Exigen «rapidez» en la revisión de los papeles de 60.000 afectados

O.L.C. ( 11 de Mayo de 2001, Diario 16|Madrid)

La Coordinadora de Inmigrantes de Madrid, plataforma que representa a las casi 350 personas que permanecen encerradas en cuatro puntos de la región en demanda de «papeles para todos» - Orcasitas, Entrevías, Vallecas y Getafe - solicitó ayer a la Delegación del Gobierno una respuesta «rápida» a la última propuesta elaborada por este colectivo que fue presentada ante el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, hace quince días.

La propuesta, que según la Plataforma es muy similar al acuerdo alcanzado en la Comunidad Valenciana, recoge la necesidad de que la Administración revise de oficio los expedientes denegados en el último proceso de regularización.

Representantes del Defensor del Pueblo se reunirán hoy con la Coordinadora para analizar la propuesta que han hecho a la Delegación del Gobierno de Madrid. La institución que preside Ansuátegui «está a la espera», según la citada nota, de que esa Oficina «presente una propuesta final».

Según explicó la portavoz de los encerrados en estos cuatro puntos, Narcisa Pijal, entre 55.000 y 60.000 personas se encuentran en situación irregular en Madrid, «la mayoría por no disponer de una oferta firme de trabajo».

Las últimas cifras aportadas por el Foro de la Inmigración reflejan, además, que en la Comunidad hay otros 265.000 inmigrantes que ya han conseguido regularizar su situación.

Asimismo, la Coordinadora denunció la existencia de unos 55.000 expedientes que se encuentran «atascados» en la Delegación del Gobierno «hasta 8 meses» debido a «la escasez de personal y medios» en sus instalaciones. A este respecto, la Delegación afirmó que la plantilla se ha visto aumentada en 60 personas para atender esta inflanción de trabajo. Los colectivos de los inmigrantes encerrados también plantean la resolución de favorable de todos los permisos de trabajo presentados hasta la fecha, así como la paralización de los procedimientos de expulsión durante su tramitación.

De igual modo, exigen la aplicación del artículo 31.4 de la Ley de Extranjería, que contempla la regularización por motivos humanitarios o de arraigo, y una «especial consideración» para las mujeres inmigrantes que hayan sufrido algún maltrato o agresión sexual.

Pijal recordó que ninguno puede negociar directamente con el Gobierno porque permanecen en una situación de irregularidad. «Es una barbaridad, porque mientras nosotros negociamos ellos están esperando en una sala contigua», indicó la secretaria ejecutiva de UGT, Isabel Navarro, quien se preguntó «por qué la Administración no negocia directamente con los afectados».

OLVIDO.
En estos momentos, casi 350 inmigrantes continúan con su encierro. En iglesias de Orcasitas y Vallecas hay 40 personas encerradas en cada una, otras 70 en Entrevías y 150 inmigrantes en el Ayuntamiento de Getafe. Según una encerrada en este municipio, la situación empieza a ser complicada: «Al principio recibíamos ayudas de vecinos, partidos, pero conforme transcurre el tiempo caemos en el olvido», afirmó ayer Mónica. El panorama en los otros tres lugares no es tan negativo, pero «los días se hacen cada vez más largos», apuntó uno. Ya son cuatro meses de encierro.