"La Junta General del Principado considera que estas acciones [del Ejército israelí] castigan al conjunto de la población civil palestina, a niños, mujeres y refugiados que han sido objeto de ataques indiscriminados en contravención del derecho internacional, que les otorga un régimen de protección especial. Población que soporta la destrucción a gran escala de propiedad civil, incluyendo hogares, lugares de culto, hospitales, ambulatorios, ambulancias, escuelas y universidades, iglesias y mezquitas, incluso de la red eléctrica y de distribución del agua, todo ello en una escala que supera el concepto de terrorismo de estado para llegar al de genocidio"

TEXTO APROBADO:

El Pleno de la Junta General del Principado de Asturias, en sesión celebrada el día 25 de abril de 2002, a propuesta de la señora Presidenta, por asentimiento, aprobó la siguiente,

Declaración Institucional

Los palestinos residentes en Gaza y Cisjordania están sufriendo la reocupación de sus poblaciones por las tropas israelíes y el cerco impuesto a Arafat desde hace meses, agravado en los últimos días por el ataque a la sede de la Autoridad Nacional Palestina. A esto se añaden las detenciones masivas de varones entre 14 y 50 años, empleando métodos inhumanos como vendaje de ojos, registros e impresión de números en los brazos, la expulsión de los observadores, periodistas y voluntarios de agencias humanitarias, negando el acceso a los servicios médicos y la atención a los heridos.

La Junta General del Principado considera que estas acciones castigan al conjunto de la población civil palestina, a niños, mujeres y refugiados que han sido objeto de ataques indiscriminados en contravención del derecho internacional, que les otorga un régimen de protección especial. Población que soporta la destrucción a gran escala de propiedad civil, incluyendo hogares, lugares de culto, hospitales, ambulatorios, ambulancias, escuelas y universidades, iglesias y mezquitas, incluso de la red eléctrica y de distribución del agua, todo ello en una escala que supera el concepto de terrorismo de estado para llegar al de genocidio.

La Junta General del Principado entiende que todas estas acciones constituyen una clara violación de la IV Convención de Ginebra de 1949, que Israel está obligada a cumplir. Varias de las acciones están clasificadas como "violaciones graves"; incluyendo casos en los que se ha causado intencionadamente "un gran sufrimiento o se han causado graves heridas corporales o daños contra la salud", así como la "destrucción a gran escala de propiedades de manera ilegal y gratuita, sin que exista ninguna justificación militar para ello."

La Junta General del Principado condena los ataques suicidas perpetrados contra civiles dentro de Israel y considera que son una atrocidad. Sin embargo, el Parlamento asturiano sostiene que tales acciones no pueden servir como justificación para castigar colectivamente a todo el conjunto de la población civil en los Territorios Ocupados, y tampoco pueden servir de excusa o justificación a las violaciones del derecho internacional por parte israelí, incluyendo su ocupación continua e ilegal de los territorios.

Asimismo, la Junta General quiere dejar constancia de que la actuación del Gobierno de Israel, que atiende sólo a objetivos militares, está llevando la represión a la población palestina. La vía para que los israelíes vivan seguros es poner fin a la ocupación israelí de territorios palestinos que dura ya 35 años. Los israelíes deben abandonar el mito de que es posible vivir en paz y mantener la ocupación.

A lo largo de la pasada década el pueblo palestino ha asistido a una serie de acuerdos y negociaciones en los que no se dabasolución a cuestiones básicas como el derecho a un Estado viable, el derecho de los refugiados, el estatuto de Jerusalén, o la retirada de los asentamientos instalados en territorio palestino, incrementados con 400.000 nuevos colonos desde 1993.

La Junta General del Principado considera que la Unión Europea debería actuar con firmeza, proteger a la población palestina y afrontar el conflicto en su verdadera dimensión internacional a través de la ONU, exigiendo a Israel el cumplimiento de las resoluciones 194, 242, 338, 1397, 1402 y 1403 recientemente aprobadas por el CS de Naciones Unidas.

La Junta General del Principado de Asturias apoya las declaraciones del Consejo Europeo de Barcelona y la celebración de una reunión del Cuarteto en Madrid para abordar la grave situación de Palestina.

Por todos estos motivos, la Junta General del Principado considera necesaria la aplicación de las siguientes medidas:

-Una acción urgente del Gobierno español solicitando a NNUU el envío de una fuerza internacional de protección de las poblaciones civiles.

-Una iniciativa política europea orientada a la retirada inmediata de todas las tropas israelíes de los Territorios Autónomos Palestinos, el establecimiento de una seguridad compartida, el cese de la violencia y la congelación de las colonias, la libertad de movimientos de Yaser Arafat y el respeto a la Autoridad Palestina y sus Instituciones.

-La creación de una Comisión de investigación sobre las ejecuciones extrajudiciales y los actos contra los Derechos Humanos efectuados por el ejército israelí.

-La exigencia de responsabilidades ante el Tribunal Penal Internacional por los crímenes y destrucción masiva, injustificada y sin causa bélica de infraestructuras básicas de uso civil.

-El relanzamiento de un verdadero proceso de negociación en la perspectiva de una solución de paz justa y duradera, que garantice la aplicación de las resoluciones de NNUU, el fin de la ocupación, la creación de un Estado palestino independiente en las fronteras de 1967 con capital en Jerusalén Este, que garantice la paz y la seguridad de todos los pueblos de la región.

-El desmantelamiento de los asentamientos israelíes y el derecho al retorno de los refugiados.

-El fin de la escalada de atentados por parte de los grupos radicales o islámicos palestinos contra la población civil israelí o judía, dentro o fuera de Israel.

-En lo inmediato, la suspensión del acuerdo Comercial Preferente entre la UE e Israel mientras no se cumplan las condiciones relativas a los derechos humanos incluidas en el mismo.

Palacio de la Junta General, 25 de abril de 2002.

La Presidenta de la Cámara, María Jesús Álvarez González