Casi un año después de la catástrofe ecológica de Aznalcóllar, se ha vuelto a reanudar la actividad en la mina. Un polémico estudio del Instituto Tecnológico y Geominero de España (ITGE) ha servido como base para que la administración haya autorizado la reapertura.

Todas las organizaciones ecologistas y los directores del Parque Nacional y Natural, y de la Reserva Biológica de Doñana han manifestado su oposición a la reanudación de la actividad minera por considerar que en las actuales condiciones no existen suficientes garantías ambientales.

Varios peligros se ciernen a corto y medio plazo sobre la zona: la balsa sigue sin ser sellada, cientos de miles de toneladas de lodos secos se acumulan sobre el talud de la Corta, los suelos del Guadiamar siguen estando gravemente contaminados, un número superior a las 10.000 aves están envenenadas con metales pesados y los alevines de las especies que se criaron en el Estuario de Guadalquivir tras el venido, están a punto de alcanzar el tamaño comercial que permita su captura.

El martes, 6 de abril, la multinacional sueco-canadiense BOLIDEN ha reanudado la actividad minera en Aznalcóllar. La administración ha concedido el permiso de apertura basándose fundamentalmente en un documento de Instituto Tecnológico y Geominero de España (ITGE). Las conclusiones de este informe indican que la Corta de Aznalcóllar puede considerarse como un depósito seguro para el vertido de los residuos procedentes del concentrador y de los fangos de la depuradora siempre que no se sobrepase la cota cero metros sobre el nivel del mar. Los datos de campo más importantes en este estudio (las prospecciones geológicas), no han sido realizadas por los técnicos del ITGE sino que han sido extraídos del Estudio de Impacto Ambiental presentado por BOLIDEN. El estudio del ITGE se limita a interpretar esos sondeos. En otras palabras, la administración concede a BOLIDEN el permiso de reapertura de la mina en base a unos datos aportados por la propia BOLIDEN. Esto es cuando menos irregular y arroja una sombra de duda sobre las conclusiones del informe.

Las condiciones de la autorización son vergonzosas. No se le exige a BOLIDEN que emplee una tecnología más limpia. La empresa amparándose en la rentabilidad y en los puestos de trabajo, va a seguir produciendo millones de Toneladas de residuos tóxicos que además, por arte de la magia de la legislación española. (por el simple hecho de que procedan directamente de una mina) ya no son legalmente tóxicos. Estos residuos podrían reciclarse o ser transformados

La empresa alega que ya ha cumplido, y se niega a pagar los más de 15.000 millones de pesetas que ha costado la retirada de los lodos. No contenta con lo anterior exige al Gobierno y a la Junta 14000 millones de subvenciones. Por otra parte, con la ayuda de algunos sindicatos, está intentando flexibilizar, aún más, las condiciones de apertura. Por ejemplo no parece dispuesta a limpiar los taludes de la Corta antes del inicio de los vertidos a la misma.

Se ha concedido la autorización cuando la balsa que se rompió hace un año todavía no ha sido sellada, en contra de la petición realizada por el Patronato del P. N. de Doñana, y a pesar de que se están detectando movimientos en los muros que indican un serio riesgo de inestabilidad. Hay que recordar que los directores de los Parques Nacional y Natural así como el director de la Estación Biológica de Doñana, votaron en contra de la apertura de la mina en la reunión del Patronato del P. N. de Doñana, por considerar que no existen suficientes garantías ambientales. La Juez no ha concedido todavía el permiso para el sellado definitivo de la balsa, que todavía almacena millones de metros cúbicos de lodos tóxicos. Y el estudio pericial sobre las causas de la rotura parece que no va a acabar nunca.

También se ha de recordar que según el último de los informes del grupo de expertos, gran parte de los suelos del Guadiamar presentan elevados niveles de contaminación. En recientes declaraciones César Nombela ha adelantado una de las conclusiones del próximo informe: entre el 10 y el 15% de las aves de Doñana (más de 10.000 aves ) están gravemente contaminadas por metales pesados.

En el estuario, los alevines de numerosas especies comerciales que se criaron tras el vertido están a punto de alcanzar el tamaño mínimo comercial y de aquí al verano empezaran a poder ser capturadas. Mientras tanto, desde hace meses no se ha hecho público ningún análisis sobre contaminación en organismos.

