Publicado en Nación Árabe, núm. 44, Primavera de 2001
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Los teóricos de la globalización insisten en que estamos ante un proceso irreversible que difundirá la prosperidad económica y los valores democráticos. Años y años oyendo hablar de las excelencias del nuevo sistema y todavía no hemos visto que las naciones del llamado Tercer Mundo hayan experimentado desarrollo alguno. Al contrario, la pobreza sigue en aumento y el espíritu de libertad global parece más una entelequia que una hipótesis razonable. Con una estrategia que obliga a los demás a abrir mercados y amoldar identidades mientras él mantiene sus cuotas de proteccionismo sobre su propio mercado y su propia identidad, Occidente ha conseguido hacer de la globalización un consecuente natural de una corriente más cercana al neocolonialismo que a la redención sincera de la pobreza mundial. En la plasmación mediterránea del proyecto, la Unión Europea (UE) ha sabido aprovecharse de la situación de dependencia económica de los países ribereños respecto de Bruselas y de las transformaciones habidas en el Mundo Árabe tras la Guerra del Golfo para imponer un modelo ventajoso para sus intereses y nocivo para las gentes de una región que deben soportar, además del marasmo económico, la opresión de las libertades a manos de unos gobiernos arropados por las instituciones financieras occidentales. Éstas, con la excusa de amparar las reformas económicas, fortalecen a estos regímenes y los protegen contra el desencanto de sus propios pueblos. Sin embargo, sin salir del Mediterráneo, la situación ventajosa de Israel permite definir uno de los fundamentos de la globalización: el reparto de funciones según un guión predeterminado.
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La UE tolera la supervivencia de las oligarquías árabes y la brutalidad de Israel mientras sigan favoreciendo su proyecto de dominación económica regional Proceso euromediterráneo: reparto de funciones Iñaki Gutiérrez de Terán y Pedro Rojo Los resultados de las políticas neoliberales llevadas a cabo por numerosos países de la ribera mediterránea meridional, reforzadas tras la Conferencia de Barcelona (1995), ponen en duda no sólo la conveniencia de las mismas sino también los objetivos reales que las animaron. A la vista de su ineficacia para paliar los conflictos radicales de las sociedades mediterráneas, en especial las árabes, desde el paro a los índices de bienestar social, los grandes teóricos de la globalización con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y las instituciones financieras europeas y norteamericanas al frente, insisten en que, de todos modos, el proceso es irrevocable y que el quid reside en una aplicación incorrecta de las medidas recetadas. Más aún, a decir de los análisis al uso sobre el asunto, la situación de estos países sería mucho peor de no haberse seguido este camino. Dejando a un lado el hecho de que el guión del libre mercado basado en la abolición de los aranceles y la privatización haya podido llevarse a cabo de manera un tanto peculiar en algunos países, debe señalarse que las consecuencias derivadas de los planes liberalizadores eran previsibles por dos razones: una, por la misma idiosincrasia de las elites políticas locales encargadas de aplicar las medidas; dos, -y más importante todavía- por el contenido explícito e implícito de los programas en sus plasmaciones externas, es decir, en lo que se refiere a las relaciones con los países-grupos económicos promotores del proceso globalizador. Por lo que hace a lo primero, han sido las mismas elites que presidieron el "viejo régimen económico" las que han tomado las riendas de la nueva estrategia. Esto se puede apreciar con nitidez en los Estados magrebíes de Argelia, Túnez o Marruecos, donde son los círculos oligárquicos tradicionales cercanos al ejército, las grandes familias y, en el caso exclusivo del tercero, la monarquía, los que siguen ejerciendo un control directo, más allá de las supuestas operaciones de renovación gubernamental con membretes de alternancia y transparencia. Marruecos aporta, quizás, un caso paradigmático en este punto, ya que fue el mismo Hasan II quien alentó y contribuyó a diseñar el programa de ajuste estructural de 1983 que contó con la aportación financiera y el asesoramiento del FMI y el BM. Algo parecido puede decirse, en otro ámbito, de Siria, la cual está iniciando en la actualidad un programa de reconversión económica que lleva camino de seguir la senda de los países del Magreb sin que ello afecte a la continuidad del núcleo duro político. Esta circunstancia contrasta con los cambios radicales habidos en países del Este europeo, donde la inversión de las estrategias económicas ha venido acompañada de alteraciones sustanciales en la composición del grupo dirigente. Aun cuando los análisis occidentales tienden a hacer de la liberalización política un corolario lógico de la económica, la realidad ha demostrado la inconsistencia del argumento. La implantación de la globalización no ha servido para globalizar los derechos humanos y las libertades individuales y colectivas. Desde el punto de vista de las instituciones financieras occidentales, la falta de resultados rotundos -allende las grandes cifras macroeconómicas- se centra en el comportamiento de parte de estas elites y su incapacidad para aplicar plenamente los fundamentos de la liberalización. De este modo, surgen obstáculos concretos como la renuencia de los sectores dominantes a compartir de verdad el control de las empresas privatizadas con los inversores extranjeros o las trabas burocráticas y proteccionistas que, a pesar de las reformas aplicadas, subsisten y dan pie a amonestaciones por parte del FMI y el BM. Ahora bien, desde una óptica bien distinta, no parece que las dificultades con las que deben lidiar los procesos aperturistas de los países en cuestión dependan tanto de una aplicación incorrecta o incompleta -la pervivencia de la tendencia estatalista, por ejemplo- como de la inconsistencia de los mismos presupuestos que la animan .
