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En Parla es legal la represión policial Atropello a las garantías juridicas, constitucionales y procesales Colectivo
Ponte en Marcha (24
de Abril de 2001) Jueves 19 de abril, 10 de la mañana. Unas 50 personas colapsando los Juzgados de Parla. Se celebra el Juicio por la Represión de la Policía Local el 8 y 9 de Junio del 2000, en el desarrollo de un acto intersindical convocado para exigir al Alcalde de Parla la readmisión de Victoriano Márquez, en cumplimiento de la legalidad expresada en los compromisos adquiridos con los Sindicatos CCOO y UGT y con el Plenario del Ayuntamiento. Mucha, mucha, policía haciendo corro con trajeados concejales de la derecha socialista. En otro corro las víctimas de la represión laboral, civil y policial. Los agentes judiciales pasan lista y colocan a denunciantes/denunciados y a denunciados/denunciantes en su sitio en la repleta Sala. Es audiencia pública, pero sin público. No hay sitio. Preside el Juicio de Faltas la titular del Juzgado nº 4, la misma Juez que instruyó el sumario. No merecemos la garantía de imparcialidad de nuestro ordenamiento jurídico. Nuestra defensa RECUSA a la Juez, por ese motivo y por la indefensión que genera la actitud de un Juzgador que no se abstiene en una causa donde ya tiene un criterio formado. La Fiscal no lo encuentra justificado. La Juez no suspende el Juicio, mientras se resuelve la recusación. Tienen prisa por juzgarnos. Pasan de normativa procesal. Quieren celebrar la Vista como sea. Aunque sea anulando nuestra defensa. Mandan callar a nuestra defensa (nuestro letrado y el de Asociación contra la Tortura ), los silencian a golpe de amonestación y amenaza de multa. No quieren escuchar los fundamentos legales. No nos creemos lo que vemos y oímos. Pura arbitrariedad y atropello de las garantías jurídicas. Comienzan las declaraciones. La Fiscal -que debería ser imparcial- formula sus preguntas con respuesta dirigidas a la justificación de la actuación policial y la incriminación de la acción reivindicativa. Se puede adivinar su interpretación de los hechos. Los abogados de los polis lo tienen fácil, se limitan a reforzar la línea marcada por la Fiscal. Se pleitea más tranquilo cuando se sabe a la Autoridad Judicial de su lado. Nuestra defensa no deja de exigir su derecho a la palabra, aunque sólo sea para expresar un reiterado "no hay preguntas" a un Juicio amañado con vergonzosa indefensión. La línea marcada
por la Fiscal y la defensa de la Policía Local da cobertura a
la versión surrealista de los hechos que inventan los represores:
"No llevaban porras y se enfrentaron en inferioridad de condiciones
a unos agresores violentos que les insultaban y sacudían con
todo tipo de objetos: huevos, cohetes, palos, patadas, sprays y puñetazos,
causándoles lesiones en dedos y destrozando el Ayuntamiento".
La versión policial se avala con testimonios de los propios policías, ellos señalan en todos los escenarios a 4 personas de nuestro lado. En una identificación amañada por ellos durante la espera del Juicio, sin garantías. De paso sitúan a un trabajador en activo del Ayuntamiento como participante en los hechos. Algo imposible, dadas las coacciones que reciben. Nos toca el turno de responder a las preguntas del Fiscal y Letrados. Nos negamos a declarar en una causa que está previamente sentenciada, al impedir la Juez nuestra defensa y tolerar la ausencia de imparcialidad y de rigor en las preguntas planteadas por el Ministerio Fiscal y en la aceptación de testimonios y pruebas. Es un juicio de clara represión político-sindical, al Juzgarse unos hechos emanados de una reivindicación sindical como si fueran desórdenes públicos. Y teniendo en cuenta la militancia de los denunciantes/denunciados: Colectivo Ponte en Marcha, IU, PCE, AST, CGT, CCOO. Algunos de ellos delegados sindicales y, otro, miembro del Comité Central del Partido Comunista. Por último, llegan las conclusiones: la Fiscal -como no podía ser de otra manera- da lectura a la calificación de los hechos que traía escrita, considerando probados los cargos que se nos imputan, según ella , faltas de desobediencia y resistencia a la autoridad, agresiones a la Policía Local y responsabilidad civil de las lesiones, solicitando multas que totalizan unos 2 millones de pesetas. Todo ello sin haber escuchado nuestro testimonio, sin tener en cuenta la contradicción con la versión policial existente en nuestras denuncias y declaraciones en la instrucción del Sumario. Y sin tener ninguna prueba sólida de todo ello (tan sólo el testimonio de los polis). Como no podía ser de otro modo, la actuación policial se ajusta a la legalidad y no ha incurrido en ningún delito. Tampoco tiene que hacer frente a ninguna lesión. Imparcialidad del Ministerio Fiscal que nos denunció de oficio, cuando presentamos las denuncias por lesiones contra la Policía Local, según la Juez, para proteger nuestros derechos. A tenor de los resultados, no es más que pura intimidación para obstaculizar el ejercicio de los mismos. ¿Qué nos podrá hacer, a partir de ahora, la Policía Local, con una calificación legal de su actuación represora? ¿Cómo podremos defendernos de sus amenazas: "Parla es muy pequeña, me quedan 35 años para jubilarme,…" y de algunas de las consecuencias que hemos denunciado: nos siguen, nos piden la documentación, nos registran el coche, .. y de otros hechos que hemos dirigido al Alcalde para que, como Jefe Superior de la Policía los investigue: pinchazo de las ruedas de nuestros coches y pintadas en los mismos; manipulación del Censo del impuesto de Vehículos para localizarlos…? ¿Cómo podremos defendernos en el supuesto de que un agente quiera ponernos una multa, o retirar nuestro coche con la grúa, o cualquier otra arbitrariedad contenida en las frases que nos han dirigido? ¿Qué podrá hacer, a partir de ahora, un trabajador que sea despedido por decreto de Alcaldía, si al mismo tiempo que se niega la solución del conflicto por la vía del diálogo, se impide la solución política (2 mociones aprobadas por el pleno) se criminaliza la libertad sindical, la libertad de expresión y de manifestación, a la vez que se aprueba la represión policial como respuesta adecuada y legal al conflicto generado? Existen precedentes de agresión policial en un Pleno, denuncia que fue archivada y, a raíz de la causa que nos ocupa, fueron denunciados, por alteración del orden público, el denunciante (Victoriano Márquez) y sus testigos (entre los que se encuentran 3 concejales de IU y varios de sus militantes). Estando pendiente de resolución por la Audiencia Provincial. ¿Dónde están las organizaciones políticas de la oposición en la lucha contra la impunidad? ¿Por qué denuncian los sueldos de los concejales y no se mojan en acabar con la represión? ¡¡ Cese la
represión político-sindical en Parla !! |