Palestina


(*): Mustafa Barghouthi es presidente de la 'Unión de Comités Médicos Palestinos' y director del 'Instituto de la Salud e Información y Política sobre el Desarrollo' de Ramala, Palestina. A invitación del CSCA realizó recientemente una gira por el Estado español.

Acto de conmemoración del I Aniversario de la Segunda Intifada en el Ateneo de Madrid el 3 de octubre de 2001
Convocado por el CSCA, la Asociación Hispano-Palestina 'Jerusalén', Izquierda Unida, la Asociación Haydée Santamaría y la Asociación Pablo de la Torriente Brau, el próximo miércoles (20:00 h en el Ateneo de Madrid, calle Prado 21) se celebra un acto de conmemoración de la Segunda Intifada transcurrido un año desde el inicio de la revuelta palestina. Se trata del primer acto que se celebra en Madrid relacionado con tan significativo aniversario y es una iniciativa de organizaciones y asociaciones que forman parte del campo progresista y solidario con la lucha del pueblo palestino. La presentación y moderación del acto corren a cargo de Ahmad Maaruf (vicepresidente 1º de la Asociación de la Comunidad
Hispano-Palestina 'Jerusalén') y cuenta asimismo con la participación de Pedro Martínez Montávez (catedrático de la UAM), Teresa Aranguren (periodista), Ángeles Maestro (secretaria federal de Solidaridad Internacional de Izquierda Unida), Isaías Barreñada (miembro del Consejo de Redacción de Nación Árabe) y Nabil Maaruf (delegado general de Palestina en España) .
Cartel de convocatoria

Palestina - Un año de la Segunda Intifada

El espíritu sigue vivo

Mustafa Barghouthi*

Texto publicado en Al Ahram Weekly On-line, no. 553, 27 septiembre-3 octubre 2001 (Traducción CSCAweb)

"Han pasado ya doce meses, los acuerdos de Oslo están hechos jirones y la situación ha llegado ya al límite. La resistencia a la ocupación ha sido fuerte y pone de manifiesto el conocimiento que los palestinos tienen de sus derechos"

HA pasado ya un año desde que, tras la visita de Ariel Sharon al Haram al-Sharif [en Jerusalén] doce palestinos fueron asesinados. Estos doce meses han bastado para acabar con siete años de trabajo, así como para destruir la vida palestina a todos los niveles.

Es muy importante, al repasar los acontecimientos del pasado septiembre, poner en claro lo que son precisamente las causas de esta segunda Intifada. El día que siguió a la provocadora visita de Ariel Sharon a la Explanada de las Mezquitas el 28 de septiembre del año pasado, el ejército israelí disparó sobre los palestinos que se manifestaban pacíficamente pidiendo que se les permitiera rezar en el lugar, sagrado para los musulmanes. El ejército israelí utilizó una fuerza excesiva, asesinando a 12 manifestantes en dos días.

Estas graves reacciones vinieron en un momento de profunda desilusión palestina con lo que habían sido siete años de un largamente esperado proceso de paz que no había dado apenas ningún fruto. La segunda Intifada supuso pues el reinicio de la resistencia contra la ocupación israelí y la opresión que Israel ejerce sobre la tierra y el pueblo palestinos. La severidad de las acciones israelíes durante el curso de manifestaciones no violentas fue, en otras palabras, la chispa que provocó el estallido de esta segunda Intifada.

Semejante severidad fue también el modelo que inspiró todas las acciones de Israel en los meses que siguieron. Durante el pasado año, el gobierno israelí ha ejercido un uso incontrolado y excesivo de la fuerza de manera continuada en los Territorios palestinos, revelando / dejando al descubierto mientras lo hacía la existencia de un plan sistemático preconcebido. Los fundamentos básicos de tal plan se habían establecido ya hace tiempo, por ejemplo mediante el desarrollo por parte del gobierno israelí de la estructura física de los asentamientos durante todos los años que duró el proceso de paz de Oslo. Todos los gobiernos israelíes han ido creando hechos "sobre el terreno", incluso aunque se encontrasen formalmente presentes en las negociaciones; señal todo ello de que Israel no estaba aún preparada para pensar siquiera en negociaciones que condujeran al establecimiento de un Estado palestino independiente. Estos hechos constituían también un paso previo fundamental que permitió a Israel destruir con eficacia y celeridad todo aquello por lo cual los palestinos habían trabajado durante los últimos años. Buena prueba de ello es el hecho de que durante el periodo post-Oslo fuimos testigos de un aumento del 52% de la población y el tamaño de los asentamientos israelíes, así como de la construcción de 46 nuevos asentamientos.