Por otra parte queremos alertar sobre los posibles riesgos que podrían derivarse de los continuos tratamientos con diversos pesticidas de las 18.000 ha de arroz y 20.000 ha. de cítricos, cereales y otros cultivos que se sitúan entre Sevilla y Sanlúcar y cuyos drenajes se vierten íntegramente al río Guadalquivir.

Desde ECOLOGISTAS EN ACCIÓN consideramos que la explotación que se va a reanudar en Aznalcóllar es un ejemplo de un uso insostenible de los recursos mineros puesto que va a generar un gran volumen de residuos tóxicos cuyos costes de reciclaje o inertización no son asumidos. Además consideramos inadmisible que el permiso para utilizar la Corta de Aznalcóllar como depósito de residuos se haga en base a documentos aportados por la propia empresa.

Denunciamos la falta de información sobre los niveles de contaminación de las especies del litoral y el banco pesquero y pedimos que además de metales pesados se analicen los niveles de pesticidas de los organismos que se crían en estuario. También queremos alertar a la población sobre el peligro que podría suponer en estos momentos el consumo de inmaduros.

Ecologistas en Acción-Aljaramil. Sanlúcar

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Ecologistas en Acción de Andalucia denunció ante la Unión Europea al Ministerio de Medio Ambiente y a la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía por la reapertura de las Minas de Aznalcóllar. E.A. solicitó tanto al Comisario de Medio Ambiente como al Parlamento Europeo que se reabriera la denuncia realizada en 1996 sobre las Minas de Aznalcóllar, archivada en base a la contestación de la Administración Española, en la que se informaba a la UE que las aguas del Río Guadiamar no entran en Doñana y que, con las medidas llevadas a cabo por la Administración Española en las Minas de Aznalcóllar, la balsa de residuos no suponía ningún peligro para el Río Guadiamar y Doñana.

Sin embargo la rotura de la balsa propiedad de Boliden el 25 de abril del pasado año, demostró lo incierto de estas afirmaciones. Por este motivo también se solicitó una investigación a la Administración española por no haber informado debidamente a la UE del peligro que suponían las instalaciones de las Minas de Aznalcóllar.

Ecologistas en Acción reclamó que la UE retirase cualquier subvención que pueda recibir la empresa Boliden Apirsa, retribuyéndose aquéllas que hayan recibido años atrás, y que han podido ser concedidas para el proyecto de explotación de la Corta de los Frailes en la Minas de Aznalcóllar. De igual manera se informó que tendría que ser la empresa Boliden Apirsa la que pague todos los daños ocasionados por el vertido de los residuos tóxicos y peligros de las Minas de Aznalcóllar.

Ecologistas en Acción solicitó que se instase a la Administración española a que Boliden Apirsa presente diferentes alternativas para el depósito de residuos, como marca la normativa vigente de Evaluación de Impacto Ambiental, así como de aquéllas dirigidas hacia una producción limpia mediante la reducción de residuos, descontaminación e inertización. La Empresa Boliden Apirsa debe cumplir con las Directivas en vigor; de no ser así se creará, entre otras cuestiones, un agravio comparativo con el restos de la empresas de la UE que están cambiando sus procesos industriales en pro de reducir los residuos.

Ecologistas en Acción expuso en su denuncia los problemas de estabilidad y permeabilidad de la Corta Vieja, que podrían suponer un peligro de contaminación para las aguas subterráneas que abastecen a diferentes poblaciones de la comarca del Río Guadiamar y a la agricultura de la zona.

Asimismo se informó de otros problemas de la Corta Vieja: se ubica en el cauce natural del Río Agrio, habiéndose desviado el mismo mediante un tubo subterráneo que carece de capacidad suficiente para transportar el agua
que trae en años lluviosos el cauce de este río, lo cual ha ocasionado la inundación de la Corta Vieja. Este peligro se incrementa por la localización de un embalse varios kilometros aguas arriba, junto al pueblo de Aznalcóllar. Consideramos que utilizar la Corta Vieja supone un grave riesgo: ante una gran avenida dicho embalse tendría que aliviar agua como medida de seguridad por lo que, a través del cauce del Río Agrio, el agua entraría en la Corta Vieja. Este hecho, unido a los problemas de estabilidad del talud Sur, podría ocasionar una rotura del mismo y un nuevo vertido de mayores consecuencias que el ya ocurrido.

