Nación Árabe 36


Publicado en Nación Árabe, núm. 36, Otoño de 1998


Israel y las resoluciones de NNUU

Agustín Velloso
Profesor de la UNED (Madrid)

Tanto el establecimiento del Estado de Israel en 1948, como su historia en los 50 años posteriores hasta la actualidad, están esencialmente unidos a las resoluciones que de forma periódica y abundante adopta la Asamblea General y el Consejo de Seguridad (CS) de Naciones Unidas (NNUU) respecto a aquél. En la mayor parte de estas resoluciones NNUU deplora, advierte, censura, exige y condena acciones de Israel, uno de sus Estado miembro. El número de resoluciones asciende a varias docenas, aunque los asuntos de que se ocupan son siempre los mismos, los que a continuación se verán. Esta prodigalidad y repetición permite a primera vista destacar dos notas de estas resoluciones. Una: que Israel hace caso omiso de las mismas; dos: que las resoluciones se suceden sin que por ello se aprecie un avance en el cumplimiento de los fines de la Carta de NNUU.
Por ejemplo, la resolución 799 del CS, de 18 de diciembre de 1992, sobre el retorno de los palestinos expulsados por Israel a Líbano, en violación de la legislación internacional (Convención de Ginebra de 1949, de la que Israel es Estado miembro), comienza "reafirmando sus resoluciones 607 (1988), 636 (1989), 641 (1990), 694 (1991) y 726 (1992)", las cuales se ocupan del mismo asunto: la violación de esta Convención y de otros instrumentos internacionales de salvaguardia de los derechos humanos y políticos por parte de Israel. Se trata, en definitiva, de una letanía interminable de condenas que no produce ningún efecto.
Debido a esa desobediencia reiterada sin consecuencias para el infractor, que al ser Estado miembro se compromete a cumplir con las resoluciones, son muchos los millones de personas que ponen en duda la capacidad de NNUU para hacer cumplir los fines de su Carta fundacional relativos a la paz internacional y los derechos políticos de los pueblos. También son muchos los millones que no sólo dudan sino que desconfían del papel de NNUU como mediador justo en el conflicto que enfrenta a Israel con varios países árabes, y sobre todo con el pueblo palestino. A la vista de lo que ocurre con otras resoluciones a pocos kilómetros de Israel, en Iraq, no son los palestinos los únicos que se escandalizan por lo que califican de doble rasero de las Naciones Unidas a la hora de hacer cumplir aquéllas, aunque formen uno de pueblos que más sufren esta injusticia internacional continuada.

EEUU y el Consejo de Seguridad
Son varias las reflexiones que se pueden realizar acerca de por qué unas resoluciones siguen a otras y casi siempre con el mismo contenido, sin que se produzca un cambio en las acciones de Israel; por qué su principal aliado, EEUU, veta oportunamente en el CS las que son desfavorables a los intereses de aquél; por qué la comunidad internacional no reacciona al respecto, y también qué cabe esperar de este inacabable rosario de resoluciones sin efecto. A pesar de su interés para los politólogos, parece que estas reflexiones pierden poco a poco importancia y no sólo por el cansancio que produce lo rutinario. Una de las cuestiones que más llama la atención en la actualidad es que pierde valor lo resuelto en NNUU en estos 50 años. Es claro que no se trata ahora del valor real, el cual puede considerarse nulo en cualquier caso en lo que al cumplimiento de las resoluciones se refiere. Se trata del valor de éstas al menos como punto de referencia para la solución negociada del conflicto palestino en el actual proceso de paz iniciado en los años 90.
Un ejemplo de esta pérdida paulatina de valor de la doctrina de NNUU lo presentó en 1995 Hanan Ashrawi, aunque no con este fin, en sus memorias políticas sobre los acuerdos de paz. En sus conversaciones acerca de Jerusalén con James Baker, del Departamento de Estado de Estados Unidos, recuerda que éste intentó archivar sin más la resolución 181 de 1947, con el argumento de que era una resolución de 45 años de antigüedad inadecuada para las conversaciones de paz de los años 90. Hoy, tres años después, esta tendencia a archivar sin más las resoluciones de NNUU está mucho más asentada. Es claro que esta tendencia es favorecida por los que más se benefician de ello: Israel y Estados Unidos.
Sin embargo, no es lo menos importante que a esta situación se ha llegado por las sucesivas derrotas de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) desde los años 60, y por la incapacidad de ésta y de la Autoridad Palestina para resistir a Israel y hacer valer los derechos del pueblo palestino. Con su aceptación de firmar el Acuerdo de Washington (Oslo I) y los que les siguen, los palestinos parece que abandonan (poco importa que sea involuntariamente y de buena fe) su lucha por hacer cumplir las resoluciones, y se concentran en interminables discusiones sobre las Zonas A, B, C de los Territorios Ocupados, los derechos de importación a las zonas autónomas, las tarjetas VIP de paso entre Gaza y Cisjordania para los miembros del Parlamento, y un largo, humillante y poco fructífero etcétera.
Si los palestinos abandonan, como parece, la exigencia de que se cumpla la legalidad internacional, ¿qué cabe esperar que hagan por ella los demás miembros de la comunidad internacional que no se juegan más que los palestinos y, sobre todo, de los más interesados en que aquélla no sea el principal punto de referencia? Cabe esperar precisamente lo que está haciendo el gobierno de Israel: dilatar en lo posible las conversaciones de paz, centrarlas en aspectos colaterales y de menor importancia, poner trabas a su desarrollo mientras hace responsable a los palestinos de su estancamiento, en especial mediante el argumento supremo de la seguridad de Israel... (*42)
No parece que Israel va a lamentar que se archiven para siempre las resoluciones. Por su parte, EEUU apoya a Israel en su táctica, así que resulta difícil creer que ambos no actúan de forma coordinada y de acuerdo a un plan previsto. Dentro de este plan se presiona a la Autoridad Palestina para que desista de acudir a las resoluciones y se dedique a negociar en el ámbito de las conversaciones de Oslo que, como es sabido, dejan el futuro de Palestina en manos de Israel. Así pues, tampoco EEUU va a echar de menos el enterramiento de las resoluciones. Es más fácil dejarlas poco a poco en el olvido que enfrentarse de una vez a ellas para sustituirlas por otras nuevas y, desde luego, mucho más que hacerlas cumplir.

