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Problemas causados por las emisiones de polvo y cal en Huétor Santillán |
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Con
fecha 28 de julio de 2003 Ecologistas en Acción de Granada ha
presentado una denuncia ante el Sr. Delegado Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Granada, por los problemas de
todo tipo que las emisiones de polvo causan a muchos vecinos que
residen en Huétor Santillán.
La población presenta dos zonas problemáticas: la zona este (próxima al barrio del Colmenar y a la carretera de Murcia) y la zona oeste (próxima al puente de la A-92).
Zona este Allí –y muy cerca de zonas residenciales– desarrollan desde hace muchos años sus actividades varias explotaciones mineras a cielo abierto, así como una industria química dedicada a la calcinación de la dolomita y a la fabricación de cal y productos derivados (cementos cola, morteros, revestimientos monocapa, etc.).
Los análisis han demostrado que algunos de estos polvos –de probado origen industrial– son muy ricos en cal viva. Por lo tanto tienen comportamiento cáustico, de manera que sus efectos negativos sobre la vegetación y determinados cultivos agrícolas se hacen sentir desde hace bastantes años. Igualmente, su inhalación prolongada es altamente perjudicial para la salud, y el contacto con los ojos y las mucosas nasales puede ser muy irritante, sobre todo cuando sobre las personas cae directamente el polvo acumulado sobre la vegetación, como por ejemplo en tareas agrícolas de limpieza de matorrales y en la época de vareo de los olivos durante la recogida de aceituna.
El complejo químico-industrial que forman las empresas Cales Granada, S. A. y REYESTU, S. L. emite muy a menudo y sin control grandes cantidades de humo y polvos debido a su actividad. Estas emisiones llegan sobre todo a aquellas viviendas que están situadas dentro de un radio de un kilómetro –algunas a tan solo 400 metros– tomando como centro la citada factoría. Además, se da la circunstancia de que la gran mayoría de las viviendas se encontraban allí desde muchos años antes del comienzo de la actividad industrial, que data de 1989.
Se da la curiosa circunstancia de que, a pesar de los catorce años transcurridos, tanto el Ayuntamiento de Huétor Santillán como la Delegación Provincial de Medio Ambiente reconocen que la industria en cuestión viene desarrollando su actividad con total libertad, pese a carecer de la preceptiva licencia municipal de actividad.
Los vecinos afectados exigen que la administración les explique cómo y por qué consintieron que una industria de este tipo, sujeta al Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, pudiera emplazarse tan cerca de zonas residenciales, cuando el citado reglamento recoge claramente que las industrias fabriles de este tipo sólo podrán emplazarse a una distancia superior a 2000 metros, a contar desde el núcleo más próximo de población agrupada.
Son muchos los vecinos que se han quejado reiteradamente de las inmisiones de polvo ante numerosas administraciones. Durante los últimos cuatro años han recogido cientos de firmas, se han constituido en asociación y han presentado numerosos escritos de protesta, así como reportajes fotográficos.
Sin embargo, la intervención de las distintas administraciones ha sido más bien ineficaz, sin atreverse a paralizar las actividades contaminantes o a denunciar el caso por la vía penal como claro delito ecológico, con el agravante de posibles daños a la salud pública.
Sólo durante determinados periodos de tiempo los vecinos han apreciado una notable mejoría, que curiosamente ha coincidido con mediciones de la Unidad Móvil de Medida de la Calidad del Aire (entre el 4 de septiembre y el 15 de octubre de 2001) y con obras de mejora en la citada factoría para (segunda mitad de julio y primera de agosto de 2002).
La empresa Cales Granada, S. A. se comprometió a instalar hace un año los filtros de mangas necesarios para eliminar sus emisiones a la atmósfera. Sin embargo, sólo un mes después, el 28 de agosto, los vecinos tenían que hacer nuevamente patente su malestar mediante un escrito dirigido al Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huétor Santillán, en el que se decía textualmente que "la situación en cuanto a inmisiones y contaminación atmosférica por partículas en suspensión sigue siendo prácticamente la misma que antes de la instalación de dichos equipos… Por tal motivo le hacemos llegar nuestro total descontento con la eficacia de las medidas correctoras que se han implantado recientemente, ya que los equipos instalados no funcionan habitualmente o, si funcionan, son del todo insuficientes o no sirven para nada".
La opinión de los vecinos –apoyada por testimonios de los mismos, filmaciones en vídeo, fotografías y recogidas de polvo recientes– expuesta en el punto anterior, se contradice con los informes medioambientales remitidos durante el pasado semestre a la Fiscalía del TSJA, según los cuales las medidas correctoras adoptadas han reducido los límites de la emisión de contaminantes a los niveles permitidos. Pero los vecinos alegan que los "niveles permitidos" a una industria que tienen a tan solo 400 metros no pueden ser los mismos que se exijan a una industria ideal localizada (como marcan la legislación y el sentido común) como mínimo a 2000 metros a contar desde el núcleo más próximo de población agrupada.
Por si fuera poco, las canteras aprovechan sobre todo la noche y el amanecer para realizar labores de triturado y clasificación de áridos sin el necesario grado de humedad, de manera que el polvo generado se suma al de la industria cercana, agravando el problema.
Zona oeste Esta zona, que comprende los barrios del Molino Alto y del Camino de Bordes, está afectada por la cantera "Arvadel", propiedad del Grupo Antonio Matas. Situada a unos 500 metros de las viviendas, además de generar mucho polvo durante los procesos de extracción y clasificación de áridos, lleva a cabo frecuentes voladuras junto al puente de la A-92, que producen la correspondiente alarma entre la población. Sin embargo, en el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa minera se decía expresamente que "dada la naturaleza de la roca, no será necesario el empleo de explosivos para el arranque". Por tal motivo, el citado estudio no ha evaluado la repercusión de las voladuras sobre la población y sobre el entorno, ni se han establecido medidas protectoras ni correctoras.
Todos estos hechos han sido denunciados, solicitando al Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Granada:
Que se les tenga informados de las diligencias que se inicien como parte denunciante.
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Granada, 29 de Julio 2003 |
