GLOBALIZACIÓN Y SERVICIOS PUBLICOS

José María García Ramos (Madrid a 10 de septiembre de 2000)    

Hoy por hoy, la denominada globalización aparece generalmente con una connotación peyorativa y referida fundamentalmente a la globalización económica o internacionalización extrema del neoliberalismo. Y si bien entendemos que no es solo la implantación o el intento de implantación a nivel mundial del pensamiento único liberal, lo que constituye la esencia de la globalización, sino que hay otros aspectos  y algunos muy positivos, es precisamente la globalización económica, la que a mi juicio constituye el peligro más grave para la existencia real de los gobiernos locales, para la democracia ciudadana y para la prestación  de los servicios públicos  a los ciudadanos. 

Las manifestaciones de la globalización la vemos en los aspectos más insospechados, por ejemplo, cada vez vemos con más frecuencia ante las ventanillas o mostradores de los servicios públicos, Correos. Centro de Salud, servicios municipales, carteles informativos, que, más o menos, se expresan así: “TELEFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE ”,  que por cierto, curiosamente, son los teléfonos más bloqueados que se conocen. Estos letreros de mejor o peor diseño lucen igualmente en los mostrados o ventanillas de nuestras oficinas municipales. 
  
Pues bien, tal afirmación ya no nos extraña y en ocasiones hasta agradecemos la información y nos parece como que se presta un mejor servicio. Y sin embargo, es una manifestación palpable e indiscutible de la introducción en el campo de los Servicios Públicos, en la actuación de las Administraciones Públicas, de los modos y formas del neoliberalismo globalizador. 

En efecto, hasta hace muy poco, las ventanillas y teléfonos con esta información, llevaban los lemas o carteles de “Atención al ciudadano” o de “Atención al vecino” o en la Sanidad, de “Atención al paciente” (paciente por enfermo,  claro) 

¿Que ha pasado? ¿Cómo se ha producido este cambio? Porque este cambio no es inocente, ni es intranscendente. Al contrario, es una demostración del lado perverso de la  globalización.  

Incluso el liberalismo tenía, como se sabe, de manos de sus fundadores, Adam Smith, por ejemplo, unos límites éticos o morales. Además para él, el mercado, entre otras cosas, se orientaba a producir la riqueza de las naciones, no sólo de los individuos. Al parecer, conforme los individuos iban siendo más ricos, se producía un fenómeno de “rebosamiento”, de forma que la riqueza iba “inundando” sucesivos estratos poblacionales, hasta conseguir la riqueza generalizada.  

No vamos ahora a entrar en la critica detallada de estos axiomas, pues ello seria demasiado prolijo para estas notas y además propio de un economista; únicamente constatar que, sin que nos lo confirme ningun alto experto, por nuestra propia experiencia sabemos, que el sistema de mercado neoliberal, profundiza enormemente las desigualdades, entre personas, colectivos y naciones, creando una masa que puede llegar en los países desarrollados al 20 % de la población, que se sumerge por debajo de los limites de la pobreza, y una masa de más de mil millones en el Tercer Mundo quizás ya dos mil, que se encuentra en la mas absoluta miseria, hasta el punto de que nos encontramos con naciones que no poseen ni la posibilidad de ser susceptibles de explotación, siendo su población perfectamente “prescindible”, ya que han dejado de tener interés para el “Santo Mercado”. Como sabemos muy bien, algunas pocas personas tienen una riqueza personal muy superior al presupuesto de la mayor parte de las grandes ciudades del mundo. 

El neoliberalismo, entre otras cosas, genera una dinámica de pensamiento único que fundamentalmente se basa en el objetivo del máximo beneficio, cuanto más rápido mejor, de forma que todo se pueda comprar o vender, sin limite alguno(al menos eso se pretende). De forma que la persona, ciudadano o vecino, pasa a ser cliente, demandante u ofertante de algo, que en consecuencia, tiene un precio en dinero corriente. El Santo Mercado, echará de su paraíso, excluirá de la tierra prometida a toda persona que no pueda ser cliente, por carecer de los medios monetarios necesarios. Excluidos del paraíso del Mercado, las personas son totalmente prescindibles y pueden iniciar su carrera de excluidos, de marginados sociales, de lo que muy difícilmente podrán salir. 

