El impacto económico de
la inmigración
Valentín
García, de Derechos
para Tod@s
En los últimos meses se ha recrudecido el debate
social sobre la emigración y sobre la ley de extranjería
a raíz de las movilizaciones espontáneas de los y las
inmigrantes en demanda de lo que consideran son derechos elementales
que no les pueden ser negados.
Se trata de derechos políticos:
voto, asociación, manifestación, reunión; y de
derechos sociales:
acceso al empleo, la vivienda, y la sanidad pública en condiciones
de igualdad, dignificación de las condiciones de trabajo y contratación,
regularización de los sin papeles, asistencia jurídica
gratuita, reagrupación familiar,
trato no discriminatorio. Todos estos derechos quedan seriamente comprometidos
con la Ley de extranjería recientemente aprobada.
Sobre la emigración y sobre las políticas que la controlen
o la fomenten o la regulen o la dignifiquen (según la posición
ideológica de cada cual), se ha argumentado mucho desde diversos
ámbitos: desde la ética de los derechos humanos, desde
la conveniencia política, desde la jurisprudencia, desde la sociología,
y también desde la economía.
Es precisamente la visión propiamente económica sobre
la que se va a tratar aquí.
Antes que nada advertir que yo no soy experto en economía.
Formo parte de una asociación, Derechos para Tod@s, que busca
promover la solidaridad entre los pueblos y que entiende que para que
esta solidaridad sea posible es necesario que las personas y los pueblos
se conozcan, es necesario que estén informadas sobre lo que pasa
más allá de las fronteras nacionales, sepan por qué
ocurre, y puedan tomar decisiones a partir de este conocimiento.
Esta convicción es la que me lleva a estar quizás
un poco mejor informado sobre los fenómenos económicos
relacionados con la emigración. Pero insisto que en ningún
caso soy experto en economía ni puedo asegurar que cometa algún
error que espero me sea disculpado..
El debate sobre la emigración y su impacto o importancia
económica para el país receptor, busca responder a una
pregunta solo un poco disimulada: ¿son l@s inmigrantes rentables
para el país que les acoge?
Más adelante trataré sobre los aspectos tendenciosos
de la pregunta en sí misma. Pero por ahora intentemos contestar
a la misma.
1) LA RENTABILIDAD ECONÓMICA
DEL TRABAJO HUMANO.
En términos económicos la rentabilidad se puede entender
como la diferencia entre los costes y los beneficios que una inversión
tiene para un inversor.
Esa inversión puede hacerse en bolsa, puede hacerse en la
compra de maquinaria para una empresa, puede hacerse en letras del tesoro,
o puede hacerse en la contratación de mano de obra para una empresa.
Es de perogrullo el que desde el punto de vista del inversor cualquier
inversión se realiza si y sólo si es rentable. En el caso
de la mano de obra, la experiencia de los despidos y las reconversiones
sufridas en nuestro país en los años 80 muestran a las
claras que nadie crea empleo si con ello no va a ganar dinero. Hoy los
jóvenes observan como sus salarios son muy reducidos, su trabajo
inestable, y los contratos de unos meses, justo por las mismas razones:
hay que hacer que el trabajo sea rentable para el inversor y eso se
consigue, entre otras maneras, con costos laborales bajos.
En el caso de l@s inmigrantes las cosas funcionan igual. Si trabajan,
y hoy en día la inmensa mayoría de l@s inmigrantes trabajan,
es que son rentables para alguien. Es que alguien ha comprado su trabajo
y les está sacando un beneficio.
Es pues de cajón que, si no se impide artificialmente el
acceso al empleo a los y las inmigrantes, estos son población
rentable en términos económicos.
Por supuesto todo trabajador que se queda en paro, es decir, del
que no se obtiene ningún beneficio por parte de un inversor,
es, en términos de una economía de mercado, un puro coste
(usa recursos públicos como subsidios, carreteras, escuelas,
alumbrado, pero no está contribuyendo, al menos en ese momento,
a producirlo).
