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Migración
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Enero de 2005
En el estado Español, más del 50 ciento
de los inmigrantes no tenemos papeles, y aquell@s que están documentados
no tienen garantizado el pleno ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones.
Somos la punta visible del iceberg de la precarización de la vida que
afecta a tod@s por igual.
El gobierno del PSOE, se dispone a poner en vigor un nuevo Reglamento de aplicación de la vigente ley de Extranjería. Lo anuncia como una apuesta decidida para acabar con la enorme bolsa de inmigrantes sin papeles heredada del gobierno del P.P. y con la economía sumergida que mantiene a los inmigrantes en una desesperada situación de sobreexplotación laboral y marginación social. Sin embargo este Reglamento incurre en graves insuficiencias que nos llevan a afirmar tajantemente que ni mucho menos permitirá acceder a la regularización de un número significativo de inmigrantes sin papeles ni atentará contra las bases de la economía sumergida.
En dicho Reglamento, la regularización de los inmigrantes esta concebida desde una perspectiva únicamente económica. Nosotros/as, inmigrantes con y sin papeles, no somos simples números de Seguridad Social, sino seres humanos que hemos de sobrevivir, cuidar a nuestras familias, educar a nuestro hijos, tener un lugar en la sociedad, y practicar nuestros derechos y deberes como cualquier otro ciudadano.
La regularización de los inmigrantes se deja en manos de los empleadores . Pocos serán los empresarios de agricultura, construcción, limpieza, etc., que ofrecerán contratos a los indocumentad@s sabiendo que le sobrarán trabajadores con o sin papeles dispuestos a trabajar de cualquier manera. Por otro lado, la exigencia de un contrato de trabajo promueve el trafico y la venta de documentos tal como ha sucedido en otras ocasiones, enriqueciendo a mafias a costa de la ya mermada economía de las personas inmigradas.
La exigencia de un contrato de trabajo dejan también sin posibilidad de regularización a colectivos extremadamente precarios como quienes se dedican a la venta ambulante o las personas obligadas a prostituirse. Igualmente ocurre con los menores inmigrantes que actualmente residen e incluso están escolarizados en España pero carecen de papeles . Así mismo, otros colectivos de inmigrantes, por la condiciones políticas de sus países, no conseguirán una carta de antecedentes penales de sus gobiernos.
En el fondo de la cuestión, ningún reglamento podrá solucionar la situación del millón de inmigrantes sin papeles, ni poner fin al apartheid jurídico y la falta de derechos que padecen los ciudadanos de origen extranjero en el Estado Español, dado que para ello es imprescindible de la derogación de la ley de extranjería.
Las personas y organizaciones que suscribimos este llamamiento entendemos que la insuficiencia del reglamento presentado y el mantenimiento de la Ley de Extranjería son problemas que no solo afectan a las personas inmigradas sino al conjunto de la sociedad. El mantenimiento de la economía sumergida con centenares de miles de personas trabajando sin contrato ni derechos redunda en la bajada general de los salarios y la precarización de las condiciones de trabajo de todos y todas los trabajadores. Por otra parte una sociedad que mantiene a un importante número de sus miembros discriminado y privado de derechos es además de antidemocrática, incapaz de garantizar los derechos y reclamar los deberes de todos.
En consecuencia demandamos :
1 - La apertura de un proceso de regularización de todos los inmigrantes sin papeles que residan en territorio Español. Que no incluya la exigencia de un contrato de trabajo y que admita además del padrón todo tipo de documentación para probar la estancia. El inmigrante sin papeles debería obtener una documentación provisional mientras busca un contrato de trabajo como forma de evitar las mafias y la sobreexplotación. Es además necesaria la inclusión de criterios de arraigo social, y de condiciones excepcionales y familiares, que permitan la regularización de todos los inmigrantes sin papeles que ya residen en el territorio del Estado español.
2 - La efectiva Anulación de las ordenes de expulsión que mantienen a multitud de personas sometidas a la irregularidad, condenadas a la marginalidad y a todo tipo de abusos.
3 - El cierre e todos los Centros de Detención de Inmigrantes, ya que entendemos que incurren en una grave vulneración de los derechos de las personas.
4- La ejecución de medidas que garanticen la plena vigencia y efectividad, en pié de igualdad, de los derechos sociales, sanitarios, culturales, laborales y políticos a favor de las personas inmigradas que residen en el estado español.
5- La puesta en marcha de actuaciones administrativas y judiciales que combaten eficazmente el racismo social e institucional, y pongan fin a la represión policial indiscriminada que se vive en muchas zonas del estado, en una situación de total impunidad.
6 - Esta serie de medidas que estamos proponiendo han que culminar en la derogación de la ley de Extranjería. De la misma manera que se han puesto en cuestión y paralizado diversas leyes y medidas del gobierno anterior atendiendo a la sensibilidad de la ciudadanía, pensamos que la retirada de la ley de Extranjería ha de ser un clamor cada vez mas amplio en una sociedad que se reclama democrática.
Hemos planteado estas demandas al debate social y la hemos elevado repetidas veces a la consideración del gobierno central, de las administraciones autonómicas y municipales. Pero consideramos aun mas imprescindible y urgente coordinarnos a nivel estatal entre colectivos y organizaciones civiles y políticas, entre todos los que nos vemos afectados por esta política de recorte de libertades y derechos en el Estado Español.
Para ello, proponemos establecer un calendario de lucha conjunto y convocamos a organizar manifestaciones,y acciones en todo el estado español el fin de semana del 22 y 23 de Enero del 2005