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África Occidental



El tribunal islámico absuelve a Safiya, pero otra nigeriana es condenada a la lapidación
La ejecución de la nueva víctima se aplaza hasta que deje de amamantar a su hija

Cruz Blanco/Agencias, en "El País" (Abuja/Madrid, 26 de Marzo de 2002)

'Hoy soy feliz. Doy gracias a Dios', dijo ayer Safiya Hussaini a la salida de la vista celebrada en Sokoto (Nigeria) donde el tribunal islámico de apelación desestimó condenarla a lapidación por adulterio. El alto tribunal respondió así al recurso de Safiya y a la campaña de las ONG que, dirigida por Amnistía Internacional, exigió la absolución de la mujer.

Sin embargo en Katsina, otro Estado nigeriano, un tribunal islámico ha condenado a Amina Lawal a morir a pedradas por adulterio. El juez retrasará ocho meses la ejecución para que Amina dé el pecho a su hija, nacida de la relación.

Nada más salir de la sala de apelación y con una amplia sonrisa, Safiya, de treinta y cinco años, se acercó a su hija, Adama, y la acarició. Adama, de un año, es el fruto de la relación que sirvió a los jueces del tribunal islámico de Sokoto (norte de Nigeria) para inculparla por adulterio en octubre pasado.

La falta de asistencia letrada y el hecho de que la sharía (ley islámica) -adoptada desde hace dos años en once Estados norteños de Nigeria y aplicada en el juicio- no estuviera en vigor cuando Safiya mantuvo las supuestas relaciones adúlteras sirvieron a la defensa para apelar la primera sentencia. La causa fue revisada ayer por el tribunal de apelación de Sokoto, que finalmente absolvió a Safiya.

La alegría por la liberación de Safiya Hussaini se vio ayer empañada al conocerse que otro tribunal islámico, esta vez de Bakori, en el Estado norteño de Katsina, había condenado el viernes pasado a morir lapidada a Amina Lawal, aldeana de treinta y cinco años, por adulterio probado por el nacimiento de una hija el pasado enero.

La mujer, que dispone de treinta días para apelar, estaba divorciada desde finales de 2000, y reconoció en el juicio su relación con Yahaya Mohammed durante los últimos meses porque la había prometido casarse si consentía tener relaciones sexuales.

Mohammed admitió ante el tribunal las relaciones con Amina, pero negó que hubieran sido sexuales. El tribunal retiró los cargos contra él debido a que Amina no pudo presentar los cuatro testigos que exige la ley islámica, lo mismo que le sucedió a Safiya en su día. Amina, que tuvo a la niña a principios de 2002, fue detenida el 4 de marzo por vecinos de su pueblo, Kurami.

La sentencia por condena a lapidación se basa en la declaración de la inculpada y en la prueba de la hija nacida fuera de matrimonio. En un acto de generosidad, el tribunal ha otorgado a Amina ocho meses de plazo antes de la ejecución de la sentencia para que pueda dar el pecho a su hija.

En caso de no haber apelación, la condena tendrá que ser aprobada por un consejo de Estado sobre la interpretación de la sharía y por el gobernador del Estado de Katsina, Umar Musa Yar' Adua, próximo al presidente del Estado Federal, Olusegun Obasanjo, y conocido por su actitud moderada ante la aplicación de la ley islámica.

Los rasgos de este nuevo juicio parecen un calco del celebrado contra Safiya, quien pese a la condena pudo volver momentáneamente a su pueblo, Tungar Tudu, a treinta kilómetros de Sokoto, para cuidar de la pequeña Adama y de sus otros cuatro hijos.

La ignorancia de las leyes y la falta de abogado hacen que estas mujeres caigan en aceptar haber mantenido relaciones extramatrimoniales. En el caso de Safiya, con un primo, de sesenta años y casado con dos mujeres, que negó la relación bajo juramento y fue absuelto. También la hija de esa relación sirvió de prueba al tribunal para inculparla por adulterio.

Orientada por su abogado, Safiya declaró que su hija, Adama, era fruto de relaciones mantenidas con su anterior esposo, argumento que la amparaba, ya que la interpretación de la sharía permite al matrimonio disuelto mantener relaciones sexuales hasta siete años después de producido el divorcio.

Desde octubre pasado, que se conoció la sentencia a muerte por lapidación de Safiya, las ONG, con una intensa campaña liderada por Amnistía Internacional, que recogió sólo en España y en una semana más de seiscientas mil firmas en defensa de la vida de la acusada, exigieran al Gobierno federal de Nigeria, que intercediera ante el tribunal de apelación que decidía ayer sobre la suerte de la mujer.

La presión internacional hizo que el Gobierno nigeriano optara por enfrentarse a los tribunales de los once Estados del norte del país donde se aplica la sharía como código penal. El pasado 18 de marzo, el ministro nigeriano de Justicia, Kanu Agabi, advirtió a los gobernadores de esos Estados de que la estricta aplicación de la ley islámica es ilegal y contraria a la Constitución del país.


Amnistía teme nuevos casos y pide que se mantenga la presión a Nigeria


Cruz Blanco/ Madrid

Amnistía Internacional (AI) mostró ayer su satisfacción por la absolución de Safiya Hussaini, pero la nueva condena a lapidación por adulterio formulada el pasado viernes a otra mujer en el Estado de Katsina ha forzado a la organización a llamar a que se mantenga la presión sobre el Gobierno de Nigeria, para que intervenga en los once Estados del norte donde se aplica la sharía o ley islámica.

AI y una ONG dedicada a temas nigerianos, Baobab por los Derechos Humanos de las Mujeres, denunciaron ayer que la sharía que se aplica en los tribunales del norte de Nigeria está orientada a castigar a las víctimas de los abusos sexuales y que los hombres violan o coaccionan a las mujeres y niñas 'seguros de su impunidad'.

Ambas organizaciones transmiten que han observado cómo la aplicación de la ley islámica está sirviendo para cometer 'serias violaciones de los principios de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional'. Y citan una lista de estas violaciones, que incluye los castigos crueles, inhumanos y degradantes (lapidación, flagelación o amputación de miembros), el incumplimiento de las normas internacionales sobre un juicio justo, así como discriminación por razón de sexo y por estatus social, falta de información judicial a los jueces de los tribunales de la sharía y potestad de condenar a muerte de estos tribunales.

Las entidades religiosas islámicas en España se sumaron ayer a la satisfacción generalizada por la decisión del tribunal de apelación. Josep Fernández, portavoz de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, denunció la condena por lapidación, de 'injusta desde todos los puntos de vista, incluido el islámico'. 'El Corán no habla de pena de lapidación', añadió.

La 'sharía' en once Estados

En 2000 un total de once Estados del norte de Nigeria aprobaron la sharía en su territorio. La mayoría musulmana de estos territorios aplaudió la expansión de la ley islámica, ante la oposición de la minoría cristiana. Basada en el Corán, la ley islámica ofrece unas reglas de comportamiento para los musulmanes que, caso de ser transgredidas, pueden acarrear incluso la pena de muerte.

Nigeria se rige por una constitución federal y es el país más poblado de África, con casi ciento diez millones de habitantes. A partir de los años sesenta, su economía, basada hasta entonces exclusivamente en la agricultura tradicional dio un giro con el desarrollo de la industria petrolera en el sur del país.

Hoy los grupos islamistas más rigoristas, educados en las doctrinas saudíes, desafían al Gobierno nigeriano y no reconocen autoridad a un Estado que antepone la Constitución a Dios.