Un inmigrante desempleado es pues un coste, no por inmigrante, sino
por desempleado. Por eso cada vez más el estado intenta reducir
sus gastos en desempleo reduciendo la cantidad y el tiempo de cobro
de las prestaciones y de los subsidios de desempleo a trabajadores expulsados
del mercado de trabajo: para que cuesten menos. Lo ideal sería
no pagar nada. O sea coste cero para el estado. Y lo cierto es que hoy
en día en desempleo el estado no se gasta casi nada.
2) ¿HAY MUCHOS EMIGRANTES EN PARO? ¿COMO ESTÁ EL
MERCADO DE TRABAJO?
Pero volvamos a las personas emigrantes. En realidad no tiene muchos
sentido venir a Europa a estar en paro. L@s inmigrantes vienen como
mano de obra y su interés es conseguir un buen puesto de trabajo,
como por otra parte quiere tod@ trabajador/a.
En realidad no es que haya poc@s inmigrantes en paro, sino que en
general hay cada vez menos paro en nuestro país (de emigrantes
y de no emigrantes).
Si se observan los datos de empleo, aún siendo alto el número
de parad@s, se ha reducido mucho en los últimos 7 años,
pasando de casi un 20% de los activos, al 10% actual (pese a los repuntes
de los últimos meses).
A nivel internacional el proceso es el mismo. Cada vez hay menos
paro. En Estados Unidos el paro sólo supone un 3% de la población
activa.
Pero eso sí, tampoco el trabajo que hay hoy en día
es como el de antes: el trabajo es temporal, cada vez más a tiempo
parcial, se trabajan más horas y más intensamente, los
salarios se mantienen y los precios, lentamente, va subiendo. Fíjense:
hoy en día la vivienda nueva es casi un lujo para una familia
normal; los salarios de los dos cónyuges de la pareja son casi
imprescindibles para mantener un nivel de vida medio (antes trabajaba
sólo uno); la temporalidad de los contratos dificulta a los y
las jóvenes cualquier proyecto de vida independiente hasta casi
los treinta años; la gente busca refugiarse en el empleo público:
sobre todo las mujeres encuentran allí el único trabajo
estable y bien remunerado al que tienen un acceso relativamente fácil.
De hecho podemos decir que el mercado de trabajo está segmentado,
partido en dos:
- En la parte alta o segmento primario, los técnicos, gerentes,
profesionales cualificados, trabajadores de las nuevas tecnologías,
acceden a unos elevados standards de nivel de vida, con altos salarios
y trabajos seguros, aunque no por eso sus empleos les exigen menor
intensidad y dedicación personal total.
- En la parte baja del mercado de trabajo, o segmento secundario,
se concentran los trabajadores industriales sin cualificación,
vendedoras, trabajadores de hostelería, cajeras, trabajadores
de la construcción, cuidadoras, auxiliares de clínica,
vigilantes jurado... y miles de oficios en los que los salarios son
muy ajustados, la temporalidad la norma (entre los jóvenes
hasta el 80% tienen este tipo de contrato), el trabajo es a turnos,
las horas extras proliferan para completar el sueldo, etc...
Como es lógico, tod@ aquél/la que puede intenta dejar
el segmento secundario y pasarse al primario (sobre todo, ya digo, a
través de las oposiciones).
Pero si no lo consigues, la situación en la que quedas no
es el paro, sino el subempleo: mal trabajo, mal sueldo, ninguna perspectiva
de ascenso laboral, alternancia de trabajos basura con períodos
de desempleo... es el segmento secundario del mercado de trabajo.
Así pues, el paro se reduce, pero los empleos que se crean...
casi no merecen ese nombre. Este es el modelo americano de desarrollo
económico y de lucha contra el paro: es el que muchos intelectuales
preconizan como ideal para Europa y de él alaban, precisamente,
su capacidad para crear empleo. En realidad podemos decir que este modelo
es capaz de dar trabajo, pero no de crear empleo. Una cosa es un trabajo
que permite a las personas ganar algo de dinero, y otra un empleo que
da seguridad, estabilidad, y posibilidad de llevar a delante un proyecto
de vida personal y familiar.
