Número 5
julio/ agosto/ septembre 2002



El impacto económico de la inmigración

 

Valentín García, de Derechos para Tod@s

 

En los últimos meses se ha recrudecido el debate social sobre la emigración y sobre la ley de extranjería a raíz de las movilizaciones espontáneas de los y las inmigrantes en demanda de lo que consideran son derechos elementales que no les pueden ser negados.

Se trata de derechos políticos: voto, asociación, manifestación, reunión; y de derechos sociales: acceso al empleo, la vivienda, y la sanidad pública en condiciones de igualdad, dignificación de las condiciones de trabajo y contratación,
regularización de los sin papeles, asistencia jurídica gratuita, reagrupación familiar,
trato no discriminatorio. Todos estos derechos quedan seriamente comprometidos con la Ley de extranjería recientemente aprobada.

Sobre la emigración y sobre las políticas que la controlen o la fomenten o la regulen o la dignifiquen (según la posición ideológica de cada cual), se ha argumentado mucho desde diversos ámbitos: desde la ética de los derechos humanos, desde la conveniencia política, desde la jurisprudencia, desde la sociología, y también desde la economía.

Es precisamente la visión propiamente económica sobre la que se va a tratar aquí.

Antes que nada advertir que yo no soy experto en economía. Formo parte de una asociación, Derechos para Tod@s, que busca promover la solidaridad entre los pueblos y que entiende que para que esta solidaridad sea posible es necesario que las personas y los pueblos se conozcan, es necesario que estén informadas sobre lo que pasa más allá de las fronteras nacionales, sepan por qué ocurre, y puedan tomar decisiones a partir de este conocimiento.

Esta convicción es la que me lleva a estar quizás un poco mejor informado sobre los fenómenos económicos relacionados con la emigración. Pero insisto que en ningún caso soy experto en economía ni puedo asegurar que cometa algún error que espero me sea disculpado..

El debate sobre la emigración y su impacto o importancia económica para el país receptor, busca responder a una pregunta solo un poco disimulada: ¿son l@s inmigrantes rentables para el país que les acoge?

Más adelante trataré sobre los aspectos tendenciosos de la pregunta en sí misma. Pero por ahora intentemos contestar a la misma.

1) LA RENTABILIDAD ECONÓMICA DEL TRABAJO HUMANO.

En términos económicos la rentabilidad se puede entender como la diferencia entre los costes y los beneficios que una inversión tiene para un inversor.

Esa inversión puede hacerse en bolsa, puede hacerse en la compra de maquinaria para una empresa, puede hacerse en letras del tesoro, o puede hacerse en la contratación de mano de obra para una empresa.

Es de perogrullo el que desde el punto de vista del inversor cualquier inversión se realiza si y sólo si es rentable. En el caso de la mano de obra, la experiencia de los despidos y las reconversiones sufridas en nuestro país en los años 80 muestran a las claras que nadie crea empleo si con ello no va a ganar dinero. Hoy los jóvenes observan como sus salarios son muy reducidos, su trabajo inestable, y los contratos de unos meses, justo por las mismas razones: hay que hacer que el trabajo sea rentable para el inversor y eso se consigue, entre otras maneras, con costos laborales bajos.

En el caso de l@s inmigrantes las cosas funcionan igual. Si trabajan, y hoy en día la inmensa mayoría de l@s inmigrantes trabajan, es que son rentables para alguien. Es que alguien ha comprado su trabajo y les está sacando un beneficio.

Es pues de cajón que, si no se impide artificialmente el acceso al empleo a los y las inmigrantes, estos son población rentable en términos económicos.

Por supuesto todo trabajador que se queda en paro, es decir, del que no se obtiene ningún beneficio por parte de un inversor, es, en términos de una economía de mercado, un puro coste (usa recursos públicos como subsidios, carreteras, escuelas, alumbrado, pero no está contribuyendo, al menos en ese momento, a producirlo).

