ANTE EL FINAL DEL ENCIERRO DE INMIGRANTES DE LA U.P.O. DE SEVILLA Y LOS DISTINTOS PAPELES JUGADOS POR LOS Y LAS RESPONSABLES DE LAS DEPORTACIONES

Comunicado de la Red de Apoyo al Encierro de la Universidad Pablo de Olavide

1º. Ante el final del encierro y los distintos papeles jugados por los y las responsables de las deportaciones.
El pasado 8 de agosto y por petición del rectorado de la UPO a la Delegación del Gobierno de Andalucía, la policía procedió al desalojo de los 275 trabajadores inmigrantes que quedaban encerrados en el campus universitario desde hacía 58 días.
Para evitar sus responsabilidades en el desalojo y las consiguientes deportaciones en masa que se realizaron con posterioridad (210 inmigrantes han sido deportados por vía preferente desde diferentes centros de internamiento a su país de origen, básicamente Argelia), la UPO junto a la Defensoría del Pueblo Andaluz, han puesto en marcha una campaña de desinformación sin precedentes, que lo que pretende es únicamente desviar el foco de atención de donde realmente está el conflicto: la Ley de Extranjería y la Campaña de la fresa en Huelva.

El total de los 210 inmigrantes deportados procedían y han sido repatriados a Argelia, ellos provienen de una región azotada por terribles conflictos bélicos entre militares que responden a un gobierno de dudosa legitimación democrática y grupos terroristas islámicos. Muchos de los trabajadores inmigrantes deportados ya habían perdido a familiares, esposa, amigos,... en esta guerra, ahora han sido reenviados nuevamente a la zona de conflicto, sin que ningún gobierno o institución se haga cargo de su seguridad, lo cual significa sin ninguna duda poner en grave peligro sus vidas.

¿Cuál ha sido el terrible delito que les ha hecho merecedores de semejante castigo? Ser personas que huyen de su país en busca de unas condiciones de vida dignas y que ante la terrible situación de extrema precariedad que venían sufriendo en la campaña de la fresa de Huelva, se habían unido para reivindicar la regularización de su situación y acceder así a condiciones de trabajo y de vida dignas.
¿Quiénes han sido cómplices y colaboradores de este terrible atentado contra los derechos humanos?
Los trabajadores inmigrantes que protagonizaron el encierro de la UPO, son los mismos que tradicionalmente han desarrollado la llamada "campaña de la fresa en Huelva", la cual lleva años produciendo grandes cuotas de beneficio empresarial, así como el marco en el cual la provincia de Huelva ha conseguido un grado de desarrollo muy superior al que tenía con anterioridad.
¿Porqué nadie ha cuestionado la actuación de las patronales freseras agrícolas onubenses por la explotación sistemática de trabajadores inmigrantes "sin papeles", al margen de la legalidad y de los convenios establecidos, año tras año?
¿Y porqué en lugar de denunciar esta situación de marginalidad, precariedad y explotación a la que han sido sometidos estos inmigrantes, se monta una campaña de criminalización sobre la red de apoyo?

El rectorado de la UPO, que se había caracterizado por hacer público su posición de que nunca permitiría el acceso de las fuerzas de seguridad al recinto universitario, y que entendía que la movilización protagonizada por los inmigrantes fue desde su primer momento hasta el final pacífica y no violenta, solicitó el 7 de agosto la entrada de la policía en dicho recinto, aún a sabiendas del destino que le esperaba a los desalojados, una deportación masiva y forzosa a un país en conflicto bélico donde no se respetan los derechos humanos.

El cambio de actitud y posicionamiento del rectorado de la UPO, que ha permitido una operación policial dentro de un recinto universitario, sin precedentes desde el final del franquismo, hace recaer sobre la Sra. Rosario Valpuesta la responsabilidad en la suerte de los detenidos y deportados.

Creemos que la Defensoría del Pueblo Andaluz, es decir D. José Chamizo y su adjunto D. Sebastián de la Obra, son corresponsable de esta actuación, en la medida en que han justificado y aprobado dichas actuaciones, más por amiguismo político, complicidad y deseos de renovación en el cargo, que por "defender" los derechos de los inmigrantes movilizados.