El modelo económico norteamericano (o neoliberal) supone
una sociedad cada vez más polarizada entre los triunfadores y
los perdedores, los ricos y los pobres. Más sutilmente se viene
hablando, para describir la realidad socioeconómica emergente,
de la sociedad de los tres tercios: los integrados, los precarios, y
los excluidos.
Es en este mercado de trabajo segmentado en el que se integra la
nueva población inmigrante. Y entran precisamente por la parte
más difícil: a realizar los trabajos propios del segmento
secundario: trabajos precarios, peligrosos, penosos, mal pagados, etc..
Es aquí donde está el verdadero efecto llamada: los inmigrantes
vienen a trabajar en esta oferta de empelo precario, de subempleo, que
se realiza desde las economías europeas tanto para los inmigrantes
como para todas las clases empobrecidas.
Quizás la mejor caricatura de este hecho es la oferta que
el ministerio de defensa ha hecho a l@s inmigrantes. Según el
ministro, con el fin de facilitar la integración social de los
extranjeros, se les ofrecerá la posibilidad de entrar en el ejército
como soldados profesionales.
- Es obvio que la oferta responde a la virtual imposibilidad de
encontrar españoles que quieran entrar en el ejercito en las
condiciones de empleo y salario que se ofrecen. Es pues un trabajo
rechazado por los muchos españoles.
- Pero es que además sólo se les permitiría
ingresar como soldados y no podrían proporcionar a mandos en
ningún caso. Es decir una vez más los trabajos más
duros, los más descualificados y los que no ofrecen ninguna
perspectiva de mejora son los que se ofrecen a los y las emigrantes.
Nótese que el/la inmigrante es el/la trabajador/a ideal para
este tipo de mercado secundario: con unas exigencias inferiores (al
menos en principio) en cuanto a condiciones de empleo y trabajo, con
una necesidad de trabajo más acuciante (envío de dinero
a casa, conseguir la estancia legal, los papeles), sin derechos sociales
ni laborales en el caso de l@s "ilegales", o con esos derechos
amenazados en el caso de l@s "legales" (si se quedan sin empleo
aparece la amenaza de la ilegalización).
En el mercado secundario de trabajo el/la inmigrante compite y comparte
penas con tod@s l@s excluid@s de la sociedad de los tres tercios: con
l@s gitan@s, con l@s jornaler@s agrari@s, con las mujeres sin cualificación
del mundo rural, con l@s jóvenes que fracasan en sus estudios,
con lquienes no consiguen "colocarse" en un buen puesto, con
l@s vendedores/as ambulantes, con l@s yonkis que trabajan por temporadas
para financiarse "el vicio", con el pequeño comercio
tradicional, con l@s campesin@s sin tierra...
Un ejemplo de esta competencia entre l@s trabajadores/as del segmento
secundario del mercado de trabajo por los puestos de trabajo precarios
que se les ofrece, lo tenemos en el rechazo de muchos trabajadores de
la construcción de Madrid por los emigrantes extranjeros... y
por los no extranjeros. Así decía un trabajador sindicalista
entrevistado:
"Efectivamente no somos racistas pero sí puede que
algún xenófobo diga "ya están aquí
los de Ciudad Real, mira el cabrón ese que tiene una viña
en su pueblo, no se qué, ¡que se vaya a su huerto!. Esto
es una realidad que estamos constatando diariamente, son cincuenta y
tantas mil personas, más o menos, las que vienen a Madrid ¡diariamente!
Los trabajadores exigen al sindicato que pongamos fin a eso, pero es
algo en lo que no podemos entrar, no podemos hacer la República
de Madrid, que allí no entre nadie y sólo trabajen los
de Madrid."
3) UN EJEMPLO DE COMO
EL TRABAJO, CUANDO ES MALO, NO INTEGRA: EL EJIDO.
