El aborto. De nuevo un viejo problema

A lo largo del año 1994 se ha vuelto a poner sobre la mesa el tema del aborto. En el mes de junio se hizo público el anteproyecto de la ley sobre Regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo que habría de modificar la legislación actualmente vigente. Pocos meses después, por septiembre, se hizo pública la ausencia de aval por parte del Consejo General del Poder Judicial a dicho proyecto.

Ante este último hecho, pensamos que, como organización de mujeres, debíamos dar una respuestas a los hechos que se venían produciendo. Por este motivo escribimos una carta al diario "Información" con la intención de hacer pública nuestra opinión al respecto. Sin embargo, esa carta no vio la luz, pues no fue publicada por el periódico (por eso la reproducimos ahora para hacer manifiesta nuestra postura ante el anteproyecto elaborado, en principio, por el gobierno).

No pasó un mes y la prensa nacional se hacía eco de las reformas introducidas por el gobierno en su redacción. Estas se concretan en la ampliación de la función de protección del no nacido/a por parte de los centros de asesoramiento previstos en el proyecto de ley. De este modo el texto se aproximaba a los criterios más conservadores del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, no se tuvieron en cuenta, en las reformas, las modificaciones reclamadas por los grupos feministas y por los sectores progresistas, que demandaban la gratuidad del aborto y garantías ante la objeción de conciencia de médicos y médicas, además de, ¡no hace falta decirlo!, la no obligatoriedad de asesoramiento previo a la decisión de abortar. Por esas fechas, octubre del 94, la ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi, afirmaba que el proyecto de ley "será remitido por el gobierno a las Cortes en menos de un mes" (El País, 20/10/94).

Y así llegamos a finales de año y la ley todavía no había sido enviada a las Cortes para su tramitación parlamentaria. Ante las presiones de CiU, que amenazó con retirar su apoyo, el gobierno decidió aplazar "sine die" el envío del proyecto a las Cortes. No se debe olvidar que, por aquellas fechas, se necesitaban los votos de CiU para llevar adelante los presupuestos de 1995.

También por aquellas fechas EU anunció que, vista la paralización del proyecto, iba a presentar una nueva proposición de ley el primer día del siguiente periodo parlamentario; esta proposición recogería parte de los planteamientos defendidos por los socialistas. La pretensión de EU, según declaraciones de su portavoz Rosa Aguilar, era llevar el tema a las Cortes y poner de manifiesto las graves contradicciones del PSOE y, con sus propias palabras, "la vergüenza que supone retrasar una ley tan importante por las presiones que ejercen... los nacionalistas catalanes" (El Mundo, 2/12/94).

Y llegó 1995 y comenzó el primero de febrero el periodo de sesiones parlamentarias y, parece que otras cuestiones han desviado el interés de los políticos por el tema del aborto. Tanto es así que ya no se ha vuelto a hablar del proyecto, que parece descansar el sueño de los justos. Mientras tanto las mujeres que quieren abortar legalmente en esta país continúan encontrándose con unos problemas provocados, en gran medida, por la insuficiente despenalización de 1985; problemas que no hace mucho nos volvía a recordar Empar Pineda, portavoz de la comisión pro derecho al aborto, en las hojas de un diario:

En ninguno de los tres supuestos despenalizados hasta ahora se reconoce a la mujer embarazada que quiere abortar el derecho a decidirlo libremente. Esta decisión está en manos de médicos y médicas y, en muchas ocasiones, de jueces y juezas y magistrados y magistradas que deciden sobre la legalidad o no de los abortos practicados, en teoría, dentro de la ley.
Aunque los abortos legales están considerados como una prestación incluida dentro de la Red Sanitaria Pública, el recurso a la objeción de conciencia ha actuado desviando hacia las clínicas privadas la inmensa mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo.

No parece, como hemos señalado antes y como indicábamos en la carta que enviamos a la prensa, que la reforma proyectada por el gobierno pueda dar soluciones a estas cuestiones. Por eso hacemos uso de estas páginas para, una vez más, hacer públicas nuestras reivindicaciones como organización feminista. Estas se concretan en la demanda de una pronta reforma que realmente suponga un avance respecto de la legislación actual, y que dé soluciones a los mencionados problemas. Y así, volvemos a hacer manifiesto lo que las mujeres venimos demandando desde mucho antes de la despenalización de 1985:

El reconocimiento del derecho de la mujer a decidir libremente.
La inclusión de todos los supuestos de interrupción voluntaria del embarazo en la Red Sanitaria Pública, garantizando la asistencia a toda mujer que quiera abortar por parte de los Centros Públicos encargados de su realización.

Una ley que no avance hacia estos objetivos no dará respuesta a nuestras demandas.

NOTA: Cuando ya teníamos redactadas estas líneas, nos ha llegado a través de la prensa que el PSOE y CiU han aprobado con sus votos en el Pleno del Congreso, en el debate del Estado de la Nación, una serie de resoluciones que señalan las líneas de actuación del gobierno para 1995. En estas resoluciones queda fuera -entre otros compromisos adquiridos por el PSOE para la presente legislatura- la ampliación de la ley del aborto, que fue propuesta al Pleno para su votación por EU. De este modo se aplaza, no sabemos hasta cuándo, una reforma demandada tanto por las asociaciones de mujeres como por distintas fuerzas progresistas de este país. Volvemos, por tanto, al principio y así todo lo que recogemos en estas páginas en torno al tema del aborto se convierte en historia, historia de un viejo problema que de nuevo queda sin resolver.

