Editorial de Nación Árabe, núm. 45, Verano de 2001
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Argelia: una crisis inconclusa
International Crisis Group
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LA INTIFADA y el endurecimiento de la represión israelí contra el pueblo palestino han restado protagonismo a los sucesos registrados en Argelia en los últimos meses, a lo que ha contribuido la deliberada opacidad informativa del régimen argelino y la falta de interés siempre cómplice de la gran mayoría de los medios de comunicación occidentales. Y, sin embargo, seguramente las revueltas populares en Argelia sean uno de los fenómenos sociales más interesantes que se han producido en mucho tiempo en el Mundo Árabe, por lo que suponen de esperanza en la capacidad de movilización de sus pueblos, por haber servido para desenmascarar definitivamente a un régimen enrocado en la explotación económica y la exclusión política de su pueblo con la connivencia interesada de los países occidentales y por la relevancia de Argelia como ejemplo emblemático de la evolución y las tendencias sociales, políticas y económicas del Mundo Árabe en las últimas décadas. El 18 de abril de este año, las revueltas provocadas en la principal ciudad de la Kabylia argelina, Tizi Uzu, a raíz de la muerte en una comisaría de un joven beréber tras las manifestaciones conmemorativas de la "primavera beréber" de abril de 1980 causaron, si nos fiamos del recuento oficial -maquillado según todos los indicios-, 55 muertos por heridas de bala de la policía. Tras unas semanas de continuos incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad que no tardaron en extenderse por todo el país, el 14 de junio tuvo lugar en Argel, desafiando el estado de emergencia vigente desde 1992, la mayor manifestación conocida en Argelia desde su independencia en 1962, con cerca de un millón de manifestantes y violentas escenas de enfrentamientos con las fuerzas antidisturbios. Desde entonces, el régimen argelino ha impedido cualquier nueva manifestación masiva fuera de la Kabylia mediante un estricto control policial de las vías de comunicación hacia Argel. Las manifestaciones han servido para clarificar la situación en Argelia, y de ellas destacan sobre todo dos circunstancias. Por un lado, aunque inicialmente se pedía el reconocimiento de la lengua amazigh como lengua oficial, el movimiento de protesta no tardó en dirigirse directamente contra los símbolos y los representantes de un régimen al que ya se identifica con la hogra (término típicamente argelino que significa a la vez injusticia y humillación del poderoso hacia el oprimido). Más allá de algunas reivindicaciones inmediatas -como la retirada de las fuerzas de la gendarmería de la Kabylia y la liberación de los detenidos-, la explosión de ira popular estaba protagonizada por jóvenes sin nada que perder y que coreaban lemas antisistema como "Poder asesino", "No a la dictadura", "Basta de corrupción" o "Sin perdón". Además, el protagonismo de la convocatoria y coordinación de las manifestaciones ha correspondido a una estructura organizativa neotradicional sui generis, el Comité de los Pueblos y de las Tribus de la Kabylia, ajeno en todo caso al sistema de partidos establecido (aunque el Frente de Fuerzas Socialistas de Hocine Aid-Ahmed ha sido el que más se ha identificado con las revueltas, exigiendo la disolución del gobierno y la creación de una comisión de investigación internacional, y la Asamblea por la Cultura y la Democracia (RCD) se retiró del gobierno de Buteflika el 1 de mayo). Tanto una como otra ponen de relieve la necesidad de renovación absoluta de las instituciones que vertebran la sociedad argelina. Reacción significativa Contra todo pronóstico, la comisión de investigación ejecutó con inusitada rapidez su mandato, presentando un informe el 29 de julio que desde luego constituye un ejercicio de transparencia sin precedentes. Tras negar la existencia de ninguna prueba de "complot interno o externo" que, según el propio Buteflika, había "atizado los odios y sembrado la subversión y la división", el informe de la comisión de investigación atribuye la principal responsabilidad a las fuerzas de la gendarmería: "la reacción violenta de la población ha sido provocada por la acción, no menos violenta, de los gendarmes, que durante más de dos meses ha alentado y mantenido los acontecimientos: tiroteos con fuego real, saqueos, pillajes, provocaciones