Irregularidades e incongruencias del proceso
Las incongruencias internas de los programas liberalizadores son perceptibles al contrastar éstos con el curso general de la globalización y, en concreto, con la relación establecida entre determinados Estados mediterráneos y la UE. Como quiera que los procesos aperturistas han contado con la colaboración y dirección eminente de la UE, es a la luz de los vínculos establecidos por los países ribereños con Bruselas como podemos analizar la incorporación de la zona a la globalización. Los ejes fundamentales de los programas de ajuste, tal y como han sido aplicados, por ejemplo, en Marruecos y Túnez antes de que firmasen sus acuerdos de asociación con la UE, son los habituales: eliminación de la subvención a los productos básicos, reforma del sector bancario, liberalización de las importaciones y reducción de los aranceles, privatización del sector público, renuncia a las tasas proteccionistas en beneficio de los productos locales, atracción de la inversión extranjera, etc. Los resultados de tales medidas en cuanto a la reducción de la inflación, el déficit público, la deuda y el servicio de la deuda llaman la atención si se toman como magnitudes aisladas . No obstante, la comparación con una serie de datos económicos y sociales como los índices de poder adquisitivo y pobreza que afectan al conjunto de la población revela el calado real de las reformas, ya sea en Túnez, Marruecos u otros países de la región como Egipto . De hecho, y a pesar de las alabanzas vertidas por el FMI hacia los dos Estados magrebíes ("los dragones emergentes del Norte de África"), la depauperación y la degradación de las condiciones laborales no han remitido, precisamente, con los proyectos neoliberales. Los indicadores sociales, mucho más palpables para el ciudadano de a pie que las magnitudes macroeconómicas, son contundentes, aunque quizás sólo bastaría tomar en consideración el fenómeno desbordado de las pateras en Marruecos y el paro real de Túnez para dudar de la "satisfacción general" de la UE respecto del curso de las reformas . A consecuencia de lo anterior, la cuenca meridional y oriental del Mediterráneo ha padecido no pocas convulsiones sociales, reflejadas en el incremento del sustento popular a las formaciones islamistas contestatarias o en "revueltas del pan" como las habidas en Marruecos, Argelia y Jordania en los ochenta y noventa en protesta por la supresión de la subvención estatal a los productos básicos y otros efectos de las reformas. Sin embargo, las directrices liberalizadoras se han mantenido y cabe suponer que la incapacidad de los países mediterráneos para conjurar los principales problemas sociales se debe tanto a una incorrecta lectura de los problemas reales del país como a una incorporación subordinada y desequilibrada a la gran corriente globalizadora. O, en otras palabras, que al contrario de los grandes objetivos fijados en Barcelona 95, el proceso de colaboración euromediterránea no ha conseguido el "desarrollo económico y social sostenible y equilibrado" ni ha luchado "contra la pobreza" ni tampoco ha logrado la "reducción de las disparidades de desarrollo en la región mediterránea" . Desde un ámbito exclusivamente europeo, los presupuestos del proceso de Barcelona se ha visto entorpecidos por las disfunciones internas de la UE. La intrincada madeja burocrática de Bruselas, la incapacidad de la Comisión Europea para hallar las vías de aplicación pertinentes y las controversias internas no han facilitado la plasmación de los acuerdos económicos adoptados con los países mediterráneos. De este modo, se estima que sólo un cuarto de la ayuda económica estipulada en los MEDA entre 1996 y 1999 ha llegado a sus destinatarios, lo que dificulta a su vez la cristalización de un consenso definitivo sobre el plan Meda 2 para el periodo 2000-2006. A esto se le une el notable descenso de entusiasmo que ha experimentado la singladura euromediterránea en el seno mismo de la Unión desde Barcelona hasta hoy. Si alguien duda de la validez de este aserto, que repare en la aparente desmotivación con la que Francia, una de los impulsoras del proyecto, acogió la reciente conferencia de Marsella y la escasa trascendencia informativa reservada a esa reunión en los medios de comunicación occidentales. Luego, tenemos la contrastada inercia de la UE hacia los países del Este europeo y el empeño de Bruselas por acelerar y motivar su cooperación particular con ellos, tal y como se ha demostrado en la última conferencia europea de Niza al aprobarse cuantiosas ayudas económicas en su beneficio. Cinco años después del inicio de un proceso que ha implicado a doce países del Mediterráneo (ocho de ellos árabes), la potenciación de los sectores productivos locales brilla por su ausencia. Al contrario, el cierre de fábricas y pequeñas empresas ha sido una constante durante este periodo, a lo que debe unirse la pérdida de puestos de trabajo por la privatización del sector público. En algunos países que también han probado los "dolorosos pero inevitables" purgantes del FMI y la cooperación económica con la UE, como Argelia, el índice de paro se sitúa ya en el 30% y se estima que uno de cada dos habitantes está en el umbral de la pobreza; en Jordania, por citar otro ejemplo, el desempleo llega al 27% y el cincuenta por ciento de la población tiene un ingreso mensual de menos de cien dólares. Además, la supresión de los aranceles aduaneros que protegían las mercancías locales no se ha visto compensada por la ayuda exterior europea ni tampoco por un sistema de tributación