1) TRAS 15 DÍAS DE HABERSE ALERTADO DE MANERA TEMPRANA SOBRE LA INMINENCIA DE ATAQUES CONTRA LA POBLACIÓN CIVIL LAS AUC ASESINAN A 37 CAMPESINOS EN EL AREA DE COMANDO BAJO EL MANDO DEL BRIGADIER GENERAL FRANCISCO RENE PEDRAZA.

Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos FCSPP, Equipo Nizkor; Derechos Human Rights y Serpaj Europa (17 de abril de 2001)

Como lo informamos ampliamente en la "Acción Urgente Alto Naya, Departamento del Cauca" con fecha miércoles 11 de Abril, un numeroso grupo autodenominado "AUC (Autodefensas Unidas de Colombia") ha incursionado violentamente en las veredas Patio Bonito, El Ceral, La Silvia, La Mina, El Playón, Alto Seco, Palo Grande y Río Mina, ubicadas sobre el Camino Real que conduce del Resguardo de la Paila al Alto Naya. Según versiones de pobladores de la región, este grupo ilegal, ocupa desde hace aproximadamente un mes, la Vereda la Esperanza, La Alsacia y la cabecera de Timba, como lo pudo constatar la Comisión Interinstitucional Humanitaria que visitó la zona el pasado 26 de marzo, y desde el día martes 10 de Abril han iniciado la incursión por el Camino Real del Naya, Departamento del Valle del Cauca.

A pesar de las informaciones fragmentarias y de que aun no ha sido posible el ingreso de ninguna Comisión Humanitaria, e inexplicablemente tampoco lo a hecho la Fuerza Pública, informaciones del Señor Defensor del Pueblo del Cauca, Víctor Meléndez, dan cuenta de un número de muertos no menor de 32 labriegos plenamente identificados en su gran mayoría indígenas y de las comunidades afrocolombianas.

Estas mismas versiones relatan de manera angustiosa la forma brutal como los agresores actuaron. Las víctimas fueron asesinadas con arma blanca y muchos de ellos degollados. Después de proferir todo tipo de acusaciones en su contra, empezaron a ser asesinados en medio del horror y el llanto de sus esposas, hijos y seres queridos. Se conoce de una joven de 17 años de edad que fue totalmente descuartizada y de la muerte de dos menores más hijos del señor Manuel Quicunu.

Aún no se conoce el número total de víctimas de las veredas La Paz y la Vega donde, según testigos, los pobladores fueron reunidos en las escuelas y posteriormente fusilados a sangre fría.

Queremos expresar nuestra extrañeza por la clara omisión y connivencia con que ha respondido la Fuerza Pública a la Alerta Temprana emitida con suficiente anterioridad y más recientemente, a la Acción Urgente del pasado 11 de Abril. Lo único que hemos escuchado al respecto son las declaraciones dadas por el Comandante de la 3 Brigada del Ejército Nacional, Brigadier General Francisco René Pedraza, emitidas por los noticieros de televisión los días Jueves y Viernes, según las cuales, el reporte es de "tranquilidad en el área aunque se conoce de enfrentamientos entre grupos insurgentes irregulares por el dominio de la zona".

Desde su inicio de la avanzada por el Camino Real del Naya ha generado un desplazamiento masivo de la población, compuesta por comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinos colonos. Esta movilización humana es de alto riesgo, puesto que ha tomado el camino de los desfiladeros que conducen a los sitios La Concha, Puerto Merizalde, para intentar buscar refugio en Buenaventura.

Sin embargo, diversas versiones hablan de la movilización de un nutrido grupo de paramilitares desde Buenaventura hacia Puerto Merizalde, Monchique y la Concesión para intentar reunirse con el grueso de la columna que busca llegar al Alto Naya desde el Resguardo de la Paila.

2) LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO CONFIRMA 37 MUERTOS EN LA MASACRE PARAMILITAR DE NAYA

Diario "El Tiempo", Bogotá, 17 abril de 2001

La Defensoría del Pueblo confirmó que por lo menos 37 campesinos fueron masacrados por paramilitares en el Alto de Naya, entre Cauca y Valle. La banda de extrema derecha provocó el desplazamiento de un centenar de familias que huyen hacia varios municipios.