Es curioso que el pensamiento único está tan bien “vendido” en los medios de comunicación social  en estudios y publicaciones, que sorprendentemente uno puede ver en personas, nada sospechosas de aceptar dicho pensamiento, que parecer dar por supuesto estos hechos como si no tuviéramos otras opciones y que consideran la necesidad de reivindicar como nuevo derecho ciudadano, que el gobierno local actúe de defensor de oficio de los ciudadanos ante las empresas prestadoras de servicios.( Jordi Borja, “Los desafíos del territorio y los derechos de la ciudadanía”, Revista La Factoría, Nº 10; octubre 99 a enero 2000). Nada que objetar, siempre que no se olvide que el gobierno local es también el titular de la prestación de muchos servicios públicos y por lo tanto no es que actúa de oficio, defendiendo al ciudadano, si no que es su responsabilidad el asegurar la igualdad de todos los ciudadanos en la recepción de estos servicios. 

Cuando está ideología fundamentalista alcanza a la prestación de los servicios públicos, las consecuencias no pueden ser más desastrosas  para dicha prestación tanto se trate de servicios públicos de titularidad estatal, autonómica o municipal.  

Pensemos en algunos ejemplos: 

La telefonía se había concebido siempre en España como un servicio publico, que, como mucho, el Estado podía conceder a las empresas, con fuertes limitaciones. Así comenzó en España, durante el reinado de Alfonso XIII, mediante el famoso contrato en el que se le confiere el monopolio de la comunicación telefónica a la ITT. Después, fue totalmente nacionalizada, por lo que tanto la titularidad, como la Empresa misma, acabaron en manos del Estado, el cual, aseguraba de esta manera la igualdad de todos los ciudadanos ante las comunicaciones alámbricas, aunque sin duda, esta posición de monopolio estatal, creaba un cierto número de problemas. Recientemente, se vende Telefónica, al objeto de asegurar a sus clientes (ya no son ciudadanos) mejores precios por la entrada de la Empresa en el mercado competitivo. Ya no es un servicio público de titularidad estatal, ni la Empresa ni las redes, pero además,  no sólo los precios no han bajado, sino que en realidad han subido. Incluso puede afirmarse que pasará mucho tiempo antes de que pueda haber verdadera competencia, (si es que puede haberla alguna vez) ya que las redes de conexión son propiedad de Telefónica y por dichas redes tienen que pasar las demás empresas. 

La conflictividad del monopolio de las redes, la vemos ahora mismo, con los problemas que plantea InfoVia a los usuarios de Internet y en algún fallo judicial, sobre los precios abusivos que Telefónica aplica a  determinadas empresas cuya competitividad no interesa, como la British Telecom. 

Podemos echar, ahora,  un vistazo a otros servicios públicos

Es un hecho que la gran mayoría de la población española (y mundial) vive ya en ciudades, por lo que es imprescindible dotar a los Gobiernos Municipales de los medios adecuados para que como Administración más cercana al ciudadano, pueda prestar los servicios públicos que éste necesita. Y la legislación española desde la Constitución de 1978 hasta la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, consideran al ciudadano, sujeto titular de un derecho  a la prestación de estos servicios y por lo tanto, capaz de exigir legalmente su implantación. La Ley en ningún momento se refiere a “clientes” sino a ciudadanos o vecinos con derecho a la prestación señalada.  

Pues bien, uno de los más transcendentales derechos constitucionales es el derecho a la vivienda: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.” (Art.47). 

Este derecho está íntimamente ligado al régimen legal de la propiedad del suelo, como es obvio. Si el suelo es de propiedad municipal o se encuentra con una regulación seria y finalista, que impida la especulación, la construcción será mucho más barata, más cercana, exigirá menos gasto de infraestructuras de transporte y servicios y reducirá en consecuencia el gasto energético, además de la contaminación, el gasto privado, etc. La Constitución en el texto señalado, añade “que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo, de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. 

Cualquiera lector poco atento de la prensa, estará al tanto, de las mil y una operaciones de especulación que se conciertan con harta frecuencia, así como de empresarios “ejemplares”, que venden sus fábricas y dedican su producto a la especulación pura y dura. Estas acciones no sólo son permitidas por la desregulación creciente del suelo, sobre todo desde la última normativa aprobada en 1998, sino que son fomentadas y en ocasiones participadas por empresas publicas y Ayuntamientos, al objeto, dicen de recuperar las plusvalías para el sector público, olvidando que su misión como Entes públicos, emanados de los ciudadanos, no es obtener plusvalías, sino proporcionar suelo barato y fomentar la construcción de viviendas asequibles, para cumplir el mandato constitucional. No vamos a entrar en la rentabilidad de estas operaciones, sobre todo para cierta clase de bolsillos. En cualquier caso es inadmisible que las Administraciones Públicas especulen como la empresa privada. 