Las violaciones de la legalidad internacional por parte del gobierno de Israel durante el último año han causado una destrucción ilimitada física, demográfica, y simbólicamente, mediante el empleo de bombas, misiles y fuego real en sus ataques militares, ataques por parte de colonos extremistas, y la demolición de hogares de civiles [palestinos].

En un año, el esfuerzo combinado del ejército y los colonos israelíes han destrozado 3.500 hogares palestinos, más de 108 pozos de agua, y 50 lugares de culto. Cerca de 700 hogares palestinos fueron demolidos bajo el pretexto de que habían sido construidos sin los permisos pertinentes: dura ironía ésta, sobre todo si se compara con la continuada expansión a los largo y ancho de los Territorios de los asentamientos israelíes, que son ilegales según la legalidad internacional.

Los ataques a manos de colonos destruyeron el resto de los hogares. Existe un convenio no escrito entre los colonos y el ejército israelí que ha acabado destruyendo el sector agrícola palestino: más de 42.000 dunums de tierra palestina han sido destrozados, y 25.000 olivos y árboles frutales han sido arrancados. Se incluyen aquí propiedades privadas en las cuales los palestinos plantan sus cosechas para mantener a sus familias y también para venderlas.

No todo el terreno dedicado a la agricultura ha sido arrasado. Sin embargo, el panorama es igualmente desolador para aquellos agricultores que han podido recoger sus cosechas. Los cierres militares impuestos por el ejército israelí aíslan a las ciudades y pueblos palestinos y previenen, entre otras cosas, el transporte de las mercancías hasta los mercados. Cientos de toneladas de frutas y verduras se pudren en un pueblo cuyos habitantes no pueden siquiera ir al pueblo vecino a comprar.

El impacto de los cierres sobre el sector agrícola es solamente una señal del verdadero objetivo de los mismos: acabar de un modo devastador con la vida palestina como tal. Existen 77 puestos de control militares a lo largo de Cisjordania y Gaza que, junto con los bloqueos de las carreteras y las zanjas cavadas en las mismas dividen los territorios palestinos en 220 células separadas entre sí.

Esta bantustanización de los territorios palestinos ha sido posible gracias a los asentamientos israelíes y las "carreteras para colonos" que los unen entre sí. Junto con los controles militares y los bloqueos en las carreteras, ello permite a Israel poner en práctica un clara política aislacionista, separando de manera unilateral a cada comunidad palestina de la siguiente, creando áreas dentro de Cisjordania y Gaza cuyo acceso Israel ha vedado a los palestinos.

Estas medidas permiten también al ejército israelí controlar el movimiento de personas y bienes, tanto interna como exteriormente, y le permiten por lo tanto paralizar el conjunto de la economía. En la actualidad, Israel prohíbe a 125.000 palestinos acudir a sus puestos de trabajo, ocasionando unas pérdidas diarias en concepto de salario de 6.250.000 dólares US, así como una caída del 51% en el PIB. El paro ha subido hasta una tasa del 50%, mientras el 82% de los palestinos vive por debajo del límite de la pobreza, es decir, con menos de $2 al día por persona.

Estas restricciones extremas sobre la libertad de movimiento están acabando con las infraestructuras palestinas a todos los niveles, en concreto con los sistemas educativo y sanitario: los trabajadores [palestinos] no pueden llegar a sus lugares de trabajo, los materiales y el suministro de provisiones necesarios para que todo funcione no llegan nunca, y los bombardeos y los disparos causan un daño físico evidente a instituciones que son vitales.

Durante el primer día de enfrentamientos este mes de septiembre, soldados israelíes impidieron a 300 niñas de entre 6 y 12 años de edad asistir a la escuela. Este tipo de restricciones no son nuevas: en Gaza, la UNRWA informó de que, desde el pasado noviembre, el 40% de sus empleados no había podido llegar a sus respectivas escuelas debido a los cierres. En un intento porque esta situación no volviera a repetirse este año, el Ministerio de Educación [palestino] ha tenido que recolocar a más de 5.000 maestros de escuela en escuelas más próximas a sus lugares habituales de residencia. El ejército israelí ocupa en estos momentos tres escuelas, y ha ordenado el cierre de seis escuelas más en Belén y Nablus. El ejército ha impedido asimismo el funcionamiento normal de otras muchas escuelas: desde el pasado septiembre, las fuerzas [de ocupación] israelíes han entrado en 23 escuelas y ha bombardeado 95, obligando a evacuar 50 centros educativos.