Quizás donde más claramente puede verse la condición
obrera degradada de la persona emigrante es en la moderna agricultura
de exportación hortofrutícola enclavada en todo el arco
mediterráneo español, desde Huelva hasta Tarragona, zona
en la que se han producido ya serios incidentes racistas (Murcia, El
Ejido, Huelva...)
Este modelo productivo exige una mano de obra barata, temporera,
que acepte altos ritmos de trabajo, movilidad espacial (entre diferentes
lugares de trabajo, y desde el hogar al trabajo - lo que explica el
accidente de tráfico de Lorca que fue la espoleta de las movilizaciones
de emigrantes- ), y sin grandes exigencias en cuanto a condiciones de
trabajo y salud laboral.
La condición de rentabilidad de estas explotaciones agrícolas
reside pues en explotar intensivamente la tierra (quemada por los abonos,
y los productos fitosanitarios), el agua (traída de otras cuencas
geográficas), y el trabajo (traída de otros países
y de otras regiones españolas).
Este modelo de producción hortofrutícola en masa,
por cierto, se encuentra ya hoy con límites serios de crecimiento:
ecológicos (impacto medioambiental, conflicto del agua, insalubridad
de la producción), sociales (conflictos jornaleros), y puramente
económicos (opción de los consumidores europeos por los
productos de calidad y ecológicos).
Quiero resaltar que la mano de obra de esta moderna agricultura
de exportación la componen no sólo inmigrantes extranjeros,
sino también
- emigrantes nacionales, jornaleros de regiones del interior de
España, que se desplazan a buscar trabajo a estas zonas hiperdesarrolladas
del litoral, vaciando de brazos jóvenes el interior peninsular.
- mujeres sin cualificación de las zonas rurales del litoral
que, sin otras alternativas laborales que las que ofrece estas "fábricas
agrícolas", obtienen un salario exiguo e inestable sólo
aceptable en el marco de una unidad familiar donde entran al menos
dos salarios.
En este sentido hay que destacar que la precariedad, la ilegalidad
(trabajadores sin permiso de trabajo, pero también españoles
trabajando sin contrato..) y la explotación, es una condición
propia de un modelo productivo que se ha impuesto en buena parte de
las actividades económicas en nuestro país como forma
de mantener controlados los costes laborales: ocurre en la agricultura
de exportación, en actividades de servicios a empresas (mensajería,
vigilancia, limpieza..), en la construcción, en la hostelería
y el turismo...
En Economía del
Desarrollo es lo que se dado en llamar un modelo de desarrollo
"a la española" propio de los países del sur
europeo: Portugal, España, Grecia, Irlanda, en gran parte Italia.
Es un desarrollo basado en costes laborales inferiores a la media europea,
y actividades económicas de tecnologías mediana y baja
(caso claro del turismo de masas).
Frente a este modelo, el de la Europa
del norte se basa en altos salarios, pero también alta
cualificación, inversión tecnológica y alta productividad
del trabajo, y en actividades económicas técnicamente
avanzadas (nuevas tecnologías...). Así, tanto el gobierno
alemán como el norteamericano ampliaron, en el momento del boom
de las nuevas tecnologías, los permisos de trabajo que conceden
a los extranjeros para que fueran a trabajar en el sector en expansión.
Y allí han ido trabajadores de Taiwan, India, Corea... países
con una parte importante de su población bien formada.
Por cierto, el gobierno colombiano ha calculado en unos 2000 millones
de dólares anuales las pérdidas de su país por
la "fuga de cerebros" hacia los países del primer mundo.
La rentabilidad de la emigración para el país de acogida
es, en este caso evidente.
4) L@S INMIGRANTES ANTE
EL MERCADO DE TRABAJO: Y SIN EMBARGO NO TOD@S SOMOS IGUALES.
Hasta aquí la exposición de como la inmigración
responde a la demanda de mano de obra barata y flexible por parte de
ciertos sectores productivos de la economía española.
