Publicado en Nación Árabe, núm. 44, Primavera de 2001
Las elecciones municipales celebradas en febrero pasado inciden en la trayectoria iniciada tras la unificación de los 'dos yémenes' (el sur y el norte) en 1990, en el cauce de un sistema democrático y parlamentario. Aun cuando el expediente gubernamental en materia de garantías democráticas, limpieza electoral y libertad de expresión deja que desear, la situación política, en comparación con la de buena parte de sus vecinos en la Península Arábiga, ha experimentado avances notables en los últimos tiempos. En el aspecto económico, sin embargo, el país sigue siendo uno de los más pobres del mundo y las tensiones sociales se han agravado gracias a los planes de ajuste gubernamentales, las rivalidades entre las diversas confederaciones tribales, la incapacidad del poder central para hacer valer su autoridad en las regiones más alejadas y la pervivencia de cierto ambiente hostil entre las elites políticas del sur y el norte, siete años después de la guerra civil. A todo esto debe unirse el ascenso de las corrientes islamistas, moderadas y radicales, que se han convertido en un quebradero de cabeza para el presidente Ali Abdallah Sálih. Por otro lado, Yemen ha venido estrechando sus vínculos con la administración estadounidense tras la oposición de Sanaa a la coalición internacional en la Guerra del Golfo. Este cambio de rumbo ha abierto las puertas a las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la progresiva infiltración militar de Washington, reforzada a raíz del atentado contra el destructor Cole en octubre de 2000. Además, ha permitido a EEUU diseñar un plan de acción específico para Yemen sin supeditarse por completo a las necesidades de Arabia Saudí, tradicionalmente reacia al protagonismo yemení en la región
Yemen |
Tras años de ostracismo por la Guerra del Golfo, Yemen trata de recomponer su función regional a la sombra del plan general de EEUU para la zona Yemen: en sintonía con Washington Ignacio Gutiérrez de Terán El pasado 20 de febrero, poco menos de tres millones de yemeníes eligieron, por primera vez desde la unificación en 1990, la composición de los consejos locales en las diversas comarcas del país. Como se preveía, el Congreso General Popular (al-Mu`tamar al-Sha`bi al-`Amm, CGP) consiguió la mayor parte de los asientos en las asambleas regionales y provinciales, seguido de lejos por las otras dos grandes fuerzas políticas nacionales: la Agrupación Yemení Reformista (al-Tayammu´ al-Yamani li-l-Islah, Islah) y el Partido Socialista Yemení (al-Hizb al-Ishtiraki al-Yamani, PSY). El resto de escaños se los repartieron los candidatos independientes (casi todos ellos coaligados con una de las tres formaciones principales) y media docena de partidos menores. La consulta coincidía con un referéndum en el que más del 70% de los electores dieron el visto bueno a las enmiendas constitucionales propuestas por el presidente Abdallah Sálih y su partido el CGP. Tales reformas, aprobadas en noviembre de 2000 por el congreso de diputados, incluían el aumento de las atribuciones y del mandato presidenciales y la designación directa de los miembros del Maylis al-Shura, una especie de cámara alta que habrá de compartir algunas competencias con el congreso. A pesar del elevado índice de abstención (había 5.621.829 personas convocadas a las urnas), algunos partidos como el socialista aseguraron que estas elecciones tenían tanta importancia o más que las legislativas. La afirmación del PSY se puede explicar a la luz de dos circunstancias: primero, era la primera vez que el partido concurría a unas elecciones desde la derrota del sur en 1994; segundo, la creación de estos consejos locales incide en la línea de descentralización mantenida tradicionalmente por los líderes socialistas. Como suele ser habitual en las citas electorales yemeníes, la convocatoria de febrero deparó disturbios en buena parte del país y no pocas quejas de fraude. Numerosos simpatizantes y candidatos de los partidos en liza, sobre todo del Islah (afín a la tendencia islamista) perdieron la vida en los enfrentamientos, si bien el CGP culpabilizó al Islah por su agresiva campaña de movilización política en contra