Info DpT
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En una semana han sido detenidos 31 activistas sindicales y sociales
El 6 de Junio de 2000, Emilio Alí era detenido en Mar del Plata por participar en una movilización de desocupados realizada en el marco de las acciones del paro nacional del 5 de mayo de 2000. Un año después y ante un nuevo paro nacional, los gobiernos provinciales y el gobierno nacional, con el Poder Judicial a la cabeza, han desatado una andanada represiva contra los trabajadores ocupados y desocupados, contra los piqueteros, los dirigentes de los sindicatos combativos, los activistas y militantes políticos. En cuestión de horas, han movilizado tropas de Gendarmería,
reprimido y encarcelado a una treintena de luchadores, que pasan a engrosar
la larga lista de más de 2.800 compañeros con causa penal
por participar de SALTA. Días de corte de ruta en el Dpto. Gral. San Martín en el norte salteño, acompañado por un paro general. Desde la ruta, los piqueteros reclaman el aumento de la hora de trabajo a 2.50 $ para los trabajadores de la construcción y un conjunto de demandas expresadas en un petitorio. La respuesta del gobierno de Romero es el envío de gendarmes y el martes 5 la detención de José Barraza, dirigente de los desocupados de Tartagal. Es trasladado a Salta capital e inmediatamente procesado por "sedición en concurso real con interrupción de los transportes públicos". El auto de procesamiento plagado de expresiones totalitarias del exaltado juez Abel Cornejo sentencia "Por lo tanto, nadie puede ignorar, que el grupo de elite que dirige las operaciones sediciosas, actualmente, se encuentra fuertemente armado, y tiene por fin intimidar a toda la población de ambas ciudades. En los días siguientes continúan con las detenciones: al día de la fecha son 7 los presos de Tartagal, Mosconi y Embarcación. JUJUY. En San
Salvador, el 6 de junio, fuerzas represivas provinciales y nacionales
desatan su furia contra una manifestación de desocupados. Fue
tan brutal la represión que hubo numerosos niños heridos
que debieron ser Mientras se dirigía a la manifestación, es detenido Carlos "Perro" Santillán; fue introducido en una camioneta sin patente y luego de deambular por la ciudad se lo lleva a la Brigada de Investigaciones. El cargo que le imputan es desacato. Luego es liberado. MAR DEL PLATA. El jueves 7 a la noche, a horas del paro nacional, Carlos Peineipil y Cristian Godoy del Movimiento Teresa Rodríguez, fueron detenidos mientras caminaban por el barrio en el que residen, acusándolos de atentar contra empresas de transporte. La causa es caratulada como atentado a la propiedad. Para adjudicarle los hechos no cuentan con más prueba que el parte policial. LA PLATA. El viernes
8, una movilización de desocupados y agrupaciones de izquierda
frente a una empresa privatizada es reprimida por la policía,
son detenidas 15 personas. La carátula: resistencia a la autoridad,
daño Estos hechos serían suficientes para marcar la escalada represiva que denunciamos pero en Capitán Bermúdez, fue detenido el Secretario General de la CGT San Lorenzo, Edgardo Quiroga. En horas de la tarde del martes 12, cuando se presentaba a una reunión en la Intendencia de esa ciudad junto a la Comisión de Trabajadores Municipales, es detenido por orden del juez Filoco quién lo mantiene incomunicado.
Las palabras del ex ministro Storani en diciembre, amenazando con
descargar "todo el peso de la ley" sobre los piqueteros, han
dejado de ser una advertencia y son hoy palos, cárcel y persecución.
La política de la Alianza Es imprescindible una política y acción común de defensa de las libertades democráticas y de las organizaciones obreras y sus métodos de lucha; porque hay que frenar ataque, porque hay que entablar una lucha permanente y efectiva que logre la libertad y el desprocesamiento de los compañeros, que termine con las persecuciones. Es urgente que las centrales sindicales que llamaron al paro encabecen el reclamo; que la CTA y CGT disidente pongan la fuerza de sus organizaciones al servicio de esta pelea convocando una gran lucha nacional. Desde el CeProDH proponemos poner en pie en forma inmediata una
Comisión Nacional por la libertad de Alí, Barraza, Quiroga
y todos los presos por luchar, por el desprocesamiento y por el cese
de las persecuciones, con Planteamos la imperiosa necesidad de que se constituya una Red Nacional de Abogados que pongan su profesión al servicio de esta pelea, en la que aúnen sus esfuerzos todos los abogados de derechos humanos, de la izquierda y los que se sientan comprometidos con esta causa. Poner en pie una red así mejoraría cualitativamente la defensa ante el Estado. Frente a cada proceso hay que conformar una Comisión de Abogados que asuma la defensa concreta. En cada corte de ruta, en cada huelga, en cada manifestación, la libertad de los compañeros debe ser la primera bandera que nos represente. Porque solo con la lucha, la movilización y la coordinación lograremos que esta pelea triunfe. LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL PARA ALÍ
Y TODOS LOS PRESOS POR LUCHAR. ----------------------------------------------
Nallar dijo que "ya partieron alrededor de 400 efectivos de Gendarmería nacional y más de un centenar de policías para reforzar a los efectivos de Gendarmería y Policía que actúan en General Mosconi y Tartagal". El funcionario aseguró que "estos refuerzos no van con la consigna de reprimir sino para garantizar la seguridad de los pobladores de esas dos ciudades, en forma especial en Mosconi, donde aún continúan la balacera". El comandante general de Gendarmería Nacional, general Hugo Miranda, había confirmado antes las dos muertes por los disturbios ocurridos, y aseguró también que hay 24 efectivos federales heridos de bala. Además, el jefe de Gendarmería desmintió "categóricamente"