Hemos presentado la relación entre la oferta de empleo (la
empresa) y la demanda de empleo (el/la trabajador/a inmigrante) en términos
de mercado de trabajo. Y hemos visto como oferta y demanda se ajustan,
aunque por lo general a un nivel salarial bajo.
Sin embargo, en el caso de l@s inmigrantes y a diferencia de otr@s
trabajadores/as, a las fuerzas del mercado (la oferta y la demanda de
empleo) se le superpone una legislación, la de extranjería
que impone a la persona emigrante tres cosas:
- la posibilidad de trabajar sólo durante un tiempo limitado
(permisos de trabajo por meses o por un año, la mayoría)
- un sector productivo donde puede trabajar (y fuera de él
en ningún otro)
- una zona geográfica donde puede trabajar (un provincia
o región concreta)
Es decir, cuando un/a inmigrante es legalizad@ (siempre después
de los cinco años de clandestinidad comprobada que exige la ley)
se le puede conceder el permiso de trabajo (los papeles). Pero este
permiso de trabajo no es un permiso para acceder al mercado de trabajo:
es un permiso para trabajar
cierto tiempo, en cierto trabajo y en cierta zona.
En realidad para l@s emigrantes no hay "mercado de trabajo"
en términos económicos, puesto que no pueden elegir patrón
o empresa libremente con la única limitación de las ofertas
de empleo que encuentren. En realidad lo de los emigrantes es más
una especie de movilización militar: se les asigna "destino
y arma/rama". Por tanto sus posibilidades de negociar un salario
digno, de buscar alternativas mejores de empleo en otras actividades
o regiones, en definitiva su poder de negociación en el mercado,
está totalmente cercenado.
Sólo pueden ejercer otras actividades productivas de forma
ilegal, saltándose las restricciones de su permiso, o si no tienen
ningún permiso, trabajando en actividades sin contrato (jornaleros,
reparto de publicidad..) y expuestos a abusos empresariales de todo
tipo así como a la detención y a la expulsión.
Esta práctica legal dirigista hacia el mercado de trabajo
encuentra sus límites en la propia naturaleza de las actividades
del segmento secundario de ese mercado de trabajo: la movilidad laboral
y geográfica es una característica intrínseca a
éstos sectores. Es un mecanismo imprescindible para ajustar la
cantidad de mano de obra que en cada momento es necesaria en actividades
de fuerte componente estacional y temporal. Si en Andalucía y
Extremadura fue necesario un Plan de Empleo Rural, lo fue, entre otras
razones, para compensar, de alguna forma, la extrema dependencia y precariedad
de la condición jornalera y del trabajo agrícola. Y, críticas
(pertinentes) aparte, es este "subsidio" el que ha permitido
fijar en su territorio de origen a la población agraria andaluza
y evitar el éxodo rural que ha devastado otras zonas del país
(1).
Así no es de extrañar que recientemente el gobierno
haya introducido modificaciones normativas, en contra su planteamiento
y de su propia ideología, que han derogado las limitaciones geográficas
y de actividad productiva impuestas por decreto a los y las trabajadoras
inmigrantes. Sólo así se han podido desbloquear situaciones
de extrema precariedad y de enorme peligrosidad social, en la que las
personas son obligadas a permanecer en un territorio buscando empleo
en una sola actividad productiva, por la única razón de
que sólo ahí se le reconoce "legalidad" a sus
pretensiones de búsqueda de empleo. Y eso cuando la propia administración
reconoce que ese sector y esa zona, no pueden absorber la demanda de
empleo existente en ese momento.
Si observamos los permisos de trabajo concedidos en el año
97 podemos ver hasta qué punto los permisos de trabajo se conceden
en el marco de una política autoritaria de control de la fuerza
de trabajo, pensando únicamente en las necesidades de mano de
obra que existen en las distintas zonas por las distintas patronales.
- ¿En qué regiones se han concedido más de
la mitad de los permisos de trabajo sólo para la agricultura?
en Andalucía (sobre todo almería y huelva), en Extremadura
(el tabaco), y en Murcia (más del 80%).
