El Departamento de Estado de los Estados Unidos desclasificó y entregó ayer al gobierno argentino 4677 documentos oficiales relacionados con violaciones a los derechos humanos y violencia política en el país, confeccionados por la embajada de Estados Unidos en la Argentina entre 1975 y 1984.

"La Nación" accedió a una docena de los archivos difundidos ayer y analizados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que confirman algunos datos que se conocían y aportan nueva información que será de utilidad en causas judiciales contra represores y ex jefes militares, y que podrían ayudar a esclarecer el destino final de algunos desaparecidos.

Los documentos, por ejemplo, describen cómo fue el secuestro en Brasil de dos miembros de la agrupación Montoneros y cuál era la estructura y el modus operandi del Batallón de Inteligencia 601, implicado endesapariciones entre 1979 y 1980 y por las que está detenido el ex dictador Leopoldo Galtieri.

También acreditan que la embajada de EE.UU. en la Argentina y el Departamento de Estado mantuvieron una comunicación fluida con los militares antes del golpe y estaban al tanto de que las violaciones a los derechos humanos aumentarían con la llegada de los militares al poder.

Indican asimismo que entre julio y septiembre de 1976 desaparecieron más de 50 uruguayos en Buenos Aires y aportan nuevos datos sobre el llamado Plan Cóndor, operativo conjunto de las dictaduras sudamericanas para eliminar a opositores políticos.

La entrega de documentos, que por primera vez se realiza en forma masiva en el país, responde a varios pedidos formulados por el gobierno argentino, el gobierno de Uruguay, Abuelas de Plaza de Mayo y el Congreso de los Estados Unidos, y son también una respuesta a solicitudes de jueces de la Argentina, Italia y España que instruyen causas contra militares y represores argentinos.

El 16 de agosto de 2000, la entonces secretaria de Estado norteamericana,Madeleine Albright, se reunió en Buenos Aires con la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto; con Carmen Lapacó, miembro de Madres de Plaza de Mayo -Línea Fundadora-, y con el titular del CELS, Horacio Verbitsky, y se comprometió a desclasificar documentos vinculados con la represión ilegal.

En noviembre de ese año, Albright ordenó la revisión de miles de documentos. Ni el cambio de gobierno ni el atentado terrorista del 11 de septiembre, que llevó a EE.UU. a restringir la divulgación de información oficial, impidieron que los documentos llegaran finalmente a la Argentina.

La búsqueda de información se realizó sobre la base de 300 tópicos claves presentados al Departamento de Estado en enero de 2001 por el National Security Archive, una organización no gubernamental que ya trabajó en la desclasificación de documentos en Chile, El Salvador y Guatemala.

Los archivos, que abarcan toda la dictadura y el último año del gobierno de María Estela Martínez de Perón y el primero de Raúl Alfonsín, no incluye material de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), del Departamento de Inteligencia de Defensa y de otros ministerios norteamericanos.

Menos terroristas

Un "memorando sobre la tortura y las desapariciones en Argentina", del 31 de mayo de 1978, afirma que "ha habido una reducción neta en las denuncias de tortura, esto no es porque la tortura se ha dejado de practicar, sino que deriva de la reducción en el número de operaciones porque el número de terroristas y subversivos ha disminuido", y que las desapariciones "incluyen no sólo a los sospechados de ser terroristas, pero abarcan una gama más amplia de gente, por ejemplo, dirigentes laborales, trabajadores, sacerdotes, activistas de derechos humanos científicos, médicos y dirigentes políticos".

El mismo documento agrega que "una ocurrencia dramática reciente fue el secuestro en diciembre de cinco "madres de desaparecidos" y dos monjas francesas, cuyos cuerpos se descubrieron a orillas del mar". El ex-capitán de fragata Alfredo Astiz fue condenado en ausencia en Francia a prisión perpetua en 1990, por el secuestro y asesinato de las monjas francesas Léoni Duquet y Alice Domon, desaparecidos en 1977.

Las autoridades norteamericanas también tenían nóminas de desaparecidos, confeccionadas con denuncias de familiares, organismos de derechos humanos y congresistas norteamericanos. Un documento del 19 de junio de 1979 manda "para los archivos permanentes y el uso del Departamento (de Estado)" una copia de las fichas de casi 10.000 casos de violaciones a los derechos humanos (la mayoría desaparecidos), realizada por un equipo creado en la embajada de EE.UU. en 1977 para verificar la situación en la Argentina.

Los archivos corroboran que "la campaña de contrainsurgencia de la Junta Militar contempló la represión ilegal y las violaciones masivas a los derechos humanos". Y contienen justificaciones de "la tortura y el exterminio de subversivos" realizadas en charlas entre funcionarios argentinos y funcionarios norteamericanos (cuyos nombres fueron censurados de acuerdo con la ley de libre acceso a la información norteamericana).

