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Globalización,
grandes infraestructuras y Medio Ambiente
La política en materia de infraestructuras viene definida en los Planes Directores de Infraestructuras, donde se recogen todas las grandes obras que el Gobierno pretende llevar a cabo. En él se incluyen autopistas, autovías, líneas de tren de alta velocidad, puertos, aeropuertos , infraestructuras hidráulicas y el desarrollo de redes energéticas (líneas de alta tensión, gaseoductos,... ); potenciando la interconexión y el reforzamiento de las redes transeuropeas. Este afán constructivo, viene justificado (en palabras del Gobierno) por el incremento de la competitividad que exige hacer frente a los retos de la globalización y de la integración europea. Buscando un esfuerzo para dotar y cualificar los factores productivos que permitan a la economía española competir en términos de igualdad. El proceso de la globalización consiste en buscar una mayor interconexión económica, financiera y comercial entre las diversas zonas geográficas del planeta. Interconexión que ha sido posible gracias al desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y el abaratamiento de los transportes. La globalización económica se dirige bajo los dictados de neoliberalismo impuesto a escala mundial a través de las instituciones económicas y financieras (BM, FMI, OMC,...). Esta apertura total de los
mercados exige una gran movilidad de materias primas y manufacturas por
tanto se requiere de la creación de nuevas infraestructuras todas
ellas de carácter insostenible. La causa esencial de esa insostenibilidad
en el terreno del transporte, es la enorme expansión de la movilidad motorizada, producida a caballo de la construcción y consolidación
del Mercado Único y generosamente subvencionada por los fondos
comunitarios, en especial a sus modos más caros y más impactantes
(Carretera, Avión, Tren de Alta Velocidad), se incrementa el consumo de energía convencional, aumentando la contaminación (este
sector es uno de los que más contribuye a las emisiones de CO2
además es el sector donde más crecen) y por tanto agravando
el problema del cambio climático. Se producen desequilibrios fuertes en las economías regionales ya que la construcción del Ave
y el consiguiente abandono de las líneas férreas tradicionales
supone el aislamiento de pequeñas comunidades y pueblos. Finalmente
es importante constatar que se requiere de gran cantidad de recursos no
renovables y renovables aumentando la presión existente en los
ecosistemas que los albergan. Estos proyectos tienen como resultado inmediato el incremento del consumo energético y de la contaminación atmosférica. Además de la parcelación de la región, suponiendo barreras para la fauna y la generación de un crecimiento desbocado de movilidad motorizada privada. Las grandes infraestructuras del trasporte favorecen la penetración económica y la concentración en grandes centros de producción, con la consiguiente destrucción de economías locales. El otro capítulo pendiente en cuanto a grandes infraestructuras se refiere son las obras de embalses y trasvases. El Plan Hidrológico Nacional aprobado por el Gobierno ha sido diseñado a medida del modelo de globalización; basado en una política de oferta (con la construcción de 110 grandes embalses, el recrecimiento de una docena y trasvases desde la cuenca del Ebro y del Guadiana) y en el uso del agua en las actuaciones económicas más rentables (principalmente en agricultura intensiva de regadíos y los cultivos bajo plástico, turismo,..) pero ambientalmente insostenible (uso de plaguicidas, destrucción de acuíferos, modificación de ecosistemas,..) y socialmente injusto (desestructuración del territorio apostando por una España costera en detrimento del interior, importación de mano de obra emigrante ilegal para el trabajo, inundación de pueblos ,y ya son más de 400 los que se encuentran bajo las aguas; destrucción del patrimonio histórico y cultural,...). Las alternativas pasan por apostar por una "Nueva Cultura del Agua" basada en el uso racional del recurso a través de una gestión apropiada de los recursos subterráneos, el incremento de la eficiencia en la utilización (inversión en modificación de técnicas de regadío), una disminución de las pérdidas (actualmente van desde el 40 al 60 % según cuencas); una política de precios que incluya los costes reales de obtención y depuración y se ajusta a un sistema de bloques que garantice un mínimo a bajo precio y penalice el consumo excesivo. Y una gestión de la demanda que imponga la depuración y reutilización de todas las aguas. Por último, las grandes infraestructuras energéticas, la política en este sector se centra en la masiva construcción de centrales térmicas y de redes energéticas (líneas de alta tensión, gaseoductos,...). Proliferan los proyectos de nuevas centrales eléctricas fuera de cualquier planificación, gracias a la liberación del mercado y la búsqueda del abaratamiento de los precios como estímulo al consumo. Este aumento de la oferta y la no internalización de los costes ambientales supone el crecimiento desbocado de la demanda de electricidad (7% anual, mientras el PIB crece entorno al 3,5%) el abandono de las políticas de eficiencia y ahorro energético con los graves problemas ambientales de contaminación atmosférica que esto conlleva. Las redes transnacionales de interconexión pretenden aumentar la conexión con nuestros vecinos. Así las interconexiones eléctricas con Marruecos y Francia permitirán el mantenimiento de la industria nuclear francesa y la exportación de centrales contaminantes y peligrosas a países terceros. Una mayor dependencia energética, una falsa política de precios que no incluya las externalidades y el abandono del uso de recursos locales (fuentes renovables) como apuesta decidida de futuro. |