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8 de octubre
de 2003. La Administración Bush, enfrascada como está en hallar prioritariamente una salida al empantanado frente de Iraq, ha vuelto a optar por replegarse temporalmente de su intervención diplomática y política en el conflicto palestino-israelí. Los ataques militares de Israel contra Siria y Líbano confirman que la estrategia de Israel es sacar el máximo beneficio del nuevo vacío que establece, tanto en Palestina como a escala regional, esta coyuntura. El repliegue estadounidense de la cuestión palestina constituye para Israel un elemento objetivamente beneficioso en su estrategia en los Territorios Ocupados, justo todo lo contrario de lo que reclama la AP. El augurio de un mayor remonte en la presión del gobierno y el ejército israelíes contra la Autoridad Palestina (AP) y contra Yaser Arafat tras el atentado suicida de la joven abogada palestina de 29 años de edad Hanadi Haradat [1], que provocó el pasado sábado 4 de octubre 19 muertos en Haifa, ha modificado nuevamente la coyuntura política palestina, forzando un inmediato decreto por parte de Arafat que establece el estado de emergencia en las Áreas Autónomas Palestinas. A esta decisión, tomada por el presidente de la AP "[...] debido a las difíciles condiciones del momento [y] [...] basada en exigencias del más alto interés nacional", se ha unido la no menos relevante de nombrar un gobierno de emergencia, posponiendo con ello indefinidamente la presentación para su aprobación al Consejo Legislativo Palestino (CLP) de la propuesta del nuevo gabinete de Ahmad Qura'i, Abu Ala [2], y cuya tarea será "trabajar para reforzar y consolidar la unidad nacional, además de otras labores básicas" [3]. El gobierno de emergencia, además del propio Qura'i como primer ministro, se ha reducido de 23 a ocho ministros: Nasr Yusef, ministro de Interior; Salam Fayad, ministro de Finanzas; Nabil Shat, ministro de Exteriores; además de Naim Abu Hommos, Saeb Erecta, Jawad Tibi, Jamal Shobaki y Abdul Rahman Hamad. Con esta decisión vuelve a tomar cuerpo la determinación de la oficialidad palestina de responder a las exigencias de israelíes y estadounidenses relativas al control de la resistencia palestina. Ninguna respuesta crítica se ha dejado escuchar por boca de europeos o estadounidenses, mucho menos de israelíes, sobre esta decisión, que atenta frontalmente contra el falsamente promovido principio de la reforma democrática de la AP. Poco después de producirse el ataque en Haifa, el propio Arafat condenó públicamente esta acción y puso en marcha este decreto de estado de emergencia. Por su parte, Abu Ala declaraba que su nuevo gobierno está determinado a poner fin al "estado de caos" que se vive en los Territorios Ocupados (TTOO) y reiteraba que, aunque no permitirá que se los palestinos sean empujados hacia la guerra civil, "no seremos indulgentes para imponer la ley y el orden" [4]. La prioridad de Abu Ala -al igual que la del anterior primer ministro Abu Mazen- es, en primera instancia, tratar de quebrar la resistencia palestina mediante la negociación de una tregua con los grupos y fuerzas políticas palestinos que la defienden, con el fin de contener la presión del gobierno Sharon contra Arafat y contra la propia AP. Se trata de "establecer un diálogo interpalestino más serio que nunca para alcanzar un mínimo común que ponga fin a la presente crisis". Sin embargo, y al igual que ocurriera con el propio Abu Mazen, la agenda presidencial de la AP -recuperar el control de la Intifada mediante la negociación de una nuevamente improbable tregua con los grupos palestinos- vuelve a ser obviada por Israel: el ejército de ocupación ha vuelto a lanzar una nueva agresión atacando la ciudad cisjordana de Yenín (en toque de queda desde los últimos tres días) y bombardeado varias viviendas palestinas próximas a la de la familia de Hanadi Haradat como nueva demostración del castigo colectivo con que Israel responde a los activistas de la resistencia armada de la Intifada. Esta acción militar, que ejemplifica una vez más y en un momento de extrema crisis en la política palestina el absoluto desdén con que el gobierno israelí contempla los movimientos políticos palestinos de la AP, refirma la invariable estrategia del gobierno de Sharon de seguir propugnando una única salida -la militar, ergo la de la represión- a la Intifada palestina. Y ello, además, reforzado por la Administración Bush, cuyo presidente concede a Israel el derecho a servirse del mismo argumento inmoral