Ecologistas en Acción informó a la UE sobre los dos procesos judiciales que tiene abiertos Boliden Apirsa, uno desde el año 1994 por vertidos ilegales y clandestinos de cenizas de pirita, residuo tóxico y peligroso procedente de la empresa Foret, y llevados desde el Polo Químico de Huelva a las Minas de Aznalcóllar. El otro proceso es el de la rotura de la balsa de residuos de las Minas de Aznalcóllar. La retirada de los lodos por el desastre ecológico ocasionado por la rotura de esta balsa ha costado ya más de 20.000 millones de pesetas, sin que la empresa Boliden Apirsa haya pagado el coste tanto de retirada de estos residuos como de restitución del medio, a pesar de haber causado un daño de difícil solución a medio-largo plazo dada la peligrosidad de los metales que componen los lodos tóxicos vertidos.

Se expuso que se considera inadmisible que, existiendo procesos judiciales abiertos contra esta empresa, no habiendo cumplido la normativa vigente de la Unión Europea, y con un Estudio incompleto de Impacto Ambiental, se pudiera autorizar la reapertura de estas minas, y sin haber presentado al menos un nuevo proceso de reducción en la producción de sus residuos, como descontaminación e inertización de los que se puedan generar.

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Desde que la Plataforma contra el cable comenzó su oposición a la instalación de la interconexión eléctrica España-Marruecos en 1995, uno de los argumentos esgrimidos fue la posible afección de esta instalación al medio marino y, en concreto, a la pesca del voraz.

El sector pesquero que faena en los caladeros del Estrecho de Gibraltar ha facilitado a la Plataforma los volúmenes históricos de capturas en la zona. Especial relevancia tiene el dato de la ubicación de los caladeros en los que actualmente no se pesca ninguna de las especies comerciales de venta en la Lonja de Tarifa (voraz, romerete, pollo, japuta, sable, jurel...), lo que pone en evidencia que los caladeros situados al este, los más cercanos a los cables, han desaparecido.
La evolución de las capturas desde 1986 a 1998 revela que los descensos en capturas se han producido en 1995, año en que se realiza la instalación y sellado del gaseoducto Europa-Magreb, y en los años 1997 y 1998, cuando se realiza la instalación de los cables submarinos de la interconexión eléctrica España-Marruecos y las obras de reacondicionamiento, debido al comportamiento anómalo que han tenido los cables. Estas actividades externas, que actúan de forma agresiva en los fondos marinos por medio del vertido de piedras, junto a los movimientos incontrolados que sufren los cables en el fondo marino, están produciendo un daño irreparable en un ecosistema que no puede ser sustituido.

Todas las actuaciones que se han realizado en los fondos del Estrecho de Gibraltar están dañando un ecosistema marino único y frágil. Los trabajos que REE realiza en los fondos del Estrecho de Gibraltar para intentar controlar el comportamiento anómalo que los cables presentan, apuntan a ser una de las causas del descenso de la pesca. El 1 de abril de 1997 REE anunció la terminación del tendido del tramo submarino y su comprobación positiva, sin embargo las actuaciones de reacondicionamiento no han cesado, siendo las más significativas sobre el fondo marino las realizadas por los barcos TERTNES (Septiembre/Octubre del 97) y ROCKY GIANT (Febrero/Marzo del 99), con el vertido de piedra de alta densidad. Los descensos de capturas más pronunciados se muestran a partir de estas fechas.

En el año 1998 y en los meses en los que se ha pescado en 1999, se aprecia un descenso de capturas a partir de mayo de 1998, cayendo drásticamente hasta la situación actual de inexistencia de pesca. La interconexión fue puesta en funcionamiento el 26 de mayo de 1998. Tal y como se desprende de los datos anteriores, existe una correlación directa entre la aparición de agentes externos al caladero y el descenso de capturas de voraces.

Agaden-Ecologistas en Acción

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Ecologistas en Acción denuncia la aparición de un nuevo problema de diseño de la central nuclear de Trillo (Guadalajara) que afecta a los sistemas de alimentación eléctrica de emergencia. Piden al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la realización de una prueba integrada de seguridad antes de arrancar la central nuclear.

