresa privada para su explotación turística. Esta política de privatización de la naturaleza es más incomprensible si tenemos en cuenta que el PSOE ha hecho de la oposición a las privatizaciones del PP una de sus banderas.

A este plan privatizador se opuso desde un primer momento la FEPG, que recurrió esta medida por entender que era totalmente ilegal e injustificada. No existía norma legal que obligara al pago de este peaje y la adjudicación a la empresa Aventerra se realizó sin ningún tipo de concurso público

Las razones aducidas por la CMA no pueden ser mas peregrinas, aseguraban que iban a estar mejor gestionados y que se fomentaría la creación de empleo. El tiempo ha demostrado que el pago a una empresa privada por recorrer unos itinerario de gran interés naturalístico no tenían nada que ver con objetivos de protección de éstos parajes tan singulares, ni beneficia a las poblaciones de la zona. De hecho, a la empresa privada que se le ha "regalado" el Pinsapar y la Garganta Verde, se le autorizó a aumentar el cupo de visitantes, y está prevista la entrada de vehículos todo-terreno con turistas. Las consecuencias socioeconómicas están siendo negativas. La empresa tan sólo utiliza guías sin contrato, o con contratos basura. El deterioro de la imagen de este parque natural y la disminución de visitantes, también está perjudicando a sus municipios.

Este año de gestión privada ha sido un desastre. Nadie controla las autorizaciones que da Aventerra, se han sobrepasado los cupos, se ha llegado a cobrar a visitantes individuales 10.900 ptas. por visitar estos itinerarios públicos... para colmo el Delegado provincial se ha dedicado a dar permisos sin guías, por razones políticas, que unidos a los de Aventerra, han masificado algunos días estos itinerarios. Incluso ha autorizado ejercicios militares a la legión en El Pinsapar, sin pagar guías claro. Ante nuestras continuas y fundadas denuncias, no se contesta, nadie investiga por qué este trato de favor a esta empresa privada. A falta de argumentos para defender lo indefendible, tan sólo hemos recibido insultos y descalificaciones, sin argumentos de ningún tipo, por parte del Delegado del Gobierno, de los máximos responsables de la CMA y de algún técnico de esta Consejería que pretende hacer carrera ejercitando el deporte favorito del Consejero: atacar y difamar a los ecologistas.

La campaña desarrollada por la FEPG-CEPA y la Plataforma contra la Privatización del Parque Natural de la Sierra de Grazalema -que agrupa a numerosas organizaciones políticas y sindicales, grupos ecologistas, montañeros, culturales, deportivos, scouts...- están dando sus frutos. El Defensor del Pueblo Andaluz ha elaborado un amplio informe jurídico donde se confirma la absoluta ilegalidad del cobro de esta tasa por acceder a unos espacios naturales públicos y la inexistencia de concesión legal a la empresa Aventerra, por lo que se ha dirigido al Consejero de Medio Ambiente solicitando la inmediata anulación de este peaje.

La CMA se ha visto obligada a rectificar su proyecto inicial de Plan de Uso Público, y ha introducido una serie de artículos que amplían los supuestos de acceso gratuito a este parque natural, aunque se ha negado a suprimir totalmente esta tasa ilegal. Así, el Plan dictamina que "En aquellos casos en los que el grupo desarrolle una actividad educativa, divulgativa, científica o deportiva será suficiente justificar la presencia de un responsable cualificado al frente de este grupo. La petición deberá ser motivada y tramitarse con una antelación mínima de 10 días".

Con esta redacción es evidente que la inmensa mayoría de visitantes no tendrán que pagar a ninguna empresa privada, y sólo contratarán un guía si así lo estiman oportuno y de la empresa que lo deseen. Pero la trampa está servida. A los visitantes que no vayan en grupos (?) o que no estén informados, y soliciten permiso en el mismo día o con menos de diez días de antelación, se les obligará a pagar esta tasa abusiva. Teniendo en cuenta que la oficina de información del parque natural también se le ha adjudicado a Aventerra, es evidente que se intentará por todos lo medios no hacer reservas y al final obligar a pagar. La situación es tan absurda, que pretenden que un vecino de Benamahoma o Grazalema que suba al Pinsapar a pasear o a coger setas, vaya acompañado de un guía privado y pague 10.900 pts, ¿quién da mas?.

La Plataforma sigue defendiendo que se mantenga el mismo sistema que había hasta ahora, con visitas estrictamente reguladas mediante cupos y autorizaciones de la CMA, pero siempre de carácter totalmente gratuitas. Este sistema de gestión pública había funcionado correctamente, sin generar conflicto alguno.

Al final, la CMA ha dado también marcha atrás en su proyecto inicial de generalizar este modelo de privatización de la naturaleza, no habiéndose atrevido a exportarlo a otros parques naturales como era su intención inicial.

La FEPG ha abierto una oficina de información y reclamaciones para todos aquellos visitantes del Parque Natural de la Sierra de Grazalema que se les pongan pegas para realizar visitas -que no sean por razones de conservación-, o se les intenten obligar a pagar esta tasa ilegal.