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13/7/02
Satisfacción de Ecologistas en Acción por la inhabilitación de cargos públicos que han incurrido en actuaciones ilegales
Juan Sevillano, Carlos Neva y, ahora, Juan Andrés Gil demuestra que la impunidad se ha acabado para los políticos corruptos
Las recientes sentencias judiciales que inhabilitan al Alcalde de Bornos, Juan Sevillano, y al ex director del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, Carlos Neva, demuestran que la justicia empieza a funcionar en casos de corrupción. Hasta ahora, la lentitud, por no decir negligencia, de los tribunales ha permitido la más absoluta impunidad a los cargos públicos, que han podido cometer ilegalidades, sobre todo urbanísticas, bajo la excusa de que están "amparado por los votos".
Sevillano es fiel reflejo del alcalde que se cree dueño de su término municipal y da licencias a su antojo, sin importarle la legalidad. De hecho, en sus 23 años de gestión no ha aprobado norma urbanística alguna, siendo la discrecionalidad su norma de actuación. Cientos de licencias -incluida la de un polígono industrial- concedidas en suelo no urbanizable avalan la justeza de la sentencia de inhabilitación. La lamentable reacción de este ya ex alcalde y la del PSOE demuestran que siguen pensando que mientras ganen las elecciones tienen derecho a infringir la legalidad.
Carlos Neva, también miembro del PSOE, es uno de esos altos cargos de la administración que han pretendido lucrarse a costa de sus puestos de responsabilidad. Neva compró una finca a bajo precio con información privilegiada cuando era director del parque natural, y consiguió, mediante tráfico de influencias, licencia para construir un hotel en suelo no urbanizable del parque. Las denuncias de Ecologistas en Acción forzó su dimisión y dio lugar a una serie de procesos en los que han quedado probadas estas imputaciones. La última sentencia del Juzgado de lo Penal nº 2 de Jerez lo inhabilita para cargo público. Neva es ahora Gerente del Instituto de Medio Ambiente de la Bahía de Cádiz, cargo de libre designación del que debe dimitir de forma inmediata. Ecologistas en Acción solicitará a la Junta Rectora del parque natural la expropiación de la finca Molino de Arriba por el mismo precio por la que la adquirió Neva de forma fraudulenta (7.700.000 ptas.- 46.277 €). Ecologistas en Acción exige responsabilidades políticas, pues hay que recordar que el entonces Viceconsejero de Medio Ambiente, Jose Luis Blanco, apoyó totalmente la actuación de Neva, y que en el juicio han declarado a su favor el delegado de la Consejería, Sebastián Saucedo, y los ex delegados Francisco Blanco y Jose Mª Román.
Ahora es el Alcalde de Tarifa, Juan Andrés Gil, el que tiene que responder ante la justicia por las gravísimas irregularidades cometidas en el caso Atlanterra. Ecologistas en Acción, que es uno de los denunciantes, espera una actuación contundente de la justicia contra Gil, que se ha dedicado a dar licencias ilegales para favorecer a los constructores privados, creando un daño irreparable al interés público.
Los responsables públicos deben ser los más estrictos cumplidores de la legalidad. Esperemos que la justicia condene a los cargos públicos corruptos a la inhabilitación y penas de prisión que estipula el Código Penal para este tipo de delitos, y rehabilite la digna función que deben ejercer los políticos.
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