de la "Guerra global contra el terrorismo", que sigue articulando la política exterior estadounidense en Iraq y en toda la zona en beneficio de sus fines. La respuesta de Bush calificando el ilegal ataque militar de Israel contra Siria del pasado 5 de octubre como autodefensa y sus declaraciones de respaldo al bombardeo aéreo de un campamento de refugiados palestinos próximo a Damasco al afirmar que "Israel no debe sentirse frenado en defenderse a sí mismo" ponen nuevamente en evidencia la abierta complicidad de israelíes y estadounidenses para servirse mutuamente de una lógica de intervención militar fraguada hace décadas en Oriente Medio al margen de la comunidad internacional -y ahora rehabilitada tras el 11-S con la invasión y ocupación de Iraq- que otorga a Israel la supremacía y la impunidad regional, refuerza la estrategia de dominio y control estadounidense de todo el área, ningunea a los Estados árabes y convierte en irrelevante, porque lo viola sin penalización alguna, el ordenamiento internacional de Naciones Unidas (NNUU). Irrelevancia de NNUU e impunidad de Israel Invariable en su estrategia y en una nueva coyuntura, Sharon se permite ir todavía más lejos atacando a dos Estados árabes soberanos -Siria y Líbano (6 de octubre de 2003)- con la excusa de perseguir al "terrorismo palestino", a sabiendas de que el respaldo incondicional de la Administración Bush a su gobierno frenará cualquier intervención efectiva de la comunidad internacional contra su política, como así ha sido tras formular EEUU el veto a la resolución de condena a Israel por parte del Consejo de Seguridad (CS) de NNUU tras su ilegal agresión militar contra Siria. Con su veto, EEUU no solo refuerza a Israel sino que vuelve a imponer la negativa a ninguna otra intervención internacional en el conflicto palestino-israelí: ni la UE, ni Rusia ni los países de la Liga Árabe, ni NNUU en su conjunto modificarán un ápice sus relaciones y/o posiciones respecto a un Israel permanentemente agresor pero siempre impune. Obsceno espectáculo al que se ha añadido la penalización de Siria (país agredido y promotor de dicha resolución como miembro no permanente que es del CS de NNUU en la actualidad) al reafirmar los restantes miembros del CS las acusaciones -como siempre no probadas- de que los grupos políticos palestinos que operan en su territorio forman parte del terrorismo palestino con el que Israel pretende acabar a base de bombardear campamentos de refugiados ya no solo en Palestina sino también en Siria, y a los que los miembros más significativos del CS, particularmente los de la UE, se han afanado en incluir miméticamente en su lista de "organizaciones terroristas", tal y como manda el dictado de EEUU. Repliegue de EEUU de la cuestión palestina Y todo ello, incluida nueva neutralización de la comunidad internacional, se hace cuando además la Administración Bush, enfrascada como está en hallar prioritariamente una salida al empantanado frente de Iraq que mejore su posición interna de cara a las elecciones de noviembre de 2004, ha vuelto a optar por replegarse temporalmente de su intervención diplomática y política en el conflicto palestino-israelí [5]. Los ataques militares de Israel contra Siria y contra Líbano confirman que la estrategia de Israel es sacar el máximo beneficio del nuevo vacío que establece, tanto en Palestina como a escala regional, esta situación coyuntural. El repliegue estadounidense de la cuestión palestina constituye para Israel un elemento objetivamente beneficioso a su estrategia en los TTOO y en la región, justo todo lo contrario de lo que reclama la AP. No en vano, ha sido Israel quien ha operado permanentemente, y desde su constitución, contra cualquier intervención del llamado Cuarteto (EEUU, la UE, Rusia y NNUU), que, como a través de la infame "Hoja de ruta" [6], pudiera suponer una reorientación internacional de la cuestión palestina y, aún siendo beneficioso para sus propios intereses, frenara su táctica de acabar físicamente -y no sólo políticamente- con la resistencia palestina [7]. Cuanto más se distancie su más firme aliado, la Administración Bush, de la cuestión palestina y menor sea su intervención directa, mayor será el margen de maniobra de Israel para seguir imponiendo, a la sombra del discurso contra el terrorismo, su posición indefinida de potencia ocupante en los TTOO y su hegemonía militar en la región. Notas: 1. "From trainee lawyer to Haifa bomber", Al Jazeera,
5 de octubre de 2003. |
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