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OMC/AGCS



Por la defensa de los Servicios Públicos frente a las maniobras de la Organización Mundial del Comercio (OMC)

1 de Noviembre de 2002. Plataforma para la defensa de los Servicios Públicos: Acsur- Las Segovias, Attac, Casapueblos, CGT, Comisión Salud y Antiglobalización, Cristianos Por el Socialismo, Derechos para Tod@s, Ecologistas en Acción, Espacio Alternativo, FSAP-CC.OO., FSP-UGT, Intermón, Red Anticapitalista, Sodepaz, STES.

De espaldas a la ciudadanía, rodeado del más absoluto secretismo, en connivencia con las grandes transnacionales, vulnerando los más elementales principios democráticos de información y participación en la toma de decisiones por parte de la sociedad civil y sus representantes, y con gran rapidez (a finales de marzo de 2003 se completará la primera fase del proyecto, que se pretende concluir para diciembre de 2005), se está gestando un proceso cuyas consecuencias son trascendentales para la sociedad, dado que su objetivo final es la privatización de todos los servicios (exceptuando los bancos centrales, la policía, la justicia y el ejército) en todos los países.

Esta meta viene declarada abiertamente en el denominado Acuerdo General de Comercio de Servicios(AGCS), encuadrado dentro de la Organización Mundial del Comercio(OMC), y que por lo tanto obliga a su cumplimiento a todos sus signatarios(que son la práctica totalidad de los países, incluyendo España). Resulta clarificador que el Ministerio de Comercio de los EEUU defina el AGCS como "el acuerdo diseñado para reducir o eliminar aquellas medidas gubernamentales que impidan que los servicios sean suministrados "libremente" por encima de las fronteras nacionales",lo que equivale al sometimiento pleno de los mismos a las leyes del mercado para facilitar su acaparamiento por las multinacionales.

La novedad de este Acuerdo no estriba en la liberalización y privatización de servicios (cosa que ya vienen haciendo muchos gobiernos, entre ellos el nuestro ) : Correos, Telefónica, Transmediterránea, Iberia ,Autopistas , etc.) sino en que otorga a este proceso un marco institucional, con compromisos formales que se aplican a todos los países de la OMC y a los que deben subordinarse las políticas nacionales y tratados internacionales existentes, sin fijar límites a la extensión y duración del proceso (hasta alcanzar la privatización total ) y estableciendo unas normas que lo hacen irreversible en la práctica.

Lo más grave del AGCS es que abarca también los servicios públicos o prestados por el sector público (sanidad, pensiones, educación, transporte, telecomunicaciones ,suministro de energía, agua, gestión de residuos, medio ambiente, etc) en todos sus niveles : administración local, provincial, autonómica, estatal, supranacional..., obligando a las correspondientes administraciones a eliminar todas aquellas normas y políticas tendentes a una adecuada regulación y financiación de estos servicios esenciales( cuyo acceso universal y tratamiento igualitario representa uno de los derechos sociales más significativos alcanzados por la ciudadanía en la historia) que puedan considerarse"restrictivas" o "innecesarias" para el "libre comercio" de los mismos.

Claro está que la Unión Europea ( UE, cuyos miembros actúan de manera conjunta en este proceso y vienen representados por la Comisaría de Comercio), junto con los EEUU y otros países del G-8 impulsan decididamente el AGCS como el modo más idóneo para conseguir que sus respectivas multinacionales se apoderen de un sector de negocio tan apetitoso que representa el 50% de la economía mundial, estimándose el "mercado" de los servicios de sanidad en 3,5 billones de dólares anuales, el del agua en 1 y el de educación en 2 .Incluso se utilizan fondos públicos para este fin (como en el caso de la UE), siendo esto especialmente patente en los países del tercer mundo donde todavía estos servicios pertenecen al sector público o no se han desarrollado. El caso de España es significativo, ya que sus principales empresas transnacionales :Telefónica, BBVA, BSCH, Iberia, Repsol, Aguas de Barcelona...están fuertemente implantadas en la gestión y explotación de los que fueran servicios públicos de América Latina.

Las consecuencias de esta política de desmantelamiento de los servicios públicos han sido hasta ahora el empeoramiento del nivel de calidad del servicio (afectando incluso a la seguridad de los usuarios, como en los ferrocarriles ingleses), el incremento de los precios (lo que impide el acceso a los mismos a las poblaciones de menores ingresos), y la degradación medioambiental y los despidos masivos (debidos al deseo de abaratar los costes al máximo).

Las medidas que impone el AGCS trascienden el aspecto puramente económico y afectan directa y negativamente a derechos personales y sociales inalienables, cuya pérdida iría en contra del interés público y de la democracia en sí.

Consideramos que los servicios públicos, que permiten atender a las necesidades sociales básicas de la población, no pueden ser sometidos a las leyes del mercado y que por su propia naturaleza no deben ser liberalizados ni privatizados. Exigimos por ello la exclusión de este tipo de servicios del AGCS y hacemos un llamamiento a toda la sociedad civil: asociaciones, partidos, sindicatos, ONGs, etc., y personas interesadas en la defensa y mejora de los servicios públicos para llevar a cabo urgentemente una movilización social, cultural y política amplia para detener esta agresión, que pretende ser definitiva, en sintonía con las acciones que se vienen haciendo en otros países.

Para ello entendemos que es fundamental informar ante todo a la sociedad del contenido del AGCS y de sus consecuencias sobre la vida cotidiana, así como establecer los cauces oportunos para hacer llegar a los responsables políticos nuestro malestar y la exigencia de paralizar el proceso, realizar una evaluación completa de los efectos del mismo y reconducirlo de acuerdo con las necesidades y deseos de la mayoría de la población, libremente expresados , a fin de hacer prevalecer el interés público y los aspectos humanos y de desarrollo sobre los estrictamente comerciales.

LOS SERVICIOS PUBLICOS NO SON UNA MERCANCÍA. LOS SERVICIOS PUBLICOS SON UN DERECHO Y NO UN NEGOCIO. OTRO MUNDO ES POSIBLE Y NECESARIO