Discípulos de Kafka
Esta tendencia se aprecia bien en los discursos y declaraciones de los gobernantes norteamericanos y sus representantes en nuestros días. Discípulos aventajados de Kafka, modifican el lenguaje con vistas a modificar posteriormente la realidad. Hablan de territorios palestinos disputados en lugar de ocupados, conceden la máxima importancia a los Acuerdos de Oslo, y en consecuencia denuncian también al máximo a los palestinos por cualquier incumplimiento menor, mientras que quitan importancia a las resoluciones, y por tanto no denuncian a Israel por graves violaciones y, sobre todo, últimamente, urgen a los protagonistas a pasar a unas conversaciones finales a la mayor brevedad, ya ni siquiera basadas en la Declaración de Principios (Washington, 1993), sino fundamentalmente en si la retirada final de Israel de los Territorios Ocupados será del 9'5 o del 10% (y ello en el caso, obviamente, de que la seguridad de Israel esté garantizada al cien por cien a juicio de sus gobernantes). A la vista de esta situación no puede sorprender, ni siquiera por su clarividencia, la denuncia del Movimiento de Resistencia Islámica en su carta fundacional, hace diez años, cuando afirma que "las conversaciones de paz son una pérdida de tiempo y un juego de niños".
A pesar de que no sólo las conversaciones, sino que también las propias resoluciones pueden discutirse desde diversos puntos de vista, el objeto principal de este trabajo es darlas a conocer. Como se dijo anteriormente, con ellas se recorre casi por entero la historia -y no sólo internacional- de Israel, pues sus actuaciones están inextricablemente unidas a sus vecinos y a la vez han marcado su crecimiento y su situación actual como Estado joven y dentro de la comunidad internacional. Únicamente aparecen aquí las más representativas de esa historia, ya que las recientes repiten las anteriores y otras se refieren a actuaciones puntuales, no por ello menos importantes para los afectados pero sí de menor calado en el conjunto de esa historia.
Habitualmente se presenta la historia crítica de Israel en relación con varias cuestiones importantes: establecimiento del Estado de Israel, el problema de los refugiados que ocasionó ese establecimiento, la expansión de ese Estado a costa de los vecinos (Territorios Ocupados y asentamientos), la cuestión de la capital del Estado de Israel, y la cuestión de los derechos humanos (los gobiernos israelíes prefieren hablar de la seguridad de Israel). Las resoluciones que siguen a continuación no incluyen el texto completo, sino una indicación de lo principal del mismo -el entrecomillado corresponde a la traducción literal del inglés original-, el cual se puede obtener de la fuente original: NNUU, y de la ingente literatura jurídica, histórica y política surgida en los últimos 50 años.

Resoluciones incumplidas
El establecimiento de Israel
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-Resolución 181 de la Asamblea General, de 29 de noviembre de 1947 (Plan de Partición), sobre el futuro gobierno de Palestina. En esta larguísima resolución se reconoce en primer lugar que la situación en Palestina en 1947 es una amenaza para la paz. Se propone luego un plan de partición de la tierra con unión económica: "Se establecerá un Estado árabe y otro judío independientes y un Régimen Internacional Especial para la ciudad de Jerusalén (...)". Luego se abordan los pasos necesarios para el logro de la independencia y más adelante los "lugares santos y los edificios y lugares religiosos". Se trata posteriormente de los derechos de las minorías, de la ciudadanía y de las relaciones internacionales. Un capítulo especial se dedica a la unión económica, mientras que toda la parte segunda se ocupa de las fronteras y toda la tercera de Jerusalén.

La cuestión de los refugiados.
-Resolución 212 (III) de la Asamblea General, de 19 de noviembre de 1948: Asistencia a los refugiados palestinos. Se reconoce que, para NNUU, "la elección es entre salvar la vida de muchos miles de personas ahora o permitir que mueran". El resto se ocupa principalmente de la logística de las actuaciones para salvar a los palestinos.
-Resolución 194 de la Asamblea General, de 11 de diciembre de 1948: se "resuelve que los refugiados que deseen volver a sus casas y vivir en paz con sus vecinos, deben ser autorizados a hacerlo lo antes posible, y se debe pagar una compensación a los que decidan no volver, así como a los que sufrieron daños o pérdidas en sus propiedades (...)". La resolución, que es conocida fundamentalmente por ocuparse del retorno de los refugiados, se ocupa también de más cuestiones de la mayor importancia: "establece una Comisión de Conciliación", "resuelve que los lugares santos y los lugares y edificios religiosos en Palestina deben ser protegidos y de libre acceso", y resuelve que "debe darse la máxima libertad de acceso a Jerusalén por carretera, ferrocarril y aire, a todos los habitantes de Palestina".

Jerusalén y la capitalidad de Israel.
-Resolución 303 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1949, sobre Jerusalén: "La ciudad de Jerusalén se establecerá como un corpus separatum bajo un régimen internacional especial y será administrada por las Naciones Unidas".

La expansión territorial de Israel y los asentamientos.
-Resolución 242 del CS, de 22 de noviembre de 1967: esta brevísima resolución comienza "expresando su constante preocupación por la grave situación de Oriente Medio" y "enfatizando la inadmisibilidad de la adquisición de territorio mediante la guerra, y la necesidad de trabajar por una paz justa y duradera en la que cada Estado de la zona pueda vivir con seguridad". A renglón seguido pide "la retirada de las fuerzas armadas de Israel de los territorios ocupados en el conflicto reciente" y "la consecución de una solución justa al problema de los refugiados".
-Resolución 33/71 de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1978, prohibiendo la cooperación militar con Israel: en ella se expresa "grave preocupación por el continuo y rápido crecimiento militar de Israel", y "alarma por el empleo por parte de Israel de bombas de fragmentación contra campos de refugiados y objetivos civiles en el sur de Líbano". A continuación "reconoce que la continua escalada del armamento israelí constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales y subraya el persistente desafío de Israel a las resoluciones de la Asamblea General y su política de expansión, ocupación y negación de los derechos inalienables del pueblo palestino". También repite anteriores "condenas de la intensificación de la cooperación militar entre Israel y África del Sur". Concluye solicitando a "todos los Estados, bajo el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, que se abstengan de suministrar armas, munición, equipos y vehículos militares, o repuestos, a Israel, sin ninguna excepción".
-Resolución 446 del CS, de 22 de marzo de 1979, sobre los asentamientos: "Determina que la política y las actuaciones de Israel de establecimiento de asentamientos en los territorios palestinos y árabes ocupados desde 1969, no tienen validez legal y constituyen un serio obstáculo para la consecución de una paz justa, global y duradera en Oriente Medio".