que se hubieran apostado francotiradores de la fuerza en el lugar, y
dijo que "se habilitó al personal a usar armas de fuego
pasadas las 13 horas, luego de que El secretario de Seguridad de la Nación, Enrique Mathov, se encargó por su parte de respaldar la versión del jefe de Gendarmería al asegurar que "los gendarmes fueron atacados con armas de fuego desde el monte y no pudieron responder la agresión porque el grupo antidisturbio de la fuerza está equipado con balas de goma, palos y gases". La tragedia latente Los médicos del hospital Juan Domingo
Perón, de Tartagal, habían confirmado poco después
del mediodía la muerte de Carlos Santillán, de 27 años,
quien había sido llevado de urgencia tras la Además, varias personas entre manifestantes, vecinos y hasta un camarógrafo resultaron heridas cuando, durante el desalojo, fueron alcanzadas por balas de goma y gases lacrimógenos que arrojaron los efectivos para disolver la manifestación. En el hospital de Tartagal fueron muchos los heridos que hoy fueron atendidos en la guardia de emergencia y hasta los directores médicos debieron asistir en algunos casos. A lo largo de la ruta y en distintos puntos del pueblo se produjeron
corridas tras la acción de Gendarmería. Cerca del mediodía,
personal de la fuerza ya había tomado la ruta y la gente intentaba
volver lanzando palos y En tanto, un equipo periodístico del canal de cable VideoTar también fue alcanzado por las balas. El camarógrafo Dari Arias recibió un balazo de goma en la mano, mientras su compañera, la periodista Mabel Carrizo, descubrió un orificio de bala en su cartera y encontró restos de plomo en su interior. Para los salteños, el antecedente más fresco de lo ocurrido hoy fue entre el 10 y el 14 de noviembre del año pasado, cuando un choque similar de la Gendarmería con los piqueteros durante un corte sobre la ruta 34 provocó la muerte del trabajador Aníbal Verón. ------------------------------------------- El Encuentro Nacional de Abogados que actúan en causas de derechos Humanos pide el procesamiento del Juez federal de Salta y el respeto a los Derechos politicos de los piqueteros
La Red Nacional de Abogados repudia la brutal represión
del Estado en Salta, ya que la Gendarmería Nacional, el secretario
de Seguridad Interior, Enrique Mathov, el ministro del Interior, Ramón
Mestre, y el gobernador de esa provincia, Juan Carlos Romero, junto
al juez federal Abel Cornejo, han militarizado el conflicto social.
Han allanado domicilios sin orden judicial y realizado acciones de violencia
estatal contra piqueteros, deteniéndolos y lesionando a más
de 50 de ellos, causando dos muertes de jóvenes que se suman
a las anteriores represiones, heridos, muertos y procesados en aquella
provincia, donde el pueblo se encuentra desesperado ya que miles de
familias han quedado excluidas del consumo y la producción, en
el marco de la Gendarmería y grupos especiales militarizados de la policía han actuado reprimiendo en la autopista a Ezeiza y en otros lugares. El juez Cornejo, ahondando la línea de los Estados Nacional
y provinciales, de "criminalizar" a los luchadores sociales,
caratuló como "sedición" la causa, cuando ninguno
de ellos estaba armado ni pretendían sustituir a las Los gobernantes acusan a los luchadores de "subversivos, francotiradores y guerrilla urbana". No sólo pretenden justificar la brutal represión y posterior "criminalización" de los luchadores, sino crear confusión en la opinión pública, trayendo el recuerdo de otros tiempos con el solo fin de "meter miedo" y paralizar la acción solidaria. A la violencia estatal contra personas desarmadas y la acción
psicológica para crear confusión y miedo, que justifica
los procesos por "sedición", no le es ajeno el accionar
de los diversos servicios de inteligencia del Estado. Pedir jury de enjuiciamiento al juez federal Abel Cornejo por lesionar los legítimos derechos de reunión y petición esenciales a la democracia. Cornejo los encuadra en un delito, como ha sucedido en otros lugares del país. Los piqueteros ejercen derechos políticos y sociales, amparados por la Constitución Nacional: Los derechos de reunión y de peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución), que cada uno ejerce en nombre propio y lo hace de manera conjunta para ser escuchado, lo que está amparado por las Convenciones Internacionales que forman parte de la Carta Magna (artº. 75 inciso 22). La Red de Abogados convoca a todos aquellos que desean buscar una solución inmediata al conflicto, con el ánimo de garantizar la paz y la democracia, la libertad de los presos y el retiro de la Gendarmería, para otorgar al pueblo salteño la JUSTICIA SOCIAL por la que lucha desde hace tanto tiempo. La Red de Abogados exige a nivel nacional y provincial: 1) El desmantelamiento de los aparatos represivos y de espionaje
que actúan contra el pueblo. Mirta Mántaras, Antonio Cortina, Jaime Glüzmann, Hernán Gómez, Gabriel Lugones, Alicia Peralta, Javier Percow, Marta Vedio, Mónica González Vivero, María Inés Germino, Julio Viaggio, Alberto Pedroncini, Juan Roberto Coria, Mario Bosch, Sergio Quiroz, Mª.E. Alonso Morales, Sofía Caravelos, Pablo Baca, Alfredo Guevara(h), Pablo Salinas, Gerardo Etcheverry, Rodolfo Yanzón, María Elba Martínez, Guadalupe Godoy. |