Otro ejemplo ligado al anterior que podemos considerar es el servicio de transporte y tráfico. 

Efectivamente, conforme las aglomeraciones urbanas han aumentado cuantitativamente, ante la ausencia de políticas respetuosas con el ciudadano, se va haciendo sumamente compleja la relación física domicilio, trabajo y ocio. Las grandes distancias y las limitaciones de los antiguos cascos urbanos, sin contar con las necesidades medio ambientales, exigen sin lugar a dudas un reforzamiento del transporte colectivo. El modelo de desarrollo de la ciudad, sobre todo a partir de los años cincuenta, salvo excepciones, ha dejado los centros históricos casi despoblados o muy deteriorados, alejando a los vecinos hacia periferias de alto, media o bajo nivel de vida, lo que a su vez, origina largos trayectos para acercarse al trabajo o desplazarse para disponer de determinados servicios. Se han desvertebrado las ciudades, esto no lo niega nadie, pero aun así, en general y desde luego en Madrid, se sigue primando fuertemente el vehículo privado frente al autobús o transporte de superficie, no bastando la red del Metropolitano, para resolver los transportes colectivos. Lo mismo podemos decir de los trenes de cercanías, que sin duda han supuesto un alivio a las congestionadas carreteras, pero que sin los intecambiadores y aparcamientos suficientes, aun no resuelven el problema. La construcción de túneles y aparcamientos subterráneas más bien vienen a complicar las cosas, pues constituyen un aliciente para el uso del automóvil en el centro de las ciudades. Incluso la peatonalización de estas sin una red de transporte publico extenso e intenso, impide  a muchos ciudadanos, el disfrute de la ciudad como centro de convivencia. 

Sin duda la presión combinada de los fabricantes de turismos, junto con los tiburones de la construcción y la megalomanía de muchos dirigentes, están dejado inseguras, frías e imposible de transitar como se debiera los centros de las ciudades y sus lugares de callejeo y reunión, sustituidas por los centros comerciales, y las llamadas “movidas” nocturnas. Se diseñan faraónicas obras de infraestructura, que de alguna manera tiene que acabar pagando el contribuyente o ciudadano, ya que las Empresas, por definición pretenden obtener el máximo lucro. Dichas obras provocan la destrucción del entorno ciudadano sin ningún respeto a las construcciones, arbolado, zonas ajardinadas, etc., que existieran en el lugar concreto. Además  su propia realización coloca al ciudadano habitando una ciudad, nunca terminada, que constituye una verdadera pesadilla tanto para el viandante transeúnte, como para el residente, resintiéndose incluso, durante años el comercio, sin que se haya previsto alguna forma de indemnización por los abundantes daños causados de todo tipo. 

El modelo liberal de desarrollo urbano en esta materia, bien apoyado por los incautos ciudadanos, es el de que todos los individuos lleguen a ser propietarios de un vehículo propio, lo que a todas luces, suponiendo que técnicamente fuera posible constituiría un desastre medioambiental, aumentando la producción de CO2, y en consecuencia la perdida del ozono y el aumento de la contaminación, de la que el automóvil es el primer responsable. Y además acabaría con la ciudad tal cual la conocemos y amamos en Europa, sustituida por el modelo de la ciudad de EEUU, poco atractiva realmente. 

Y ya que hablamos de convivencia y consumo, nos vamos a fijar en otro ejemplo (ya es el último, perdonar): La construcción de las catedrales del consumo o grandes superficies comerciales y de ocio, sustituyendo a los mercados municipales y calles de paseo, comercios, terrazas, etc. El neoliberalismo, como religión fundamentalista social, tiene sus catedrales e iglesias, donde los feligreses se reúnen arrobados y entontecidos, con el nuevo opio del pueblo. Estas grandes superficies, propiedad de empresas en contante fusión, concentran entre sus muros enormes cantidades de artículos de consumo, colocados arteramente con el propósito de agravar la pasión consumista que sufrimos los clientes, (ahora si se puede emplear esta palabra), atacados ya previamente por las campañas constantes e inevitables de la publicidad, a través de los medios de comunicación social. En los “altares” convenientemente colocados, en ofertas casi irresistibles, el fiel consumista, se inclina ante las cosas, que le van a hacer más feliz, un instante o dos siguientes a su posesión y sucumbe, sucumbimos adquiriendo lo que “necesitamos” y lo que no necesitamos de ninguna manera, llenado el carro que  oportunamente  nos han colocado cerca del coche. Si además en estas superficies se establecen comercios de moda, farmacias, restaurantes y cines, el ciudadano, los jóvenes y los ancianos, abandonan la sana costumbre de andar por la calle, por los parques, hablar con los vecinos, los vendedores del pequeño comercio, tomar el aire, y van semanalmente a estos centros a pasar el día, para beneplácito del mercado que tiene a sus fieles recogidos y a buen recaudo. 

