Birmania: violaciones de derechos humanos vinculadas a inversiones extranjeras

Boletín del WRM, Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales. Información obtenida de "Drillbits & Tailings, Volume 5, Nr. 16" (Octubre de 2000)

Las inversiones extranjeras en minería, explotación de gas y megaproyectos de represas --identificadas con el "desarrollo"-- constituyen de hecho una causa directa de violación de derechos humanos y una amenaza para la sustentabilidad ambiental en Birmania. Desde 1962 el país está gobernado por una dictadura militar, que ha impuesto un régimen caracterizado por el terrorismo de estado.

En el informe "Grave Diggers" ("Cavadores de tumbas"), elaborado por Roger Moody y difundido por un grupo de ONGs ambientalistas canadienses, se analiza el daño social y ambiental provocado por la minería en Birmania. El documento destaca las actividades de Robert Friedland y su imperio financiero y minero Ivanhoe Capital Corporation (ICC). Friedland es conocido por los desastres ambientales causados por las operaciones mineras de su propiedad en EE.UU. y Guyana, y por sus vínculos corporativos con los ejércitos mercenarios en Sierra Leona. En 1994 ICC llegó a un acuerdo con el régimen militar de Birmania para explotar la mina de cobre de Monywa. Estas operaciones, realizadas en completa ausencia de medidas de seguridad, han provocado la contaminación del agua y problemas dermatológicos en los habitantes locales. Por otra parte los moradores locales se vieron amenazados por el uso de explosivos. Resulta sorprendente que si bien el financiamiento para esta operación está manejado por una operación registrada en Canadá (Ivanhoe Mines Ltd.) y organizaciones de derechos humanos a nivel mundial han condenado a las empresas que hacen negocios al amparo del brutal régimen birmano, el gobierno canadiense ha optado por mirar hacia otro lado en lo que respecta a las inversiones de Ivanhoe en ese país.

El gasoducto de Yadana constituye otro caso en el cual la actuación de compañías extranjeras en connivencia con el gobierno ha sido severamente objetada debido a sus impactos ambientales y las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de los campesinos locales (ver Boletín 36 del WRM). El 7 de setiembre ppdo. un Juez federal de Los Angeles emitió un fallo por el que Unocal Corp.--uno de los mayores inversores estadounidenses que todavía operan en Birmania-- fue declarado exento de responsabilidad en la violación de derechos humanos durante la construcción del gasoducto de Yadana, por la que había sido denunciada. Unocal posee el 28,6% de las acciones del consorcio que realizó las obras culminadas en 1998. Los abogados que representan a los aldeanos birmanos que presentaron la demanda en 1996, aduciendo haber sido forzados por los militares a trabajar en el proyecto o haber sido atemorizados por negarse a hacerlo, dijeron que apelarían la decisión. Unocal no negó estar enterada de que existió violación a los derechos humanos por parte del gobierno anfitrión durante el proyecto. Sin embargo, de acuerdo con la decisión judicial, no se comprobó que la empresa conspiró con los militares para forzar a los aldeanos a trabajar. La cuestión es si la justicia puede aceptar la "omisión" de una poderosa transnacional en un caso relacionado con la violación de derechos humanos, especialmente cuando sus actividades se ven favorecidas por quienes son responsables de tales actos.

Por último, pero no por ello menos importante, un proyecto a cargo de la compañía tailandesa GMS Power y la Autoridad Generadora de Electricidad de Tailandia (EGAT), que se propone construir una gigantesca represa en el Río Salween --el único río importante de la región aún no represado-- también ha provocado violaciones de los derechos humanos en Birmania. A partir de 1997 las aldeas de Kunhing Township existentes a orillas del Salween y su afluente el Nampang fueron relocalizadas. En conjunto 175 poblados, 4.018 hogares y más de 1.400 hectáreas de campo serán inundados cuando se termine la represa. Pero desde mayo pasado la situación empeoró aún más. Campesinos del estado sureño de Shan han denunciado que el ejército birmano ha comenzado una operación de exterminio de la población localizada en las zonas a ser inundadas por el reservorio.