Los ataques sobre el sector sanitario han sido igualmente duros. Los cierres amenazan con paralizar los cuidados sanitarios de largo tratamiento, y han impedido seriamente los tratamientos médicos de emergencia. Existen 164 denuncias relativas a la negativa [del ejército] de permitir el tránsito a través de los puestos de control de ambulancias pertenecientes a la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina y de la Unión de Comités de Asistencia Médica Palestinos. Lo que es peor: los soldados y colonos israelíes han atacado, en más de 140 incidentes, al 73% de las ambulancias de la SMLRP, han matado a cinco médicos y enfermeros, y herido a 154 asistentes técnicos sanitarios y trabajadores de primeros auxilios pertenecientes a ambas sociedades. El ejército israelí ha disparado en varias ocasiones sobre seis hospitales, hiriendo al personal del hospital y a los pacientes, y ha cortado el suministro eléctrico. Estos ataques son en sí mismo increíbles; es más, constituyen una grave violación de la legalidad internacional vigente, dado que la Cuarta Convención de Ginebra protege de manera específica a los servicios médicos en tiempo de guerra: los artículos 16 y 17 de la mencionada convención afirman que "las partes en conflicto habrán de esforzarse por llegar a acuerdos a nivel local que permitan la retirada en áreas cercadas y cerradas de heridos, enfermos, y personas débiles y de edad avanzada, niños y casos de maternidad, así como el pasaje de clérigos de cualquier religión, personal médico, o equipo médico que se dirijan a las mencionadas áreas".

Los cierres militares israelíes violan seriamente estas disposiciones, con consecuencias fatales: 25 palestinos han muerto este año porque los soldados israelíes les han prohibido el paso en los bloqueos y controles militares de las carreteras, y al menos seis mujeres han tenido que dar a luz en controles de carretera. Estas violaciones [de la legalidad internacional], combinadas con otras políticas israelíes como la demolición de hogares, son indicativas de un proceso sostenido que podríamos calificar, sin exagerar, de limpieza étnica.

La pérdida de vidas humanas este último año ha sido enorme, con más de 696 palestinos muertos. El número de heridos palestinos ha llegado ya casi a los 23.000, es decir, casi un uno por ciento del total de la población palestina residente en Cisjordania y Gaza. Proporcionalmente al número de habitantes, el número de muertos palestinos es nueve veces superior al de las personas asesinadas en el ataque terrorista contra EEUU.

Una consideración atenta de estas cifras apoya la idea de que el gobierno israelí está embarcado en un proceso de limpieza étnica. Desde el tercer mes de Intifada, más del 58% de los palestinos asesinados no participaban en los enfrentamientos en el momento de su muerte. Durante el cuarto mes, la cifra se elevó al 90%, y desde entonces se ha mantenido por encima del 60%. Esto significa que una gran mayoría de palestinos fueron asesinados cuando se dirigían a cumplir con sus quehaceres diarios: en sus casas, en el trabajo, en las escuelas, mientras caminaban por la calle, o en sus vehículos.

Estas cifras indican por sí solas que el gobierno israelí combina varios métodos para causar el mayor número posible de víctimas palestinas. Las heridas infligidas a los palestinos revelan un patrón preocupante: solamente el 29,9 % de las heridas se produjeron de cintura para abajo. Es decir, más de dos tercios de los palestinos heridos lo fueron en la parte superior del cuerpo, lo cual indica la existencia de una política de disparar con el fin de dejar a los heridos lisiados. De todos los palestinos asesinados por disparos, el 96,4% recibieron disparos en la parte superior del cuerpo, lo cual confirma que la política del ejército israelí consiste en disparar a matar. Los disparos sobre la parte superior del cuerpo sobre civiles que van a sus cosas no son precisamente acciones llevadas a cabo "en defensa propia".

Las estadísticas hablan por sí solas, y dicen mucho más que las palabras vacías del ejército israelí. Muestran claramente una política israelí que tiene como objetivo causar destrozos humanos que completen la destrucción física producida mediante la demolición de hogares, la destrucción de las cosechas, o de los árboles. Una proporción sorprendente (el 87%) de palestinos asesinados son civiles. Es más: el número de muertos no deja de aumentar mes a mes, y sigue incluyendo a palestinos de todas las edades. Los niños, sin embargo, constituyen un objetivo preferido: como media, un 30% de los asesinados cada mes tienen menos de 18 años.

