Cuatro Notas Sobre Colombia
Periódico VOZ La verdad del pueblo
19 de diciembre de 2000

GOBIERNO NO RESPONDE
Editorial del periodico "VOZ La verdad del pueblo"

Pasadas casi tres semanas desde cuando las FARC-EP declararon congelada la Mesa de Diálogo y Negociación hasta tanto el presidente Andrés Pastrana no le informe a la comunidad nacional e internacional cuáles son las bases de la estrategia para combatir el paramilitarismo, no ha habido ninguna respuesta oficial. Muchas dilaciones y declaraciones agresivas, además de la prórroga del despeje condicionada y a manera de ultimátum, ponen en peligro las perspectivas de los diálogos de paz. 
  
El único funcionario que se ha referido al tema fue el ministro de Defensa, Fernando Ramírez, quien dió un informe superfluo de supuestas detenciones y bajas de “autodefensas”, que para nada esclarece la complicidad de los militares con esta forma delincuencial mediante la cual se expresa, entre otras formas, el terrorismo de Estado. Ramírez reconoció que el paramilitarismo se ha multiplicado en el último tiempo, agregando que en mayor proporción que las filas guerrilleras. 
  
Y mientras el Gobierno guarda silencio sobre el paramilitarismo, en Cali, Medellín, Barranquilla, Pasto, Cauca, Guaviare, Magdalena, Cesar y Putumayo, entre otros, aumentan las masacres, atentados y amenazas a la población civil y a dirigentes populares, sindicales y de izquierda, sin que haya las mínimas garantías de protección del Estado. El fiscal Gómez Méndez, quien tanto habla, no actúa ni muestra resultados en las investigaciones, tampoco la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. 
  
En las Fuerzas Militares permanencen varios oficiales y suboficiales comprometidos con paramilitarismo, mientras que el Gobierno y las instituciones de control repiten la excusa de los altos mandos de que son casos aislados. Sinembargo, investigaciones recientes como los asesinatos del senador Manuel Cepeda y del diputado del Meta, Pedro Malagón, han mostrado la participación de elementos de la Séptima Brigada en la ejecución de los atentados. Al tiempo, reconocidos organismos internacionales, incluyendo de los Estados Unidos, sindican al Ejército de colaboración con los grupos paramilitares. 
  
Ninguna denuncia ha merecido la más mínima atención de las autoridades. Los generales, enfurecidos, hablan de una campaña desde el exterior, a la cual vinculan a las FARC y al gobierno de Venezuela, como si con ello pudieran borrar las pruebas que los compromete con el terrorismo de Estado. 
  
Pero lo más grave es que, en abierto desafío a la comunidad internacional, mientras el Gobierno permanece silencioso para desempantanar los diálogos de paz con las FARC, se apresta, de conformidad con el acuerdo bipartidista del llamado Frente contra la Violencia, a darle vía libre a una serie de medidas despóticas y de fortalecimiento del paramilitarismo. Entre ellas están: la cadena perpetua, la creación de zonas de orden público bajo la dirección y control de un jefe militar, la dotación a las Fuerzas Militares de atribuciones para capturas, allanamientos y otros procedimientos judiciales y la práctica liquidación del habeas corpus de la legislación nacional. Con ello se incrementarán las torturas, los atropellos, las desapariciones, los asesinatos y la violación de los derechos humanos como ha ocurrido en el pasado cuando ha existido el amparo de este tipo de disposiciones represivas. 
  
Y para completar el cuadro, Pastrana prorrogó el despeje por 55 días, aunque prácticamente ha colocado una cortina de hierro sobre la zona de despeje para obstaculizar la participación popular en el proceso de paz. Los cinco municipios quieren ser convertidos  en un ghetto, similar a los que existían en la Alemania nazi a mediados del siglo pasado. 
  
En estas condiciones, la paz pende de un hilo. Es difícil su proyección en este marco de arbitrariedades gubernamentales. Mientras el país quiere la paz y respalda la zona de despeje, Pastrana para satisfacer a la ultraderecha, a los gringos y al militarismo extiende una serie de medidas que van en contravía de la normalización del proceso de paz. Si este llegare a fracasar la única responsabilidad la tienen el Gobierno y la clase dominante que cerraron la puerta a la nueva Colombia. En el fondo es el pánico a los cambios positivos y a la democratización, porque el bipartidismo sabe que el día que haya plena democracia y participación ciudadana el poder oligárquico, montado sobre la violencia, el clientelismo y la corrupción, comenzará a tambalear  y se inclinará en favor de las transformaciones políticas, sociales y económicas avanzadas. 
  
Son los retos que tiene la acción popular para pronunciarse en defintiva por la solución política, los diálogos, el despeje sin condiciones, para que avance el proceso de paz sobre los temas cruciales de la situación colombiana. 

ENFRENTAR LAS NUEVAS AMENAZAS
Alvaro Vásquez (19 de Diciembre de 2000)

En medio de los más encontrados criterios se ha prorrogado por 55 días la zona de despeje para las conversaciones entre las Farc y el Gobierno.
 