de todo tipo (...) La violencia registrada es la propia de una guerra, con el uso de munición de guerra. Las fuerzas de seguridad intervinieron sin control de las autoridades civiles, como estipula la Ley", lo que es una forma de sugerir la verdadera estructura de poder militar que subyace en la fachada civil del régimen que ofrece Buteflika. Termina el Informe con un diagnóstico absolutamente preciso: "las causas profundas son sociales, económicas e identitarias, debidas a abusos de todas clases", y la "responsabilidad se sitúa en las altas esferas". [*1] Las revueltas populares han deslegitimado definitivamente -si aún era necesario- no sólo a Buteflika, que en su momento despertó ciertas esperanzas de cambio, sino al propio "estado mayor de los generales" que detenta el verdadero poder desde principios de los años noventa y que, desde hace algunos meses, parece sentirse acorralado. En un ambiente en el que proliferaban las denuncias y testimonios sobre la involucración directa del ejército argelino en algunos de los episodios más sangrientos atribuidos a las guerrillas islamistas, las desapariciones y las atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad, [*2] el 25 de abril pasado el general en la reserva Khaled Nezzar, ministro de Defensa de 1990 a 1993 y miembro del núcleo duro del poder (junto con los generales Mohamed Lamari, Tewfik Médiéne, Smain Lamari y Larbi Belkheir) se vio obligado a huir apresuradamente de Francia -con el apoyo logístico y diplomático del gobierno francés, que convirtió su visita privada en una visita oficial- ante la admisión a trámite de una querella criminal por torturas presentada ante la Fiscalía de París. Y eso sólo meses después de que, en noviembre de 2000, Amnistía Internacional publicara un informe demoledor sobre las violaciones de los derechos humanos en Argelia. [*3] Pero sobre todo han desplazado el centro de atención de la violencia islamista hacia las causas profundas que crearon el sustrato económico y social en el que ésta prendió. Las revueltas han servido al menos para poner fin a una coartada que el régimen argelino ha utilizado para perpetuarse en el poder y reforzar sus mecanismos de control económico, político y militar en los últimos diez años: la de que todos los problemas de Argelia se debían a la existencia de un movimiento fundamentalista islámico violento que había que erradicar militarmente antes de que cualquier reforma fuera posible. Es decir, el fin de la coartada que justifica tanto el estado de emergencia como la negativa del régimen a todo diálogo con la oposición política (que en 1995 mostró un mayor "sentido de Estado", cuando todos los partidos de la oposición negociaron la denominada "Plataforma de San Egidio", un "contrato nacional" por el que se comprometían a resolver todos los conflictos de forma pacífica, abruptamente rechazada por las instancias oficiales y acogida con indiferencia por la comunidad internacional) y la omnipresencia del ejército como garante de la independencia de Argelia. Precisamente, de lo que hay que librar al pueblo argelino, según un editorial de otro de los diarios nacionales argelinos, Le Quotidien d'Oran, es "de sus falsos electos, corrompidos hasta los tuétanos, de sus falsos gobernantes, despreocupados hasta la inconsciencia, de los herederos de los colonizadores, de los nuevos señores y de los señores y las sanguijuelas de siempre". Un tajante estado de situación que seguramente podría aplicarse a algún país más de la región. La parálisis de las instituciones argelinas no sólo se ha puesto de relieve en su actitud ante las revueltas. La Ley de Concordia Civil, que el Presidente Buteflika hizo aprobar en referéndum en septiembre de 1999 (en un intento por recuperar la legitimidad democrática que no había conseguido en las elecciones presidenciales de abril de 1999, en las que en el último momento se retiraron los otros seis candidatos entre denuncias de fraude generalizado), ha sido un fracaso en toda regla, tanto desde el punto de vista de la lucha contra la violencia -durante el primer semestre del 2001 ha habido 1.600 muertos oficiales como resultado de acciones de la guerrilla islamista, lo que supone una cierta mejora con respecto a los 2.000 muertos mensuales de hace tres o cuatro años, pero dista mucho de permitir dar por resuelto el conflicto- como desde el punto de vista político, pues a la vista está que, aunque ha servido al régimen