Se trata de un nuevo defecto de diseño que debió haber sido descubierto antes de la puesta en marcha de la planta en caso de haberse sometido a una evaluación adecuada y que solo ha aparecido al desarrollar el programa AEOS (Análisis de Experiencia Operativa y Sistemas).

A juicio de Ecologistas en Acción el suceso debería clasificarse como de Nivel 1 en la Escala INES que mide la gravedad de los accidentes nucleares, aunque temen que el CSN continúe con su política de minimizar el alcance de todos los defectos encontrados en la planta para "no alarmar a la población" y de paso para ocultar sus garrafales errores de control. De los 23 sucesos notificables ocurridos en centrales nucleares españolas, 10 han tenido lugar en Trillo, es decir supera un 400% a la media de las demás centrales. La organización ecologista pide a dicho organismo que no autorice la puesta en marcha de la planta sin realizar una prueba integrada de seguridad.

Ecologistas en Acción tiene presentada una denuncia ante el juzgado de instrucción número 26 de Madrid contra la central nuclear de Trillo y el CSN, que se tramita desde 1995, por mantener en funcionamiento la planta sin las adecuadas medidas de seguridad. Recientemente el Juez instructor ha solicitado que se designen dos peritos independientes para verificar la situación de la planta, un hecho que la organización ecologista valora muy positivamente ya que prueba que el juez aprecia suficientes indicios de delito para desconfiar de la actuación del organismo que por ley debe vigilar la seguridad. Ecologistas en Acción pondrá además en conocimiento del juez este nuevo suceso porque entiende que avala sus puntos de vista.

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Ecologistas en Acción considera inaceptable la reciente amenaza del Ministerio de Medio Ambiente en una reunión del grupo de trabajo del Consejo de Ministros Europeo de votar en contra de la revisión de la Directiva sobre grandes centrales de combustión. Con esta tajante postura, la representación española en el Consejo de Ministros se ha desmarcado radicalmente del resto de los Estados miembros, cerrándose a cualquier vía de acuerdo sobre una revisión, que aunque necesaria, resulta ya de por sí muy insuficiente para optimizar las emisiones de las centrales de combustión ya existentes.

Esta revisión constituye una pieza básica dentro del nuevo marco europeo de calidad del aire, en el cual se están estableciendo nuevas restricciones para los tres sectores identificados como los principales causantes de la contaminación atmosférica en la Unión Europea: el tráfico (Auto-Oil I y II para los vehículos y los combustibles), las industrias (Directiva IPPC), y las Grandes Centrales de Combustión (con la revisión de la Directiva de 1988).

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Ecologistas en Acción presenta un recurso contencioso-administrativo contra el CSN por denegarle éste las actas de inspección levantadas tras el escape de Cs-137 de la factoría de Acerinox. Para la organización ecologista las actas de inspección contienen una preciosa información sobre el escape, que podría arrojar luz sobre algunos aspectos que todavía no están del todo claros.

Ecologistas en Acción se dirigió al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para solicitar las actas de inspección levantadas tras el escape de Cs-137 que se produjo durante el verano de 1998 en la acería que Acerinox posee en Los Barrios (Cádiz). En su petición los ecologistas se acogieron a la Ley 38/1995 sobre el Derecho al Acceso a la Información en materia de Medio Ambiente.

El CSN ha denegado dichas actas, alegando que se trata de documentos de comunicación interna, dichas actas pueden contener valiosa información que podría aclarar algunos extremos de la gravedad de los efectos del escape de Acerinox. Por eso ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la denegación de dichos documentos. El recurso se presenta en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional con fecha 29 de enero de 1999.
En concreto Ecologistas en Acción está sumamente interesada en contar con las actas de inspección para aclarar al menos tres aspectos. El primero de ellos tiene que ver con la radiactividad de la fuente que se fundió. Las informaciones facilitadas a la opinión pública y al propio Congreso de los Diputados por la empresa y por el CSN sobre este extremo fueron todo el tiempo contradictorias. La empresa dijo inicialmente que se habían fugado 0,7 Curios, aumentando esta cifra a 4 finalmente. El CSN reconoció inicialmente 30 curios y finalmente ha reconocido más de 100 Curios. La ocultación de estos datos en su día se produjo exclusivamente para tranquilizar a una opinión pública cuyos ánimos estaban encrespados contra el CSN y Acerinox. Por esta causa la gravedad del escape fue subestimada por la opinión pública. Esta percepción motivó, por ejemplo, que no existiera ninguna presión para que se tomaran medidas disciplinarias contra Acerinox, a pesar de la contaminación emitida al medio ambiente y de los daños producidos a las empresas públicas Presur y Egmasa.