Un inmigrante desempleado es pues un coste, no por inmigrante, sino por desempleado. Por eso cada vez más el estado intenta reducir sus gastos en desempleo reduciendo la cantidad y el tiempo de cobro de las prestaciones y de los subsidios de desempleo a trabajadores expulsados del mercado de trabajo: para que cuesten menos. Lo ideal sería no pagar nada. O sea coste cero para el estado. Y lo cierto es que hoy en día en desempleo el estado no se gasta casi nada.


2) ¿HAY MUCHOS EMIGRANTES EN PARO? ¿COMO ESTÁ EL MERCADO DE TRABAJO?

Pero volvamos a las personas emigrantes. En realidad no tiene muchos sentido venir a Europa a estar en paro. L@s inmigrantes vienen como mano de obra y su interés es conseguir un buen puesto de trabajo, como por otra parte quiere tod@ trabajador/a.

En realidad no es que haya poc@s inmigrantes en paro, sino que en general hay cada vez menos paro en nuestro país (de emigrantes y de no emigrantes).

Si se observan los datos de empleo, aún siendo alto el número de parad@s, se ha reducido mucho en los últimos 7 años, pasando de casi un 20% de los activos, al 10% actual (pese a los repuntes de los últimos meses).

A nivel internacional el proceso es el mismo. Cada vez hay menos paro. En Estados Unidos el paro sólo supone un 3% de la población activa.

Pero eso sí, tampoco el trabajo que hay hoy en día es como el de antes: el trabajo es temporal, cada vez más a tiempo parcial, se trabajan más horas y más intensamente, los salarios se mantienen y los precios, lentamente, va subiendo. Fíjense: hoy en día la vivienda nueva es casi un lujo para una familia normal; los salarios de los dos cónyuges de la pareja son casi imprescindibles para mantener un nivel de vida medio (antes trabajaba sólo uno); la temporalidad de los contratos dificulta a los y las jóvenes cualquier proyecto de vida independiente hasta casi los treinta años; la gente busca refugiarse en el empleo público: sobre todo las mujeres encuentran allí el único trabajo estable y bien remunerado al que tienen un acceso relativamente fácil.

De hecho podemos decir que el mercado de trabajo está segmentado, partido en dos:

  • En la parte alta o segmento primario, los técnicos, gerentes, profesionales cualificados, trabajadores de las nuevas tecnologías, acceden a unos elevados standards de nivel de vida, con altos salarios y trabajos seguros, aunque no por eso sus empleos les exigen menor intensidad y dedicación personal total.
  • En la parte baja del mercado de trabajo, o segmento secundario, se concentran los trabajadores industriales sin cualificación, vendedoras, trabajadores de hostelería, cajeras, trabajadores de la construcción, cuidadoras, auxiliares de clínica, vigilantes jurado... y miles de oficios en los que los salarios son muy ajustados, la temporalidad la norma (entre los jóvenes hasta el 80% tienen este tipo de contrato), el trabajo es a turnos, las horas extras proliferan para completar el sueldo, etc...

Como es lógico, tod@ aquél/la que puede intenta dejar el segmento secundario y pasarse al primario (sobre todo, ya digo, a través de las oposiciones).

Pero si no lo consigues, la situación en la que quedas no es el paro, sino el subempleo: mal trabajo, mal sueldo, ninguna perspectiva de ascenso laboral, alternancia de trabajos basura con períodos de desempleo... es el segmento secundario del mercado de trabajo.

Así pues, el paro se reduce, pero los empleos que se crean... casi no merecen ese nombre. Este es el modelo americano de desarrollo económico y de lucha contra el paro: es el que muchos intelectuales preconizan como ideal para Europa y de él alaban, precisamente, su capacidad para crear empleo. En realidad podemos decir que este modelo es capaz de dar trabajo, pero no de crear empleo. Una cosa es un trabajo que permite a las personas ganar algo de dinero, y otra un empleo que da seguridad, estabilidad, y posibilidad de llevar a delante un proyecto de vida personal y familiar.

