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Número 1 agosto-septiembre-octubre 2000 |
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DECLARACIÓN
DE LA MISIÓN INTERNACIONAL CAMPESINA EN COLOMBIA
Después de haber conversado con altos funcionarios del Estado, con dirigentes nacionales de los campesinos(as) e indígenas y con sus organizaciones y bases locales en Puerto Asís (Putumayo), Cauca, Tolima, Magdalena Medio y Cubará (Boyacá), pensamos que la difícil situación de la población rural colombiana se relaciona directamente con la problemática global y la lucha de millones de campesinos en el mundo: la soberanía alimentaria, el derecho de las naciones y las comunidades de decidir sobre su economía y alimentación, la reforma agraria y la lucha contra el intento de las transnacionales por copar todos los espacios mediante los grandes proyectos de inversión y la apropiación del patrimonio genético y los saberes culturales. Son escandalosas las estadísticas que muestran que entre 1984 y 1997 los propietarios de fincas de más de 500 hectáreas (0.2% de los propietarios) pasaron de tener el 32 % a tener el 45 % de la tierra y también desde 1974 ha disminuido el área cultivada en cerca de un millón de hectáreas. Estas cifras muestran que el derecho humano a la alimentación, que implica el derecho de acceso a la tierra como recurso para alimentarse en autodeterminación, no está respetado. El instrumento más eficaz para garantizar el derecho a la alimentación, la Reforma Agraria, no se implementa para garantizar al campesinado el acceso a la tierra. La ley de Reforma Agraria de 1994 excluye gran numero del millón familias sin tierra y de campesinos pobres del beneficio del programa por su sistema de crédito. La obligación a financiar el 30% del precio de la tierra ha dejado un gran numero de beneficiarios con deudas impagables. Además, las instituciones para implementar la Reforma Agraria, el INCORA y el Banco Agrario, carecen de fondos suficientes para aumentar el volumen de tierras redistribuidas. Constatamos que en directa correlación con el incremento de la violencia, Colombia ha perdido su soberanía y seguridad alimentaria, pasando a depender de las importaciones de alimentos y reduciendo drásticamente el área sembrada, mientras se incrementa la concentración de la propiedad de la tierra. En vez de la alimentación de los colombianos, el modelo vigente prioriza los grandes proyectos de inversión petroleros y viales y en torno a las áreas estratégicas donde deben ser realizados. Estas cifras muestran que hay beneficiarios directos de la violencia y creemos que la responsabilidad de estos grandes propietarios en la guerra y en el desplazamiento de miles de campesinos a los cultivos ilegales debe ser denunciada ante la comunidad internacional, a la cual se ha dado una falsa imagen de las causas del conflicto colombiano. Nos preocupa especialmente que haya una legislación para desplazar forzada aunque legalmente a los campesinos cuyas tierras estén a menos de 5 kilómetros de pozos petroleros u otras explotaciones. Y desde luego nos preocupa y nos indigna el desplazamiento violento de cerca de dos millones de campesinos(as) durante los últimos 15 años. Es imposible dejar de pensar que el desplazamiento sistemático de los campesinos no obedece a un plan preconcebido por los gestores de un modelo de desarrollo, supuestamente acelerado, quienes consideran al campesinado y a los indígenas como poblaciones inviables u obstáculos al desarrollo y desean extirpar a como de lugar a las economías campesinas y a las culturas indígenas, considerando que si el mercado no ha podido hacerlo por sí mismo, la guerra puede cumplir el papel de un programa económico. Se quiere hacer creer al mundo que el narcotráfico es la causa y esencia de lo que ocurre en Colombia, cuando en verdad es la consecuencia del modelo neoliberal de globalización, de la apertura económica, la concentración violenta de la propiedad de la tierra que expulsa a los campesinos a la colonización y la corrupción que desde hace muchas décadas dominan altas esferas de la sociedad colombiana. Hoy pensamos que la principal razón por la que esta terrible realidad subsiste es porque el mundo no la conoce. La diplomacia y los medios de comunicación han divulgado la imagen de Colombia como “la democracia más antigua