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La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha redactado y expuesto al público el documento de "Bases y Estrategias" del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA); lo ha hecho con 4 años de retraso, según ordenaba el Decreto 83/95 de 28 de marzo.
Los ecologistas hemos presentado diversas alegaciones, y aunque la Dirección General de Ord. del Territorio, - con unas prisas solo comprensibles ante la posibilidad del adelanto de elecciones autonómicas y por tanto respondiendo a intereses partidistas - ya ha llevado el documento a la Comisión de Ordenación del Territorio de Andalucía (COTUA), no se nos ha enviado contestación alguna.
El POTA es el plan más importante para la organización, la ordenación, la conservación y el desarrollo del territorio andaluz. Se deriva de la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía de 1994, y debería ser la norma donde enmarcar todas las planificaciones territoriales andaluzas; de manera particular debería ser el marco referencial de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOUS) que son de iniciativa municipal, y que no siempre están presididos por objetivos de desarrollo sostenible ni de búsqueda de calidad de vida de todos los ciudadanos.
Es por esto que en ECOLOGISTAS EN ACCIÓN estamos muy interesados en que Andalucía tenga un buen Plan de Ordenación de su Territorio. Que sea un plan de gestión participativa, realmente democrática, que sea consensuado y conocido por todos y que responda a una política de "orgullo" del territorio, y de valoración como un recurso que hay que administrar correctamente.
Nuestro desacuerdo más importante con el POTA presentado radica en el hecho de que la Consejería no proponga o anuncie normativa alguna; no se encuentra en todo el documento ningún párrafo en el que se limite o prohiba algún tipo de actuación respecto a la instalación de infraestructuras o respecto al urbanismo.
Desde nuestro punto de vista, el POTA debe incluir un amplio cuerpo normativo y se ha de convertir en un documento de obligado cumplimiento y no en una declaración de buenas intenciones que quede desoído o ignorado por el planeamiento urbanístico municipal.
El tiempo corre contra el respeto y la defensa de la legalidad, y a favor de los que pretenden aprovecharse para enriquecerse y especular con el suelo (caso de Jesús Gil en Marbella). La Administración no puede inhibirse, sino que ha de ser beligerante contra los intereses espurios. Un territorio sin ordenar, sin normativa, es un territorio del que se aprovecharan siempre los especuladores, los inversionistas de profesión, los traficantes de influencias, y en definitiva embaucadores y chantajistas de la situación del paro en Andalucía y de la situación deficitaria de todos nuestros ayuntamientos.
Esta ausencia de normativa se hace especialmente escandalosa cuando el documento de la Consejería trata el problema de ordenación del litoral. En el litoral vive la tercera parte de la población andaluza, y en él se desarrolla, mayoritariamente, nuestra primera industria -la turística-, y también en el litoral se encuentran las instalaciones de agricultura intensiva más productivas actualmente. Por eso un Plan de Ordenación del Territorio que en Andalucía no ordene las instalaciones turísticas y el uso del suelo litoral, es un plan que renuncia a su razón de ser, un plan que mira para otro lado en temas conflictivos, que no quiere implicarse realmente en la "ordenación", y en definitiva, un intento fallido.
Con este POTA la Junta de Andalucía nos indica -como nos temíamos- que en temas de ordenación territorial ha tirado la toalla, que los deja en manos del primero que llegue anunciando inversiones de cualquier tipo y procedencia, y a merced de intereses particulares. La Junta de Andalucía nos demuestra que no tiene el valor de "hacer política", que no se atreve. Así los andaluces seguiremos perdiendo nuestros recursos y nuestro desarrollo nunca será sostenible.
Lola Yllescas