Los derechos humanos y la seguridad de Israel
-Resolución 2443 de la Asamblea General, de 19 de diciembre de 1968, para establecer un comité de investigación sobre las actuaciones israelíes. Esta resolución "se guía por los fines y principios de la Carta de las Naciones Unidas y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos". En ella se recuerda a Israel que "desista de destruir las casas de la población civil Árabe en las áreas ocupadas", y "expresa su grave preocupación por la violación de los derechos humanos en los territorios árabes ocupados".
-Resolución 3379 de la Asamblea General, de 10 de noviembre de 1975, que califica al sionismo como una forma de racismo. Se recuerda que la Asamblea General condenó la alianza entre el racismo de África del Sur y el sionismo (14 de diciembre de 1973), y "determina que el sionismo es una forma de racismo y discriminación racial". Eta resolución ha sido revocada recientemente.
-Resolución 471 del CS, de 5 de junio de 1980: "Horrorizado por el intento de asesinato de los alcaldes de Nablus, Ramala y Al Bire, gravemente preocupado porque se autoriza a los colonos judíos en los territorios árabes ocupados llevar armas, lo que les permite perpetrar crímenes contra la población civil árabe, condena el intento de asesinato" y "manifiesta honda preocupación porque Israel, potencia ocupante, no ha facilitado la protección adecuada a la población civil en los territorios ocupados".
-Resolución ES-7/9 de la Asamblea General, de 24 de septiembre de 1982, que condena la masacre de civiles palestinos en Beirut: "Recuerda las resoluciones del CS 508 (1982) de 5 de junio de 1982, 509 (1982) de 6 de junio de 1982, 513 (1982) de 4 de julio de 1982, 520 (1982) de 17 de septiembre de 1982 y 521 (1982) de 19 de septiembre de 1982", "reafirma en particular su resolución 194 (III) de 11 de diciembre de 1948" y "condena la masacre criminal de palestinos y otros civiles en Beirut el 17 de septiembre de 1982".
-Resolución 904 del CS, de 18 de marzo de 1994, respecto de la masacre de Hebrón: "Condena fuertemente la masacre de Hebrón y sus secuelas, lo que costó la vida a más de cincuenta civiles palestinos e hirió a varios centenares más; pide a Israel, la potencia ocupante, (...) la confiscación de las armas, con el fin de impedir las acciones violentas ilegales por parte de los colonos israelíes".

(Las citas entrecomilladas corresponden a los textos oficiales de las resoluciones aprobadas por los distintos órganos de NNUU)
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Informe CINCO AÑOS DE LA DECLARACIÓN DE WASHINGTON

El contenido de los Acuerdos firmados durante los gobiernos de Rabin y Peres permite hoy a Netanyahu la paralización del proceso de negociación con los palestinos

Un proceso de ¿paz?
La negociación, en vía muerta

Carlos Varea
Miembro del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe

El proceso de negociación entre la OLP e Israel puede caracterizarse por la combinación de un sólido formato publicitario y un ambiguo contenido político. Los principales documentos del proceso (Oslo I y II), elaborados bajo los Gobiernos laboristas de Rabin y Peres, han otorgado a Netanyahu la posibilidad de paralizar o revertir el proceso si considera que la 'seguridad' o los intereses de Israel no están suficientemente garantizados. Así, tras el triunfo electoral del Likud, Arafat y los negociadores palesti-nos sufren la gravosa herencia de Rabin y Peres. Si en tiempo de éstos el 'espíritu' del proceso de paz parecía poder subsanar las deficiencias de los sucesivos acuerdos palestino-israelíes, ahora, con Netanyahu como primer Ministro, la literalidad de los textos firmados por Arafat concede a Israel pleno margen de maniobra y convierte a la Autoridad Palestina en un sujeto subsidiario del proceso, sin apenas capacidad de maniobra. La imagen informativa inicial de interlocutores en pie de igualdad, en una negociación equilibrada, encarnada en el apretón de manos de Rabin y Arafat ante Clinton en la Casa Blanca en septiembre de 1993, con la que el proceso se inaugurara y que se resumía en el lema 'la paz de los valientes', se ha esfumado para siempre.

En declaraciones realizada al diario israelí Ha'aretz el 12 de junio de 1993, Yaser Arafat reconocía la existencia de conversaciones secretas entre la OLP e Israel, celebradas al menos durante todo el año en Oslo, la capital noruega, con cuyo nombre se bautizará el primer acuerdo palestino-israelí derivado de tales negociaciones. Veinte meses después de la Conferencia de Paz de Madrid de octubre de 1991, la OLP e Israel anunciaban que la diplomacia secreta de Oslo, desarrollada paralelamente a las 10 rondas de negociación pública palestino-israelí (1), habían dado como resultado un acuerdo bilateral que se plasmaría en la denominada 'Declaración de principios sobre los acuerdos transitorios de autogobierno [palestino]', que sería el documento que Yaser Arafat, en representación de la OLP , y el primer Ministro israelí Isaac Rabin firmarían en presencia del presidente norteamericano Clinton en Washington el 13 de septiembre de 1993. El acuerdo estipulaba que Israel retiraría su Ejército de la Franja de Gaza y de la ciudad cisjordana de Jericó como etapa previa de un proceso transitorio de autonomía palestina, al que habría de seguir un acuerdo definitivo sobre la totalidad de los territorios palestinos ocupados desde 1967.