Pero, como era de esperarse, teniendo en cuenta el estilo del presidente Pastrana, las  agudas presiones y exigencias suscitadas alrededor de esta prórroga, se han saldado provisionalmente con una serie de concesiones a la ultraderecha, al militarismo y a la política norteamericana.
 
Ante todo, para el carácter de una negociación como ésta, el término de menos de dos meses es irrisorio. Su sola formulación sugiere una especie de ultimátum que no corresponde al respeto y la seriedad del período de diálogo que se inició hace dos años, dentro del cual existe un proceso de intercambios que exigen maduración y consideración de múltiples factores por las dos partes.
 
Pero lo más grave es que una serie de condicionamientos anunciados unilateralmente por el Gobierno van en dirección a minar profundamente las bases de la negociación. Se restablecen una serie de controles alrededor de la zona de distensión, lo cual determina en fin de cuentas limitaciones que no fueron acordadas. Bajo una lluvia de imprecaciones y acusaciones sin ninguna demostración valedera, tanto autoridades colombianas como funcionarios yanquis (convertidos ahora en partes de cada suceso colombiano) producen diariamente gran cantidad de amenazas y fomentan un clima que alimenta las deformaciones creadas por la provocadora propaganda que es parte sustancial de la estrategia antisubversiba manejada desde Washington.
 
Cediendo a las múltiples iniciativas que la ultraderecha ha venido implementando, el Gobierno y los grupos reaccionarios han abierto el debate sobre si se establecen en Colombia las penas de cadena perpetua o de muerte para los delitos clasificados como de lesa humanidad, particularmente el terrorismo.
 
Desde luego, el método es muy simple. Consiste en calificar como terroristas toda una serie de hechos o acciones contra el poder del Estado o de los monopolios económicos y financieros, así como de exigencias de los sectores populares que se acompañan de la presencia masiva del pueblo, para de allí partir para castigar ejemplarmente a los participantes. En esa forma, como lo vemos todos los días en la gran prensa, toda acción guerrillera es una forma de terrorismo. La guerrilla en sí misma, es la expresión más acabada del terrorismo. Y los más furibundos militaristas le agregan además el calificativo de narco-terroristas a los grupos insurrectos. A la vez, una profusa literatura de la derecha, extiende a todos los sectores inconformes o descontentos el rótulo de auxiliadores del terrorismo para asignarles un espacio en la parafernalia de la represión y la persecución política.
 
Ni qué decir que tales procedimientos son abusos de poder. Las respuestas, en el aplastante capitalismo globalizado, por parte de una variada gama de expresiones populares y nacionales que se ven como miríadas de puntos en el universo político, no son sino las formas vivas que los pueblos logran mantener encendidas en protesta por las agresivas imposiciones del mundo transnacionalizado. La insurgencia nada tiene que ver con el terrorismo. Este proviene de la extensión de lo que llamamos “la penalización de la protesta social”, que no es otra cosa que las nuevas formas de la vieja represión. Es el terrorismo de Estado y nada más.
 
El Gobierno anuncia a la vez la “flexibilización” de las normas en favor de los mandos militares. Éstos han insistido desde siempre en la derogatoria de todos los preceptos que limitan su ejercicio guerrero. La tesis es la de una “legislación de guerra para un país en guerra”. Ya no sirve la tan cacareada Constitución del 91 ni el cuento del “Estado Social de Derecho”, Pastrana promete ahora restablecer un experimento fracasado como es el de las “zonas de orden público”. En las cuales sólo habrá un comandante militar que estará por encima de Gobernadores y Alcaldes. Cuya orden  será ley.
 
Todo esto, desde luego, va en contravía del proceso de paz. Y de los principios de la negociación. Y aleja las posibilidades de acuerdos. Porque mientras la guerrilla pide más democracia desde abajo y para todas las clases sociales, lo que ofrece el sistema es más estrechez, menos libertades y más autoritarismo en cabeza de los promotores de la guerra.
 
Lo peor es que las medidas y proyectos en ciernes no lesionan sólo el proceso de paz, sino que apuntan contra el movimiento social y popular cuyas garantías serán limitadas y cuyas acciones serán perseguidas. Por eso la lucha contra estas amenazas es el primer deber de las organizaciones de los trabajadores y de todo el pueblo.

LA C.U.T. DENUNCIA 79 ASESINATOS DE ACTIVISTAS  SINDICALES
ALVAN (19 de diciembre de 2000)

En Santander, Meta, Valle, Antioquia, Norte de Santander, Córdoba, Cesar, Bolívar, Casanare, Risaralda, Cauca, Nariño, Putumayo, Tolima, Magdalena y Atlántico, la ofensiva paramilitar asesinó dirigentes sindicales y populares y en Caldas y Guaviare incursiona anunciando listas de líderes obreros, comunales y de la izquierda. CUT entrega documento a Mary Robinson, en el que denuncia 79 asesinatos de sus dirigentes y alerta contra amenazas proferidas contra otros líderes obreros.
  