- ¿En qué regiones se han concedido más del
80% de los permisos de trabajo para el sector servicios? en Madrid
y en Canarias (turismo, hostelería).
Es decir que la mano de obra extranjera se controla y se dirige
administrativamente desde el estado para que trabaje allí donde
esa mano de obra, flexible, barata, temporal, se demanda por parte del
empresariado. Y como ya sabemos si los empresarios piden trabajadores
(y trabajadores en ciertas condiciones) es porque resultan rentables.
La rentabilidad del trabajador emigrante es un hecho, y sobre ella se
levantan las fortunas de muchos campesinos-empresarios nuevos ricos
del litoral levantino español.
5) UNA PRIMERA CONCLUSIÓN.
En definitiva, a la pregunta que nos hacíamos al principio
¿son rentables los inmigrantes? podemos responder con toda tranquilidad
que sí, y que probablemente más de lo que ellos quisieran
y sería de justicia.
6) Y UNA NUEVA CUESTIÓN.
Pero la pregunta que formulamos al inicio no era si los emigrantes
eran rentables a secas, sino si lo eran para el país que los
acoge.
La diferencia es importante. Que un trabajador produzca un beneficio
para alguien gracias a su trabajo es sin duda rentabilidad, pero eso
no significa que lo sea para el país en su conjunto.
El problema que aquí se plantea es de difícil solución,
porque definir cuáles son los intereses de un país en
conjunto, o qué se considera bueno para un sistema económico
determinado es siempre discutible. Esto es especialmente difícil
es una economía capitalista en la que impera la ley del todos
contra todos, la competencia a ultranza, y en la que, como decía
el clásico, las virtudes públicas (el crecimiento económico)
son el resultado de los vicios privados (el egoísmo, la avaricia,
la competencia..).
En la bolsa siempre hay gente que gana y gente que pierde; un salario
alto en la construcción es bueno para los trabajadores del sector,
pero ¿es bueno para los otros trabajadores que luego tienen que
pagar más por el piso que se compran? De hecho el ex-ministro
de trabajo Pimentel ya lo señaló en su momento: la falta
de mano de obra en la construcción ha elevado los salarios y
ha encarecido los pisos, lo que no hubiera pasado si hubiera más
inmigrantes con permisos de trabajo en el sector.
Una reciente noticia en prensa recogía cómo la economía
norteamericana había controlado la inflación (valga decir,
de los costes salariales) gracias, precisamente la existencia de una
gran masa de trabajadores ilegales: eran estos los que contenían
el alza de los salarios y permitían a la economía norteamericana
su marcha boyante. No resulta fácil sacar conclusiones sobre
este dato ¿ayuda o no ayuda la emigración ilegal a la
economía norteamericana?
Otro ejemplo: el dinero que los emigrantes envían a su país,
a sus familias, es un dinero que nos se queda en españa, y que
por tanto no consume en españa y que por tanto no fomenta la
producción española. Pero por otro lado esas divisas son
las que luego se utilizan por esos países del tercer mundo para
el pago de su deuda externa con los bancos del primer mundo o para la
importación de productos del primer mundo. Los retorno de los
emigrantes son buenos por tanto, para el sector exportador de la economía
española.
Estos razonamientos se pueden complicar hasta el infinito (los retornos
pueden consolidar industrias competitivas con la nuestra en el tercer
mundo, pero también pueden ayudar al desarrollo del país
que los recibe reduciendo la salida de emigrantes, etc...).
La economía de un país es algo demasiado complejo
como para intentar hacer un balance general de costes y beneficios como
si se tratara de las cuentas de una empresa. No existen criterios objetivos
para calcular los costes y beneficios de la emigración.
Este debate que se empieza a plantear hoy en España (hay
un par de informes de los que tengo referencia: uno del BBV y otro de
la Universidad de Comillas) ya ha tenido lugar en Francia hace una década.
Y terminó exactamente así: se hicieron varios informes
distintos con criterios distintos, todos perfectamente justificables
desde un punto de vista económico, y los resultados fueron obviamente
distintos y contradictorios. Ya no se hacen intentos de este estilo
en el país vecino.