De esta manera la obligación municipal de contar con un mercado, de disponer de espacios ciudadanos para la convivencia y el ocio, de calles sin obstáculos para el paseante, está siendo sustituido por estos Centros, con el beneplácito de muchos ciudadanos que se sientes en ellos al abrigo del tiempo atmosférico y seguros ante robos o agresiones, dada la vigilancia de los guardas privados. El Ayuntamiento hace un excelente negocio, pero ha claudicado en su obligación de prestar estos servicios. 

De hecho en muchos municipios  y no solo los gobernados por la derecha, el esfuerzo municipal por dotar a la ciudad de espacios de convivencia, de centros culturales, deportivos y de ocio creativo, han dejado de producirse hace años. Y los que aun quedan están sometidos seriamente a un proceso de privatización  y quizás venta en un futuro no muy lejano. Hay desde luego excepciones afortunadamente y comprobamos que incluso son premiados con un abundante turismo interior, como sucede con Barcelona, Salamanca, etc. 

Sin embargo hay que recalcar que aun ahora, las leyes vigentes en el marco local, no sólo obligan a los Ayuntamientos a prestar determinados servicios, concediendo a los vecinos verdaderos derechos subjetivos que permiten exigir ante los Tribunales su prestación, sino que incluso establece una reserva  de ley para los esenciales, tales como abastecimiento y depuración de aguas; recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos; suministro de gas y calefacción; mataderos, mercados y lonjas centrales; transporte público de viajeros y servicios mortuorios. 

Se puede afirmar que muchos de estos servicios están concedidos legalmente a la empresa privada. Es cierto que la Ley prevé, simple desde 1924 lo ha previsto la posibilidad de conceder la ejecución del servicio a la empresa privada, pero ello requiere el cumplimiento de un requisito esencial, entre otros y es que el Ayuntamiento no pierda el control de la concesión. En el momento actual se están haciendo cargo de estos servicios, agua y basuras por ejemplo empresas tan fuertes, tan gigantescas que muy pocos municipios y concejales pueden realmente resistir; y a esto ya de por sí grave, hay que añadir, la tendencia constante de las Empresas a vulnerar la regla de la competitividad del mercado, mediante políticas monopolísticas, bien mediante fusión, uniones temporales de empresa, o por cualquier otro medio, con lo que ciertas empresas dominan ya claramente, por ejemplo el mercado municipal de los residuos sólidos urbanos, moviendo miles de millones de pesetas. 

Y no contentos con esta situación, a través de diversas instancias internacionales, se pretende la desregulación total de los servicios públicos, desmontando el sistema de garantías de salud, educación, vivienda, etc., lo que llevará a las grandes multinacionales a la apropiación de todos los servicios y en consecuencia, a la desaparición de la democracia y del poder local en todos los municipios de la Tierra y en consecuencia a la  creciente desigualdad de los ciudadanos. 

Para terminar señalar que además, la Ley vigente exige a las entidades locales, la promoción de toda clase de actividades y la prestación de cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 

Y que como determina la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 1992, “Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales…con sometimiento pleno a las Constitución, la Ley y el Derecho”. Y rigen su actuación por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos. 

Y esto es lo que debe quedar claro, desde el punto de vista social y político: Las Administraciones Públicas existen y se justifican sólo y exclusivamente en función de la defensa del interés general de todos los ciudadanos, no de una parte, ni de determinados intereses particulares o sectoriales. 

El mercado sólo aparentemente libre y plenamente planificado por las multinacionales, el mercado que se considera infalible, en una palabra, el Dios Mercado, somete al individuo a la Ley de la Selva, arrojando por la borda milenios de civilización y racionalidad y dejan sin razón de ser no solo a los partidos políticos, sino a los Gobiernos, que poco a poco van perdiendo todo su poder, frente a las grandes organizaciones económicas y frente a las multinacionales. 

Hay que recordar que la Constitución Española, propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, no el Mercado, ni el neoliberalismo, ni la lucha económica de todos contra todos, sino la libertad, junto con la justicia, la igualdad el pluralismo político y reconoce como titulares del poder y la soberanía la pueblo español.