Con anterioridad, el 6 de mayo de ese año, un documento israelí recogía por primera vez por escrito el término 'Consejo ejecutivo palestino'(2), designación de una futura autoridad palestina transitoria en los Territorios Ocupados. En un clima de extremo deterioro de la situación en los Territorios Ocupados (ese mes de mayo son muertos por el Ejército de ocupación 37 palestinos, siete de ellos niños), la denominada Opción Gaza-Jericó Primero había sido ya esbozada en los medios de comunicación israelíes e internacionales, al tiempo que Peres -ministro de Exteriores- y Rabin -primer Ministro- reiteraban por entonces el desinterés israelí en mantener la ocupación de Gaza, un pequeño territorio con la densidad de población más alta del mundo, sin viabilidad económica y quebradero de cabeza represivo por su conflictividad (en Gaza había prendido la mecha de la Intifada).

La Declaración de Principios, el Acuerdo Oslo I o la Opción Gaza-Jericó Primero (de las tres formas se denominará al documento firmado en Washington) incluye en su texto las tres claves o características fundamentales que marcarán el posterior desarrollo de la negociación palestino-israelí, incluido su actual colapso:

-Primera, su secuenciación temporal (3), postergando para un etapa final la negociación sobre el estatuto definitivo de los Territorios Ocupados y, con ello, de los temas medulares del conflicto: fronteras y soberanía, el futuro de Jerusalén, y el desmantelamiento de los asentamientos judíos en Gaza y Cisjordania.

-Segunda, la ambigüedad de sus contenidos y objetivos finales, pues si bien el proceso tiene un calendario cerrado y bien definido, que debería concluir en mayo de 1999, carece tanto de un marco referencial estricto como de un esquema concreto de resolución del conflicto, al no incluir reconocimiento alguno previo y explícito de los derechos nacionales palestinos.

-Tercera, su reversibilidad o, como ocurre desde hace al menos año y medio, la posibilidad de su paralización, ello en función de los intereses y consideraciones de Israel, en concreto, los relativos a su seguridad, palabra y concepto fetiche para los sucesivos Gobiernos laboristas y del Likud, con la que justificarán una y otra vez incumplimientos de acuerdos previos y reiterados retrasos en el calendario del proceso.

Posguerra del Golfo y Conferencia de Madrid

Buena parte de esta indeterminación que caracteriza a la Declaración de Washington deriva de las condiciones en las que arranca el proceso, dos años atrás. Recordémoslas brevemente antes de revisar Oslo I y los posteriores acuerdos.

Concluida la Guerra del Golfo contra Iraq, EEUU impone el inicio de una negociación árabe-israelí como primera escenificación de lo que el Presidente Bush había denominado Nuevo Orden Mundial en su discurso ante el Congreso norteamericano, en el verano de 1990. Concluida la Guerra del Golfo, Bush recupera esta imagen y la regionaliza. En un nuevo discurso ante las cámaras legislativas norteamericanas, el 6 de marzo de 1991, hablará concretamente de un Nuevo Orden Regional para Oriente Medio.

Este Nuevo Orden Regional habrá de caracterizarse por la escisión del área mediterránea (Palestina/Israel, Jordania, Líbano y Siria, además de Egipto) del área árabigo-peninsular (Península y Golfo Arábigos). Como proyectos claramente disociados pero complementarios, en la primera de estas dos áreas se procurará imponer un proceso de normalización política e integración económica árabe-israelíes por medio del proceso de paz; en la segunda, un férreo control neocolonial sustentado en el mantenimiento de la presión sobre Iraq (prolongación del embargo y agresiones militares sucesivas), su militarización extrema (estacionamiento de tropas occidentales, rearme de las petromonarquías árabes y, más recientemente, acuerdos militares turco-israelíes) y su extrema inestabilidad (por ejemplo, con la creación del enclave kurdo-iraquí y el nuevo papel en él de Turquía).

Respecto a la primera zona, la Conferencia de Paz de Madrid de octubre-noviembre de 1991 marca el inicio de ese proceso de negociación árabe-israelí. Promovida por la Administración Bush bajo el lema de "Paz por territorios", el modelo de conferencia de Madrid puede considerarse el antitético del modelo de Conferencia Internacional de Paz para Oriente Medio solicitada por el conjunto de los Estados árabes y la OLP antes de la guerra contra Iraq y respaldada formalmente, pero sin compromiso real, por la comunidad internacional hasta aquel momento. Por diversas razones, el esquema de negociación que se inicia en Madrid introduce necesariamente condiciones negativas para la adecuada resolución del conflicto entre árabes e israelíes y, sobre todo, entre palestinos e israelíes.

En primer lugar, la negociación carece de supervisión internacional por parte de Naciones Unidas (NNUU): EEUU oficia como exclusivo promotor del proceso, tan sólo con el protocolario apoyo de la Unión Europea y de una Unión Soviética a punto de convertirse nuevamente en Rusia de la mano de un ya periclitado Gorbachov. Y carecerá por ello igualmente de un marco referencial adecuado, el conjunto de las resoluciones y decisiones de NNUU (de su Consejo de Seguridad -al menos- pero también de su Asamblea General) relativas al conflicto árabe-israelí y los derechos nacionales palestinos. Así, las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad (CS) son consideradas como punto de arranque de la negociación, no como el mínimo incuestionable de obligado cumplimiento por ambas partes (4); incluso en documentos norteamericanos preparatorios de la Conferencia los Territorios árabes Ocupados -palestinos, libaneses, sirios y jordanos- son denominados Territorios en disputa (5).

En segundo lugar, la negociación se fragmenta en mesas bilaterales entre Israel y cada Estado árabe, con lo cual se debilita la posición global árabe frente a un Israel reforzado estratégicamente tras la destrucción de Iraq y el mantenimiento de las sanciones económicas. Cada interlocutor árabe, en función de su debilidad, procurará cerrar cuanto antes su acuerdo con Israel, para evitar perjuicios añadidos. Por contra, temas estratégicos, que son medulares del conflicto y de su resolución -el futuro de los refugiados, los recursos de la región (el agua, en concreto), la cooperación económica, la seguridad regional y la militarización de la región, etc.- se remiten a mesas multilaterales con participación de terceros países y organismos internacionales.