7) PERO HAY BIENES COLECTIVOS
Pero no nos desanimemos. Aunque es cierto que en una economía
de mercado los cálculos de la aportación de los emigrantes
a la economía nacional son inviables, sí que hay un cierto
tipo de bienes que por no ser privados, por ser colectivos, sí
que permiten hacer cálculos.
Me refiero a los servicios públicos, a los impuestos, a la
seguridad social, a las pensiones públicas, a la sanidad, la
educación, a toda esa parte de la economía que no es mercantil,
pero sin la cual la economía mercantil no se sostendría.
Por ejemplo ¿aportan más en impuestos de lo que reciben
los inmigrantes de la seguridad social en concepto de atención
sanitaria (o en educación..)?
Es decir ¿nos cuestan dinero lo emigrantes a nosotros los
contribuyentes españoles?
Pues bien los estudios que conozco afirman rotundamente que los
emigrantes aportan muchísimo más a las arcas del estado
en concepto de cotizaciones sociales, impuestos directos e indirectos,
de lo que reciben de esas arcas estatales. Un estudio de la Universidad
de Comillas y otro de la Generalitat de Catalunya, afirma que los emigrantes
regularizados aportan a la Hacienda Pública más del doble
de lo que reciben de ella.
En el caso de las pensiones, se ha detectado incluso la necesidad
imperiosa de que en los próximos cincuenta años entren
en nuestro país y en Europa, masivas cantidades de jóvenes
trabajadores emigrantes. Sólo sus aportaciones a la seguridad
social podrán financiar las futuras pensiones de las pobladísimas
generaciones de europeos que llegaran a viejos en el 2050.
- Según cálculos de la ONU Europa necesitaría,
hasta el 2025, 123 millones de nuevos inmigrantes,
- Y España, hasta el 2050, nada menos que 12 millones.
- Alemania ya tiene previsto incorporar a más de 5 millones
de inmigrantes en ese período.
Sólo con esta aportación humana podemos garantizar
en el futuro que se mantenga el ratio entre personas activas y personas
jubiladas que hay actualmente en Europa (un jubilado por cada cuatro
trabajadores activos).
La constatación recurrente de la necesidad y la rentabilidad
de la emigración, no impide aventurar que en un futuro se avecinen
algunos problemas. Si los inmigrantes se concentran entre la población
precaria del mercado de trabajo secundario, obviamente:
- tendrán empleos más inestables,
- cotizarán menos dinero de media a la S.S.,
- tendrán en muchas ocasiones trabajos sin contrato,
- y recurrirán más por término medio a las
ayudas sociales
Allí, en los servicios sociales se encontrarán con
los gitanos, con la mujeres separadas sin estudios, con los jóvenes
del fracaso escolar, con los hombres mayores de 45 años reconvertidos
de sus empresas... Este es el panorama que se puede ver todos los días
en los servicios sociales de los ayuntamientos: es el retrato de los
excluidos.
Pero no nos olvidemos que el trabajo precario y su alternancia con
el desempleo, es el único empleo posible para los trabajadores
nacionales y extranjeros que dependen de sectores productivos como el
turismo, la agricultura de temporada, o la construcción, que
producen este tipo de empleos temporales y precarios. Los trabajadores
de estos sectores tendrán muchas menos oportunidades de cotizar
a la seguridad social, tendrán que acudir a las ayudas sociales
más a menudo (para eso están), y a la hora de la jubilación
probablemente no habrán cotizado lo suficiente.
Sobre cualquier colectivo que reciba en algún momento ayuda
social se plantea la cuestión de si es o no es rentable. Pero
en el caso de los emigrantes un juicio negativo supone algo más
que la denegación de la ayuda, puede suponer que se les persiga
y expulse del país. Son el parado perfecto: si lleva demasiado
tiempo en paro no sólo no tiene derecho a ayuda alguna, sino
que además se convierte de forma automática en un criminal,
susceptible de persecución, detención y expulsión.