El modelo económico norteamericano (o neoliberal) supone una sociedad cada vez más polarizada entre los triunfadores y los perdedores, los ricos y los pobres. Más sutilmente se viene hablando, para describir la realidad socioeconómica emergente, de la sociedad de los tres tercios: los integrados, los precarios, y los excluidos.

Es en este mercado de trabajo segmentado en el que se integra la nueva población inmigrante. Y entran precisamente por la parte más difícil: a realizar los trabajos propios del segmento secundario: trabajos precarios, peligrosos, penosos, mal pagados, etc.. Es aquí donde está el verdadero efecto llamada: los inmigrantes vienen a trabajar en esta oferta de empelo precario, de subempleo, que se realiza desde las economías europeas tanto para los inmigrantes como para todas las clases empobrecidas.

Quizás la mejor caricatura de este hecho es la oferta que el ministerio de defensa ha hecho a l@s inmigrantes. Según el ministro, con el fin de facilitar la integración social de los extranjeros, se les ofrecerá la posibilidad de entrar en el ejército como soldados profesionales.

  • Es obvio que la oferta responde a la virtual imposibilidad de encontrar españoles que quieran entrar en el ejercito en las condiciones de empleo y salario que se ofrecen. Es pues un trabajo rechazado por los muchos españoles.
  • Pero es que además sólo se les permitiría ingresar como soldados y no podrían proporcionar a mandos en ningún caso. Es decir una vez más los trabajos más duros, los más descualificados y los que no ofrecen ninguna perspectiva de mejora son los que se ofrecen a los y las emigrantes.

Nótese que el/la inmigrante es el/la trabajador/a ideal para este tipo de mercado secundario: con unas exigencias inferiores (al menos en principio) en cuanto a condiciones de empleo y trabajo, con una necesidad de trabajo más acuciante (envío de dinero a casa, conseguir la estancia legal, los papeles), sin derechos sociales ni laborales en el caso de l@s "ilegales", o con esos derechos amenazados en el caso de l@s "legales" (si se quedan sin empleo aparece la amenaza de la ilegalización).

En el mercado secundario de trabajo el/la inmigrante compite y comparte penas con tod@s l@s excluid@s de la sociedad de los tres tercios: con l@s gitan@s, con l@s jornaler@s agrari@s, con las mujeres sin cualificación del mundo rural, con l@s jóvenes que fracasan en sus estudios, con lquienes no consiguen "colocarse" en un buen puesto, con l@s vendedores/as ambulantes, con l@s yonkis que trabajan por temporadas para financiarse "el vicio", con el pequeño comercio tradicional, con l@s campesin@s sin tierra...

Un ejemplo de esta competencia entre l@s trabajadores/as del segmento secundario del mercado de trabajo por los puestos de trabajo precarios que se les ofrece, lo tenemos en el rechazo de muchos trabajadores de la construcción de Madrid por los emigrantes extranjeros... y por los no extranjeros. Así decía un trabajador sindicalista entrevistado:

"Efectivamente no somos racistas pero sí puede que algún xenófobo diga "ya están aquí los de Ciudad Real, mira el cabrón ese que tiene una viña en su pueblo, no se qué, ¡que se vaya a su huerto!. Esto es una realidad que estamos constatando diariamente, son cincuenta y tantas mil personas, más o menos, las que vienen a Madrid ¡diariamente! Los trabajadores exigen al sindicato que pongamos fin a eso, pero es algo en lo que no podemos entrar, no podemos hacer la República de Madrid, que allí no entre nadie y sólo trabajen los de Madrid."

3) UN EJEMPLO DE COMO EL TRABAJO, CUANDO ES MALO, NO INTEGRA: EL EJIDO.