de las enmiendas constitucionales. En todo caso, algunos de los actos de violencia producidos antes y después de la cita electoral se deben al pulso establecido entre el poder central y algunas tribus, que no dudan en secuestrar o atacar incluso a representantes gubernamentales y turistas occidentales para conseguir la devolución de materiales o tierras confiscadas, la modificación de la reciente división administrativa del país o impedir el trazado de una carretera. La práctica del secuestro se ha convertido, en mayor medida en las regiones del norte, en una especie de tradición local que suele terminar de buenas maneras tras un alambicado proceso de contactos y negociaciones; pero, al mismo tiempo, ejemplifica la debilidad de la autoridad central en las regiones más alejadas. La importancia del factor tribal explica la prudencia con la que el gobierno y el ejército abordan este tipo de crisis en un país donde, según estimaciones del propio Abdallah Sálih, hay más de 50 millones de armas de fuego repartidas entre la población (17,5 millones), y las tribus pueden movilizar, en tan sólo un día y a decir también del presidente yemení, un millón de hombres armados. Las rivalidades políticas Con posterioridad a las elecciones, el CGP declaró nula la alianza estratégica que había venido manteniendo desde hacía años con el Islah. El presidente anunció una próxima remodelación de gobierno en la que ya no tendrían cabida los ministros del Islah. La colaboración entre las dos formaciones norteñas, que se remonta a la época de la República Árabe de Yemen (la porción septentrional de Yemen antes de la unificación) y se vio reforzada tras la guerra civil de 1994, había suscitado las reticencias del Partido Socialista de Yemen, que llegó a boicotear las últimas elecciones legislativas de 1997 alegando que el CGP y el Islah se habían repartido de antemano los escaños parlamentarios. La contundente victoria del norte en la contienda civil contra los secesionistas del sur, encabezados por el PSY, es en buena medida deudora de los estrechos vínculos del Islah con el CGP y, sobre todo, con Abdallah Sálih. Éste recibió el apoyo del Islah en el plebiscito presidencial de 1999, que ganaría con el 96% de los votos. La confianza de Sálih y su vigoroso partido en un sistema que va adquiriendo cada vez más un marcado cariz presidencialista, unido al creciente protagonismo de los islamistas, pueden ayudar a comprender, con el holgado triunfo del Congreso en las legislativas del 97 como punto de inicio, el desencuentro actual. Sin embargo, la oposición sostiene que la cosa va más allá y acusa al presidente de haber cedido a las presiones estadounidenses para acotar el marco de acción de los islamistas tanto moderados como radicales. La marginación del Islah deja al Congreso el camino expedito para consagrar su dominio político en Yemen, puesto que la tercera gran formación, el PSY, sigue sumida en un estado de crisis continua desde su derrota en el 94 y el exilio de sus dirigentes históricos. Éstos habían participado de forma directa en el gobierno del país durante los primeros cuatro años de unión (1990-1994) según un principio de distribución paritaria de poder. La nomenclatura actual del partido, azotado por las divergencias internas, no ha sabido superar el tremendo batacazo que supuso la rápida victoria militar del norte y ha perdido terreno incluso en sus bastiones tradicionales del sur ante el empuje del partido de Abdallah Sálih y los islamistas de diverso signo. De hecho, la derrota de los secesionistas en el 94 dio pie a que el CGP acentuase su presencia en las regiones meridionales y puso fin a la fortaleza del aparato burocrático y militar que Adén había conservado durante los primeros años de unificación. La implantación norteamericana El 12 de octubre de 2000, con la recién comenzada Intifada del Aqsa como telón de fondo, un comando suicida hacía explotar el destructor Cole en el puerto de Adén. Diecisiete marines murieron y los medios de comunicación norteamericanos empezaron a hablar con profusión de una nueva ola de integrismo radical contrario a los intereses de su país en la zona. Tras el atentado, el puerto de Adén, uno de las estaciones