Coste cero.
Aquí es donde empieza a ser necesario apartarse de la economía
y pensar en términos éticos.
¿Es éticamente aceptable plantearse si las personas
son rentables o no y hacer depender de eso el disfrute de los derechos
fundamentales, a la libertad, a la libre residencia, a la seguridad,
al empleo, a la atención sanitaria...? Yo pienso que no.
De igual manera podríamos preguntarnos
- ¿Son rentables las mujeres? Porque si las mujeres no
se hubieran incorporado al mercado de trabajo y se hubieran buscado
marido y se hubieran quedado en casa, todos los varones adultos (padres
de familia) tendrían empleo. Pero ocurre que las mujeres tienen
ese derecho al trabajo, y no hay discusión posible, porque
ese derecho es una primera garantía de su libertad e independencia.
- ¿Son rentables los enfermos? ¿y los fumadores?
¿Cuanto aportan y cuanto cuestan a la seguridad social? ¿Hay
que pedir cuentas a los fumadores o a las tabaqueras? De igual manera
¿Hay que pedir cuentas a los trabajadores inmigrantes en paro
o al sistema económico que no proporciona empleos (o al estado
que no da los papeles para poder trabajar)?
- Es más ¿son rentables los parados?¿y los
estudiantes?
- Mejor aún ¿son rentables los extremeños?
No olvidemos que se producen transferencias de fondos de la seguridad
social desde las comunidades autónomas ricas a las pobres.
- ¿Y l@s españoles/as? No olvidemos que toda la red
de autovías del estado, así como los trasvases en proyecto,
y toda la red de alta velocidad del AVE están financiados con
fondos europeos.
La cuestión clave de todo esto es quién hace la pregunta
por la rentabilidad de los otros. Las preguntas anteriores sólo
las puede hacer un hombre (sobre las mujeres), que es un individuo sano
(sobre los enfermos), con un empleo estable (sobre los parados), que
vive en una autonomía rica (sobre los extremeños), o que
es del norte de Europa (sobre los españoles).
La pregunta por la rentabilidad de los débiles, es siempre
una pregunta racista, clasista, xenófoba y/o machista. Exige
una separación un acto de distinción entre el sujeto que
evalúa y el otro que es evaluado y se ve obligado a justificar
su existencia (o su estancia en el país, o su demanda de auxilio
social).
Cuidémonos de entrar en esta lógica de pensamiento
perversa porque un día también nos puede tocar a nosotros:
cada vez parece más cercano el día en que la seguridad
social pública se privatice según el modelo americano.
Entonces cada persona concertará un seguro privado: los que
tienen dinero contratarán todas las atenciones inimaginables;
los que no tienen dinero o no tienen el suficiente tendrán que
conformarse con una atención sanitaria parcial, ya que el dinero
de los más pudientes no financiará la sanidad de los menos
afortunados. Los ricos más ricos (y más sanos), los pobres
más pobres (y más enfermos).
9) CONCLUSIÓN FINAL
En conclusión:
solo la lógica de los derechos para todos y todas, nos puede
sacar de la infernal lógica insolidaria del todos contra todos.
En esa guerra los inmigrantes son los que más tienen que perder,
pero no los únicos.
Nota:
(1) El reciente "Decretazo" ha sido denunciado por la oposición
y los sindicatos como un intento de desmontar el subsidio agrario. No
es una casualidad que desde el gobierno, a la vez que se niegan tales
intenciones, se deje constancia de que existe una supuesta incongruencia
entre que haya trabajadores (andaluces) que cobran un subsidio porque
el campo es incapaz de generar jornales suficientes y que, a la vez,
los inmigrantes hayan encontrado en el campo andaluz una importante
fuente de empleo e ingresos. Lo que se revela en todo esto es la naturaleza
extremadamente desigual de la propiedad de la tierra en Andalucía y
el modelo productivo intensivo en exclusión social que ésta desigualdad
genera: tanto en términos de desempleo como de trabajo precario.
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