Colombia: ¿Un Estado de Excepción?

Horacio Duque (Bogotá, 11 de Agosto de 2002)

No cabe duda. Colombia inicia el siglo XXI plenamente integrada al marco de la globalización capitalista impulsada por las Corporaciones Multinacionales del Primer Mundo y los grupos financieros que controlan el mercado de capitales en el planeta. En ese contexto, son otros los términos de la acumulación capitalista y de las políticas economicas. También es otro el cuadro de la dominación de clase: una burguesía globalizada -petroleros, narcos, gerentes de compañias extranjeras, tecnocratas, generales y capitalistas del agro- ejerce la hegemonía política en detrimento de aquella que prosperó en el último medio siglo, con la protección y los subsidios estatales y de los dueños de la hacienda tradicional y que se refugia en el llamado oficialismo liberal. Tenemos, pues, un bloque dominante homogeneo y bajo el liderazgo del nuevo Presidente de Colombia, Alvaro Uribe Velez (AUV).

Estamos ahora en el diseño del nuevo retablo político. Todo indica que AUV se propone dar forma a un Estado de Excepción. Al juntar todas las piezas de la nueva estrategia gubernamental, ampliamente difundida por el Ministro del Interior, lo que se obtiene es una nueva institucionalidad caracterizada por la represion abierta y profunda. Crecerá en adelante el poder del Ejecutivo y la acción represiva del Estado, que se convertirá en verdadera columna vertebral de la nueva estructura de dominación interna, puesto que sólo con base en este sistema represivo se puede llevar la explotación de los sectores asalariados y populares hasta las últimas consecuencias necesarias, a la vez que sólo por este expediente se puede liquidar la resistencia de las fracciones burguesas marginadas.

El puzzle uribelesco hacia el Estado de Excepción comprende: replanteamiento del aparato ideológico,las redes de inteligencia, el nuevo marco juridico, los aprestos fiscales, la modificación del modo de representación y de organización política de clase y la aplicación de una nueva reforma estatal.

El primer paso ha sido esencialmente ideológico. Se ha dado con tanta precisión que terminó ensamblado con la funcion represiva del Estado. La version e interpretación de la autoridad dada por el nuevo Presidente no disimula las garras de un estado policiaco y fascista. Como por arte de magia aparece a renglón seguido la monstruosa Red del millón de informantes, que complementará la Central Nacional de Inteligencia -CENIT- a cargo de quien será nuestro Vladimiro Montesinos, el señor Pedro Juan Moreno, un espinoso personaje con turbios antecedentes en el tráfico de drogas y mano derecha de AUV. Los nuevos frentes del Plan Colombia cuyos recursos americanos han sido flexibilizados para que se puedan utilizar en la lucha contrainsurgente, potenciaran toda la tarea represiva y violenta del nuevo Gobierno.

La autoridad, convertida en eje de la nueva ideología oficial, viene a legitimar la represión. Un cuarto del discurso de posesión de AUV dedicado al tema de la autoridad, con lirica evocación a Bolivar y Santander,muestran la dimensión de la reorganización en curso de la ideología dominante. La nueva ideologia es represora y la represión tendrá su escudo ideológico en la autoridad.

Los cambios en el sitema juridico alcanzaran al doble papel del derecho. De un lado, el Ministro del Interior ha proclamado la revisión de aspectos sustantivos de la Constitución Política que regula el ejercicio del poder político por los aparatos de Estado y el acceso a esos aparatos por medio de un sistema de normas generales, formales, abstractas, estrictamente reglamentadas. El paquete de reformas constitucionales es amplio y comprende modificaciones a los estados de excepción para regresar a la desgastada figura del Estado de Sitio, la eliminación de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura, del Consejo de Estado, de las contralorias y de la Defensoria del Pueblo. Todos estos cambios deben regularizar, en el seno de los aparatos de Estado, las relaciones del bloque en el poder compuesto de diversas clases y fracciones dominantes, organizando la hegemonia del nuevo nucleo de la burguesia globalizada sobre las otras fracciones, sin afectar la esencia del Estado.

Por supuesto, estos cambios constitucionales aseguraran la imposibilidad del acceso al poder de los sectores populares, a la vez que les crea la ilusión de que tal acceso es posible. Por la sencilla razón de que este derecho regula igualmente las formas de ejercicio del poder respecto de las masas populares: la represión fisica organizada se realiza de acuerdo con las reglas fijadas.

Del otro lado, los anuncios en materia de recortes a los derechos y libertades individuales, en el marco de las nuevas teorias de la seguridad como un bien público según el neoinstitucionalismo en boga, que implica sacrificios de los derechos fundamentales, auguran el reino de la arbitrariedad porque el derecho ya no será el que nos regule hacia adelante.

En medio de la aguda inestabilidad política que propicia la crisis colombiana, el nuevo grupo dominante preserva asi una gran "libertad de acción" para restablecer las relaciones de fuerza en el seno del bloque en el poder, caracterizadas por una alta volatilidad.