Finalmente, la cuestión palestina queda marginada. La representación palestina se enmascara en la delegación jordana y, lo que es más grave, se escinden a los palestinos del interior, los residentes en Gaza y Cisjordania, de los refugiados de la diáspora, que son más de la mitad del pueblo palestino.

La Declaración de Washington

Refiriéndonos ya a la literalidad del documento, hay algunos aspectos que merecen ser resaltados del texto de la Declaración de Washington, Oslo I u Opción Gaza-Jericó Primero de septiembre de 1993.

En primer lugar, Israel no aparece en ningún momento como país o fuerza ocupante. Por el contrario, se aprecia en el texto una legitimación del control de Israel sobre Gaza y Cisjordania, al aparecer explícitamente como parte con derechos adquiridos sobre estos territorios. Por ejemplo, en relación al agua, una cuestión clave en la zona y que subyace a buena parte de su conflictividad (6), Israel recibe la garantía de "[...] la utilización equitativa de los recursos comunes en el transcurso de la fase interina y posteriormente [a ésta]", "sobre la base de los derechos al agua de cada parte[...]" (apartado 1 del anexo III de la Declaración) (7). Apréciese que un recurso natural de un territorio bajo ocupación militar es considerado común al ocupante (Israel) y al ocupado (los palestinos), teniendo ambos derechos reconocidos sobre él.

Las competencias que los israelíes transfieren al Consejo palestino de Gaza y Jericó (posteriormente denominado Autoridad Palestina, AP) son meramente administrativas ("educación y cultura, sanidad, asuntos sociales, impuestos directos y turismo", artículo 6, apartado 2), además del establecimiento de una policía palestina para control interior de la población palestina. En los denominados "Anexos verbales" adjuntos a la Declaración se señala que la jurisdicción de este Consejo palestino no incluye "Jerusalén, las implantaciones [asentamientos o colonias israelíes], los emplazamientos militares, y los israelíes", reiterándose que la "retirada del gobierno militar [israelí de Gaza y Jericó] no impedirá que Israel ejerza los poderes y responsabilidades no transferidos al Consejo [palestino]".

El primer acuerdo palestino-israelí prefigura así un modelo que se reiterará en posteriores documentos: un reparto de competencias entre la AP e Israel a ejercer sobre los territorios y la población palestinos, reservándose el segundo los resortes efectivos de la soberanía política y -como más adelante veremos- también económica.

Quien presidiera la delegación palestina en la Conferencia de Paz de Madrid, Haider Abdel Shafi, hoy la figura más relevante y respetada de la oposición interna a la autocracia de la Autoridad Palestina y al devenir posterior del proceso de paz, señalaba muy tempranamente que el texto de Washington "[...] encierra el reconocimiento implícito de dos entidades distintas en los Territorios Ocupados, la entidad Israel-colonias de poblamiento y la entidad palestina, constituida por los pueblos y ciudades árabes" (8). Esta apreciación de Abdel Shafi es completamente pertinente. El carácter pernicioso del texto firmado en Washington en septiembre de 1993 no se deriva tanto de que en él se posponga la negociación de los temas claves del conflicto palestino-israelí (la cuestión de la soberanía) a una etapa final del proceso, sino que desdibuja y desvirtúa el contenido estratégico de la propia negociación y de su objetivo -la independencia palestina- al equiparar los derechos de ambas partes por medio de una doble pirueta: explicitar los derechos adquiridos de Israel -que se libera de su naturaleza de potencia ocupante- y escamotear la mención de los derechos inalienables e internacionalmente reconocidos del pueblo palestino -que pierde su caracterización como población bajo ocupación. Con ello, una cuestión estricta de retirada incondicional de territorios ocupados y conservados por la fuerza, en suma, de soberanía y de ejercicio de autodeterminación, se transmuta en otra bien distinta de gestión compartida de un territorio en litigio, en una formulación que, más que Rabin, será su ministro de Exteriores Peres quien reiterará con su idea de "superposición de autoridades" sobre un mismo espacio geográfico y poblacional (9).

El 'espíritu' y la letra

Así, la forma y el contenido de la negociación van inseparablemente cogidos de la mano: la Conferencia de Madrid sacralizó la negociación bilateral entre Israel y los distintos agentes árabes por separado (la OLP, Siria más Líbano, Jordania), sin un estricto marco de legalidad y una mediación equitativa internacionales que evitaran que el resultado de la negociación quedara a merced de la correlación de fuerzas entre las partes, extremadamente desigual. Y en la Declaración de Washington, en el primer texto firmado por palestinos e israelíes, como resultado de este desequilibrio entre unos y otros, quedarán bien definidos los límites estratégicos, las líneas rojas de la negociación futura. Resultado: aplicando la literalidad del documento de Washington, lo que en él está escrito y lo que no está, Israel ha podido controlar hegemónicamente desde 1993 y en todo momento el ritmo del proceso y la ejecución o paralización de sus sucesivas fases, su contenido.

Muchas veces se ha afirmado, también desde el propio campo de los negociadores palestinos, que las deficiencias en el texto de la Declaración de Washington, en concreto, la falta de referencia alguna a los derechos nacionales palestinos (10), quedaban compensadas con lo que se llamó el espíritu del acuerdo. Sin embargo, las declaraciones del primer Ministro israelí Rabin antes y después de la firma en Washington de la Declaración, siempre fueron explícitas sobre cuál era la comprensión israelí del proceso de negociación con los palestinos, dejando pocas dudas al respecto.