Quizás donde más claramente puede verse la condición obrera degradada de la persona emigrante es en la moderna agricultura de exportación hortofrutícola enclavada en todo el arco mediterráneo español, desde Huelva hasta Tarragona, zona en la que se han producido ya serios incidentes racistas (Murcia, El Ejido, Huelva...)

Este modelo productivo exige una mano de obra barata, temporera, que acepte altos ritmos de trabajo, movilidad espacial (entre diferentes lugares de trabajo, y desde el hogar al trabajo - lo que explica el accidente de tráfico de Lorca que fue la espoleta de las movilizaciones de emigrantes- ), y sin grandes exigencias en cuanto a condiciones de trabajo y salud laboral.

La condición de rentabilidad de estas explotaciones agrícolas reside pues en explotar intensivamente la tierra (quemada por los abonos, y los productos fitosanitarios), el agua (traída de otras cuencas geográficas), y el trabajo (traída de otros países y de otras regiones españolas).

Este modelo de producción hortofrutícola en masa, por cierto, se encuentra ya hoy con límites serios de crecimiento: ecológicos (impacto medioambiental, conflicto del agua, insalubridad de la producción), sociales (conflictos jornaleros), y puramente económicos (opción de los consumidores europeos por los productos de calidad y ecológicos).

Quiero resaltar que la mano de obra de esta moderna agricultura de exportación la componen no sólo inmigrantes extranjeros, sino también

  • emigrantes nacionales, jornaleros de regiones del interior de España, que se desplazan a buscar trabajo a estas zonas hiperdesarrolladas del litoral, vaciando de brazos jóvenes el interior peninsular.
  • mujeres sin cualificación de las zonas rurales del litoral que, sin otras alternativas laborales que las que ofrece estas "fábricas agrícolas", obtienen un salario exiguo e inestable sólo aceptable en el marco de una unidad familiar donde entran al menos dos salarios.

En este sentido hay que destacar que la precariedad, la ilegalidad (trabajadores sin permiso de trabajo, pero también españoles trabajando sin contrato..) y la explotación, es una condición propia de un modelo productivo que se ha impuesto en buena parte de las actividades económicas en nuestro país como forma de mantener controlados los costes laborales: ocurre en la agricultura de exportación, en actividades de servicios a empresas (mensajería, vigilancia, limpieza..), en la construcción, en la hostelería y el turismo...

En Economía del Desarrollo es lo que se dado en llamar un modelo de desarrollo "a la española" propio de los países del sur europeo: Portugal, España, Grecia, Irlanda, en gran parte Italia. Es un desarrollo basado en costes laborales inferiores a la media europea, y actividades económicas de tecnologías mediana y baja (caso claro del turismo de masas).

Frente a este modelo, el de la Europa del norte se basa en altos salarios, pero también alta cualificación, inversión tecnológica y alta productividad del trabajo, y en actividades económicas técnicamente avanzadas (nuevas tecnologías...). Así, tanto el gobierno alemán como el norteamericano ampliaron, en el momento del boom de las nuevas tecnologías, los permisos de trabajo que conceden a los extranjeros para que fueran a trabajar en el sector en expansión. Y allí han ido trabajadores de Taiwan, India, Corea... países con una parte importante de su población bien formada.

Por cierto, el gobierno colombiano ha calculado en unos 2000 millones de dólares anuales las pérdidas de su país por la "fuga de cerebros" hacia los países del primer mundo. La rentabilidad de la emigración para el país de acogida es, en este caso evidente.

4) L@S INMIGRANTES ANTE EL MERCADO DE TRABAJO: Y SIN EMBARGO NO TOD@S SOMOS IGUALES.

Hasta aquí la exposición de como la inmigración responde a la demanda de mano de obra barata y flexible por parte de ciertos sectores productivos de la economía española.