equilibrado, y las importaciones han aumentado de forma notable. (Un dato elocuente: el déficit comercial de los doce sin contar los Territorios Palestinos con la UE llegaba en 1992 a 12.102 millones de dólares; en 1998 ascendía ya a 29.080 millones dólares.) En los países inmersos en la tendencia liberalista, se han utilizado los réditos derivados de las privatizaciones y la adopción de instrumentos financieros atractivos para la inversión de cartera y los capitales especulativos de corto plazo para financiar los déficit comerciales. Pero se trata de una solución que sólo puede ser temporal y que acentúa la vulnerabilidad del mercado local, extremadamente sensible a las fluctuaciones de la globalización . Al mismo tiempo, las inversiones europeas directas no han llegado con la fluidez que era de desear y, en muchos casos, la privatización de empresas locales se ha realizado en beneficio de compañías europeas interesadas en favorecerse de sectores seguros medianamente productivos y reacias a arriesgar en otros campos más inciertos pero, quizás, de un desarrollo más sostenido a medio y largo plazo. De este modo, se tiende a concentrar la actividad de la producción y el gigantismo de unos sectores en perjuicio de otros, además de coartar las posibilidades de desarrollo de una actividad productiva propia.
Escasa diversificación de exportaciones
Con lo anterior está relacionado, precisamente, otro de las grandes taras comerciales de los países mediterráneos: la escasa diversificación de sus exportaciones. Al no producirse la inversión en sectores de desarrollo potencial, el país carece de la capacidad necesaria para hallar nuevas vías de exportación. En realidad, buena parte de los proyectos de desarrollo llevados a cabo en los Estados ribereños tienen como objetivo el sector turístico y la producción de mercancías y bienes que serán consumidos in situ y no formarán parte de las exportaciones. O, también, se trata de explotaciones en ámbitos prometedores pero de escasa incidencia en la infraestructura industrial del país, como es el caso de los teléfonos móviles, con el agravante además de que los réditos derivados de concesión de licencias a las empresas extranjeras han ido a parar a las arcas estatales sin que se haya apreciado una reinversión en servicios sociales . Únase a lo anterior el hecho de que los productos agrícolas, que a principios de los noventa aportaban, según los países, del 10 al 20e por ciento del PIB, quedaron eximidos de los acuerdos de asociación . Es decir, se cerraba el ámbito donde mayores prestaciones de competitividad podían dar los productos del Mediterráneo frente a sus iguales europeos. El ejemplo de Túnez, en el acuerdo de asociación firmado el 17 de julio de 1995 resulta esclarecedor: "Los derechos de aduana y los impuestos de efecto equivalente se suprimen para el 66% de las importaciones de productos industriales de la UE durante un período de cinco años". Una medida similar se contempla para los productos industriales tunecinos; sin embargo, para los agrícolas se hace alusión al compromiso de ambas partes de conseguir paulatinamente "una mayor liberalización de sus intercambios recíprocos y prosiguen asimismo, en el marco de la cooperación, la diversificación agrícola de Túnez", mientras que "ciertos productos textiles" el otro sector destacable de la exportación tunecina- seguirían sujetos a restricciones sujetas a un "Reglamento aparte que no forma parte del acuerdo" . Si se tiene en cuenta que las exportaciones textiles de Túnez y Marruecos representan en torno a un 40% y un 20% del total respectivamente (con 123.700 empleados en la primera y 187.900 en el segundo según datos de 1996 ), podrá comprenderse el efecto de la medida. O sea, que los acuerdos de colaboración económica, tendentes a que las otras partes levanten los aranceles y derechos de aduana decretados para defender a la débil industria local frente al empuje de las importaciones europeas, conceden a la UE el derecho a establecer medidas pertinentes para proteger los sectores expuestos a la competencia mediterránea. Por supuesto, los legisladores europeos eran plenamente conscientes de las consecuencias derivadas de la exención de aranceles en los países mediterráneos. En el caso de Turquía y su unión aduanera con la UE, que entró en vigor en 1996, los documentos reconocen la conveniencia de "desbloquear importantes ayudas para superar el impacto económico" de una unión que "será ventajosa en primer lugar para la UE" entre otras cosas porque los productos agrícolas seguían sufriendo restricciones y se impedía la libre circulación de trabajadores turcos hacia Europa . Aquí reside una de las paradojas más llamativas de la corriente globalizadora: al igual que Estados Unidos con ciertos mercados no desarrollados, la UE protege sus sectores más sensibles al tiempo que proclama la necesidad de la liberalización y la demolición de las trabas arancelarias. Esta contradicción no sólo la han detectado los detractores recalcitrantes del neoliberalismo económico: a tenor de recientes estimaciones del BM, en su informe de fin de año sobre el futuro de la economía mundial, las restricciones impuestas por los países desarrollados a las exportaciones agrícolas, textiles y de otro tipo provenientes de los países no desarrollados suponen al año unos 100.000 millones de dólares, es decir, el doble de las ayudas que esos países reciben en el mismo periodo de tiempo. Y a continuación, el propio BM critica la actitud de las naciones ricas, que imponen fuera lo que ellas rehúsan para sí mismas .
