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¿LEY DE FLORA Y FAUNA?
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29/01/03. Joaquín Reina y Juan Clavero *
Tras seis años de elaboración (y ocho borradores) por fin el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el proyecto de “Ley de Flora y Fauna Silvestres de Andalucía”, la norma marco que debe regular los aprovechamientos sostenibles de nuestra biodiversidad y garantizar su conservación. Pero, desgraciadamente, con el texto aprobado no se garantiza más que el derecho de los propietarios de cotos a seguir cazando con menos controles aún, y permitirá la persistencia de actividades que están poniendo al borde de la extinción a buena parte de las especies de nuestra flora y fauna.
Este proyecto de ley carece de la mínima seguridad jurídica, concediendo a la Administración una discrecionalidad total que la exime de obligaciones ineludibles. Ello responde al deseo de obtener un texto legal lo más abierto e impreciso posible, una ley en blanco, sin rigor, poco comprometida y muy poco comprometedora, que deja las manos libres para, mediante la promulgación de decretos fácilmente modificables, ir acomodando las necesidades normativas a los intereses que convenga en cada momento.
Desde el primer borrador, del año 1996, se han eliminado 58 artículos. La simplificación de esta ley no tiene parangón en otras comunidades autónomas que cuentan con normativa propia, máxime cuando pretende regular ámbitos de tanta importancia y complejidad como son: la protección de la flora y fauna silvestres y sus hábitats, y la ordenación de la caza y de la pesca. Baste destacar que este proyecto sólo dedica 19 artículos a una realidad cinegética y piscícola tan diversa, complicada y, a veces, tan problemática como la andaluza.
La misión de una ley como ésta debe ser regular de forma minuciosa, explícita y concreta cualquier aprovechamiento con incidencia sobre los sistemas naturales, y arbitrar con total precisión las medidas que permitan paliar cualquier efecto negativo. Esto es lo que necesita Andalucía, lo que demandan sus ciudadanos y lo que debe ser tenido como primordial obligación por quienes elaboran las leyes. El contenido de este proyecto ni siquiera se acerca a estos objetivos y desvirtúa los propios que se marcan en su Título Preliminar: “La preservación de la diversidad natural de Andalucía garantizando la supervivencia de las especies mediante la protección y conservación de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats. La ordenación de su uso, aprovechamiento y recuperación, fomentando el desarrollo sostenible y el cumplimiento de fines de carácter social cultural y deportivo".
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La Consejería de Medio Ambiente demuestra con este proyecto de ley una cobardía incomprensible, máxime si se tiene en cuenta la creciente preocupación social por la protección de los recursos naturales, mostrándose incapaz de sustraerse a las presiones del sector cinegético, cuyo poder económico y político –muchos diputados son cazadores confesos— lo convierte en un poderoso grupo de influencia. Estos grandes propietarios y gestores de fincas de caza mayor siguen concibiendo la actividad cinegética como la explotación intensiva de un recurso o como una actividad ganadera más, sin importarles su impacto sobre la biodiversidad ni la sostenibilidad futura de esta lucrativo negocio.
Las concesiones al sector cinegético más fundamentalista se manifiestan en dos aspectos cuya incidencia sobre los hábitats naturales y sobre las especies protegidas es decisiva: lo relativo a los cercados cinegéticos, con injustificables retrocesos en cuanto a la superficie mínima para cercar y a las características de la cerca misma, y a la posibilidad de utilización de métodos no selectivos de exterminio de depredadores (prohibidos en leyes estatales y convenios internacionales), causas del retroceso de las poblaciones de varias especies protegidas, algunas, como el lince o el lobo, en peligro crítico de extinción. Con ello se consigue dar cobertura legal a estas transgresiones que, hasta el momento, han sido pauta habitual en nuestros campos.
El proyecto de ley omite toda referencia a las vías pecuarias y a su importante papel como corredores ecológicos; no hace ninguna alusión a los derechos de los no cazadores —más de siete millones de andaluces frente 160.000 cazadores— y que tienen derecho a pasear tranquilamente por el campo y a disfrutar de nuestra portentosa biodiversidad sin estar sometidos a un continuo bombardeo de disparos por parte de los cazadores; y permite prácticas tan incomprensibles como la introducción de especies no autóctonas en nuestros montes y ríos por exclusivo interés de cazadores y pescadores. Este proyecto no soluciona uno de los principales problemas de conservación de nuestra fauna silvestre: las barreras provocadas por las infraestructuras (autovías, embalses, tendidos de alta tensión...).
La falta de voluntad política para conservar y recuperar las especies de la rica flora y fauna andaluza se pone también de manifiesto si consideramos que la Junta de Andalucía no ha aprobado ni un sólo Plan de Recuperación de las especies en peligro de extinción, a lo que obliga la Ley estatal de Conservación de la Flora y Fauna de 1989. Para la aprobación de estos planes la Junta tienen las competencias exclusivas, pero se olvida de ejercerlas.
De aprobarse este texto legal, truncaría las esperanzas de contar con una legislación que propicie una protección y conservación de la naturaleza más efectiva y un aprovechamiento más sostenible de los recursos naturales, en especial, de la caza y la pesca. Ecologistas en Acción va a remitir a todos los grupos parlamentarios nuestras propuestas de modificación de este proyecto de ley, y esperemos que tengan más sensibilidad y responsabilidad para con la conservación de nuestra biodiversidad de la que ha tenido la Consejería de Medio Ambiente que lo ha elaborado, y el Consejo de Gobierno de la Junta que lo ha aprobado.
* Miembros de Ecologistas en Acción de Andalucía
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