Info DpT
Precariedad



Usuarios solicitan la readmisión del Comité de Empresa de las Limpiezas del Hospital Ramón y Cajal de Madrid


Coordinadora de Plataformas de Usuarios de Madrid en Defensa y Mejora de la Sanidad Pública (26 de Septiembre de 2002)

El mes de julio pasado, la empresa privada Ferrovial-Eurolimp -contratada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid para encargarse de la gestión de las limpiezas del Hospital Ramón y Cajal-, despidió a 10 de l@s 13 integrantes del Comité de Empresa bajo la falsa acusación de impedir que se limpiara el material clínico quirúrgico de un quirófano, respondiendo la plantilla con la huelga y las despedidas con una huelga de hambre del 23 al 31 de julio. El 16 de septiembre, el conflicto se ha reavivado ante la negativa de la empresa a reconsiderar su actitud.

La causa inmediata de este conflicto se halla en el intento de la contrata -con el beneplácito de la dirección del hospital y de la Comunidad de Madrid-, de ampliar en más de 4.500 m2 la superficie a limpiar, tras las obras de la "nueva urgencia" del hospital referido, e incluir la limpieza del mobiliario clínico -hasta entonces asignada a personal sanitario, como son las auxiliares de enfermería-, sin contemplar un aumento de la plantilla de limpiezas ni proceder a la formación necesaria de la misma en las nuevas tareas a realizar. De esta manera, Ferrovial incrementa sus beneficios -aumenta sus ingresos por la ampliación de funciones y superficie a limpiar, y mantiene sus gastos al no contratar el personal preciso-, y la Gerencia del Hospital puede disminuir sus gastos -al tener justificación para reducir la plantilla de auxiliares de enfermería por disminución de su volumen de trabajo-, mientras el gobierno de la Comunidad se inhibe de sus responsabilidades de garantizar un servicio de calidad con seguridad para población y trabajadores.

La actitud del Comité de Empresa y de la plantilla de limpiezas fue denunciar esta situación, e intentar garantizar que su trabajo se realizase respetando la higiene y la salud pública, y sin menoscabar derechos laborales y el convenio colectivo al que están sujetos, haciendo responsables a Ferrovial, a la gerencia del hospital y a las autoridades sanitarias de la Comunidad de los retrasos que pudiesen producirse en la limpieza y de los riesgos que pudiesen derivarse para la seguridad de pacientes, visitantes y trabajadores del Hospital Ramón y Cajal. La respuesta del bloque Ferrovial -en tanto Gerencia del Hospital y gobierno de la Comunidad miraban hacia otro lado- fue despedir al Comité, no por no hacer su trabajo sino, como puede comprobarse, por hacerlo bien.

En el fondo de este conflicto se sitúa la política de fraccionamiento y privatización de la sanidad pública, siendo unas de sus expresiones la externalización y subcontratación de servicios o la cesión de los mismos a entidades privadas, que sólo buscan la rentabilidad económica de sus inversiones. La privatización sanitaria, al anteponer los beneficios económicos privados a los beneficios sociales, facilita la desregulación laboral e impone una política de abaratamiento de costes, permitiendo disminuir plantillas, alargar jornadas, no ser tan rigurosos con la preparación de los trabajadores y pagar salarios inferiores, lo que se traduce en un aumento de las cargas y ritmos de trabajo por unidad de tiempo, y en la inevitable pérdida de calidad del trabajo realizado, aumentando los riesgos sanitarios para la población y su indefensión.

El conflicto de limpiezas del Hospital Ramón y Cajal es la expresión de las resistencias de unos trabajadores a este proceso de privatizaciones y de transferencia de fondos públicos a bolsillos privados, proceso que ha visto acelerado su ritmo con la reciente aprobación de la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (LOSCAM) y su desarrollo inicial a través del Plan de Calidad, siendo ambos un buen exponente de la alianza del gobierno del PP de la Comunidad con las grandes empresas privadas.

El despido del Comité de Empresa de limpiezas del Hospital Ramón y Cajal pretende ser una "lección ejemplar" y un aviso para la actuación futura de los trabajadores y sus representantes. Poco ha importado al gobierno de la Comunidad vulnerar leyes fundamentales de libertad sindical -reproduciendo una situación laboral predemocrática-, si ello permitía privatizar en silencio y sin que se genere alarma social. Debe tenerse en cuenta que el gobierno de la Comunidad precisa de ese silencio para evitar que los trabajadores de la sanidad y la población se unan para hacer frente al proceso de privatizaciones, siendo el aislamiento de ambos sectores la única vía que puede permitir al gobierno intentar derrotar primero a los trabajadores y después a la población.

En consecuencia, esta Plataforma de usuarios llama a romper ese aislamiento y exige la readmisión del Comité de Empresa despedido, así como el restablecimiento de las libertades vulneradas y de todos los derechos civiles, como medio de defender y mejorar la sanidad pública.