Un flujo migratorio estructural
Aunque las contradicciones del nuevo mercado no terminan aquí. Las teorías de colaboración Norte-Sur contemplan la supresión de barreras para los bienes manufacturados pero no para los individuos y la mano de obra. Los recelos de los países industrializados frente a la amenaza de la invasión del lumpen periférico sólo son conjurados con falsos compromisos de potenciar el desarrollo y el bienestar en los países de origen. Esto difícilmente entra dentro de lo que de verdad se desea hacer, ya que la inversión de ingentes cantidades de recursos materiales y humanos para fomentar la aparición de mercados paralelos restringirían el predominio de las mercancías europeas, una vez que se ha demostrado ya la falacia de las teorías neoliberales que sostienen que el desarrollo de los mercados periféricos hasta límites de competencia aceptable con los centrales redundará en beneficio de la economía mundial en su conjunto y en el fortalecimiento del sistema (si todos tienen una capacidad productiva similar y, en numerosas parcelas, autosuficiente, ¿dónde están los mercados que absorban la producción exterior?). Pero, también, el enunciado es de por sí incompleto, puesto que de lo que se trata es de regular el flujo de inmigrantes según los intereses de los países receptores. De hecho, los ministros de Interior y Justicia de la Unión estudiaron en julio pasado una propuesta para acoger a 75 millones de trabajadores extranjeros durante los cincuenta años próximos. Más aún, el mismo crecimiento sostenido de la población depende, máxime en países de natalidad paupérrima como España, de la afluencia de emigrantes. Por lo tanto, no interesa una avalancha de inmigrantes en busca de trabajo pero tampoco una situación de desarrollo económico tal que permita a los países exportadores de trabajadores ofrecer una oferta de empleo local acorde con la demanda. Por lo que se refiere a la otra parte, la cuestión de la emigración no tiene una importancia menor. Un país como Marruecos, con cerca de dos millones de trabajadores en el exterior (la mayor parte en la UE), precisa del dinero que éstos puedan enviar (por lo general, una parte sustanciosa del salario) para paliar las carencias de numerosas familias marroquíes. Los envíos de los emigrantes superaron durante los ocho primeros meses de 2000 los ingresos por turismo (14.780 mil millones de dírhames frente a 14.750 mil millones). Rabat creó hace ya años un ministerio especial para supervisar las relaciones con la comunidad marroquí del exterior, lo que ayuda a comprender la especial atención prestada por los representantes del país a este asunto en sus visitas a territorio europeo y la fragilidad de los países ribereños frente a las presiones europeas en las relaciones bilaterales y, más en concreto, en este punto.