A finales de abril Rabin había declarado al diario israelí Yedioth Aharonot que "no habrá ni Gran Israel ni Estado palestino", ni un retorno a las fronteras de 1967; es decir, que no habría devolución de la totalidad de los Territorios Ocupados. Rabin reiteraba entonces un criterio estratégico laborista: "No queremos anexionar [a Israel] a más de dos millones de palestinos [residentes en Gaza y Cisjordania], pero no es cuestionable un retorno a las fronteras del 6 de junio de 1967" (11). La misma víspera de la firma del documento en Washington, el día 12 de septiembre, Rabin adelantó ante la cadena de televisión norteamericana CNN la supervisión israelí del proceso de autonomía y su reversibilidad en caso de un deterioro de la situación en los territorios bajo administración palestina: "Vamos a negociar una retirada gradual de ciertas zonas [de los Territorios Ocupados] y observar hasta que punto la policía palestina es capaz de garantizar la seguridad [...]. Nuestro Ejército es fuerte: si en un momento dado la situación degenera, podremos retomar el control" (12). Tras la ceremonia de Washington, idéntico planteamiento ante el Parlamento israelí, con referencias concretas a los temas que más preocupan a los palestinos: la capitalidad israelí de Jerusalén incuestionable y mantenimiento de los asentamientos, de los cuales, aclara Rabin, "ninguno será desmantelado" (13). Dejando al margen la cuestión -irrelevante, a mi entender- del estilo personal de unos y otros, la diferencia entre el binomio Peres-Rabin y Netanyahu radica en que al segundo le han correspondido las fases posteriores de la negociación con los palestinos, en las que de la indeterminación de los textos ha sido preciso pasar a su aplicación concreta sobre el terreno.

Y pocas dudas podían ya albergarse entonces sobre la solidez del compromiso de EEUU -su infinita tolerancia- con Israel y sobre qué papel estaba dispuesto a jugar la Administración Clinton como mediador en fases posteriores de la negociación. La Conferencia de Paz de Madrid de octubre de 1991 fue promovida por la Administración republicana del Presidente Bush a fin de afianzar la hegemonía norteamericana en el conjunto de Oriente Medio tras la destrucción de Iraq. Por su parte, el Gobierno israelí del Likud del primer Ministro Isaac Shamir se avino a participar en la Conferencia desconfiando del lenguaje altisonante de los norteamericanos, pero atento a la favorable correlación de fuerzas derivada de la guerra y a la extremadamente débil posición de los aliados árabes de Iraq -Jordania y la OLP- pero igualmente de aquéllos integrantes de la coalición multinacional -Siria y Egipto.

En 1993, tras los triunfos electorales de Rabin y de Clinton, la sintonía entre EEUU e Israel es máxima, y la identificación de objetivos -políticos y económicos, tácticos y estratégicos- en relación con el proceso de negociación y al futuro del conjunto de Oriente Medio casi completa. Rabin viaja en dos ocasiones durante 1993 a Washington, antes (en marzo) y después (en noviembre) de la firma del Acuerdo Oslo I. Si durante la primera de estas dos visita Clinton se había comprometido a "minimizar" los riesgos que Israel pudiera correr por el establecimiento de un acuerdo de paz con los árabes (14), en la segunda de ellas, en plena resaca de la ceremonia de Washington, el Presidente norteamericano no tendrá vergüenza alguna en afirmar bien alto: "Renuevo el compromiso inquebrantable de EEUU en el mantenimiento y reforzamiento de la superioridad cualitativa de Israel en materia de seguridad [frente a los Estados árabes]" (15). Esta renovación de la alianza entre ambos países tiene un aspecto particular: la Administración Clinton no solo aumentará en estos años la ayuda financiera de EEUU a Israel (16), sino que autorizará la venta a Israel de material militar estratégico antes prohibido, en 1994, el avión de combate F-15E, en 1998, sistemas antimisiles.

La puesta en marcha de la autonomía en Gaza y Jericó

Frente a sus imprecisiones o carencias en materia política, la Declaración de Washington contiene una explícita, extensa y detallada formulación en materia económica, vertebrada en torno a la integración económica palestino-israelí (anexo tercero, donde se decide establecer un 'Comité permanente de cooperación económica' bilateral) y regional (anexo cuarto, que incluye la previsión de "[...] un programa de desarrollo regional promovido por el G7 [Grupo de países más industrializados]". Oslo I anticipa a la resolución negociada del conflicto palestino-israelí sobre Gaza y Cisjordania la anexión económica de estos territorios e Israel. Se hurta así al pueblo palestino el diseño colectivo del modelo socioeconómico que, tras el fin de la ocupación, habría de dotarse a sí mismo en el marco de una nueva realidad democrática.

Antes incluso de concretarse esta puesta en marcha de la primera fase de autonomía palestina para Gaza y Jericó, la OLP e Israel firman acuerdos económicos desiguales que limitarán la autonomía económica de la futura Palestina (sea cual sea su grado de soberanía política) y que prefiguran un modelo de desarrollo liberal en lo económico, que el propio Arafat resume tan desafortunadamente con la frase "nuestro principal trabajo ahora es convertir a Palestina en un nuevo Singapur" (17). La insultante corrupción económica que reina en la actualidad en los Territorios Autónomos Palestinos (TAP), protagonizada por los principales negociadores palestinos y la casi totalidad del Gobierno de Arafat, encuentra aquí su primera explicación.

En diciembre de 1993, la OLP y el Gobierno Rabin llegan a un Acuerdo de libre comercio entre los territorios palestinos y el Estado de Israel, que posteriores documentos ratificarán. El acuerdo, además de firmarse en un momento de crispación en la negociación política y de deterioro represivo en los Territorios Ocupados, elude la contradicción que supone que los acuerdos comerciales firmados por Israel con la EFTA, la UE y EEUU no incluyan los productos palestinos, que no pueden por tanto acceder en igualdad de condiciones a los mercados de los países desarrollados. Un segundo acuerdo económico, el de París de 29 de abril (temporalmente válido durante el período interino de autonomía para el conjunto de Gaza y Cisjordania, a excepción de Jerusalén), establece que Israel y la AP realizarán una misma política de importación, si bien los palestinos podrán importar productos de los países árabes en cantidades limitadas y a precios previamente acordados con los israelíes (18). Ambos textos ratifican la realidad económica impuesta por la ocupación, el tránsito asimétrico entre los territorios palestinos e Israel: productos manufacturados en una dirección, hacia Palestina, mano de obra en la contraria, hacia Israel -por lo demás, en paulatina restricción por las autoridades israelíes desde que se iniciara la negociación, a partir de la cifra de 120.000 trabajadores palestinos en 1990 (19).