La reforma tributaria para pertrechar con 15 billones de pesos al ejército; el ajuste fiscal, para bajar el riesgo pais y tranquilizar los dueños de nuestra deuda externa; la reducción de las pensiones y la reforma laboral para reforzar la explotación laboral, tienen el objetivo de despejar los terminos de acumulación del capitalismo globalizado y facilitar mayor concentración de la riqueza.

Hace fila tambien la modificación del modo de representación y de organización de clase. El 7 de agosto, el propio AUV radicó en el parlamento, el Proyecto de Ley para convocar un Referendo sobre un Acto Legislativo que pretende reorganizar la rama legislativa y la función electoral, que tiene la misma factura conservadora de las medidas mencionadas arriba.

Parapetado en el descredito del poder legislativo, centro de la vagabunderia clientelista y de la corrupción desenfrenada, la misma que campea en el Ejecutivo, el señor AUV, con una larga trayectoria en ese mismo parlamento como miembro del desacreditado oficialismo Liberal, y con una tupida red de parientes en esa misma institucion, pretende ahora reducir el Congreso Nacional y establecer un nuevo sistema electoral excluyente. El resultado de esta reforma política no será otro que el fortalecimiento absoluto del poder Ejecutivo y el máximo debilitamiento del Parlamento, como consecuencia inevitable de una situación en la que la homogeneizacion del bloque dominante ha determinado el agotamiento de la institucion parlamentaria como instancia en que fracciones de la burguesía podían dirimir publicamente sus diferencias. De hecho, en las condiciones de la nueva modalidad de acumulación, queda poco o nada por dirimir, puesto que las medidas pertinentes a las transformaciones que imponen los nuevos objetivos económicos obedecen a los intereses casi exclusivos del nuevo núcleo burgués dominante, del cual se excluye toda fracción distinta a la burguesia globalizada. Por ello, toda la nueva política no puede más que ser arbitrada por un ejecutivo fuerte y autoritario.

Con la nueva reforma política, en perjuicio del Congreso, aumenta el poder del ejecutivo y la acción represiva del Estado, que se convierte en la esencia de la dominación interna.

No es cierto que lo que se quiera es fortalecer la democracia (?) colombiana, ni mucho menos acabar con la "politiqueria" tan denostada por el Presidente. El objetivo es tener un parlamento de bolsillo que no interfiera la gestión política de los grandes negocios anclados en el Ejecutivo.

Por último, la anunciada reorganización del Estado, para eliminar Ministerios y fusionar otras entidades, a partir de las facultades otorgadas al Ejecutivo, hace parte de una política de Estado cuya raiz no proviene de las necesidades sentidas y manifiestas de la sociedad colombiana, sino que es una propuesta surgida del acatamiento interno a las recomendaciones del Banco Mundial, a las exigencias del FMI y a las propuestas de lo que se ha llamado el consenso de Washington (reunión de empresarios, políticos e intelectuales de los paises desarrollados y de los estados dominantes). Esta reforma del Estado, que ya se esta implementando, esta asociada a tendencias sociopoliticas contrarias al interés nacional y es tan modernizadora como conservadora. Sus ejes son mantener a toda costa la estabilidad económica y monetaria del modelo neoliberal, la inserción acrítica y subordinada de nuestro país, o parte de él, a la globalizacion del capital, asi como sostener una gobernabilidad entendida como aumento del control político y de las políticas de control social de la población.

La nueva reforma neoliberal del Estado, el cambio de sus funciones, su perdida de proyecto nacional, de la propiedad y del control de empresas públicas, y la modificacion y reduccion del gasto social se asocia al desarrollo de tenocracias financieras y administrativas (tipo Hommes, Junguito, Restrepo, Carrasquilla, Clavijo, etc) fortalecidas por el control de las instituciones estatales de hacienda, crédito público y del Banco de la República, las cuales al carecer de proyecto y responsabilidad nacionalista han desarrollado un interés especial por dominar el poder político para hacer negocios, para aprovecharse de distintas formas de acumulacion fácil ligadas a actividades juridicamente licitas, y otras ilicitas como el contrabando y el narcotráfico. Dichos grupos de poder han logrado erigirse tambien en ejes de procesos interno de acumulación via la apropiación de las politicas económicas del Estado y se han convertido en intermediarios politicos de los organismos financieros mundiales, de los grupos capitalistas trasnacionales y de los proyectos de los estados mundialmente dominantes.

Cada operacion de privatización, de autorización al ingreso de capitales o de préstamo internacional significa una tajada del 5 o de 10 % para esos tecnocratas y una asociación patrimonial con nuevas empresas subsidiadas. Por eso la importancia que tienen ahora los gabinetes economicos y las juntas directivas del Banco de la República. Se trata de verdaderas oligarquias políticas autoreferidas que buscan perpetuarse sobre la base de su función intermediaria y que recurrentemente tienden a desplazar del poder y la política a grupos de la clase dominante tradicional y de la nueva oposicion democrática popular. Estas tecnocracias intermediarias han hecho de la reforma del Estado y del ajuste estructural el eje ideológico de su política.

