Derechos para Tod@s 
Número 8 
abril - mayo - junio 2002




LA CORRUPCIÓN

Antonio Maira, "Cádiz Rebelde"


Ya que en Monterrey el sistema ha sido reivindicado de nuevo, no sólo como racionalidad sino como obligación estricta, a algún fenómeno había que atribuir un desastre económico en el Tercer Mundo que empieza a ser demasiado evidente pese al filtrado en rosa de los medios.

La corrupción, han dicho los EEUU en la Conferencia sobre Financiación del Desarrollo, está destruyendo las posibilidades de crecimiento económico. Ahora bien, cuidado con las interpretaciones malintencionadas: en esto del desarrollo y de la pobreza cuando se hable de corrupción mírese únicamente hacia abajo.

El control sobre las ayudas al desarrollo debe mejorar para evitar el uso indebido de los fondos y hacerlas más eficaces. Para eso el mejor camino es convertir la ayuda al desarrollo en un buen negocio.

Se lee desde el otro lado la antigua advertencia de Ronald Reagan y Margaret Thatcher cuando cargaban el derroche en la cuenta de los pobres. A partir de ahora los planes de ayuda serán contratados con la empresa privada y no con los gobiernos. Sacarle beneficios a la pobreza es el método contra la corrupción que imponen los EEUU.

Es una peculiar y limitada corrupción la que, no obstante, preocupa a los gobiernos de occidente y a sus instituciones internacionales. No son parte de ella los grandes negocios que se han hecho con las privatizaciones que han expoliado la propiedad o los servicios públicos de los países del Tercer Mundo, sino la “calderilla” desviada que los hizo posibles. Al fin y al cabo la propiedad pública es la única propiedad siempre indebida. Cuando se hable de corrupción –y ésta es otra de las normas supremas- evítese cualquier referencia al funcionamiento del sistema.

En Argentina, por ejemplo, las cosas de la lucha anticorrupción tienen que volver al buen camino. Una de las exigencias públicas del FMI para negociar nuevos créditos con el gobierno de Duhalde, es la derogación de la “ley de subversión económica” que está destinada a limitar la fuga de capitales y otros mecanismos de “libre transferencia” económica. Los banqueros, supremos sacerdotes y símbolos del sistema, cuotas importantes –los más ricos entre ellos- de la riqueza global, no pueden ser juzgados.

Anne Krueger, vicepresidenta del FMI, insiste en ello casi todos los días: “Espero que Argentina haga las reformas necesarias para recuperar la confianza del Fondo Monetario Internacional”. Y no sin resultados. Cuando un juez argentino inicia una investigación, por sospecha de fraude, sobre la conducta del ex superministro económico Domingo Cavallo, la lucha contra la corrupción parece desviarse de la recomendación universal que proclama Bush en Monterrey. El griterío de las manifestaciones y los escraches, y las resoluciones de las asambleas barriales, son una cosa, y otra muy distinta los procesos judiciales incontrolados. El asunto se sale definitivamente de madre cuando en la indagatoria aparece el nombre del ex subsecretario del Tesoro de los EEUU, David Mulford.

Entonces saltan las alarmas y un ministro de Duhalde, interpreta correctamente los deseos de Anne Krueger y lamenta el despropósito en ésta lucha contra la corrupción:

“Los organismos internacionales nos reclaman seguridad jurídica y, cada día, hay un juez que ordena medidas contra algún banquero”.