principales en la ruta sur del Golfo Pérsico, se convirtió en escenario de intensas investigaciones por parte del ejército estadounidense y los agentes del FBI. Sanaa prestó desde el primer momento su colaboración a los investigadores de Washington para encontrar y detener a los culpables, relacionados, supuestamente, con una oscura red de grupos islamistas encabezada por una facción conocida como el "Ejército Islámico de Adén-Abyán". Éste, según Washington, está integrado por árabes afganos (combatientes islamistas que participaron en la guerra contra el régimen comunista de Kabul), sobre todo yemeníes y saudíes, vinculados al "enemigo número uno" de Estados Unidos, Osama Ben Laden. La imputación del disidente saudí en este atentado y el posterior ataque sin víctimas contra la embajada británica en Sanaa esconde la intención norteamericana de internacionalizar las acciones islamistas radicales en Yemen y justificar así una presencia mayor en el país. En este mismo contexto deben situarse las declaraciones efectuadas por responsables de la VI Flota acerca de la "fragilidad" de los navíos estadounidenses fondeados en la zona, "objetivos fáciles" de los ataques islamistas. Precisamente, Washington ha solicitado en repetidas ocasiones una base militar en la costa de Yemen para completar así su instalación militar en la Península Arábiga y controlar de cerca la confluencia del Mar Rojo y el Océano Índico. Hasta ahora, Sanaa se ha negado a complacer tal petición; sin embargo, el desembarco de agentes norteamericanos en el país permite augurar una mayor presión. Y tampoco debe descartarse, como ha ocurrido ya en otros contextos, que el creciente compromiso del gobierno local con el proceso de reforma económica diseñado por occidente sea utilizado directa o indirectamente para obtener concesiones en lo político y lo militar. El cambio de actitud hacia EEUU ha venido acompañado de la aceptación por parte de Sanaa de las recetas diseñadas por el FMI y el Banco Mundial (BM). En 1996, tras una guerra civil que terminó de desfondar la ya desastrosa economía nacional, el primero concedió un préstamo de 190 millones y el segundo otro de 80; Europa entregó poco después otros 70 millones de dólares y de nuevo el BM aportó 60 millones de dólares. A partir de entonces, el país ha venido recibiendo ayudas financieras periódicas. A todo ello deben unirse las políticas de ajuste estructural y privatizaciones puestas en marcha por el gobierno con el asesoramiento de las instituciones financieras occidentales así como el proyecto de crear un mercado de valores para el año 2002 y las medidas tomadas (como la supresión de aranceles para los productos extranjeros) para un futurible ingreso en la Organización Mundial de Comercio (OMC). De este modo, se ha llegado al estado de cosas habitual en otros países del llamado Tercer Mundo incorporados a la corriente globalizadora: índices macroeconómicos relevantes y gran desarrollo de determinados sectores productivos frente al empobrecimiento progresivo de la mayor parte de la sociedad, agravamiento de las diferencias sociales, desplome de una industria local incapaz de competir con los productos exteriores y aparición de una próspera elite económica y política en torno al poder. Aun cuando restan ciertos aspectos que no son de su agrado, como el hecho de que el estado -y dentro de éste el ejército- sigue siendo de lejos el empleador principal de la fuerza productiva yemení, las instituciones financieras occidentales han expresado su satisfacción por el curso de las reformas y se ha llegado a comentar que el actual primer ministro, Abd al-Karim al-Iryani, el ingeniero principal de los planes de ajuste, podría ocupar un cargo de importancia en el BM tras la próxima remodelación ministerial. También, el joven sistema democrático yemení ha sido seguido con mucha atención por la Administración norteamericana a través del National Democratic Institute for International Affairs, una institución surgida de las cenizas de la Guerra Fría para conceder certificados de validez a los procesos electorales celebrados en ciertas regiones. La realización de aquéllos de forma satisfactoria a ojos de los organismos occidentales suele