El canciller, Carlos Ruckauf, y el ministro de Justicia y Seguridad, Juan José Alvarez, presentaron ayer en una conferencia de prensa cuatro cajas cerradas con documentación que envió el Departamento de Estado norteamericano y que también se entregaron a Abuelas de Plaza de Mayo.

Alvarez precisó que las cajas serán oficialmente abiertas hoy y el secretario de Derechos Humanos, Oscar Fappiano, dijo a "La Nación" que "toda la información será digitalizada y, la semana próxima, cualquiera que lleve al Ministerio de Justicia un CD podrá llevársela para consultarla".

De todos modos, los documentos están a partir de ayer a disposición del público en el sitio de Internet http://foia.state.gov y en la biblioteca de la Oficina de Freedom of Information Act (FOIA), en el Departamento de Estado, informó en un comunicado la embajada de EE.UU.

Secretos del pasado que solo conocía Washington

Redacción del diario "La Nación", de Argentina (Buenos Aires 20 de Agosto de 2002)

Los documentos desclasificados por los Estados Unidos incluyen una detallada nómina de desaparecidos y nombres de militares que participaron de grupos de tareas, y revelan conversaciones de funcionarios de la embajada norteamericana con altos cargos del gobierno de facto que justificaban la represión ilegal.

Uno de los telegramas que la embajada remitió al Departamento de Estado el 14 de mayo de 1980 refleja la información obtenida por un oficial diplomático en una conversación con una fuente de inteligencia militar.

Esa fuente describe órdenes del año anterior respecto de los procedimientos de seguridad por aplicarse con los presos políticos. "Montoneros activos, miembros de las tropas especiales de agitación y de las tropas especiales de infantería serán tratados al igual que antes, con tortura y ejecución sumaria", fue el informe que recibió el oficial de la embajada.

Otros grupos (simpatizantes o allegados a Montoneros) serán tratados "abiertamente y dentro del sistema legal argentino", agrega.

Ante una pregunta, la fuente militar respondió al diplomático: "Primero, las fuerzas de seguridad ni confían ni conocen soluciones legales. Los métodos actuales son más fáciles y conocidos. Segundo, no hay militar responsable que tenga el valor de aceptar la responsabilidad formal por la ejecución de un montonero. Bajo los procedimientos actuales nadie es oficialmente responsable por las ejecuciones".

En otro de los documentos, el oficial de seguridad regional James Blystone detalla una reunión con un militar, el 2 de abril de 1980, en la que se esclarece el destino de dos desaparecidos. La fuente anónima cuenta cómo los montoneros Horacio Campiglia y Susana Binstock fueron capturados en Brasil por oficiales del Batallón 601 del Ejército y llevados a la base militar de Campo de Mayo.

El 6 de febrero de 1980, la embajada remitió a Washington un organigrama del Batallón 601, cuyo jefe era el general Leopoldo Galtieri.

La Embajada de Estados Unidos en la Argentina envió en 1979 al Departamento de Estado copia de las fichas de casi 10 mil casos de violaciones a los derechos humanos que acabaron en desapariciones

Redacción del diario "Clarín", de Argentina (Buenos Aires, 21 de Agosto de 2002)

Así lo revela uno de los documentos más extensos de la nueva serie de 4.677 informes secretos desclasificados, difundidos ayer, que muestran detalles del accionar de la dictadura, y el conocimiento que Washington tenía de lo que ocurría tanto en las entrañas del poder militar como en los centros clandestinos de detención.

Un repaso somero del contenido de los documentos desclasificados, que llegan hasta 1984, revela cómo los norteamericanos comenzaron evaluando a Videla como un "moderado", hasta llegar —tres años después— a conformar un documento con fichas de 10.000 casos de detenciones ilegales reportadas en la Embajada y más tarde, en 1984, reportar la tensa relación entre el presidente Raúl Alfonsín y los mandos militares.

El volumen de esta información muestra también que la diplomacia norteamericana llegó a enviar a Washington casi dos documentos diarios referidos solamente a violaciones a los derechos humanos.

Si bien la existencia de un registro de desapariciones ya había sido revelada por Clarín en 1997, cuando Alen Franklin ("Tex") Harris, secretario político de la Embajada de EE.UU., aseguró en una entrevista que habían conformado un archivo con unas 13.500 denuncias; es la primera vez que se accede a los papeles específicos.