Tras la firma de Oslo I en Washington, en los primeros días de noviembre palestinos e israelíes negocian en Taba (Egipto) el repliegue israelí y la puesta en marcha de la autonomía palestina en Gaza y Jericó. Previsto para el 13 de diciembre, el repliegue israelí habrá de posponerse debido a las discrepancias entre la OLP e Israel y al fracaso de la reunión entre Rabin y Arafat del 12 de diciembre en El Cairo. El desencuentro se debe a cuestiones de seguridad, principalmente, a discrepancias en relación al control de las fronteras entre las áreas autónomas palestinas, Israel y los Estados árabes vecinos (Egipto y Jordania).

Las negociaciones se reanudaron el día 10 de enero de 1994, tras el primer incumplimiento del calendario previsto. Finalmente, con cinco meses de retraso, el 4 de mayo se firma en El Cairo un nuevo documento para la puesta en marcha efectiva de la autonomía palestina para Gaza y el área de Jericó. Un acuerdo previo sobre cuestiones de seguridad, firmado el 9 de febrero también en la capital egipcia, facilita la firma de este segundo documento de El Cairo, al resolver a favor de Israel tres temas claves: el control fronterizo Gaza-Egipto y Jericó-Jordania, la dimensión del área de Jericó que pasará a control palestino y la seguridad de los asentamientos en la Franja de Gaza, de la cual solamente el 40% ha de pasar a control palestino.

El documento de El Cairo (20) concreta el reparto desigual de competencias entre las autoridades palestinas e israelíes, radicalizando la escisión territorial y demográfica de la que hablaba Abdel Shafi. La jurisdicción del futuro organismo autónomo palestino (que habrá de tener 24 miembros) no incluye ni las áreas de repliegue israelí (instalaciones militares y asentamientos) ni a los ciudadanos israelíes. "Israel continuará asumiendo la responsabilidad de la defensa contra las amenazas exteriores, incluida la responsabilidad de proteger la frontera egipcia y la línea jordana, la defensa contra las amenazas exteriores marítimas o aéreas, así como la responsabilidad de la seguridad global de los israelíes y de las colonias." (artículo 8, apartado 1). Por contra, las competencias palestinas quedan restringidas, también en el terreno de la representatividad exterior: "La autoridad palestina no tendrá poderes ni responsabilidades en el terreno de los asuntos exteriores, incluido el establecimiento de embajadas en el extranjero, consulados u otro tipo de misiones" (artículo 6, apartado 2.a). Ciertamente, la AP puede establecer relaciones y acuerdos económicos con países y organismos internacionales o nacionales (artículo 5, párrafo 2.b), pero estas restricciones a la representatividad exterior palestina limitan políticamente tal posibilidad.

Oslo II: ampliación de la autonomía palestina

En un nuevo aliento publicitario, tras el apretón de manos de Arafat y Rabin ante la Casa Blanca, el Ejército israelí abandona Gaza en la madrugada del 18 de mayo de 1994. Un mes después, Yaser Arafat regresa a Palestina. Y dos años después de la firma en Washington de la Declaración de principios u Oslo I, el 28 de septiembre de 1995, Rabin y Arafat regresan a la capital federal norteamericana para firmar un nuevo documento, otra vez en presencia de Clinton, para la ampliación de la autonomía en Cisjordania: Oslo II o Acuerdo de Taba, nombre de la ciudad egipcia donde se ultimó.

Si Oslo I determinó el establecimiento de un régimen de autonomía en Gaza y Jericó, Oslo II divide el territorio de Cisjordania en tres áreas ­las denominadas Zonas A, B, y C-, establecidas en función de la nueva realidad demográfica que la ocupación ha creado desde 1967: más de 150 asentamientos y alrededor de 350.000 colonos, la mitad de ellos residiendo en Jerusalén Este, una Cisjordania anexionada al Estado de Israel (es decir, formalmente, ya no ocupada) en más del 70% de su extensión (21).

Oslo II previó tres repliegues de Cisjordania. El primero de ellos definió y dibujo la división de Cisjordania en las anteriormente mencionadas Zonas A, B y C. Los dos siguientes siguen sin estar negociados y nunca se ha hablado de un repliegue israelí total de la Zona C, donde se sitúan los asentamientos. La primera de las tres fases de Oslo II establecía la salida israelí fuera de las siete grandes ciudades palestinas de Cisjordania, exceptuando Jerusalén: Jenín, Nablús, Tulkarem, Qalqilia, Ramallah, Belén y Hebrón. Esta denominada Zona A corresponde al 3% del territorio de Cisjordania y al 20% de su población, espacio y población que en la actualidad, además del 40% de Gaza, controla la AP. Tras la salida de las ciudades cisjordanas. La Zona B incluye 450 pueblos y pequeñas ciudades de Cisjordania (27% del territorio, 70% de la población), área en la cual la AP asumiría solo funciones civiles, manteniendo Israel el control exclusivo de la seguridad. Finalmente, la Zona C (70% de Cisjordania, despoblada) incluye las áreas de interés económico y militar, las carreteras y, como hemos dicho, los asentamientos judíos -sin incluir los de Jerusalén.

El Ejército israelí concluyó su repliegue de las seis primeras ciudades mencionadas más arriba en diciembre de 1995, tras el asesinato del primer Ministro Rabin y habiéndole sustituido Simón Peres (22); pero la existencia de una colonia de judíos ultraortodoxos en el mismo centro urbano de Hebrón retrasó la salida de esta ciudad hasta el fin de semana del 18 al 19 de enero de 1997, ya bajo el nuevo Gobierno de Netanyahu, cuando inicialmente estaba prevista para mayo del año anterior (23). Las fuerzas de ocupación israelíes abandonaban el 80% de Hebrón, quedando la ciudad dividida en dos (24).

El objetivo concreto de Oslo II fue compaginar el establecimiento de las mínimas condiciones para la celebración de las elecciones legislativas y presidenciales palestinas (25), la salida del Ejército israelí de las grandes ciudades palestinas, con la preservación de la seguridad de los asentamientos judíos y el control israelí sobre la tierra y los recursos cisjordanos. Oslo II configura así un nuevo escenario local: por un lado, el alivio de la carga que para Israel suponía mantener la ocupación de los grandes núcleos urbanos palestinos, densamente poblados, con graves problemas infraestructurales y muy conflictivos; por otro, el reparto de funciones y responsabilidades con un nueva Autoridad Palestina legitimada por las urnas.