resultar provechosa para los gobiernos en cuestión. En 1993, durante las primeras elecciones legislativas tras la unificación, otros dos organismos, el National Endowment for Democracy y el Agency for International Development, supervisaron los comicios, calificados en su momento por algunos medios occidentales como los más democráticos en la historia del mundo árabe. Después, el aprobado concedido por los observadores estadounidenses a las legislativas del 97 favoreció la concesión de nuevas ayudas económicas y préstamos en condiciones ventajosas, aun cuando el Partido Socialista de Yemen y tres formaciones más se retiraron de la contienda aduciendo graves irregularidades en el proceso. En 1999, de nuevo el National Democratic Institute for International Affairs coadyuvó a financiar un seminario especial sobre "democracias emergentes" en Sanaa en el que se trazaron nuevas líneas maestras a seguir por el gobierno yemení en aras del "fortalecimiento de la democracia y la sociedad civil", y se convino en la necesidad de apoyar económicamente los esfuerzos gubernamentales en este sentido. Todo esto demuestra que desde el fin de la Guerra Fría las coordenadas estadounidenses respecto a Yemen han variado de forma notable. Antes, la estrategia de Washington en la región del Golfo giraba en torno a su relación con Arabia Saudí, pieza clave según EEUU para contener la extensión soviética y asegurar el control de los recursos petrolíferos locales. No obstante, el descubrimiento de petróleo en los dos yémenes en la década de los ochenta y el derrumbe del bloque comunista favoreció la adopción de una política independiente hasta cierto punto de la de los saudíes en lo que respecta a la franja meridional de la Península Arábiga. A pesar de que la producción yemení de petróleo apenas sobrepasa los 450 mil barriles diarios, una cifra irrisoria si se compara con los registros de algunas monarquías vecinas, el Departamento de Estado ha empezado desde hace tiempo a prestar especial atención a la cuestión petrolífera en Yemen por dos razones especiales. Una, porque se cuenta con el descubrimiento de nuevos yacimientos en un plazo no lejano; dos, porque son sus empresas las que explotan los pozos más importantes del país: Hunt Oil Company comparte con Exxon la patente en los yacimientos de lo que antes era la parte norte mientras que Occidental, canadiense pero dependiente de una empresa estadounidense, tiene a su cargo el yacimiento de al-Masila, en la región sureña de Hadramut, el más importante del país. Esto y el deseo de apuntalar económica, política y militarmente el control sobre la Península pueden ayudar a comprender el interés de Washington en formalizar su presencia en Yemen, sobre todo en la zona de Adén, donde se encuentran las principales refinerías del país. El triángulo norteamericano-saudí-yemení El replanteamiento de las relaciones Yemen-EEUU ha coincidido con la adopción de medidas concretas para promover la reconciliación de Sanaa y Riyad. Antes de la Guerra del Golfo, el principal punto de fricción entre Yemen (en especial la parte norte) y Arabia Saudí residía en el trazado de fronteras y el control de tres regiones, Asir, Nachrán y Yizán, que el acuerdo firmado en Taef (1934) tras una breve confrontación armada entregaba a los saudíes durante un plazo que se ha ido renovando cada veinte años. Sanaa nunca acabó de aceptar el trazado norte de sus fronteras y en los ochenta se produjeron diversas escaramuzas fronterizas al tiempo que ambas partes polemizaban sobre quién debía disfrutar de las posibles reservas existentes en la zona. Las reclamaciones del Yemen norteño incomodaron de tal modo a los saudíes que éstos acabaron decantándose por la República Popular Democrática de Yemen, a pesar de la impronta izquierdista del gobierno de Adén y de que el sur también tenía sus propias querellas territoriales con Riyad. Tras la unificación de 1990, las dos mitades unieron sus voces para reclamar lo que Sanaa y Adén consideraban una solución justa al expediente fronterizo. La situación se agravó al conceder el gobierno yemení licencias de prospección a diversas empresas petrolíferas en áreas colindantes a los territorios disputados. Durante