para ganar algo de tiempo, no ha conseguido consolidarlo políticamente. La situación se encuentra, en este sentido, absolutamente enquistada, con el riesgo que supone la militarización de la sociedad civil que se ha impulsado en los últimos tres años con la creación de "grupos de autodefensa" en las zonas rurales, que ha supuesto armar a más de 100.000 milicianos y amenaza con perpetuar la violencia. Pero es que, además, las revueltas populares se han producido en unos momentos en que los altos precios internacionales del petróleo han permitido a Argelia obtener en el año 2000 el récord histórico de ingresos por exportaciones de petróleo, con más de 11.000 millones de dólares, lo que sin duda ha aumentado mucho el margen de maniobra del gobierno argelino para aplicar políticas distributivas a través de los presupuestos del Estado. El que no lo haya hecho pone en evidencia la naturaleza rentista del régimen argelino, que tras apropiarse de las rentas del petróleo, ha pretendido instrumentalizar la amenaza islamista para extraer una nueva renta, esta vez en términos de poder. Esa es también la lógica de las prioridades de la política económica, que desde el primer acuerdo de stand-by con el Fondo Monetario Internacional de 1988 se declina en términos de ajuste, liberalización y privatización, relegando las acuciantes necesidades sociales en aras de los intereses mercantilistas de las compañías multinacionales y los países desarrollados a cambio del apoyo interesado de éstos. Los sucesos de los últimos meses han puesto de relieve que ya no basta con meras reconducciones políticas. [*4] La propia convivencia pacífica en Argelia es hoy por hoy inviable sin una reorientación de su política económica que asegure un cierto reparto de la renta petrolera y promueva la creación intensiva de empleo, la revitalización de la caduca industria nacional y la recuperación de la producción agrícola. La extensión de la pobreza -1,9 millones de familias que agrupan a 11 millones de personas, más de un tercio de la población-, la generalización del desempleo -oficialmente con una tasa del 30%, pero próximo al 80% entre los jóvenes de menos de 25 años, que constituyen más del 70% de la población- y los efectos de exclusión que provoca la política económica argelina, contribuyen a incrementar las tensiones sociales. Además, Argelia no cuenta con la "válvula de escape" de la emigración, al estar cerrada desde 1994 la frontera marroquí y encontrarse sus costas demasiado lejos de Europa (la más cercana, a 200 kilómetros) como para "dar el salto" en patera. Por supuesto, los acontecimientos de Argelia también ponen de actualidad la cuestión siempre espinosa de los derechos de las minorías en los países árabes. Los siete millones de beréberes argelinos desean que sus hijos puedan estudiar en su propia lengua (el amazigh está admitido en los programas escolares por la Constitución de 1996, pero sin carácter obligatorio, y el Estado no sufraga su difusión) y ver reconocidas sus particularidades sociales, pero en cambio han visto cómo, en los últimos años, se ha endurecido la legislación en la materia hasta degenerar en un auténtico apartheid cultural, especialmente desde que en 1998 la Ley de Arabización consagra la lengua árabe como única lengua en la administración y en la universidad -lo que, dicho sea de paso, actúa como mecanismo de reproducción de las elites, pues sólo éstas pueden dar a sus hijos una buena educación en francés, lengua mayoritariamente utilizada en los niveles de gobierno y en las grandes empresas. Pero la de ahora no han de verse como una revuelta beréber más, a la manera de la de 1963 o 1980; como interpretaba el diario argelino Libération, "esta vez nada de reivindicaciones culturales y lingüísticas, sino una verdadera explosión social de una juventud cuyas esperanzas se derrumban ante el espectro de un desempleo ineluctable". Apoyo interesado Preguntado por la opinión que le merecían los
acontecimientos en Argelia, el ministro español de Asuntos
Exteriores, Josep Piqué, no tuvo empacho en ensalzar "los
esfuerzos de transparencia de Argelia a favor de la democracia
y de los derechos humanos" (sic) [*5] al tiempo que anunciaba su intención
de firmar un Tratado de Amistad y Cooperación entre España
y Argelia y buscaba con su homólogo argelino mecanismos
para incrementar las exportaciones españolas a ese país
que reequilibren la deficitaria balanza comercial para España.