Hemos presentado la relación entre la oferta de empleo (la empresa) y la demanda de empleo (el/la trabajador/a inmigrante) en términos de mercado de trabajo. Y hemos visto como oferta y demanda se ajustan, aunque por lo general a un nivel salarial bajo.

Sin embargo, en el caso de l@s inmigrantes y a diferencia de otr@s trabajadores/as, a las fuerzas del mercado (la oferta y la demanda de empleo) se le superpone una legislación, la de extranjería que impone a la persona emigrante tres cosas:

  • la posibilidad de trabajar sólo durante un tiempo limitado (permisos de trabajo por meses o por un año, la mayoría)
  • un sector productivo donde puede trabajar (y fuera de él en ningún otro)
  • una zona geográfica donde puede trabajar (un provincia o región concreta)

Es decir, cuando un/a inmigrante es legalizad@ (siempre después de los cinco años de clandestinidad comprobada que exige la ley) se le puede conceder el permiso de trabajo (los papeles). Pero este permiso de trabajo no es un permiso para acceder al mercado de trabajo: es un permiso para trabajar cierto tiempo, en cierto trabajo y en cierta zona.

En realidad para l@s emigrantes no hay "mercado de trabajo" en términos económicos, puesto que no pueden elegir patrón o empresa libremente con la única limitación de las ofertas de empleo que encuentren. En realidad lo de los emigrantes es más una especie de movilización militar: se les asigna "destino y arma/rama". Por tanto sus posibilidades de negociar un salario digno, de buscar alternativas mejores de empleo en otras actividades o regiones, en definitiva su poder de negociación en el mercado, está totalmente cercenado.

Sólo pueden ejercer otras actividades productivas de forma ilegal, saltándose las restricciones de su permiso, o si no tienen ningún permiso, trabajando en actividades sin contrato (jornaleros, reparto de publicidad..) y expuestos a abusos empresariales de todo tipo así como a la detención y a la expulsión.

Esta práctica legal dirigista hacia el mercado de trabajo encuentra sus límites en la propia naturaleza de las actividades del segmento secundario de ese mercado de trabajo: la movilidad laboral y geográfica es una característica intrínseca a éstos sectores. Es un mecanismo imprescindible para ajustar la cantidad de mano de obra que en cada momento es necesaria en actividades de fuerte componente estacional y temporal. Si en Andalucía y Extremadura fue necesario un Plan de Empleo Rural, lo fue, entre otras razones, para compensar, de alguna forma, la extrema dependencia y precariedad de la condición jornalera y del trabajo agrícola. Y, críticas (pertinentes) aparte, es este "subsidio" el que ha permitido fijar en su territorio de origen a la población agraria andaluza y evitar el éxodo rural que ha devastado otras zonas del país (1).

Así no es de extrañar que recientemente el gobierno haya introducido modificaciones normativas, en contra su planteamiento y de su propia ideología, que han derogado las limitaciones geográficas y de actividad productiva impuestas por decreto a los y las trabajadoras inmigrantes. Sólo así se han podido desbloquear situaciones de extrema precariedad y de enorme peligrosidad social, en la que las personas son obligadas a permanecer en un territorio buscando empleo en una sola actividad productiva, por la única razón de que sólo ahí se le reconoce "legalidad" a sus pretensiones de búsqueda de empleo. Y eso cuando la propia administración reconoce que ese sector y esa zona, no pueden absorber la demanda de empleo existente en ese momento.

Si observamos los permisos de trabajo concedidos en el año 97 podemos ver hasta qué punto los permisos de trabajo se conceden en el marco de una política autoritaria de control de la fuerza de trabajo, pensando únicamente en las necesidades de mano de obra que existen en las distintas zonas por las distintas patronales.

  • ¿En qué regiones se han concedido más de la mitad de los permisos de trabajo sólo para la agricultura? en Andalucía (sobre todo almería y huelva), en Extremadura (el tabaco), y en Murcia (más del 80%).
  • ¿En qué regiones se han concedido más del 80% de los permisos de trabajo para el sector servicios? en Madrid y en Canarias (turismo, hostelería).

