CUARTELES DE SANT ANDREU: CRÓNICA Y PROBLEMÁTICA DE UNA RESISTENCIA
EU/ IndyACP
Más
de quinientas personas han construído una comunidad de vida en
torno a los cuarteles de Sant Andreu, como toda comunidad, están
atravesados por miles de problemas, pero esta comunidad, principalmente
formada por inmigrantes sin papeles, está amenaza también
por suponer un desafío a la lógica de mando del capital
frente a los deseos de vida.
Hace cinco años, el Ministerio de defensa inhabilita los cuarteles
del barrio barcelonés de Sant Andreu, manteniendo únicamente
su bodega y con la única vigiliancia de algunos guardias, que poco
a poco, van desapareciendo. Esta desaparición no constituye el
fin de los cuarteles (aunque probablemente, si la de su parte más
siniestra) y de nuevo, la vida y la potencia se reúnen para llevar
hasta los mismos una nueva comunidad, los nuevos sujetos en conflicto
de nuestras metrópolis: La población migrante, buscando
un espacio para construir un proyecto de vida no negada y no condicionada
por la fuerza del capital.
La primera comunidad consta principalmente de ciudadanos Chilenos y Marroquiés,
pero con el paso de los meses y hasta la actualidad, en Sant Andreu su
congregan una media de entre seiscientes y novecientas personas, de más
de treinta nacionalidades, en su mayoría sin papeles (hay también
algún ciudadano del estado y algún ciudadano comunitario,
pero suponen un porcentaje pequeñísimo) Sin vivir un proceso
de autoorganización, durante mucho tiempo dependen de la lógica
asistencial de organizaciones cómo la Cruz Roja y de sus propia
capacidad para ir construyendo ese proyecto vital, que muchas veces es
desgajado por la precariedad o la policía.
El último crecimiento de la comunidad viene trazado desde lugares
a muchos kilómetros de distancia del propio Sant Andreu, en concreto
desde Canarias, donde muchos de los inmigrantes retenidos en el Centro
de Internamiento de Fuenteventura son fichados y posteriormente envíados
a Cataluña como mano de obra para el campo en los meses de verano.
Muchos de estos inmigrantes llevan las señas de los cuarteles de
Sant Andreu como espacio de encuentro. Estas señas en muchas ocasiones
vienen de compañeros migrantes, de oneges, o directamente, de las
propia administración del centro.
Por supuesto, el conflicto abierto por todas estas personas que ponen
en juego sus derechos de ciudadanía, no es reconocido por autoridad
ninguna, pasándose la pelota desde la Generalitat al gobierno Central
y viceversa, mientras las intenciones especulativas (aparente motor inmovil
de la ciudad de Barcelona- al menos en lo que respecta a la clase política)
para con el edificio se mantienen intactas y los distintos intereses son
dificilmente conjugables: El Ministerio de Defensa pretende venderle los
terrenos a la Generalitat para poder construir en ellos la estación
del AVE y un gran complejo inmobiliario. Las asociaciones de vecinos de
la zona piden los que llaman un "desalojo humanitario" con la
intención de que los terrenos se cedan equipamientos sociales,
etc. Por su parte, la enorme comunidad migrante que se reune en torno
a los cuarteles no parecen ser, de cara a la administración, sujetos
de derecho y su revindicación, por tanto, no tiene razón
de ser. Prueba de ello es que la Comisión especial que se ha creado
para tratar el problemas (y que incluye organizaciones no legalizadas-
por tanto, y aparentemente, tampoco sujetos de derecho- como Plataforma
de Vecinos, ligada a la organización de ultraderecha Plataforma
Per Cataluña, y con planteamientos absolutamente xenófobos
que inclúyen concentraciones contra los cuarteles, caceroladas,
insultos y entrentamientos con los migrantes) no haya invitado a la comunidad
migrante de los cuarteles
La situación de los cuarteles se encuentra ahora en standby (si
es que eso se puede decir de una comunidad viva) hasta Septiembre, después
de que la jueza que llevaba el caso no admitiera a trámite el recurso
emergente de desalojo ( para lo cual se llevó a cabo una concentración
de más de trescientos inmigrante en las puertas del Juzgado) Esta
actuación ha tenido una cierta repercusión mediática
y desde entonces la actividad policial se ha incrementado en toda la zona,
dándose la paradoja de que los mismos policias que detienen inmigrantes
sin papeles en la zona de Sant Andreu, son los encargados de llevar hasta
allí a aquellos que vienen de trabajar en el campo, o de Fuerteventura.
Prueba mágica de la mano organizativa del capital y de la emergencia
de sujetos como la población migrante, auténticos proyectos
de ingobernabilidad para el orden del mando.
A raíz de esta situación, diversas organizaciones y colectivos
de Barcelona, han iniciado procesos de contacto con la comunidad, encontrándose
con una enorme cantidad de problemas (en catalán) en el seno de
la misma, desde diferencias de lengua, hasta contactos personales que
desaparecían de una día para otro por la acción de
la policía o por cuestiones laborales, imposibilitando una mínima
estructura autoorganizativa. a pesar de ello, la revindicación
de "papeles para todos" como estrategia de politización,
va lenta pero progresivamente incluyéndose en un imaginario colectivo
migrante que lenta pero progresivamente se va politizando, intentando
escapar de la precariedad existencial que reduce la práctica política
a la tremenda necesidad personal e individual.
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