Una sangrienta ola de violencia paramilitar, protegida por la complicidad militar en las regiones afectadas, principalmente en Meta, Córdoba, Risaralda, Antioquia, Bolívar, Magdalena y Putumayo, viene sembrando de cadáveres el suelo de gran parte de los departamentos de Colombia y amenaza con extenderse a todo el país bajo el manto protector de la impunidad oficial. La arremetida ha crecido en las últimas semanas, precisamente cuando desde Los Pozos, San Vicente del Caguán, las FARC anunciaban que no reanudarían el diálogo si el Gobierno no asume un serio compromiso en torno a combatir y disolver los grupos paramilitares. Pobladores de las diversas áreas de operación militar, como ocurre en Putumayo, Guaviare, Meta y Antioquia, denunciaron a nuestro semanario que la presencia paramilitar se da en compañía de los efectivos militares acantanados en estos lugares.“ Se pasean y charlan con ellos, pero nada hacen para detenerlos”, afirman. Varias ONGs han denunciado que resulta extraño que las personas asesinadas hayan sido antes objeto de señalamientos o requerimientos militares.
 
Caldas, Santander y Guaviare
El Comité Coordinador Intersindical y Popular de Caldas en carta dirigida al gobernador Tony Jozame Amar el 22 de agosto, difundida recientemente, alertó sobre atentados a dirigentes sindicales y populares. “Esperamos su diligente accionar para colocar en alerta a las fuerzas del orden responsables de proteger la vida, honra y bienes de los colombianos, para poder continuar con nuestras cotidianas labores, pero  fundamentalmente, para que nos sea garantizado el inalienable derecho a la vida”, puntualizan en el documento. En Caldas han sido amenazados por los grupos paramilitares los dirigentes sindicales locales Henry Ocampo, Sergio Díaz y Oscar Arturo Orozco.

La denuncia fue hecha a las entidades nacionales e internacionales de derechos humanos y a la Procuraduría Nacional.
 
De otra parte, en el municipio de Calamar, Guaviare, las autoridades municipales y la dirigencia gremial local envió a la alta comisionada de las Naciones Unidas Mary Robinson una carta en la que afirman:“En nombre de los 20.000 habitantes de Calamar nos permitimos lanzar un S.O.S. ante la amenaza por parte de los paramilitares de las AUC, sobre un inminente ataque a nuestros campesinos e indígenas, a quienes pretenden despojar de sus tierras para talar la selva que por vocación ambiental, el municipo conserva en pro de todos los habitantes del planeta”.
 
En Santander, las repetidas amenazas contra dirigentes comunistas y de la UP obligaron a la dirigencia regional de estos movimientos a pedir medidas cautelares en la búsqueda de la protección de su vida. En Ciénaga, Magdalena, ha crecido la ola de asesinatos a manos de grupos paramilitares que prácticamente han exterminado la organización sindical en esta zona bananera, sin que intervenga el Gobierno para garantizar el derecho constitucional de organización y petición. La gélida máquina de la muerte, aceitada por los planes militaristas, que en opinión de analistas del conflicto han sacado a relucir las fichas del paramilitarismo, continuará desangrando el país si no intervienen rápidamente las instituciones para detenerla y si la ONU no se decide a nombra un relator especial para Colombia que ponga en cintura al Gobierno, que anuncia endurecimiento de la ley penal y comparte amistosamente con el gremio de los ganaderos, quienes encabezados por Jorge Visbal Martelo lanzaron la propuesta de legalizar los grupos de autodefensa que alimentan y protegen desde hace tiempo en departamentos como Córdoba.
 
Valle, caso especial
Según denuncias llegadas a nuestro semanario, hace dos años en norte y cemntro del departamento del valle se viene registrando una fuerte presencia paramilitar. Sevilla, Tuluá, Cartago, San Pedro y Cali, la capital, son epicentro del accionar paramilitar. Defensores de derechos humanos han denunciado asesinatos selectivos de dirigentes sindicales y agrarios y masacres en el área rural.

Hay alarma por un anuncio de las AUC bloques Calima y Farallones de incrementar sus acciones en Cali, Yumbo, jamundí y Buenaventura. Varios dirigentes sindicales y populares han sido amenazados mediante panfletos. Se recuerda las masacres de Buenaventura y Vijes, donde fueron brutalmente asesinadas 35 personas en un período de cuatro meses. En Cali y Yumbo, en las listas que portan los paramilitares, aparecen como objetivo militar dirigentes sindicales, de izquierda y miembros de las direcciones regionales del Partido Comunista y la UP como Jorge Camacho,actal concejal en Yumbo por la UP; Otoniel Ramírez, presidente de la CUT- Valle; Olmedo Fernández de Sutimac-Yumbo y Rodrigo Vargas de la coalición Copey-UP.