Es decir que la mano de obra extranjera se controla y se dirige administrativamente desde el estado para que trabaje allí donde esa mano de obra, flexible, barata, temporal, se demanda por parte del empresariado. Y como ya sabemos si los empresarios piden trabajadores (y trabajadores en ciertas condiciones) es porque resultan rentables. La rentabilidad del trabajador emigrante es un hecho, y sobre ella se levantan las fortunas de muchos campesinos-empresarios nuevos ricos del litoral levantino español.

5) UNA PRIMERA CONCLUSIÓN.

En definitiva, a la pregunta que nos hacíamos al principio ¿son rentables los inmigrantes? podemos responder con toda tranquilidad que sí, y que probablemente más de lo que ellos quisieran y sería de justicia.


6) Y UNA NUEVA CUESTIÓN.

Pero la pregunta que formulamos al inicio no era si los emigrantes eran rentables a secas, sino si lo eran para el país que los acoge.

La diferencia es importante. Que un trabajador produzca un beneficio para alguien gracias a su trabajo es sin duda rentabilidad, pero eso no significa que lo sea para el país en su conjunto.

El problema que aquí se plantea es de difícil solución, porque definir cuáles son los intereses de un país en conjunto, o qué se considera bueno para un sistema económico determinado es siempre discutible. Esto es especialmente difícil es una economía capitalista en la que impera la ley del todos contra todos, la competencia a ultranza, y en la que, como decía el clásico, las virtudes públicas (el crecimiento económico) son el resultado de los vicios privados (el egoísmo, la avaricia, la competencia..).

En la bolsa siempre hay gente que gana y gente que pierde; un salario alto en la construcción es bueno para los trabajadores del sector, pero ¿es bueno para los otros trabajadores que luego tienen que pagar más por el piso que se compran? De hecho el ex-ministro de trabajo Pimentel ya lo señaló en su momento: la falta de mano de obra en la construcción ha elevado los salarios y ha encarecido los pisos, lo que no hubiera pasado si hubiera más inmigrantes con permisos de trabajo en el sector.

Una reciente noticia en prensa recogía cómo la economía norteamericana había controlado la inflación (valga decir, de los costes salariales) gracias, precisamente la existencia de una gran masa de trabajadores ilegales: eran estos los que contenían el alza de los salarios y permitían a la economía norteamericana su marcha boyante. No resulta fácil sacar conclusiones sobre este dato ¿ayuda o no ayuda la emigración ilegal a la economía norteamericana?

Otro ejemplo: el dinero que los emigrantes envían a su país, a sus familias, es un dinero que nos se queda en españa, y que por tanto no consume en españa y que por tanto no fomenta la producción española. Pero por otro lado esas divisas son las que luego se utilizan por esos países del tercer mundo para el pago de su deuda externa con los bancos del primer mundo o para la importación de productos del primer mundo. Los retorno de los emigrantes son buenos por tanto, para el sector exportador de la economía española.

Estos razonamientos se pueden complicar hasta el infinito (los retornos pueden consolidar industrias competitivas con la nuestra en el tercer mundo, pero también pueden ayudar al desarrollo del país que los recibe reduciendo la salida de emigrantes, etc...).

La economía de un país es algo demasiado complejo como para intentar hacer un balance general de costes y beneficios como si se tratara de las cuentas de una empresa. No existen criterios objetivos para calcular los costes y beneficios de la emigración.

Este debate que se empieza a plantear hoy en España (hay un par de informes de los que tengo referencia: uno del BBV y otro de la Universidad de Comillas) ya ha tenido lugar en Francia hace una década. Y terminó exactamente así: se hicieron varios informes distintos con criterios distintos, todos perfectamente justificables desde un punto de vista económico, y los resultados fueron obviamente distintos y contradictorios. Ya no se hacen intentos de este estilo en el país vecino.