El laberinto de la deuda externa
A la falta de competitividad de los escasos productos industriales de los países mediterráneos y las trabas impuestas a sus sectores más capaces se une el laberinto de la deuda. Entre 1990 y 1996, el total de la deuda exterior de trece países árabes ha pasado de 140,698 mil millones de dólares a 156,922 . Hoy, a decir de diversas instituciones financieras y bancarias árabes, la deuda total de los países árabes (sin contar Iraq y sus 120 mil millones de dólares rehenes del embargo) asciende, conforme a análisis muy optimistas del director general del Fondo Monetario Árabe, a 375 mil millones de dólares, 156 mil millones de deuda externa y 219 de interna, esto es, el 41% del PIB. Centrándonos en los Estados árabes del Mediterráneo que mantienen vínculos más o menos vigorosos con la UE, las cifras son relevantes: 23,5 mil millones de dólares en Líbano (140 del PIB), 11,3 mil millones en Túnez (56%), 28 mil millones en Argelia (60%), 68,2 en Egipto (75%) o los treinta mil millones de Marruecos . Si a esto añadimos el servicio de la deuda (unos 8,758 mil millones de dólares para los países del Magreb y 20 para Líbano, Siria, Iraq y Jordania), tendremos el círculo vicioso: para pagar la deuda y el servicio de la misma se precisa dedicar buena parte de los recursos propios a afrontar estos gastos, con lo que hay que solicitar más préstamos para pagar las importaciones. A partir de ahí se agudiza la dependencia de los países deudores respecto de las instituciones donantes, que pueden imponer sus condiciones -planes de ajuste, la activación de las privatizaciones (como ocurriera en diciembre con Turquía y el préstamo del FMI por valor de 7500 millones dólares), etc.- para conceder los fondos, al tiempo que disminuyen las reservas de divisas con el consiguiente retroceso del valor de las monedas nacionales. Pero por encima de todo, el continuo trasiego de fondos y recursos para afrontar los gastos de los préstamos externos y sus intereses afecta negativamente al valor adquisitivo de los salarios frente al aumento de precios. La tragedia del endeudamiento en los países en vías de desarrollo llega a extremos lacerantes en las economías centradas en la exportación petrolífera. En Argelia, donde el crudo aporta el 95% de los ingresos de divisas, los réditos de la subida de los precios han permitido durante los diez primeros meses de 2000 un incremento espectacular del superávit comercial del 342% con respecto al mismo periodo de 1999; no obstante, la mayor parte de esos beneficios no llegan a convertirse en inversiones para desarrollar las infraestructuras locales y, por supuesto, no contribuyen a paliar los graves problemas sociales del país. Así las cosas, un país como Argelia tendría que doblar su crecimiento económico actual, del 3,8%, para reducir el paro. Algo parecido cabría decir, en otro contexto, de Arabia Saudí, inmersa en una crisis de grandes dimensiones y presa de un extraño conjuro que impide al ciudadano corriente percibir de modo tangible los dividendos del aumento del crudo, dividendos incapaces -o así parece al menos- de contener el empuje de los trescientos mil millones de dólares de deuda externa e interna. Si uno puede preguntarse con toda legitimidad dónde diablos acaban los ingresos de naciones productoras de petróleo como Arabia Saudí, con un 25% de las reservas mundiales, o Argelia, con una producción actual que ronda los 900 mil barriles diarios y se desea ascienda a 1,4 millones en 2004, una pregunta similar debería hacerse en torno el destino de las pingües operaciones de privatización efectuadas en ciertos países mediterráneos.
Control económico, control político
En este último punto, hay que reparar en la función de las oligarquías políticas y económicas locales. El contraste entre el avance de los programas económicos liberalizadores y el estancamiento del proceso democratizador confirma que el interés principal de la UE y, también, Estados Unidos, es asegurar la presencia de una elite local que controle el poder con firmeza y vele por los intereses occidentales por encima de cualquier otra consideración. El fin de la Guerra del Golfo y la puesta en marcha del proceso de paz pusieron sobre el tapete la necesidad de garantizar un ambiente de controlada tranquilidad para garantizar el éxito de la globalización. También, el ascenso de los movimientos islamistas hizo buscar fórmulas concretas para apuntalar unos regímenes fieles pero conculcadores de los valores democráticos. La postura europea general cuando la anulación del resultado de las elecciones legislativas argelinas en 1991 resultó tan contradictoria como clarificadora: para salvar la democracia había que acabar con la democracia y mantener a los representantes del régimen tradicional para evitar un "mal mayor". A la vista de la guerra civil desatada en el país tras aquella decisión se debería reflexionar sobre las consecuencias del "mal menor" representado por el FLN y los militares... Visto desde una perspectiva crítica, puede decirse que el proceso de Barcelona no pretendía potenciar desarrollo sostenido alguno sino que perseguía tres aspiraciones básicas: mantener la estabilidad política en la zona, controlar el flujo emigrador y consagrar su relación comercial ventajosa. De este modo, el sistema de poder en la mayor parte de estos países cumple con una función de intermediario entre Europa y los intereses de ésta. A pesar de las proclamas en defensa de los derechos humanos y la democracia, Bruselas no ha tomado medidas contundentes para obligar a los países adscritos al