El ministro de Asuntos Exteriores francés se refugió
en unas declaraciones contemporizadoras ("la historia entre
Francia y Argelia no predispone a Francia a dar lecciones")
que serían de agradecer si la propia Francia no las desmintiera
una y otra vez cuando le conviene. Pocas semanas después,
la nueva Administración norteamericana de Georges Bush,
donde están bien representados los intereses petroleros,
con cerca de 4.000 millones de dólares invertidos en Argelia,
organizaba una visita del Buteflika a la Casa Blanca, la primera
de un presidente argelino con honores plenos de jefe de Estado
desde 1985. En cualquier caso, las manifestaciones en Argelia constituyen, junto con la Intifada, uno de los procesos populares más decisivos en marcha en el Mundo Árabe: si la Intifada refleja el rechazo desesperado de un pueblo ante la neo-ocupación israelí devenida de los Acuerdos de Oslo, las revueltas de Argelia representan la explosión igualmente desesperada de un pueblo ante la explotación y la exclusión que sufre a manos de su propio gobierno. En este sentido, no es casualidad que los jóvenes manifestantes argelinos aseguraran, con orgullo, que "ésta es nuestra Intifada". Ahora bien, aunque la situación en Argelia alienta algunas esperanzas en la medida en que parece encerrar un cierto germen de cambio, no hay que llevarse a engaños: también las "revueltas del cous-cous" de 1988, no menos desesperadas y sangrientas, supusieron, tras un breve paréntesis de apertura política, una nueva vuelta de tuerca de los mecanismos de control del régimen argelino, que prefirió sumir al país en una auténtica guerra civil [*6] que ha costado más de 110.000 muertos y una agobiante situación de inseguridad en amplias regiones antes que renunciar al monopolio del poder político y los privilegios económicos. Cuando se van a cumplir diez años de la suspensión de la segunda ronda de las elecciones legislativas, en enero de 1992, que puso fin al primer ciclo electoral libre de la historia de Argelia y desencadenó la deriva hacia la violencia, merece la pena recordar que las revueltas, por populares que sean, no son suficientes para desencadenar un proceso de cambio social y hacer saltar los mecanismos de control político y económico de un régimen autoritario si no cuentan con una base sólida de recursos propios y/o con apoyo externo que las consolide. Eso hace sumamente importante la movilización a favor
del pueblo argelino y el desarrollo de iniciativas de solidaridad
que, en el caso europeo, deberían empezar por la simple
tarea de información sobre los instrumentos y procedimientos
de explotación y exclusión que sufre el pueblo
argelino por parte de su propio gobierno, y como aquéllos
se asocian y sirven a intereses políticos y económicos
foráneos. Desde Nación Arabe contribuiremos
a ese esfuerzo publicando un informe especial sobre Argelia en
su próxima edición, el número 46.