Otra información valiosa que se deduciría de las actas es la falta de controles sobre el medio ambiente realizados por el CSN. Los responsables de éste afirman que el escape no ha tenido ningún efecto sobre la fauna y la flora a pesar de que no se han realizado suficientes controles ni analizado convenientemente los efectos sobre el medio a través de bioindicadores. Las actas deberán recoger también informaciones que pueden ayudar en las estimaciones de las dosis radiactivas recibidas por los trabajadores. Por todo ello Ecologistas en Acción ha decidido hacer cuanto esté a su alcance para conseguir estas informaciones que arrojarán luz sobre tan lamentable incidente.

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Ante la noticia del vertido detectado frente a la barriada de Puntales, y la vista de que todos los indicios apuntan a que su procedencia tiene su origen en las obras de desmantelamiento que se llevan a cabo en la antigua central térmica encaminadas a su nueva puesta en funcionamiento, AGADEN-Ecologistas en Acción, al margen de la toxicidad que en su momento pueda demostrarse tenga ese vertido, hace las siguientes reflexiones:

La transformación y puesta en marcha de la central que Sevillana tiene en Cádiz, teóricamente forma parte de un proyecto aún no autorizado por la administración y que actualmente se encuentra en la fase conocida como "sondeo", es decir que ni aún se ha materializado en un proyecto concreto.

El comienzo de ejecución de las obras por parte de Sevillana viene a significar, en pura lógica, que pese a que ni aún ha sido sometido a información pública, ya tiene esta sociedad garantías suficientes por parte de la administración de su puesta en marcha. Sólo así puede explicarse que se asuma por Sevillana una inversión de ejecución. Ello supone una vez más que las garantías ciudadanas que suponen, entre otras, los trámites de prevención ambiental, se reducen en la práctica al mero formulismo de la publicación de proyectos para alegaciones cuando la decisión está ya tomada, y ello supone asumir riesgos ambientales inaceptables y burlan las garantías ciudadanas.

En este caso concreto además existe incumplimiento total por parte de Sevillana de la Ley de Protección Ambiental de Andalucía ya que esta normativa impone el seguimiento del procedimiento de prevención ambiental, no sólo con carácter previo a la ejecución de instalaciones de centrales térmicas, sino también para cualquier obra de establecimiento o gran reparación y en cualquier caso para las reformas que se hagan en ellas.

Esto quiere decir que al margen de la obligatoriedad de realizar el procedimiento de prevención ambiental para la transformación de la térmica de Puntales en una nueva central para el aprovechamiento del gas de Argelia, también haría falta para cualquier obra de desmantelamiento.

De haber seguido este procedimiento de prevención, se habría realizado el estudio correspondiente y se estaría en condiciones de saber con exactitud, que tipo de sustancias y su toxicidad son las que habrían de ser retiradas, en que lugar se encuentran, la manera de hacerlo, las medidas de seguridad a tomar.... en suma una gestión adecuada de las mismas. Todo ello para garantizar que no afectan al medio ambiente y a la seguridad de los operarios que están llevando a cabo las obras.

En esta ocasión AGADEN-Ecologistas en Acción denuncia la permisividad de la Consejería de Medio Ambiente ante la ejecución de proyectos que estando plenamente incluidos en los anejos de la Ley de Protección Ambiental de Andalucía y por lo tanto sometidos a procedimiento de prevención ambiental, sin embargo permite, cuando no ejecuta ella misma, obras sin ser sometidas a dicho procedimiento de prevención con riesgo para el medio ambiente, la salud e incluso la economía de comarcas como se ha puesto en evidencia recientemente con el vertido de Bolidén.