Es más, no ha habido por parte de la Defensoría del Pueblo y de la Comisión Jurídica de la Universidad un adecuado seguimiento de la situación de los inmigrantes detenidos y posteriormente deportados, permitiendo toda clase de irregularidades que han posibilitado la masiva y urgente deportación de 210 personas, entre los cuales se encontraban algunos en "vías de regularización" y otros con el supuesto salvoconducto que en su día les había entregado el propio Sr. Chamizo, según el cual se les garantizaba la no detención y su consiguiente deportación.

Los hechos evidencian el nefasto papel ante el conflicto, jugado por ambas instituciones. Ante lo cual y como manera de eludir sus responsabilidades en lo ocurrido, denuncian y calumnian a la red de apoyo, tratando de que se nos impute cualquier delito que no hemos cometido.

2º. Posicionamiento de la red de apoyo para la salida negociada del encierro de la UPO.
Adjuntamos documento de rueda de prensa realizada ya el 16 de julio del presente.
En asamblea de inmigrantes realizada dentro del encierro a mediados de julio, los inmigrantes decidieron soberanamente no aceptar las propuestas provenientes de la red de apoyo para el abandono del encierro, dado el compromiso que habían adquirido el rectorado de la Universidad con ellos, en el cual se les prometía que podrían permanecer dentro del recinto universitario hasta que se procediese a su regularización vía administrativa.

3º. Sobre la denuncia en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Sevilla.
Recientemente hemos visto en diferentes medios de comunicación, que determinados miembros de la red de apoyo están siendo investigados por presuntos delitos cometidos por manipulación y atentado contra los derechos de los trabajadores.
Desde la red de apoyo queremos manifestar que a la fecha de hoy, no hay persona del grupo de apoyo que esté enjuiciada por el apoyo solidario al encierro de la UPO ya que el juzgado de Instrucción aún no ha admitido a trámite dicha denuncia, estando pendiente la admisión de la misma precisamente de los informes de la institución que ha denunciado: la Universidad Pablo de Olavide, pues al parecer la misma no está interesada en que se aclare definitivamente la situación procesal de la investigación. Mientras la admisión de la denuncia esté pendiente de un requerimiento de informes que debe cumplimentar la propia denunciante (UPO) puede continuar con su campaña de verter informaciones falsas y descrédito contra los miembros de la Red de apoyo, pues en su mano está que los autos queden a disposición del juez para decidir, y sin embrago al día de hoy no ha presentado el meritado informe.

Más susceptibles de investigación policial nos parecen los métodos empleados por la universidad para tratar de inculparnos, en la línea de la mafiosa compra de declaraciones previamente estipuladas, a cambio de "favores" como la manutención, trabajo y regularización.

Nosotros y nosotras como red de apoyo, declaramos que en ningún momento hemos atentado contra los derechos de los trabajadores inmigrantes, ni hemos sacado ningún beneficio económico ni de otro tipo. Hemos intentado dentro de nuestras limitadas posibilidades apoyar a los inmigrantes en lo que nos parece una lucha justa, en pro del reconocimiento de sus derechos, como personas en un estado democrático, afectadas por la aplicación de la injusta ley de extranjería, que no reconoce sus derechos humanos más básicos y que los trata como criminales por el mero hecho de cometer una falta de carácter administrativo: no tener sus papeles en regla.

En el caso hipotético de procederse con el auto judicial, la red de apoyo cuenta con el testimonio a su favor de múltiples inmigrantes que han participado en el encierro, y mantiene contacto permanente incluso con una parte de los inmigrantes deportados, hoy en Argelia. A su vez, estamos dispuestos a promover una campaña política de solidaridad internacional con los inculpados, que no dejarían de ser más que represaliados políticos en su justa lucha contra la Ley de Extranjería y por la dignidad de los y las inmigrantes, que si recordamos todos, es una Ley sobre la que pesa un recurso de inconstitucionalidad.

4º. Sobre el futuro de la red de apoyo.
La red de apoyo se manifiesta firme en sus convicciones de solidarizarse con las diferentes luchas que emprendan los y las trabajadoras inmigrantes en Andalucía, así como preavisamos de que las condiciones de la futura campaña de la fresa que dará comienzo el próximo mes de febrero nos indica que todos estos problemas se van a multiplicar dado que las patronales freseras onubenses ya han hecho público su interés en traer 12.000 contratos a origen procedentes de los países del Este, concretamente 4.500 más que en la campaña anterior.