A continuación reproducimos la carta que enviamos al diario "Información" con fecha del 17 de octubre de 1994:

Ante la ausencia de una mayoría en el Consejo General del Poder Judicial que permita avalar la ampliación del aborto contenida en el anteproyecto de ley de aborto, las organizaciones de mujeres vemos cómo, una vez más, se dificulta el acceso a aquellos derechos que nosotras, como mujeres, consideramos innegociables: la libre decisión de la mujer y la gratuidad del aborto en la Sanidad Pública.

Haciendo un repaso del anteproyecto de Ley sobre Regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, elaborado por la Comisión de Justicia e Interior, Sanidad y Servicios Sociales y difundido ampliamente por la prensa en junio de este año, señalaremos que, para nosotras, el texto presentaba importantes deficiencias.

La introducción de un sistema de plazos que permita la interrupción del embarazo dentro de las doce primeras semanas de gestación que prevé el borrador, nace con una serie de limitaciones.

Por un lado la nueva fórmula de aborto legal no constituye una prestación del Sistema Nacional de Salud. Es decir, la ley puede dejar marginadas a las mujeres que se hayan en peor situación económica por no ofrecer otra alternativa más que las clínicas privadas. La declaración realizada por Mª Teresa Fernández de la Vega, Secretaria de Estado de Justicia, manifestando que "se está estudiando la gratuidad de la interrupción del embarazo cuando la interesada se encuentre en estado de necesidad por su penuria económica", no deja de ser, a nuestro parecer, una mera declaración de intenciones.

Otra limitación del anteproyecto es la obligatoriedad de que la mujer que desea abortar se someta a un asesoramiento. Este trámite, como ya señalábamos las organizaciones feministas cuando se difundió el borrador, puede convertirse en una coacción para la mujer, dados los riesgos de manipulación de la voluntad de alguien que, es evidente, no aborta por placer.

Otra deficiencia del anteproyecto, y no la menos importante teniendo en cuenta su repercusión en la práctica, es que el texto no aborda la objeción de conciencia de los médicos/as de los Centros Públicos, que hace que, hasta ahora, menos de un 10% de los abortos se practiquen en los mencionados Centros. Es un hecho que, en la ámbito de la Sanidad Pública, la objeción de conciencia por parte del colectivo médico y la burocracia, han ejercido un papel disuasorio incluso para las mujeres que entraban de forma estricta en los supuestos despenalizados por la ley de 1985, desviando, de este modo, hacia la sanidad privada la mayoría de los abortos. Tanto es así que, según datos publicados por el diario "El País" de junio de este año, el 93% de las IVE (Interrupciones Voluntarias del Embarazo) realizadas en la Comunidad de Madrid en 1993 se hicieron en el sector privado.

Sin embargo, el anteproyecto, aunque insuficiente, sí que supone una mejora respecto de la actual normativa y, sobre todo, porque la introducción del cuarto supuesto da una mayor cobertura a unas situaciones que ya de hecho se vienen produciendo, esto es: aquellas mujeres que para abortar tenía que acogerse al supuesto de alteración de la salud psíquica de la embarazada, ante la amenaza de prisión por aborto ilegal. Ahora bien, el anteproyecto todavía queda lejos del objetivo señalado por las organizaciones feministas: interrupción libre del embarazo, la decisión y la responsabilidad del mismo en manos de la mujer. En definitiva, una maternidad libre y responsable.

Las mejoras necesaria para adecuar la ley a este objetivo, además de aquellas que garanticen la gratuidad en todos los supuestos permitidos por el texto, tendrían que adoptarse en la posterior tramitación parlamentaria de la ley teniendo en cuenta las reivindicaciones de las organizaciones de mujeres.

Y hasta aquí el análisis de la ley. Ahora bien, la falta de apoyo del Consejo General del Poder Judicial al Informe elaborado por la Comisión de Estudios e Informe del mismo órgano, plantea serias dudas sobre le futuro del anteproyecto y, sobre todo, pone de manifiesto la necesidad de reformas al texto que permitan su viabilidad en el marco constitucional (protección debida al "nasciturus" frente al derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo).

Todo eso (que no hay duda, debe tener como consecuencia un retraso en la presentación del anteproyecto) nos lleva a las organizaciones feministas a la necesidad de exigir, una vez más, una ley que la propia sociedad demanda, y a hacer públicas de nuevo las reivindicaciones que venimos planteando desde hace años: que la regulación del embarazo se realice fuera del Código Penal y que la decisión de abortar corresponda a la mujer, limitándose el Estado a proteger y facilitar el ejercicio libre y gratuito de este derecho. En este sentido, insistiremos una vez más en la necesidad de que las mujeres sean escuchadas, para que la ley responda realmente a sus intereses.