Dos de las víctimas más jóvenes que han muerto víctimas de la política ilegal de asesinatos del gobierno israelí, Bilal y Ashraf Khalil, tenían cinco y siete años de edad respectivamente. Eran de Nablus; mientras esperaban a su madre a las afueras de un centro de salud de Nablus, fueron asesinados por helicópteros israelíes que disparaban misiles contra las oficinas de dos líderes políticos islamistas. Estos ataques, disfrazados por Israel bajo la denominación de "asesinatos selectivos", acabaron con las vidas de Bilal y Ashraf, junto con otros cuatro palestinos que no se encontraban entre los "seleccionados".

Estos ataques se han incrementado en los últimos meses: Israel ha asesinado a un total de 56 palestinos en asesinatos extrajudiciales, 38 de ellos desde el mes de abril pasado. El 27 de agosto, Israel asesinó a Abu Ali Mustafa, disparando dos misiles desde helicópteros sobre sus oficinas en al-Bireh. Abu Ali Mustafa era una importante figura política que se atrevió a denunciar en voz alta la política de ocupación ilegal israelí de Cisjordania y Gaza. Su muerte vino a demostrar que ahora cualquier político es objetivo en potencia de la política israelí de asesinatos extrajudiciales. Esta política de asesinatos es parte de una política israelí más amplia que tiene como objetivo aniquilar el potencial sobre el que podría construirse un Estado palestino. Junto con la destrucción de tierras e infraestructuras (es decir, de la base física del Estado), la política de asesinatos selectivos demuestra que Israel no se detendrá a la hora de erradicar al liderazgo de un posible Estado futuro.

Estos son algunos de los efectos visibles de la política destructiva del gobierno israelí durante el último año. Son el resultado físico de métodos que han acabado con el proceso de paz de Oslo y que simbolizan la destrucción de una vez por todas de los acuerdos. Siete años de trabajo y de desarrollo (en lo relativo a las negociaciones de paz entre Israel y Palestina, pero también en lo relativo al desarrollo interno y de construcción estatal palestinos) han sido destruidos en tan solo 12 meses. Se incluyen aquí la destrucción de proyectos vitales construidos con donaciones europeas e internacionales, como el puerto de Gaza. El mapa sobre el cual se construyeron los acuerdos de Oslo fue pieza fundamental para la rapidez con la que se produjo todo esta devastación. Fue ese mismo mapa el que permitió el desarrollo de carreteras y asentamientos que permanecieron bajo exclusivo control israelí; un mapa que, por lo tanto, llevaba en su misma base la estructura que terminaría por destruir lo que pretendía conseguir. Sin toda esta infraestructura, el gobierno israelí no habría dispuesto sobre el terreno de la estructura necesaria para estrangular y aislar a las comunidades palestinas.

Han pasado ya doce meses, los acuerdos de Oslo están hechos jirones, y la situación ha llegado ya al límite. El pueblo palestino ha sido oprimido hasta extremos inimaginables hace tan solo un año. La resistencia a la ocupación ha sido, sin embargo, fuerte; resistencia que pone de manifiesto el conocimiento que los palestinos tienen de sus derechos: su derecho a un Estado viable, a contar con fronteras igualmente viables, a vivir libres de la ocupación ilegal israelí. La resistencia debería ser en sí misma un indicador de la necesidad de llevar a cabo una negociación justa que no intente negar a este pueblo los derechos esenciales que le vienen garantizados por la legalidad internacional. Las negociaciones entre israelíes y palestinos deben volver a iniciarse sobre las bases de la conferencia de Madrid y de las resoluciones de Naciones Unidas, en concreto de aquellas que afirman el derecho de los palestinos a tener un Estado propio y el derecho de los refugiados palestinos a volver a sus hogares, así como aquellas resoluciones que contemplan el desmantelamiento de los asentamientos ilegales israelíes y la retirada del ejército israelí a las fronteras previas a la guerra de 1967. En esta ocasión, las negociaciones habrán de tratar las cuestiones esenciales, aprendiendo de los errores que ya estaban presentes en los inicios del proceso de Oslo.

La ocupación militar israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza ha tenido un efecto devastador sobre la infraestructura palestina, causando una ruina enorme y una pérdida tremenda de vidas humanas. Sin embargo, la ocupación y los ataques del último año no han podido ni podrán acabar con el espíritu palestino. La resistencia a la ocupación sigue fuerte: el pueblo palestino seguirá luchando por su independencia.