El ministro de Defensa, Federico Trillo, se negó a amnistiar a los pacifistas encarcelados antes de 2002, pero actualmente siete jóvenes continúan presos cumpliendo condena de 2 años y cuatro meses de prisión. Su futuro ya es casi cuestión de trabalenguas: El insumiso está encarcelado, ¿quién lo desencarcelará?...

Tres de ellos están en la Cárcel Militar de Alcalá de Henares; dos en la Prisión Provincial de Bilbao, uno en el Centro Penitenciario Tenerife 2 y otro en el Centro Penitenciario Cáceres 1. Ninguno de ellos ha pedido el indulto, y las condenas de casi todos finalizan en el año 2003, excepto la de uno, que lo hace en 2004. Como consuelo, al menos, y ya que no tienen otra cosa que hacer, pueden sentarse satisfechos a contemplar las dificultades de Defensa en el proceso de profesionalización del Ejército: 0,4 aspirantes por plaza ofertada, y eso que ya han buscado hasta debajo de las piedras.

Los insumisos reclaman una amnistía y que se les indemnice

La Vanguardia (Barcelona, 7 de Enero de 2002)

La Assemblea Antimilitarista de Catalunya, principal entidad que agrupa a los insumisos catalanes, considera insuficiente la disposición del Gobierno para indultar a los 4.771 jóvenes que mantienen, tras el fin del servicio militar y de la prestación social sustitutoria (PSS), procesos abiertos por negarse a cumplir alguna de estas dos obligaciones, tal como ayer informó este diario. Esta organización reclama una amnistía general -no indulto, que debe ser solicitado caso por caso- que incluya a los siete jóvenes que siguen en prisión acusados de deserción; la revisión y archivo de todos los casos de insumisos inhabilitados a lo largo de estos años, que calculan que superan los diez mil; que se estudie la posibilidad de indemnizarles por el perjuicio que se les ha causado, de un modo similar a como se hizo con los ex presos del franquismo, y, finalmente, que se elimine el delito de insumisión del Código Penal, "por la absurdidad que representa mantenerlo una vez ha
desaparecido la causa", indicó ayer el portavoz Jaume Llansó. Se trata de una serie de medidas sin las cuales, afirmó, "no puede considerarse definitivamente cerrada la etapa del servicio militar".

Llansó justificó las demandas de la Assemblea Antimilitarista de exigir medidas más radicales afirmando: "Los insumisos hemos sido un colectivo que hasta ahora ha tenido unas penalizaciones muy fuertes, que mucha gente aún está sufriendo". Y recordó que, desde que se produjeron los primeros casos de insumisión en los años 80, más de un millar de jóvenes han estado en prisión por esta causa, llegándose al máximo entre los años 1994 y 1995, en los que el número de insumisos encarcelados llegó a 384. El portavoz de la asamblea también criticó la tibieza de las medidas previstas por el Gobierno. Así, recordó que el Ejecutivo "únicamente ha suspendido, no abolido" el servicio militar, reservándose la posibilidad de volverlo a implantar.