En todo caso, la dominación de clase que encarna el señor AUV, a la que servirá el nuevo aparato estatal que surja de la reforma, va a determinar, en consecuencia, las caracterisiticas de la estructura organica de dicho aparato, la dimensión fisica y funcional de sus dependencias, el número y atribuciones de sus funcionarios y fundamentalmente, el sistema de jerarquia y subordinaciones en su interior, lo que equivale decir la organizacion y administracion del poder en el interior del poder estatal. De este modo la centralización del poder en manos del Ejecutivo encuentra su mejor expresión en el aumento cualitativo y cuantitativo de las dependencias bajo su control directo.

Son, entonces, las piezas del nuevo modelo político del señor AUV, que reunidas dan forma a un tipico Estado de excepcíón.

El Gobierno declara el estado de Conmoción Interior

"El Tiempo.com" (Bogotá, 11 de Agosto de 2002)

Puede implicar limitaciones a las libertades individuales. Se aprobó un impuesto al patrimonio que permita recaudar 2 billones de pesos para los
organismos de seguridad del Estado. El ministro del Interior, Fernando Londoño Hoyos, retó a la Corte Constitucional y dijo que "es inimaginable"
la inexequibilidad de esta Conmoción Interior.

El nuevo gravamen equivale al 1.2 por ciento sobre el patrimonio líquido y recae sobre empresas y personas que declaran renta.

Se busca con esto financiar los gastos de los organismos de seguridad del Estado contemplados en el proyecto de Presupuesto Nacional en el 2002 y 2003 y que no tenían financiamiento. Esos recursos también se destinarán para gastos que requiera la estrategia de seguridad nacional.

Este lunes se firmará el decreto en el que se establece la asignación de recursos presupuestales.

Al hacer públicamente el anuncio de la declaratorio del estado excepcional, el ministro Londoño lo justificó "por la insuficiencia de los recursos y
medios ordinarios que el país tiene en tiempos de relativa normalidad, para contrarrestar los graves hechos de orden público de las últimas semanas".

Entre los últimos hechos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) burlaron la extrema seguridad que se había organizado para la
posesión del presidente Álvaro Uribe, el pasado 7 de agosto. Dos cohetes explotaron contra la Casa de Nariño en momentos en que Uribe ingresaba al Capitolio Nacional para tomar juramento.

Uno de los 15 proyectiles que lanzaron los guerrilleros ese día contra diferentes sitios de Bogotá estalló en la 'Calle del Cartucho', en donde
murieron 16 indigentes. Otras cinco personas murieron en diferentes lugares.

Más pie de fuerza

A su vez, la ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, anunció el ingreso de 100.000 nuevos policías y soldados de apoyo, 10.000 agentes nuevos de Policía y 2 nuevas brigadas móviles de 2.500 a 3.000 hombres.

Los recursos del nuevo impuesto se emplearán en parte para esta ampliación del pie de fuerza, para mejorar la dotación y los mecanismos de inteligencia y ampliar el apoyo de fiscales, procuradores especiales, defensores de oficio, Policía Judicial y de la Defensoría del Pueblo.

El proceso

Para declarar el estado de Conmoción Interior, Uribe convocó desde las primeras horas de la mañana de ayer a un Consejo de Ministros en el que
inicialmente solo se tenía pensado analizar la conveniencia de esta medida.

El Presidente decidió no dar más espera para acudir a esta figura, consagrada en el artículo 213 de la Constitución para enfrentar la situación
de orden público, agravada por los actos de terrorismo en las ciudades.

El decreto redactado anoche justifica su declaratoria a raíz del crecimiento del poder ofensivo de los grupos al margen de la ley en aspectos como el uso de la tecnología para sus actos terroristas.

De acuerdo con la Constitución, Uribe y sus ministros deben usar argumentos que demuestren que la situación no puede ser controlada mediante las facultades ordinarias de policía.

El Gobierno cuenta hasta mañana para enviar a la Corte Constitucional el texto de la declaratoria y de los decretos expedidos al amparo de la
Conmoción, con el fin de que este tribunal evalúe su constitucionalidad.

A través de la Conmoción, la administración puede modificar el presupuesto e "imponer contribuciones fiscales o parafiscales para una sola vigencia fiscal, o durante la vigencia de la conmoción, y percibir contribuciones o impuestos que no figuren en el presupuesto de rentas (...)", según el artículo 38 de la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción.

El Gobierno necesita recursos para crear tres nuevas brigadas móviles del Ejército, implementar la anunciada red de soldados y policías de apoyo
-integrada por ciudadanos que recibirán una remuneración inferior a un salario mínimo- y financiar 1,2 billones de pesos que hacen falta para
garantizar el funcionamiento de las Fuerzas Armadas en el presupuesto del próximo año.

Para cumplir con estos propósitos, el Gobierno expidió decretos de tipo económico amparados en la Conmoción Interior.

Con esta declaratoria con la que se estrena el gobierno de Uribe, son seis los Estado de Conmoción Interior decretados a la luz de la Constitución de 1991. Hasta ahora, tres de ellos han sido respaldados por la Corte Constitucional y dos han sido fallados inexequibles.