de América Latina”, cuando a una sola de las organizaciones campesinas le asesinaron 1.700 de sus activistas en los últimos 14 años y otro tanto le ha ocurrido a otras. No pensamos que pueda denominarse como democrático un régimen en el cual se ha cometido y se sigue cometiendo un verdadero genocidio contra los dirigentes campesinos, indígenas, sindicales y de la oposición política y que se funda en un modelo bipartidista conservador liberal. Nos impresionó e indignó la lista de dirigentes sindicales y campesinos asesinados, desaparecidos y exiliados en el pasado más reciente, inclusive este mismo año y mucho más el conocer las circunstancias en que fueron y son perseguidos por luchar por los derechos de la mayoría de la población rural. Fue doloroso saber como los indígenas Chimila del Magdalena y los Embera de Murrí están como presos y cercados en su propio territorio. Las transnacionales están imponiendo su modelo de globalización, nosotros estamos construyendo la globalización de la lucha contra ese modelo de exclusión y violencia y construimos la solidaridad con los campesinos, asalariados rurales e indígenas de Colombia y con las organizaciones que valientemente mantienen en medio de la violencia, ocupa desde ya un lugar indispensable en nuestro trabajo. A la vez, causa admiración y llena de esperanza, ver que la lucha indígena y campesina continúa con valor y firmeza. Ver al pueblo indígena U'wa movilizado, al lado de miles de campesinos de Arauca, Norte de Santander y Boyacá, enfrentándose a la Occidental Pertroleum, al gigantesco poder de las transnacionales petroleras. Esto nos ha llenado de alegría y esperanza. Hablar con los campesinos del Cauca sobre su paro de octubre pasado, ver su organización; conocer a los campesinos del Magdalena Medio cercados por los paramilitares y por la desinformación de los medios de comunicación; conocer a los campesinos e indígenas del Putumayo listos a labrar su futuro y plantar cara al Plan Colombia, es reconfortante y esperanzador. Vamos con el compromiso de la solidaridad, a la que nos empuja sin vacilar, ver la decisión de dar hasta su propia vida por la vida de su gente, que vimos en todos y cada uno de los líderes campesinos e indígenas, quienes en cualquier momento pueden ser las víctimas del día de los sicarios o ser detenidos, salvajemente torturados y luego desaparecidos. En este contexto llamamos a los pueblos del mundo en general y a las organizaciones afiliadas a Vía Campesina a realizar una activa oposición y denuncia al llamado Plan Colombia, particularmente impulsado por los Estados Unidos, que según hemos visto y analizado, no garantiza el desarrollo integral del campesinado en Colombia. Esperamos que la Unión Europea no se involucre ni apoye este plan que busca perpetuar la tragedia colombiana; que aplica recetas militaristas, beneficiando la expansión de la propiedad terrateniente, mediante el cultivo de la palma africana; que impone la explotación de las transnacionales petroleras en Putumayo, el territorio U'wa, mineras en el Magdalena Medio y otros lugares del país; que abre la Amazonía a las transnacionales para acceder a su biodiversidad y patrimonio genético, sin que se solucione el problema de los cultivos ilegales, pues dada su situación los campesinos(as) simplemente irán más adentro en la selva, tumbándola para repetir y ampliar esos mismos cultivos, causando mayor daño ecológico, tanto con la dispersión de los cultivos, como con las fumigaciones químicas y con hongos cuyo comportamiento puede ser fatal para la selva y la vida humana. Es nuestra profunda convicción que la solución a la grave situación de Colombia no esta en más esfuerzos de guerra como lo presenta el Plan Colombia, sino con actitudes y políticas en el sentido de la real democratización del país, de la erradicación de la corrupción y de la voluntad política para terminar con la impunidad de tantos crímenes y de la complicidad con las fuerzas paramilitares; de la efectiva resolución de los problemas económicos y sociales, que reduzcan los índices de pobreza e injusticia social de la población y que frene el desplazamiento forzado. ¡La solidaridad superará
la indignación y la lucha alimentará la esperanza! -
JOSE BOVE, portavoz de la Confédération Paysanne de Francia
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