proceso a cumplir sus obligaciones en la materia. Bien es cierto que determinadas instancias europeas han puesto pegas al expediente de algunos estados en materia de derechos humanos. No obstante, estos peros nunca han llevado a aplicar con pulcritud los presupuestos de lo firmado en Barcelona, puesto que no han pasado de ser en muchos casos tirones de oreja testimoniales. El caso de Túnez y otros países del Magreb, tenido como un ejemplo de colaboración euromediterránea en el apartado económico, refleja con nitidez la hipocresía europea . El de Marruecos resulta igualmente revelador con el agravante de que la propaganda europea trata de presentar al actual monarca alawí como el garante de los valores democráticos en su condición de protagonista genuino de la regeneración modernizadora frente a unas fuerzas políticas desunidas, enfrascadas en sus porfías internas y exentas de legitimidad popular. Sin embargo, la apertura en materia de libertad de expresión no ha alcanzado a la figura del rey y la monarquía, que siguen constituyendo asuntos inabordables. Si no se puede hablar de un rey y su círculo de influencia que son el origen de la corrupción, la malversación y la venta en almoneda de los intereses nacionales ¿de qué se puede hablar? Algo similar puede comprobarse en Siria tras el encumbramiento de Bashar al-Asad al poder. Por otro lado, la coincidencia de intereses entre la implantación económica europea y el fortalecimiento de las elites locales produce una extraña connivencia para no tratar determinadas cuestiones sensibles. Como quiera que, a pesar de los planes liberalizadores, el Estado sigue manteniendo toda la capacidad para castigar las empresas e intereses de aquellos medios de comunicación que le incomodan, se establece un mecanismo de censura que permite a aquéllas disfrutar de una imagen favorable a cambio de cumplir su misión como regímenes garantes de las prioridades externas y no de las de sus conciudadanos. Una función, en definitiva, de sátrapas regionales. En conclusión, el grupo local dominante se convierte en imprescindible para mantener los intereses vitales de occidente, entre los que se deben contar los programas liberalizadores y los procesos de privatización. Por ello, y porque las medidas integradas en este último gran objetivo pueden resultar impopulares, hay que aportar los medios necesarios para proteger a aquellos dirigentes que emprenden estas reformas "ineluctablemente necesarias" (pero, ¿necesarias por qué y para quién?). Unas veces se trata del silenciamiento de los excesos cometidos por el poder local frente a los manifestantes y activistas políticos; otras, de la concesión de ayudas militares y, en lo que respecta a las instituciones financieras, de facilidades para renegociar la deuda y solicitar préstamos extraordinarios. Por si la dependencia comercial y económica de los países mediterráneos (la UE es su primer comprador y vendedor) no fuera suficiente, los préstamos del FMI, las ayudas al desarrollo y las inversiones directas constituyen un mecanismo de presión directa sobre las clases dirigentes intermediarias, que se ven obligadas a aceptar las recomendaciones o imposiciones externas para mantener su situación privilegiada. Por ejemplo: en momentos de crisis, se presiona al país para que vaya más allá en las medidas adoptadas. Por lo general, suele tratarse de recomendaciones concernientes a la eliminación completa de aranceles, la devaluación de la moneda y la privatización de los sectores que aún no habían abierto sus puertas al capital foráneo. Así, puede que se produzca un aumento espectacular en las exportaciones y la imagen en el exterior de una economía en desarrollo; sin embargo, todo ello se realiza a costa del mercado interior y la pérdida del valor adquisitivo de los trabajadores. En otras palabras, se aumenta la competitividad internacional de los productos gracias a los bajos costes de producción y los salarios que no crecen. Encima, el Estado carece de recursos propios para reforzar los servicios sociales debido a la reducción de cargas fiscales. Y se fomenta la dependencia de la economía del país en cuestión respecto de la corriente globalizadora general a partir de presupuestos inconsistentes que pueden provocar una nueva crisis de consecuencias difíciles de calcular. Y así se entra en otro círculo vicioso de convulsiones internas y presiones externas para ahondar en el proceso liberalizador... Luego, está la amenaza de las campañas mediáticas a gran escala y la pervivencia de la lógica preventiva militar. Coincidiendo con la visita de Mohammed VI a España en septiembre pasado, contingentes militares de doce países europeos y EEUU participaron en unas maniobras aeronavales (Válvula 2000) en el Estrecho de Gibraltar con el plan de acción siguiente: se trataba de acudir en ayuda de un estado mediterráneo que se ve inmerso en un conflicto bélico con un país vecino que había invadido un enclave perteneciente a aquél pero reclamado desde hacía tiempo por éste. Las maniobras terminan con un desembarco coordinado en el enclave en cuestión, que retorna a la soberanía del primer estado. Por supuesto, la celebración de unos ejercicios militares de esta envergadura para responder a una hipotética agresión marroquí sobre Ceuta y Melilla, justo cuando el rey marroquí se hallaba en Madrid, no podía deberse a la mera casualidad. Se trataba, lo mismo que con la presencia permanente de las Euroforce en la zona, de recordar el verdadero alcance de la relación establecida entre occidente/eje de la globalización, y las oligarquías periféricas.