Hemos querido abrir este nuevo número de Nación Árabe -con el que la publicación cumple sus 15 años de existencia- con un artículo de Rosemary Sayegh en el que esta investigadora recuerda los terribles acontecimientos que tuvieron lugar del 16 al 18 de septiembre de 1982 (hace ahora justamente 19 años) en los campamentos de refugiados palestinos de Sabra y Chatila, situados en Beirut, cuando entre 1.000 y 3.500 civiles palestinos y libaneses fueron torturados y masacrados por falangistas libaneses inducidos por y con el apoyo del ejército israelí. El pasado 18 de junio, 23 personas (15 palestinos y ocho libaneses) presentaron ante un juzgado de instrucción belga una demanda contra Ariel Sharon y otros responsables israelíes y libaneses por tales sucesos, demanda que ha sido aceptada por la justicia belga. Una representación de los demandantes contra Sharon y de sus abogados visitará el Estado español en la segunda quincena de septiembre, cuando este número de Nación Árabe esté ya en la calle. Nación Árabe dedica el Informe de este número 45 a la cuestión del Sáhara Occidental y a lo que se ha denominado la "tercera vía", una iniciativa apoyada por el Secretario General de Naciones Unidas (NNUU) que supone una cambio radical en las reglas del juego por parte de este organismo internacional. El analista argelino Yahia H. Zoubr, profesor en EEUU, explica en su artículo que esta alternativa a la celebración del referéndum surgió inmediatamente tras la muerte del rey Hasán II: Francia y EEUU (por lo demás, potencias competitivas en la región) habrían decidido apoyar la tercera vía -una autonomía limitada para el Sáhara dentro de Marruecos- para favorecer la estabilidad interna del nuevo monarca marroquí, Mohamed VI. En cualquier caso, la tercera vía supone una violación flagrante de la legalidad internacional y de las resoluciones de NNUU, aspecto que repasa ampliamente Carlos Ruiz Miguel en su contribución al Informe. En la sección de Actualidad, Ignacio Gutiérrez de Terán repasa el primer año de mandato de Bashar al-Asad y las parcialmente frustradas expectativas de cambio que en Siria y Líbano trajo la sucesión presidencial. Asimismo en Actualidad, Dan Connell, editor adjunto de Middle East Report, revisa la ambigua actitud de la Administración Bush respecto a Sudán, que, interesada en acceder a la riqueza petrolífera del país, oscila entre el apoyo a la oposición sureña y el acercamiento al régimen de Jartum. A punto de cumplirse el primer año de la segunda Intifada palestina, este número de Nación Árabe incluye, igualmente en Actualidad, una evaluación de Rema Hammani y Jamil Hilal sobre la situación en el frente palestino y las dificultades internas que impiden -amén de la consabida situación regional e internacional- que la Intifada pueda desarrollar una estrategia global frente a la ocupación y la represión israelíes, aspecto este último que aborda el israelí Shraga Elam, quien repasa las medidas iniciadas por el anterior gobierno laborista y radicalizadas por el actual de unidad nacional para poner fin a la sublevación palestina. Entre septiembre del año pasado y hasta el 27 agosto de 2001 la represión israelí de la Intifada ha dejado el balance -según fuentes de la organización MIFTAH- de 629 palestinos muertos (166, menores de 18 años) y más de 15.000 heridos, varios dirigentes políticos asesinados, centenares de casas derruidas y el colapso de la vida y de la economía en los Territorios, además de la violación de áreas de control exclusivo de la Autoridad Palestina. Las evidencias confirman que desde hace años los servicios de seguridad israelíes disponían de planes contingentes para responder a una nueva Intifada. Los acontecimientos vividos en los últimos meses han reproducido punto por punto las acciones previstas, como demuestra Elam. El análisis de la actual situación en Palestina lo completa Ignacio Álvarez-Ossorio en la sección Documentos con la traducción y presentación del Informe de la Comisión Mitchel hecho público el 21 de mayo, informe que -pretendidamente parcial- planteaba una serie de recomendaciones destinadas a poner término a la violencia, que han tenido escaso éxito. Por último, Baruch Kimmerling, desde el diario israelí Ha'aretz, repasa en Revista de Prensa la evidente fragilidad del Estado de Israel a la luz de la nueva Intifada. Carla Fibla y Pedro Rojo entrevistan para Nación Árabe al economista egipcio Samir Amín, quien analiza la actual fase de expansión capitalista conocida como globalización y, en concreto, su impacto sobre las sociedades árabes. En este contexto, Loles Oliván aprovecha su análisis del poderoso movimiento antinormalización en Jordania para poner de manifiesto la conexión entre la denominada Pax Americana para Oriente Medio (el proceso de paz árabe-israelí y el asedio a Iraq) con la inserción capitalista de Israel en la región y la incorporación de ésta a la economía mundializada. En la sección de Cultura, Luz Gómez García ofrece una selección de la nueva narrativa egipcia y conversa con los cuatro autores seleccionados: Sáhar al-Mugui, Mustafa Dhikri, Muntasir al-Qaffáx y Miral al-Tahawi. Por último, este número se completa con las
secciones habituales de Noticias Breves, Reseñas y Humor
Árabe. Comité de Solidaridad con la Causa Árabe |