La Defensoría señaló que unas 400 familias no han podido salir del área debido a la intensidad de enfrentamientos entre guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y del Ejército de Liberación Nacional (Eln) con paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

La masacre ocurrió en los municipios de Buenos Aires y Miravalle, dentro de una región que se conoce como Alto de Naya. Tras la brutal arremetida paramilitar, más de 500 campesinos e indígenas abandonaron sus parcelas y se refugiaron en los vecinos municipios de Timba, Santander de Quilichao y Jamundí, señaló la Defensoría del Pueblo en un comunicado.

El defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes, visitó el Alto de Naya y repudió la masacre. Asimismo, le exigió de nuevo al Gobierno "una acción eficaz y permanente para asistir y proteger y a la población civil inerme de la barbarie de los grupos alzados en armas".

3) LOS CADÁVERES DEL NAYA SIGUEN SIN RESCATAR A CAUSA DE LA FALTA DE APOYO MILITAR.

Diario "El Tiempo", Bogotá, 17 de abril de 2001

Sobre el camino que lleva a la región del Naya permanecen los cuerpos de indígenas y campesinos asesinados hace siete días por un grupo de paramilitares. El rescate no ha sido posible.

A la zona de la tragedia, en límites entre Cauca y Valle, no ha podido ingresar todavía la comisión integrada por el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Cruz Roja Internacional.

El camino transitable solo llega hasta Timba, municipio en el que decenas de familias de la zona alta de la cordillera buscan refugio.

El gobernador del Cauca, Floro Tunubalá, se quejó ayer de la falta de respuesta del Ejército que no ha ofrecido garantías para el rescate.

Sin embargo, el coronel Tony Vargas, comandante del Batallón Pichincha, dijo que el acompañamiento para que los grupos de rescate ingresen al lugar de la masacre se ha dado. Y aclaró que son las condiciones climáticas las que han dificultado la acción.

En el corregimiento de El Ceral el domingo fue recuperado el cuerpo de una joven de 17 años, que fue degollada y sufrió amputación de sus manos, dijo un funcionario del CTI.

Pero la respuesta del oficial no aleja la preocupación del Gobernador del Cauca, quien ayer mismo pidió ante la Oficina del Alto Comisionado para la Defensa de los Derechos Humanos la conformación de una comisión con la Cruz Roja que sirva de escudo humano para la protección de fiscales y delegados del gobierno departamental, de modo que puedan llegar a la zona.

El Gobernador insiste en que es necesario adelantar una inspección en la zona para establecer qué pasó con la arremetida paramilitar y cuántas son las víctimas reales. "Me he reunido con indígenas del resguardo de La Paila que señalan que los muertos serían más de 50", dijo Tunubalá Paja.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Estrada Villa, rechazó ayer ante la comunidad internacional los hechos ocurridos en Naya (Cauca) y en Tarazá (Antioquia) y pidió a los actores armados del conflicto el respecto a los derechos fundamentales de la población civil.

El defensor nacional del Pueblo, Eduardo Cifuentes, era esperado ayer en Popayán para definir acciones sobre la situación de los desplazados, que según el Gobernador del Cauca ahora padecen por el hacinamiento. Continúa el drama

Mientras tanto, el drama de los desplazados continúa. Después de tres días de camino llegan a Timba fatigados y hambrientos decenas de indígenas y campesinos en busca de refugio y noticias de sus familiares. Lo que hasta la semana pasada fue su vivienda, ahora es zona vedada.

Aseguran quienes logran llegar sanos y salvos que muchas familias no han podido salir debido a que se encuentran atrapados en medio del cerco que desde el miércoles pasado tendieron unos 500 paramilitares.

Llegar a la escuela de Timba, en donde el párroco Jorge López intenta protegerlos y alimentarlos, es como volver a nacer. "No hemos encontrado apoyo del Gobierno y por eso tuvimos que dejar todo. Como somos pobres en esta ocasión los helicópteros no llegaron igual como ocurrió cuando los secuestros de Cali", dijo una de las desplazadas.

Santander de Quilichao, Timba y Buenos Aires, en Cauca, y Jamundí y Buenaventura, en el Valle, son algunos de los municipios hasta donde han llegado por lo menos mil familias que huyen de la violencia.