Israel y los círculos de la globalización
En contraste con lo que estipulan los convenios firmados por Bruselas con numerosos países mediterráneos, Israel disfruta de otro rango. Los vínculos de Israel con la UE preceden, al igual que los otros estados mediterráneos, la conferencia de Barcelona. Sin embargo, el acuerdo euromediterráneo de asociación de 1995 contiene una serie de elementos que definen el papel de Tel. Aviv en el nuevo escenario de "cooperación regional" surgido tras la conferencia de Madrid en 1991. Este presupuesto es traslúcido en el preámbulo: "Está destinado a apoyar a Israel en el proceso e paz en Oriente Medio y contribuir así al éxito de dicho proceso, permitiendo a Israel desempeñar un papel de motor del fomento del desarrollo económico y social de la región" . Es sintomático que el representante de Israel en la ceremonia de firma fuese Ehud Barak, a la sazón ministro de Exteriores y uno de los más entusiastas propulsores de un mercado regional emanado de un acuerdo de paz y con Israel como eje hegemónico. Sin duda alguna, las capacidades industriales y tecnológicas de Israel superan a las de los demás países mediterráneos: el mismo acuerdo resalta el deseo de reforzar la cooperación en el ámbito del intercambio científico, técnico, de las telecomunicaciones y la alta industria, condiciones que no se dan, evidentemente, en el resto. Pero lo que da la medida exacta del cometido de Israel en el contexto de la globalización es su condición de enlace entre la UE y la región. O por describirlo en clave geométrica, se trata de la representación de la teoría de los círculos concéntricos: Israel se incluye en los trazos de un círculo que está íntimamente ligado con el gran epicentro donde empiezan y acaban los anillos; los otros países deben inscribirse en círculos asimétricos que permanecen en una órbita desgajada de ese epicentro. O, dicho de otro modo, se pretende que Israel forme parte de un sistema de pleno derecho mientras que al resto sólo le corresponde una función subordinada. Lo anteriormente expuesto puede apreciarse con nitidez en la situación actual de Israel y los contiguos Territorios Palestinos con la Intifada de fondo. Sólo de este modo podría comprenderse el interés desmedido por parte de Israel de mantener el proceso de paz, interés compartido por la UE, a tenor de la estrecha implicación establecida por Bruselas entre el proceso de asociación euromediterráneo y las negociaciones en Oriente Medio. Aun cuando el Banco Central de Israel estimaba que la Intifada provocaría un retroceso del crecimiento nacional en un 1 o 2 por ciento, se sostenía que, en conjunto, la economía israelí no habría de sufrir daños de consideración gracias a la robustez del sector de alta tecnología, volcado en la exportación y receptor de cuantiosas inversiones extranjeras, buena parte de ellas europeas . Esto es, que además del apoyo incondicional de EEUU, las fabulosas inyecciones pecuniarias procedentes de las comunidades judías mundiales y las facilidades europeas, la propia naturaleza económica del país permite soportar estos envites (entre ellos el retroceso del turismo)... siempre y cuando el proceso de paz continúe. Las preocupaciones de las estadistas israelíes se centran, por consiguiente, en el mantenimiento del proceso de paz. Éste es el verdadero responsable del "tremendo impulso" experimentado por la economía israelí en los últimos años, sobre todo en el ámbito de las inversiones ; sin embargo, ese proceso de paz y por extensión el proceso euromediterráneo no han deparado resultados tan jugosos a los palestinos. La situación palestina hoy por hoy es un trasunto descarnado y contundente de la teoría de los círculos concéntricos de la globalización: un territorio cuya economía está sujeta a las decisiones tomadas por un agente externo hegemónico que decide cuándo y cómo entran o salen sus mercancías, sus divisas y hasta sus trabajadores. El cierre de las fronteras para una economía subsidiaria como es la palestina constituye el colapso de su ya mermada capacidad productiva y generadora de riqueza . Además, la agilidad occidental para promover las inversiones, las ayudas y los préstamos de todo tipo en Israel contrasta con las dificultades que encuentran los otros países mediterráneos para recibir las cantidades estipuladas. En el caso de los Territorios Palestinos, se estima que sólo un 67% de las ayudas prometidas habían llegado a la Autoridad Nacional a finales del año pasado (2.751 de un total de 4.064 millones de dólares) .
Israel y el Acuerdo de Asociación
La adopción definitiva del acuerdo, que se firmó en un momento en que el proceso de paz se hallaba estancado, se demoró hasta después de la ascensión de Barak y la marcha de Netanyahu, debido a las reticencias de algunos parlamentos europeos a secundarla. Por fin, en junio de 2000 entró en vigor el acuerdo y en ese mismo mes se celebró el primer consejo de asociación. No obstante, el tratado había venido siendo aplicado hasta esa fecha de forma anticipada. Al contrario que el resto, Israel puede competir con Europa en el terreno donde más fuerza tiene: el tecnológico. Pero, también, dispone de un mayor margen de movimiento en uno de los expedientes sensibles, la agricultura. Aunque pueda parecer mera anécdota, el hecho de que las flores expuestas en los pabellones y pasillos de la reciente conferencia de Niza fueran israelíes, tal y como hicieron constar los airados floricultores franceses, tiene una gran significación que excede el dato de que el noventa por ciento de las exportaciones de flores de Israel van a los países europeos. Cierto que la UE es el primer proveedor comercial de Israel (48,5% de las