La Comisión Nacional Contra la Inseguridad, la Comisión Familiares de Víctimas Indefensas de la Violencia Social y A.R.I.E.L. (Argentina Recupera Idoneidad en Libertad), presentaron una denuncia contra Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, y sus funcionarios, por que los consideran "penalmente responsables, y cómplices necesarios, por todos los crímenes cometidos en "DEMOCRACIA", contra niños, adolescentes y jóvenes inocentes que fueron asesinados por civiles y uniformados de la Policía Federal, la tristemente célebre Policía Bonaerense, y las fuerzas policiales y de seguridad de todo el país, como así también, por delincuentes comunes".

EL PAÍS
Finalizado el oscuro período dictatorial de 1976-1983 los argentinos creyeron que el tiempo del terrorismo de Estado había quedado atrás. No fue así, y allí están Mario Bonino, Miguel Bru, Walter Bulascio, Víctor Choque, María Teresa Rodríguez, José Luis Cabezas, Omar Carrasco, y tantos otros ciudadanos y ciudadanas que fueron secuestrados, torturados y/o asesinados por las "fuerzas de seguridad".

Por otra parte, las políticas del neoliberalismo fundamentalista desataron una profunda crisis económica, social, política y cultural. Cada vez más desocupación, cada vez más pobreza, cada vez más marginación, cada vez más corrupción, cada vez más política sucia y cerril, cada vez menos contención familiar, cada vez menos escuela, cada vez menos apego a la vida propia y ajena, encausaron a muchos argentinos, civiles y uniformados, hacia una violencia generalizada.

El delito es un tipo particular de esa violencia, y junto con las barbaridades y barrabasadas que cometen a diario "las fuerzas de seguridad", concurrieron a crear el clima de miedo e inseguridad que hoy sienten la mayoría de los ciudadanos, sobre todo los de las grandes ciudades; un clima que es permanentemente reforzado por la acción irresponsable e indolente de los medios de comunicación, que machacan hasta el hartazgo con el tema de la "inseguridad" puesto que, al parecer, no hay otro que merezca su atención.

LA DENUNCIA

Así las cosas, tres organizaciones de familiares de las víctimas de la violencia delictual y policial, cansados de la impunidad que gozan los asesinos, secuestradores y torturadores -producto de las mafias que operan en las policías, la justicia y la política-, y hartos de la indiferencia de la mayoría del periodismo -que muy rápido se olvida de lo que pasó para abocarse exclusivamente a lo que está pasando- responsabilizaron de esta situación a todos los presidentes del período supuestamente democrático que comenzó en 1983.

Por eso, Jorge Hernández, presidente de CONACI (Comisión Nacional Contra la Inseguridad), María Teresa Schnack de Schiavini, presidenta COFAVI (Comisión Familiares de Víctimas Indefensas de la Violencia Social) y Enrique Piraguni Iragini, presidente de A.R.I.E.L. (Argentina Recupera Idoneidad en Libertad), presentaron el 21 de octubre pasado una denuncia en la Corte Suprema de Justicia contra Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Duhalde, considerándolos "penalmente responsables, y cómplices necesarios, por todos los crímenes cometidos en "DEMOCRACIA", contra niños, adolescentes y jóvenes inocentes que fueron asesinados por civiles y uniformados de la policía Federal, la tristemente célebre policía Bonaerense, y las fuerzas policiales y de seguridad de todo el país, como así también, por delincuentes comunes".

Asimismo incluyen en la denuncia imputaciones contra los poderes judicial y político. Al primero lo acusan de no cumplir "con los requisitos indispensables para brindarnos la justicia que nuestros queridos hijos/as se merecen". Al segundo lo consideran directamente responsable de que los asesinos de sus familiares estén en libertad.

A pesar de todo, la denuncia la presentaron en la Corte Suprema salteándose los tribunales inferiores porque los consideran "inoperantes", ya que "se descarta que habrían de desestimar esta presentación por resultar parciales y, muchos de ellos, interesados. y teniendo en cuenta que la gravedad y urgencia del caso ameritan dicho tratamiento". Pero a renglón seguido, los denunciantes advierten que alguno de los miembros de la Corte podrían estar involucrados directa o indirectamente en los hechos criminales que solicitan se investiguen, por lo que piden que se convoque "a los señores conjueces que pudiere corresponder".

La presentación ante la Corte lleva por título "Denuncian inseguridad y violencia social e institucional, sabotaje, omisión e incumplimiento de los deberes de funcionario público y otros delitos", y quedó radicada Secretaría Nº3, libro 39, letra H. En ella se denuncia "un cúmulo de acciones tipificadas bajo diversos delitos, los cuales resultan sistemáticos y continuados en el tiempo, razón por la cual no han prescripto y fueron cometidos del 10 de diciembre de 1983 al 24 de mayo de 2003. Durante ese período, en plena democracia, han sucedido gravísimos hechos lesivos de la vida, el honor y la propiedad, a vista y paciencia de autoridades que no sólo han demostrado incapacidad para impedirlos sino que muchas veces los fomentaron y/o facilitaron, los que van desde abandonos de personas, lesiones, homicidios, violaciones, hasta sabotaje (arts. 7 y 10 de la ley 13985), omisión e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, etc., en lo que puede considerarse un virtual genocidio".

Los denunciantes citan "a modo de triste ejemplo" los crímenes de la niña Jimena Hernández, hallada muerta en la pileta de natación del colegio religioso al que asistía; de Sergio Schiavini, quien resultó muerto por las balas policiales en un asalto donde fue tomado como rehén; y el de Diego Peralta, el chico del barrio El Jagüel que fue secuestrado y asesinado, y cuyo cadáver apareció en una tosquera de Ezpeleta.

Con esta denuncia se procura además convocar a otras víctimas, o a sus familiares, para que tomen intervención en la causa que se abrirá, y para iniciar un "Registro Nacional de Víctimas que traduzca la realidad, ya que muchos delitos no se denuncian y otros denunciados son 'cajoneados' y no se comunican a las autoridades competentes".

Por último, los querellantes solicitan que se le dé a la denuncia el tratamiento previsto para el hábeas corpus preventivo, pues sostienen que "existe una amenaza inminente a la restricción y/o privación ilegal de la libertad, dado que por la ola de violencia imperante se vive en absoluta inseguridad física y jurídica".
Copias de esta presentación fueron enviadas a organismos y ONGs relacionados con los derechos humanos en todo el mundo, como Amnesty, Federación Internacional de Derechos Humanos, Alto Comisionado de la ONU en Ginebra, S.O.S Torture, de Dinamarca, Human Rigths, Center for Justice and International Law, y la Corte Penal Internacional de Roma.

LA PREGUNTA

¿Se hará justicia?