7) PERO HAY BIENES COLECTIVOS

Pero no nos desanimemos. Aunque es cierto que en una economía de mercado los cálculos de la aportación de los emigrantes a la economía nacional son inviables, sí que hay un cierto tipo de bienes que por no ser privados, por ser colectivos, sí que permiten hacer cálculos.

Me refiero a los servicios públicos, a los impuestos, a la seguridad social, a las pensiones públicas, a la sanidad, la educación, a toda esa parte de la economía que no es mercantil, pero sin la cual la economía mercantil no se sostendría.

Por ejemplo ¿aportan más en impuestos de lo que reciben los inmigrantes de la seguridad social en concepto de atención sanitaria (o en educación..)?

Es decir ¿nos cuestan dinero lo emigrantes a nosotros los contribuyentes españoles?

Pues bien los estudios que conozco afirman rotundamente que los emigrantes aportan muchísimo más a las arcas del estado en concepto de cotizaciones sociales, impuestos directos e indirectos, de lo que reciben de esas arcas estatales. Un estudio de la Universidad de Comillas y otro de la Generalitat de Catalunya, afirma que los emigrantes regularizados aportan a la Hacienda Pública más del doble de lo que reciben de ella.

En el caso de las pensiones, se ha detectado incluso la necesidad imperiosa de que en los próximos cincuenta años entren en nuestro país y en Europa, masivas cantidades de jóvenes trabajadores emigrantes. Sólo sus aportaciones a la seguridad social podrán financiar las futuras pensiones de las pobladísimas generaciones de europeos que llegaran a viejos en el 2050.

  • Según cálculos de la ONU Europa necesitaría, hasta el 2025, 123 millones de nuevos inmigrantes,
  • Y España, hasta el 2050, nada menos que 12 millones.
  • Alemania ya tiene previsto incorporar a más de 5 millones de inmigrantes en ese período.

Sólo con esta aportación humana podemos garantizar en el futuro que se mantenga el ratio entre personas activas y personas jubiladas que hay actualmente en Europa (un jubilado por cada cuatro trabajadores activos).

La constatación recurrente de la necesidad y la rentabilidad de la emigración, no impide aventurar que en un futuro se avecinen algunos problemas. Si los inmigrantes se concentran entre la población precaria del mercado de trabajo secundario, obviamente:

  • tendrán empleos más inestables,
  • cotizarán menos dinero de media a la S.S.,
  • tendrán en muchas ocasiones trabajos sin contrato,
  • y recurrirán más por término medio a las ayudas sociales

Allí, en los servicios sociales se encontrarán con los gitanos, con la mujeres separadas sin estudios, con los jóvenes del fracaso escolar, con los hombres mayores de 45 años reconvertidos de sus empresas... Este es el panorama que se puede ver todos los días en los servicios sociales de los ayuntamientos: es el retrato de los excluidos.

Pero no nos olvidemos que el trabajo precario y su alternancia con el desempleo, es el único empleo posible para los trabajadores nacionales y extranjeros que dependen de sectores productivos como el turismo, la agricultura de temporada, o la construcción, que producen este tipo de empleos temporales y precarios. Los trabajadores de estos sectores tendrán muchas menos oportunidades de cotizar a la seguridad social, tendrán que acudir a las ayudas sociales más a menudo (para eso están), y a la hora de la jubilación probablemente no habrán cotizado lo suficiente.

Sobre cualquier colectivo que reciba en algún momento ayuda social se plantea la cuestión de si es o no es rentable. Pero en el caso de los emigrantes un juicio negativo supone algo más que la denegación de la ayuda, puede suponer que se les persiga y expulse del país. Son el parado perfecto: si lleva demasiado tiempo en paro no sólo no tiene derecho a ayuda alguna, sino que además se convierte de forma automática en un criminal, susceptible de persecución, detención y expulsión. Coste cero.