importaciones, datos de 1999) y también el principal receptor de sus exportaciones (30,9%). El balance comercial de Israel con la UE refleja un superávit favorable al segundo de 6000 millones que se quedan en tres mil millones si se tiene en cuenta el comercio de diamantes. Ahora bien, este déficit comercial -característica compartida por casi todos los países de la cuenca- se ha venido compensando con las generosas ayudas económicas en concepto de compensaciones (caso de Alemania) o la generosa transferencia de capacidades y medios tecnológicos que han convertido a Israel en una potencia regional en este terreno. Y eso por no hablar de la cooperación, extrañamente favorable a Israel, en el ámbito militar y nuclear, con la conocida aportación francesa al desarrollo de los reactores nucleares israelíes y la entrega de armamento sofisticado (un exponente: los tres submarinos alemanes con cabezas nucleares que se encontraban en aguas del Golfo en plena Intifada palestina ). El acuerdo incluía la famosa cláusula 2, en la que se establece que "el respeto de los derechos democráticos y de los derechos humanos que inspiran las políticas interiores e internacionales tanto de Israel como de la Comunidad son un elemento positivo y esencial del Acuerdo" . Por supuesto, este artículo nunca ha llegado a ser aplicado y, como mucho, los representantes de la UE han expresado tímidas objeciones ante las continuas violaciones de los derechos humanos por parte de las tropas israelíes en Palestina. En verdad, parte de la estrategia europea al respecto nace de la convicción de que el éxito del proceso de Barcelona depende de la marcha del arreglo de paz en Oriente Medio y de que una desestabilización de sus relaciones con Israel llevará a un retroceso de su papel en la región. Mas al mismo tiempo, es una muestra de la teoría de los anillos concéntricos a los que nos referíamos antes, con Israel como cabeza de puente de toda una estrategia política y militar en la región. En el acuerdo firmado en 1995 la UE explica con nitidez la naturaleza de su querencia hacia Israel y lo que representa: "Ante todo, supone la prolongación y el desarrollo naturales de las relaciones, ya muy estrechas, que unen desde hace tiempo a Israel con la UE y con sus Estados miembros, y que reflejan una visión común de la sociedad, fundamentada en los mismos valores de la democracia, el pluralismo, el Estado de Derecho, el respeto íntegro de los derechos humanos y los principios de la economía de mercado" En el aspecto comercial, Bruselas ha sido incapaz siquiera de hacer valer las cláusulas de los convenios firmados con Israel, a pesar de las amenazas de medidas punitivas. Todavía perviven los ecos de la polémica en torno a los productos agrícolas procedentes de territorios ocupados que se exportaban a Europa con licencias israelíes (según lo acordado, la UE no reconocía la pertenencia de estos territorios a Israel y, por lo tanto, sus productos no podían beneficiarse de las ventajas comerciales). Otro apartado que ha sido soslayado por la parte israelí es el concerniente a la relación directa que debía establecerse entre Bruselas y la Autoridad Palestina en el intercambio comercial. Al contrario de lo estipulado en el acuerdo interino europeo-palestino, las interferencias de una tercera parte (Israel) han sido continuas, coronadas por el cierre impuesto a los territorios palestinos con motivo de la Intifada y el consiguiente veto a un intercambio fluido entre la UE y los palestinos. A despecho de las continuas violaciones israelíes en este terreno y los amagos europeos de sanción, la dinámica de la acción entre Tel Aviv y Bruselas ha permanecido en consonancia con los verdaderos objetivos de su relación. El silencio de la UE frente a los excesos del régimen de Tel Aviv
tiene, asimismo, una explicación relacionada con los intereses regionales
europeos. Israel cumple, lo mismo que las oligarquías árabes,
una misión de garante. Por lo tanto, la represión consentida
de tendencias políticas que puedan poner en peligro los intereses
occidentales (por mucho que esas tendencias cuenten con el apoyo de la población)
responde a la lógica misma de la colaboración económica.
La postura de supuesta neutralidad de la UE ante las carnicerías
y el asedio de ciudades y pueblos palestinos, tal y como ha sido expuesta
en la Conferencia de Marsella, revela la verdadera actitud europea. En realidad,
se persigue un arreglo definitivo de paz en donde no quepan las disonancias.
Bien es verdad que la actitud europea frente a Israel y, ahora, la segunda
Intifada palestina, no llega al cinismo brutal de los EE.UU., que no sólo
no condenan sino justifican el uso de munición real contra niños
y jóvenes. Pero tampoco parece demostrar firmeza alguna ante iniciativas
como la expresada hace poco por una institución norteamericana que
recordaba a una de las elites periféricas su misión verdadera
en el marco de la globalización. En un documento emitido por una
institución semioficial sita en Washington, se instaba a la Autoridad
Palestina a poner fin a la disidencia a los acuerdos de Oslo persiguiendo
a los opositores, tratando con ellos ruthlessly (despiadadamente)
y utilizando métodos cercanos a la tortura psíquica y física
para quebrar su resistencia; además, se aconsejaba abusar de la fuerza
para poner fin al levantamiento de la población civil . Otra vez
el poder periférico como garante de los intereses externos y conculcador,
qué paradoja, de los valores morales de Occidente. Ya se trate de
amordazar a jóvenes armados de piedras, islamistas o izquierdistas
opuestos al neoliberalismo y la represión política, el régimen
local debe cumplir con su misión... o fenecer. |
