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Iniciativas por el procesamiento de Sharon por crímenes contra la Humanidad
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Llamamiento de apoyo a la petición de justicia de las víctimas y supervivientes de Sabra y Chatila Centro de Información y de Recursos para los Refugiados palestinos (BADIL) Belén, 28 de junio 2001 (Traducción del CSCA) Mientras que el primer Ministro israelí, Ariel Sharon, y su gobierno de unidad nacional siguen con sus esfuerzos para deslegitimizar el derecho internacional, la resistencia palestina a la ocupación israelí y los líderes palestinos debaten públicamente sobre un posible encausamiento de Sharon por Crímenes contra la Humanidad cometidos en el pasado. En Palestina y en el mundo árabe -onde este debate se ha mantenido desde hace mucho tiempo- estas últimas iniciativas (un tribunal público y simbólico sobre crímenes de guerra en El Cairo, la posible reapertura de la investigación de la masacre de Sabra y Chatila de 1982 por el Fiscal Militar Jefe de Líbano, y el reciente reportaje de la BBC "El Acusado", que repasaba la responsabilidad de Sharon por la masacre de 1982 en dos campos de refugiados palestinos) han sido muy bien acogidas. Más aún, el llamamiento para una investigación criminal sobre el papel de Sharon en la masacre de Sabra y Chatila, formulado por la organización estadounidense Human Rights Watch el pasado fin de semana ha hecho crecer las esperanzas de que la petición de justicia se extienda más allá de Oriente Próximo y encuentre un apoyo creciente en Europa y EEUU. Mientras tanto, las víctimas y supervivientes de Sabra y Chatila han pasado su primer día en el tribunal belga. El lunes 18 de junio, tres abogados presentaron ante la juez de instrucción Sophie Huguet una querella en nombre de 28 demandantes y testigos, todos ellos supervivientes de la masacre de Beirut. Con este acto, se ha abierto formalmente una causa contra Ariel Sharon, primer Ministro de Israel, por Crímenes de Guerra, Crímenes contra la Humanidad y Genocidio. Bajo la actual legislación belga, introducida en 1993 y modificada en 1999, se ha ampliado la posibilidad de llevar a juicio a criminales de guerra en términos de ciudadanía y tiempo. Utilizando los conceptos legales de "jurisdicción universal", los legisladores belgas han dejado a un lado las limitaciones de tiempo, nacionalidad y status diplomático: los jefes de Estado extranjeros pueden ser juzgados por sus crímenes, donde quiera que los hayan cometido. Merece la pena recordar que Israel invocó la jurisdicción internacional cuando secuestró y juzgó al criminal nazi Adolf Eichmann por Crímenes contra la Humanidad. Su caso, y otros similares, son citados en la querella. Como ministro de Defensa israelí en aquella época, Sharon planeó y dirigió la invasión de Líbano en 1982. Cuando el presidente electo de Líbano [el ultraderechista y jefe del Partido Falange, aliado de Israel] Bashir Gemayel fue asesinado el 14 de septiembre de 1982, fue Sharon quien ordenó al ejército israelí ocupar Beirut Oeste y rodear la zona de los campos de refugiados palestinos de Sabra y Chatila. Fue Sharon quien dio la orden para que las milicias libanesas entraran en los campos. La querella se ha presentado contra Ariel Sharon, Amos Yaron y cualquier persona israelí o libanesa responsable de Genocidio, Crímenes contra la Humanidad y Crímenes de Guerra que ocurrieron entre el 16 y el 18 de septiembre de 1982, incluyendo el asesinato, tortura, violación y "desaparición" de entre 1.000 y 3.500 civiles: niños, mujeres y hombres, libaneses y palestinos. La querella se basa en el Derecho Internacional, incluyendo jus cogens, también como en la ley belga. Aunque una comisión oficial israelí de investigación (la Comisión Kahan, 1983) juzgó que Sharon era "responsable personalmente" de la masacre, no se elevaron acciones legales contra él en su país. Con la dimisión de Sharon de su puesto de Ministro de defensa, Israel y la opinión pública mundial se olvidaron pronto de la masacre y de sus víctimas. Los 23 demandantes y los cinco testigos (la diferencia se debe a razones procedimentales de la ley belga) que acusan a Sharon representan a un número mucho mayor de gente que nunca han sido reconocidos como víctimas, ni indemnizados por las pérdidas. Todos los querellantes perdieron a miembros cercanos de su familia, en algunos casos a sus padres, también como a hermanos. Cuando se leen sus testimonios se vuelve a entender el horror y el carácter de una masacre que se encuentra entre las peores del siglo XX. Los querellantes están representados por tres abogados: Luc Walleyn, Michael Verhaeghe y Chibili Mallat. Al día siguiente de la presentación formal de la querella, Patrick Collignon fue nombrado juez de instrucción para llevar la investigación. Él conducirá los procedimientos. La investigación ha empezado oficialmente. |