Aquí es donde empieza a ser necesario apartarse de la economía y pensar en términos éticos.

¿Es éticamente aceptable plantearse si las personas son rentables o no y hacer depender de eso el disfrute de los derechos fundamentales, a la libertad, a la libre residencia, a la seguridad, al empleo, a la atención sanitaria...? Yo pienso que no.

De igual manera podríamos preguntarnos

  • ¿Son rentables las mujeres? Porque si las mujeres no se hubieran incorporado al mercado de trabajo y se hubieran buscado marido y se hubieran quedado en casa, todos los varones adultos (padres de familia) tendrían empleo. Pero ocurre que las mujeres tienen ese derecho al trabajo, y no hay discusión posible, porque ese derecho es una primera garantía de su libertad e independencia.
  • ¿Son rentables los enfermos? ¿y los fumadores? ¿Cuanto aportan y cuanto cuestan a la seguridad social? ¿Hay que pedir cuentas a los fumadores o a las tabaqueras? De igual manera ¿Hay que pedir cuentas a los trabajadores inmigrantes en paro o al sistema económico que no proporciona empleos (o al estado que no da los papeles para poder trabajar)?
  • Es más ¿son rentables los parados?¿y los estudiantes?
  • Mejor aún ¿son rentables los extremeños? No olvidemos que se producen transferencias de fondos de la seguridad social desde las comunidades autónomas ricas a las pobres.
  • ¿Y l@s españoles/as? No olvidemos que toda la red de autovías del estado, así como los trasvases en proyecto, y toda la red de alta velocidad del AVE están financiados con fondos europeos.

La cuestión clave de todo esto es quién hace la pregunta por la rentabilidad de los otros. Las preguntas anteriores sólo las puede hacer un hombre (sobre las mujeres), que es un individuo sano (sobre los enfermos), con un empleo estable (sobre los parados), que vive en una autonomía rica (sobre los extremeños), o que es del norte de Europa (sobre los españoles).

La pregunta por la rentabilidad de los débiles, es siempre una pregunta racista, clasista, xenófoba y/o machista. Exige una separación un acto de distinción entre el sujeto que evalúa y el otro que es evaluado y se ve obligado a justificar su existencia (o su estancia en el país, o su demanda de auxilio social).

Cuidémonos de entrar en esta lógica de pensamiento perversa porque un día también nos puede tocar a nosotros: cada vez parece más cercano el día en que la seguridad social pública se privatice según el modelo americano.

Entonces cada persona concertará un seguro privado: los que tienen dinero contratarán todas las atenciones inimaginables; los que no tienen dinero o no tienen el suficiente tendrán que conformarse con una atención sanitaria parcial, ya que el dinero de los más pudientes no financiará la sanidad de los menos afortunados. Los ricos más ricos (y más sanos), los pobres más pobres (y más enfermos).

9) CONCLUSIÓN FINAL

En conclusión: solo la lógica de los derechos para todos y todas, nos puede sacar de la infernal lógica insolidaria del todos contra todos. En esa guerra los inmigrantes son los que más tienen que perder, pero no los únicos.

Nota:
(1) El reciente "Decretazo" ha sido denunciado por la oposición y los sindicatos como un intento de desmontar el subsidio agrario. No es una casualidad que desde el gobierno, a la vez que se niegan tales intenciones, se deje constancia de que existe una supuesta incongruencia entre que haya trabajadores (andaluces) que cobran un subsidio porque el campo es incapaz de generar jornales suficientes y que, a la vez, los inmigrantes hayan encontrado en el campo andaluz una importante fuente de empleo e ingresos. Lo que se revela en todo esto es la naturaleza extremadamente desigual de la propiedad de la tierra en Andalucía y el modelo productivo intensivo en exclusión social que ésta desigualdad genera: tanto en términos de desempleo como de trabajo precario.