Los informes reunidos en cuatro cajas de cartón fueron enviados la semana pasada por el Departamento de Estado norteamericano al embajador en Buenos Aires, James Walsh. Los archivos fueron desclasificados (antes eran secretos) a partir de gestiones que se iniciaron a fines de 1998, y que sumaron pedidos de jueces, organismos de derechos humanos y la Secretaría de Estado respectiva. Se utilizó el mecanismo que prevé la ley de Acceso a la Información norteamericana (o FOIA, por Freedom of Information Act).

Algunos de los documentos más significativos contienen:

- Un memorándum sobre torturas y desapariciones que señala que "en mayo de 1978, la Embajada de Estados Unidos informó que torturas físicas continúan siendo utilizadas regularmente durante los interrogatorios de terroristas sospechados". También informa que "ha habido una disminución neta de los informes de tortura, no porque la tortura haya sido prohibida sino que deriva de menos operaciones, porque el número de terroristas y subversivos ha disminuido".

Los métodos descriptos por la Embajada incluyen "descargas eléctricas, el ''submarino'', inyecciones de sodio pentotal, severas golpizas, y el ''teléfono'' (un golpe simultáneo en ambas orejas con las manos ahuecadas)", relata un documento.

- En 1980, dice otro informe, "el Gobierno argentino reconoce aproximadamente 3.400 prisioneros en virtud del estado de sitio, detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Arrestos y desapariciones continúan, aunque no en la escala masiva de los pasados dos años".

- La Embajada envió también a Washington un interesante informe secreto donde un informante, con el alias de Jorge Contreras, pone al día a la diplomacia nortemaricana sobre los centros clandestinos de detención y la organización del aparato de inteligencia argentino. Explica que la coordinación de operaciones secretas entre el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Federal se realizaba a través de grupos de tareas en el Batallón de Inteligencia 601.

El informante señala que estaban permitidas "operaciones indiscriminadas", y que si "la operación capturaba a un terrorista se publicitaría. Si se traía a un ama de casa o la tía de alguien, esta detención se negaría para evitar el rídículo".

- En uno de los documentos, que ayuda a esclarecer el destino final de un desaparecido, un oficial de la Embajada, James Blystone, detalla una reunión con una fuente argentina de inteligencia. Esta le cuenta cómo Horacio Campiglia y Susana Binstock, miembros de Montoneros, fueron capturados en Brasil por oficiales del Batallón 601, lo que confirma operaciones en el marco del Plan Cóndor. Luego fueron llevados a Campo de Mayo y desaparecieron. La fuente también menciona a otros 12 montoneros capturados, y comenta que otra víctima, Jara de Cabezas, estaba detenida en la Armada.

- En otro documento de 1977 titulado "Reporte sobre la situación subversiva", la Embajada señala que "las bandas marxistas están actualmente en retirada. Esto es evidente también a través de crónicas diarias, pero se hace mucho más evidente al ver la lista de sus bajas", hasta el 31 de mayo del 77. El documento enumera también las bajas de las "fuerzas legales", y la "situación del grupo Montonero", cuyas fuerzas "han sido debilitadas hasta un punto insospechado por la opinión pública". El informe habla también de la actividad de los llamados "frentes" político, sindical, militar y estudiantil y cuáles de sus dirigentes podrían estar en el exterior.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de los organismos que movilizó el pedido, aseguró que "los documentos confirman que la campaña de contrainsurgencia de la Junta Militar contempló la represión ilegal y las violaciones a los derechos humanos en forma masiva". Y que "también demuestran que la Embajada de Estados Unidos en Argentina y el Departamento de Estado mantuvieron una comunicación fluida con militares durante los preparativos del golpe, y estaban al tanto de que las violaciones aumentarían bajo la Junta militar. Sin embargo, dieron la bienvenida al nuevo régimen (de Jorge Rafael Videla)", sentenció el CELS en un comunicado.

La Embajada de los Estados Unidos precisó que los reportes pueden consultarse en la biblioteca de la oficina del FOIA, en el Departamento de Estado y en el sitio en Internet (http://foia.state.gov).

Los informes desclasificados no son los primeros que llegan al país. Además de los vinculados a la represión y al Plan Cóndor, en octubre del año pasado se conocieron varios telegramas que narran hechos similares. Pero estos documentos llegan en un momento en que algunos juicios por violaciones a los derechos humanos están siendo reactivados, como la causa en la que el juez Claudio Bonadio arrestó a 40 ex militares y policías por la desaparición de 20 montoneros.

Fuentes militares en actividad consultadas por Clarín aseguraron que no hay preocupación entre los uniformados, porque "nosotros ya sabemos quiénes somos", pero agregaron que, en cambio, "tendrían que preocuparse algunos sectores sindicales y políticos", en referencia a personajes que serían mencionados.