Reforma
Pensional
La gente es lo de menos
Guillermo Asprilla,
abogado
del Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social (2 de Octubre
de 2002)
En cumplimiento
del Acuerdo suscrito con el FMI (diciembre de 1999), el Gobierno colombiano
presentó, con mensaje de urgencia, el proyecto de Ley 056 de
2002, sobre reforma pensional.
Las pensiones
de invalidez, vejez y muerte, que fueron en todo el mundo el resultado
de la lucha sindical, se catalogaron en su origen como prestaciones
sociales -ligadas a la relación laboral- a cargo del patrono.
Pero en la primera mitad del siglo XX, como consecuencia de los avances
de los países socialistas y de la reforma de Beveridge en Inglaterra,
tomó fuerza el concepto de seguridad social como derecho humano
fundamental, consagrado en el Pacto Internacional de Derechos, Sociales,
Económicos y Culturales y elevado al rango constitucional en
la Carta Política de 1991.
La diferencia
entre las dos concepciones, la del seguro social como derecho prestacional
y la de la seguridad social como derecho humano fundamental, resulta
determinante en la forma como se concibe y desarrolla un sistema pensional,
al punto que hoy en Colombia es posible afirmar que esa discusión
de principio es el eje central del debate.
El fin
de la pensión de invalidez, vejez y muerte es proveer a las
personas que se ven afectadas por una de tales contingencias, la posibilidad
de tener las mínimas condiciones necesarias para llevar una
vida digna. Ese postulado ético, que envuelve una razón
política y una concepción filosófica sobre los
fines de la sociedad civil, implica un compromiso activo del Estado
para su plena realización, puesto que del mismo se desprende
el imperativo de la Universalidad.
En Colombia
tal compromiso no ha sido asumido por ningún Gobierno y la
conquista de la seguridad social aún está lejos de que
la población la interiorice como un derecho humano. Todavía
se piensa que la pensión "hay que ganársela".
A ese imaginario,
corresponde el Sistema General de Pensiones colombiano, pensado, estructurado
y organizado exclusivamente para los asalariados del sector formal
de la economía. Colombia apenas completa su rápida y
traumática transición demográfica hacia la urbanización
y posee aún niveles extremos de informalidad, por lo cual,
las coberturas de su sistema pensional han sido tradicionalmente muy
bajas.
En 1990,
cálculos optimistas cifraban que el 21% de la población
estaba afiliada a la seguridad social. Hoy, la situación de
la cobertura en pensiones, no ha mejorado y tiende a empeorar por
causa del desempleo y el aumento constante de formas precarias de
empleo estimuladas y protegidas por el Estado. Según el DANE,
en el año 2000, los afiliados activos al sistema de pensiones
representaban sólo el 27.1% de la población económicamente
activa (PEA).
La pésima
cobertura del sistema pensional se debe a su estructura asimétrica
con el mercado laboral colombiano, caracterizado en los últimos
años por una tendencia constante hacia la informalización,
ubicada en un 60%, en el año 2000, cuando en 1996, alcanzaba
el 51%. De cada 100 personas económicamente activas, 20 están
desempleadas, 48 están en la informalidad y 32 están
en el sector formal de la economía.
No hay
posibilidad de que con esta estructura del mercado laboral, y con
esta estructura del sistema pensional, Colombia se acerque a la universalidad
y allí radica el defecto capital de la reforma en curso: perpetúa
un sistema de pensiones que niega el derecho a la seguridad social
a la mayor parte de la población. Así podemos afirmar
que con la Reforma Pensional, estamos construyendo, para el futuro
inmediato, un país de ancianos indigentes o, en el mejor de
los casos, dependientes (de cada 10 colombianos en edad de pensionarse,
8 no tendrán una pensión).
El proyecto
de Ley deja intacta la estructura básica del Sistema General
de Pensiones, adoptada en la Ley 100 de 1993, caracterizada por la
coexistencia de tres grandes regímenes, uno de reparto simple,
también llamado de prima media con prestación definida
administrado por el ISS (y algunas cajas públicas); otro de
ahorro individual, manejado por agencias del capital financiero, llamadas
AFP (Administradoras de Fondos Privados de Pensiones) y el tercero
constituido por los llamados "regímenes especiales".
No se avanza un milímetro en el aumento de coberturas y por
ende se soslaya el mandato del artículo 48 de la Constitución
que prescribe la universalidad como principio del sistema de seguridad
social.