la contienda fratricida de 1994, los saudíes, al igual que los kuwaitíes, vieron la oportunidad propicia para vengarse de Abdallah Sálih, al que responsabilizaban de la postura oficial yemení en el conflicto del Golfo, y apoyaron a los secesionistas. Se ha apuntado también que entre los motivos de la aprensión saudí deben contarse la apertura democrática de Yemen, que pone en evidencia la cerrazón política imperante en el reino wahhabí, y el desarrollo demográfico del país, que cuenta con una de las mayores tasas de crecimiento del mundo y es uno de los pocos estados de la Península con una población mayoritariamente nativa. Pero el principal motivo de la animadversión saudí hacia Yemen reside en el posicionamiento de Abdallah Sálih en el conflicto iraco-kuwaití. Como represalia, Riyad ordenó la salida de más de 750.000 trabajadores yemeníes del reino y puso fin a las actividades del consejo de coordinación bilateral y los 100 millones de dólares anuales que los saudíes entregaban al presupuesto yemení. Todo ello supuso un duro golpe para la economía de Yemen que, por un lado, perdió una de sus fuentes básicas de financiación al cesar la aportación de sus emigrados a Arabia Saudí (unos 1500 millones de dólares en 1990) y, por otro, hubo de sufrir el cierre de las fronteras saudíes a las exportaciones yemeníes. Esta situación ha comenzado a variar en los últimos tiempos gracias, en parte, a la redistribución de funciones en la región. En junio de 2000, los dos países firmaron un acuerdo por el que fijaban, tras decenios de discrepancias, el trazado de los 1350 kilómetros de tramo fronterizo y se hablaba de poner fin a las prácticas de contrabando que están perjudicando de manera especial a la economía yemení. Del mismo modo, en diciembre del mismo año se reanudaron las actividades del consejo de coordinación bilateral con el compromiso saudí de promover algunos proyectos de inversión en Yemen. No obstante, la percepción yemení de los acuerdos trasluce cierta sensación de desencanto, ya que la cuestión de las tres regiones en disputa se ha solventado a favor de los saudíes sin que los yemeníes hayan recibido compensaciones notables a cambio. Asimismo, no se ha llegado a un acuerdo sobre el futuro de los trabajadores yemeníes que aún confían en regresar al país vecino. Y tampoco se ha zanjado la cuestión de las explotaciones petrolíferas en los territorios contiguos, punto en el que los estadounidenses tienen mucho que decir a pesar de que Riyad no acaba de ver con muy buenos ojos la tendencia de Washington a diseñar un plan de acción particular para Yemen sin dar la prioridad a los intereses saudíes. Abdallah Sálih, que desde 1978 viene ocupando el cargo de presidente (primero en la norteña República Árabe de Yemen y, a partir de 1990, en el Yemen unificado), intenta mantener ante la creciente implicación estadounidense una imagen de independencia e incluso contraposición frente a los intereses regionales de Washington. No obstante, esta imagen no concuerda con la realidad de su política exterior. Sus conminaciones a abrir las fronteras árabes a los muyahidines y fedayines dispuestos a sumarse a la Intifada contra Israel así como a continuar la lucha contra ésta hasta el triunfo de los derechos palestinos, no parece que vayan más allá de la altisonancia retórica común a numerosos dirigentes árabes de un signo u otro. En cualquier caso, estas declaraciones, que podrían incomodar a la Casa Blanca en tanto en cuanto van dirigidas contra su mayor aliado en Oriente Medio, bajan de intensidad cuando se trata de abordar la presencia militar estadounidense en la región con el objeto, entre otros, de mantener el cerco a Iraq. Puesto que Sanaa fue uno de los pocos países árabes y del mundo que se manifestó abiertamente en contra de la coalición internacional en la Guerra del Golfo, debe suponerse que la actual moderación de Sálih se inscribe en la pauta de no atentar contra las bases de su actual relación con Washington y confiar en que el desarrollo de sus vínculos con EEUU le permitirá apuntalar su poder en el ámbito interno y promover un mayor protagonismo de Yemen en el plano regional... aunque sea a costa de las prioridades saudíes. |
