Cuando parece que la fase bélica de la intervención contra Afganistán se aproxima a su fin, Palestina es el nuevo escenario de la guerra global que EEUU ha lanzado contra los pueblos a raíz de los atentados del 11 de septiembre. Sin duda, es el gobierno de Ariel Sharon el que está desencadenando la que pretende ser la ofensiva definitiva contra la Intifada palestina, pero cuenta para ello con el pleno respaldo de la Administración Bush, sus intereses y objetivos son coincidentes, y la argumentación para justificar esta guerra genocida es la misma que la empleada para arrasar Afganistán: la lucha contra el "terrorismo".

Tras la guerra contra Iraq de 1991, EEUU ha intentado en estos años imponer en Próximo Oriente un orden regional que preservara sus intereses estratégicos -básicamente, el control de sus reservas petrolíferas- y garantizara al tiempo la inserción económica del Estado de Israel en la zona y, con ello, del conjunto del espacio árabe, de sus poblaciones y sus recursos, en la economía capitalista mundializada. Los dos pilares de este proyecto de control neocolonial del Próximo Oriente eran la normalización política árabe-israelí y la desestructuración de Iraq por medio de la prolongación de las sanciones económicas.

La nueva Intifada palestina -junto con la resistencia del pueblo iraquí a once años de embargo y agresiones militares- ha desbaratado el proyecto norteamericano-israelí, al asociar el relanzamiento de la resistencia popular contra la ocupación con la exigencia de un nuevo marco de negociación con Israel, que, a diferencia del de Oslo, recuperara como base de un acuerdo de paz justo y definitivo la aplicación de las resoluciones de Naciones Unidas, que amparan los derechos de los refugiados palestinos y exigen a Israel su retirada incondicional de los territorios árabes ocupados desde 1967.

Desde que se iniciara el proceso de paz árabe-israelí en Madrid, los derechos internacionalmente reconocidos del pueblo palestino han sido progresivamente escamoteados, mientras que Israel -con la tolerancia de las sucesivas Administraciones norteamericanas y la pasividad internacional- afianzaba su control económico y demográfico sobre Gaza y Cisjordania, ampliando y creando asentamientos, con el objetivo de hacer inviable sobre el terreno la creación de un Estado palestino soberano. Hoy, la población palestina de Gaza y Cisjordania vive encerrada en cantones aislados entre sí, que pueden ser fácilmente sometidos al asedio del ejército israelí o reocupados, como está ocurriendo estos días.

Sin embargo, pese a una represión que se ha cobrado un millar de muertos y más de 30.000 heridos, pese al empobrecimiento generalizado y la devastación provocados por la violencia israelí y el abandono internacional, el pueblo palestino mantiene su Intifada desde hace más de un año. Por ello, el gobierno Sharon, con el apoyo explícito de EEUU, ha optado finalmente por la solución militar, justificando el aplastamiento de la Intifada en el contexto de la "guerra contra el terrorismo" iniciada en Afganistán.  Tras los atentados de Jerusalén y Haifa (que han costado la vida a una treintena de ciudadanos israelíes) EEUU e Israel han situado a la Autoridad Palestina, al propio Arafat, ante la disyuntiva de su aniquilación física o tener que asumir abiertamente la represión de su propio pueblo y poner fin a la Intifada.

Pese a la brutal represión ejercida durante este año de Intifada contra el pueblo palestino, Israel ha seguido siendo un socio económico preferente de la Unión Europea (UE). Tras el 11 de septiembre, anulada ya definitivamente por la ofensiva belicista y represiva lanzada por EEUU tras el 11 de septiembre, la UE ha aceptado la lógica militar del aplastamiento de la Intifada, uniéndose en las últimas semanas a la Administración Bush en sus presiones sobre Arafat para que imponga represivamente el fin del levantamiento popular. Por su parte, el gobierno Aznar -tras haberse sumado entusiásticamente desde el primer momento a la campaña de "lucha global contra el terrorismo" de EEUU con una clara utilización interna- se apresta ahora a aprovechar la presidencia española de la UE para asumir un papel 'mediador' que no podrá ser otro que el de corre-ve-y-dile de Washington ante los regímenes árabes.

Pero la resistencia contra la ocupación no es terrorismo: la resistencia de los pueblos a la ocupación es un derecho internacionalmente reconocido y la Intifada es hoy la expresión renovada de la resistencia y las aspiraciones históricas del pueblo palestino. El pueblo palestino está atrapado en una espiral de violencia y represión que pretende malograr el proyecto de reconstrucción social y nacional que significa, como la anterior, esta nueva Intifada: resistir y vencer a la ocupación y, al tiempo, cimentar las bases de una Palestina libre y democrática. Los atentados palestinos indiscriminados contra civiles israelíes no solo provocan inadmisible sufrimiento y justifican la brutalidad militar y el terrorismo de los colonos: también anulan el protagonismo popular en la lucha contra la ocupación y por la emancipación. 

Quienes integramos en Madrid la Plataforma 'Paremos la Guerra' expresamos nuestra plena identificación y solidaridad con el pueblo palestino y con su lucha, nuestro firme apoyo a sus reivindicaciones nacionales. El Secretario de Estado norteamericano Colin Powell asociaba explícitamente el pasado 19 de noviembre guerra y expansión capitalista. La denuncia de la guerra es la denuncia de la globalización: Afganistán, ahora Palestina, después quizás Iraq y luego Colombia, son fases de un mismo proceso de afianzamiento hegemónico -militar primero, luego económico- de EEUU a escala planetaria, diseñado contra los pueblos, sus derechos y su futuro. A pesar de la guerra, miramos con esperanza al futuro: los pueblos aprenden y se refuerzan con el tesón de luchas que son sin duda convergentes.