Una de las novedades en el nuevo gabinete de ministros del gobierno de Néstor Kirchner en la Argentina es el reemplazo de Roberto Lavagna en Economía, por Felisa Miceli, quién fungía hasta entonces como Presidente del Banco Nación Argentina (BNA). La nueva titular de Economía había llegado a esa función de la mano del ex Ministro, e incluso anteriormente había integrado la consultora privada fundada por Lavagna. Buena parte del equipo ministerial se mantuvo y las incorporaciones no suponen modificaciones sustanciales en política económica. Por ello es que no está previsto una ruptura conceptual con el cambio ministerial. Entre otras consideraciones, se acelerarán las gestiones del Ministerio de Economía ante el Parlamento para aprobar el Presupuesto 2006, elaborado por la gestión anterior y que no contempla mejoras en la distribución del ingreso, ni por el lado del gasto público, es decir, sueldos y asignaciones de empleados públicos o jubilaciones y pensiones; pero tampoco por el lado de los ingresos, especialmente del régimen tributario, dando continuidad al regresivo régimen de impuestos vigente en el país.

La continuidad del objetivo de superávit fiscal, que este año rondará el 5% del PBI es una meta establecida según surge de las tendencias actuales y los números registrados para el tratamiento del Congreso. El cumplimiento riguroso de los vencimientos de la deuda pública están así asegurados, especialmente aquellos con los organismos financieros internacionales, con independencia de si habrá o no acuerdo con el FMI. En materia de política cambiaria también se afirma la continuidad. No solo por los dichos de la nueva ministro y del propio Presidente de la Nación, sino porque fue conocida la intervención del BNA, presidido por Miceli en la compra de dólares con los fondos públicos depositados en ese banco oficial. Fue una operatoria funcional a la política de mantenimiento de un dólar a $3 más que a una forma de “invertir” fondos líquidos, pues si esta hubiese sido la intención, con la tendencia de la divisa a la baja se manifestaba como una inadecuada búsqueda de rentas.

Primeros anuncios

Las novedades anunciadas se concentran en la lucha contra la inflación, tanto en materia de incidir en la disminución de los precios, como en la promoción del crédito público para la inversión privada.

Con el índice de noviembre ya se acumula en Argentina el techo del 11% previsto para todo el 2005; pero el detalle es que el costo de los alimentos duplicó el índice promedio, volviendo a poner de manifiesto que son los sectores empobrecidos los que más sufren por el aumento de los precios, ya que sus consumos se concentran en productos de primera necesidad, especialmente alimentos.

La medida anunciada por el gobierno es un acuerdo con los principales supermercados, un 40% aproximadamente de la venta al menudeo, consistente en una reducción del 15% de los valores de unos 250 productos al precio registrado al 30/11 y con pretensión de congelamiento hasta el 31/01/06. También se suscribieron acuerdos con algunos fabricantes, por ejemplo de lácteos y se piensa suscribir con otros empresarios de rubros que inciden en la canasta básica de consumo.

Hay que recordar que el año pasado, también para esta época se tomaron medidas similares, que volvieron a repetirse en varias ocasiones durante el 2005, caso de los precios de la carne vacuna o aviar, y el resultado está a la vista con una inflación de dos dígitos. No se pretende augurar el fracaso de la medida, pero si llamar la atención en las cuestiones estructurales de la inflación, las que deben buscarse en la concentración económica y con capacidad para definir precios y condiciones de funcionamiento de la economía. Es el monopolio en la producción y en la distribución el principal responsable de la inflación y puede verificarse la dominación monopólica en la mayoría de los rubros con fuerte incidencia en la canasta de consumo de la población. Pero, ¿qué ocurrirá el 1/2/06 cuando venza el plazo del acuerdo suscripto? Queremos insistir que la inflación no se debe a cuestiones de expectativas, sino y principalmente a la estructura de propiedad monopolista de la producción y distribución de bienes y servicios.

Se habla de más de 250 productos y el primer fin de semana de diciembre se pudo verificar en góndola una cincuentena de productos ofrecidos a precios rebajados. Se presume que en los próximos días se irán incorporando los productos para alcanzar el objetivo e incluso superar la cantidad de bienes a precios disminuidos. El impacto es aún limitado y resta considerar la incidencia que finalmente tendrá sobre los indicadores inflacionarios del último mes del año. Debe considerarse que los consumidores de supermercados son sectores de ingresos medios y altos, con lo cual los primeros y directos beneficiarios no se encuentran entre los más necesitados, aunque pueda pensarse que la cadena de comercialización se adecuará al ritmo de lo que imponen los más concentrados.

Créditos públicos para la inversión privada

La otra medida anunciada y también vinculada a la lucha contra la inflación es el otorgamiento de una masa de crédito del orden de los 1.500 millones de dólares, equivalentes a 4.500 millones de pesos, a 10 años de plazo y con tasas más bajas que las que rigen en el mercado, pero igualmente elevadas en función de la rentabilidad que requieren, especialmente los sectores de la pequeña y mediana empresa.

Son fondos para aplicar en la inversión de bienes de capital y de ese modo mejorar la capacidad de inversión en el sector productivo. El razonamiento es que si se expande la capacidad de oferta productiva en el país, entonces la mayor demanda de productos no generará necesariamente incremento de precios. La línea de créditos es ofrecida por el BNA y ratifica la importancia que para cualquier gobierno tiene mantener la propiedad de un banco oficial, de un agente financiero y que pueda jugar una función testigo. Es probable que esta medida induzca a otros bancos a ofertar en el mismo sentido.

La cifra no es menor si se considera que representa el 8% del conjunto de los créditos al sector privado en la Argentina. Claro que esto llevará tiempo, el que va entre que se consideren los proyectos y se liquiden los créditos, se realice la inversión y se amplíe la producción. El impacto en reducción de precios por ampliación de la oferta se podrá ver con el transcurrir del tiempo y del programa, pero cuidado, si no se establecen cuotas y límites, el crédito puede terminar concentrado en los grandes empresarios y otra vez, el rédito favorecerá a los sectores monopolizados.

La distribución del ingreso sigue pendiente

En fin, se va terminando el año, con una proyección de crecimiento del PBI en torno al 9%, uno de los más elevados en el ámbito regional y mundial y por tercer año consecutivo. La noticia es que hasta ahora sin capacidad de socialización al conjunto de la población. Los problemas de fondo, tales como el desempleo, el empobrecimiento y la desigualdad entre pocos que acumulan mucho y muchos que resignan ingresos se mantiene aún como una asignatura pendiente.

Como siempre hemos sostenido, no se pueden esperar cambios solo desde los gobiernos. Para que estos actúen hace falta la presión organizada de la sociedad. En general, hay que decirlo, más se escucha, especialmente en los medios de comunicación, el reclamo del establishment; y es que el reclamo popular tiene mala prensa. Una razón más, ante el cambio de ministro, para bregar por hacer audible y visible el reclamo para establecer una política económica que satisfaga los intereses económicos de la mayoría postergada.

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2005