Ello es
así por que, para quienes proyectaron la reforma el problema
es principalmente financiero y fiscal y se inspira en el propósito
de desactivar la llamada bomba pensional. Abundan los cálculos
sobre el pasivo pensional, el déficit operacional del ISS y
el tamaño del esfuerzo fiscal necesario para cubrir las obligaciones
pensionales a cargo del Estado. Si bien es cierto que la situación
financiera del ISS se ha debilitado y se ha aumentado el tamaño
de las cargas sobre el presupuesto nacional, ni el diagnóstico
ni la solución parecen adecuados.
La reforma
pensional no será eficaz para solucionar los problemas fiscales
y financieros, por que no toca las causas verdaderas de los mismos,
que no son otras que las consecuencias de la mercantilización
del sistema mediante las AFP. Los grandes huecos financieros tienen
su origen en la estructura adoptada en la ley 100 de 1993, con la
entrada de los fondos privados y se expresan en:
1. La disminución
dramática de los ingresos del ISS, al haberle drenado la mitad
de los afiliados, la mayoría jóvenes, en el momento
en que su población había madurado y crecía rápidamente
el número de pensionados (1.800.000 afiliados pasaron del ISS
a los fondos privados).
2. La deuda generada por la entrada de los fondos privados, a los
cuales hay que girar los llamados "bonos pensionales clase A".
3. El monto de la Garantía de Pensión Mínima,
que el Estado debe pagar a los afiliados a los Fondos Privados, que
no alcanzan a ahorrar el capital necesario para acceder a una pensión
equivalente a un salario mínimo (aproximadamente el 64 % de
los afiliados a los fondos estarían en tal condición).
4. El monto de las obligaciones actuales y futuras por concepto de
las pensiones no financiadas, a cargo del tesoro nacional, dentro
de las cuales las más importantes son las de las fuerzas armadas
( 30% del pasivo total).
Así,
tres de las cuatro causas de la llamada bomba pensional, tienen que
ver con los costos asociados a la entrada en funcionamiento de los
fondos privados, además, las comisiones que las AFP cobran
a los afiliados por administrar la cuenta de ahorros, son verdaderamente
exorbitantes: las AFP deducen el 25.9% del total cotizado para pagar
la llamada comisión de administración.
Para solucionar
el problema fiscal el proyecto del Gobierno formula el siguiente paquete
de remedios: subir las cotizaciones en dos puntos (están en
13.5% del salario base y pasarían al 15.5%), lo que representa
un aumento del 14.8 % sobre el total de la cotización actual;
disminuir el valor de las pensiones (está en promedio en un
75% del salario promedio de los 10 últimos años y pasa
a una escala que va del 55% al 65 % del salario promedio de los últimos
20 años de servicio); aumentar la edad de la jubilación
(de 60 a 62 años para hombres y de 55 a 58 para las mujeres);
hacer más rigurosos los requisitos para acceder a la pensión
de invalidez y de sobrevivientes; trasladar a los trabajadores y patronos
el riesgo de la Garantía de Pensión Mínima para
los afiliados a los fondos privados, que estaba a cargo del Estado;
disminuir en medio punto la Comisión de Administración
los AFP; y modificar algunos regímenes especiales.
Se trata
en síntesis de recortar derechos, aumentar las cargas para
los trabajadores y mejorar la competitividad de los Fondos Privados
de Pensiones, es decir retocar el sistema para disminuir sus erogaciones
y mejorar su flujo de fondos. ¿Quién gana con esa operación?
Los gremios de la producción y el capital financiero que coinciden
en calificar el proyecto como "realista, juicioso y necesario".
En la otra orilla, los sindicatos, las asociaciones de pensionados
y las demás expresiones de movimientos sociales, rechazan la
propuesta gubernamental, pues recorta sus derechos.
Un razonamiento elemental llevaría a tratar el problema del
déficit de financiación del sistema pensional allí
donde se origina, es decir en los Fondos Privados de Pensiones. Pero
"Don Dinero" tiene su propia lógica. Por eso los
Fondos Privados se fortalecen con la reforma, por que aun cuando son
un pésimo negocio para el país, para el capital financiero
son la muestra fehaciente de que en la era de la globalización,
también existen las gallinas que ponen huevos de oro.
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DpT