La solución prevista en Oslo II es una fórmula cómoda para el laborismo israelí, que comprende la resolución de la cuestión palestina, no en función de un nuevo trazado de fronteras, sino de un reparto de atribuciones entre una autoridad palestina administrativa e Israel. Así lo expresó muy claramente el primer Ministro Rabin en la presentación del acuerdo ante el Parlamento israelí el 5 de octubre de 1995, un mes antes de morir asesinado. Refiriéndose a la futura entidad palestina indicó: "Queremos que sea una autoridad, menos que un Estado, bajo la cual los palestinos gobiernen independientemente sus vidas" (26), para concluir que no habrá, al término del proceso de negociación, una retirada a las fronteras previas a la guerra de 1967 (la Línea Verde), es decir, una retirada completa de Gaza y Cisjordania.

Concluido el repliegue israelí de las ciudades cisjordanas, los resultados finales de la prolongada negociación sobre Hebrón, así como el contenido de dos cartas de garantías firmadas por el Secretario de Estado norteamericano Warren Christopher y dirigidas a Arafat y Netanyahu (27), arrojan luz sobre la evolución posterior del proceso de negociación Israel-AP y su actual estancamiento. Las mencionadas cartas hacen referencia a la continuidad del proceso y a tres nuevos repliegues israelíes a efectuar. El Ejército israelí debía realizar estos redespliegues (28) en Cisjordania entre marzo de 1997 y agosto de 1998, según un nuevo calendario que suponía un retraso de un año en relación con el establecido en Oslo II pero que mantenía la fecha final del proceso prevista en la Declaración de Washington, mayo de 1999 (29).

La consternación interna palestina surgió tras conocerse que el acuerdo de Hebrón y las dos cartas norteamericanas no incluían el porcentaje de territorio cisjordano total que Israel debería haber desalojado al término de sus repliegues. El acuerdo de Hebrón y los documentos norteamericanos reafirmaban así el criterio central del texto de Oslo II: la extensión de cada nuevo redespliegue israelí será competencia exclusiva del Gobierno israelí, que determinará unilateralmente su amplitud y cuándo realizarlo, sin obligación alguna de negociación con la AP y ateniéndose tan solo a sus propios criterios de seguridad, reiterado argumento éste que empleará Netanyahu para justificar la paralización del proceso (30).

Arafat ha indicado que la AP controlará prácticamente el 90% de Cisjordania cuando se alcance el acuerdo definitivo con Israel, previsto como hemos indicado para mayo de 1999. La realidad es muy distinta a punto de finalizar 1998: la AP controla hoy el 3,5% de Cisjordania (31), apenas un ligero incremento desde el repliegue de Hebrón, momento a partir del cual Netanyahu ha venido insistiendo, según cuál fuera su auditorio, que el porcentaje de territorio cisjordano que los palestinos controlarán al iniciarse la negociación sobre el estatuto definitivo de los Territorios se situará entre el 10 y el 50%. A lo largo de 1998, frente a la presión de la Administración Clinton, el Gobierno Netanyahu ha rechazado un nuevo redespliegue que supusiera un 10%.

La cantonalización de Palestina

Para los críticos palestinos al proceso, el Partido Laborista israelí habría procurado durante el período de gobierno de Rabin-Peres aplicar el denominado Plan Allon (32) sin haber hecho ninguna concesión de fondo en su negociación con la OLP y la AP. En sus sucesivas formulaciones, el Plan Allon ha sido la piedra angular de la política estratégica del laborismo israelí desde el inicio de la ocupación de Gaza y Cisjordania en 1967: garantizar el dominio de las áreas de interés estratégico (militar, económico o de expansión poblacional) de los Territorios Ocupados, aceptando una autonomía administrativa limitada para los palestinos residentes en sus núcleos urbanos cisjordanos y en Gaza, áreas de imposible anexión a Israel por su alta concentración poblacional. Con ello Israel pretende evitar el desequilibrio demográfico que supondría la incorporación de la población palestina de Gaza y Cisjordania a Israel, un Estado definido desde su fundación -hace ahora medio siglo- como de mayoría judía, como un Estado étnico. Se trata, en suma, de escindir a la población palestina de su territorio, anexionar la tierra y sus recursos sin su población.

La clave del control territorial de Cisjordania es su colonización, un proceso sostenido desde 1967 y que, violando la supuesta lógica -el espíritu- del proceso de paz, se ha acelerado desde el inicio de la negociación palestino-israelí en 1991, durante todo el período de gobierno laborista e incluso tras la firma de la Declaración de Washington. En 1993, tras los triunfos electorales de Rabin en Israel y de Clinton en EEUU, y a fin de desbloquear la concesión de nuevos fondos el nuevo Gobierno laborista suscribió con la nueva Administración demócrata el compromiso de no construir nuevos asentamientos (compromiso que no incluye Jerusalén Este, formalmente Estado de Israel)(33), pero no de paralizar la construcción de los previamente aprobados, de finalizar la de aquéllos que estaban en marcha o de incrementar la población de colonos en los ya construidos, un proceso que se ha denominado densificación (34). Dos ejemplos de ello, correspondientes -es preciso insistir- al período de gobierno laborista, demuestran esta voluntad de permanencia israelí en los territorios palestinos: según datos de la Administración norteamericana, Israel invirtió en 1993 437 millones de dólares en los asentamientos de los Territorios Ocupados; solo en el año transcurrido desde el acuerdo de Washington la población de los asentamientos aumentó un 10% (el 20% en los de Gaza), e Israel confiscó 670 Km2 de terrenos palestinos para ampliar las colonias y abrir nuevas carreteras entre ellas (35).

El mapa de Cisjordania que surge así de la puesta en marcha de la autonomía palestina coincide notoriamente con las sucesivas actualizaciones del Plan Allon (36): un rosario desarticulado de cantones árabes, verdaderos ghettos rodeados por el Ejército de ocupación (recordemos el exacto término redespliegue), aislados entre sí por anillos y corredores de asentamientos y autopistas de alta velocidad de uso exclusivo para los israelíes, un retículo que fragmenta la geografía real de Cisjordania y frustra cualquier posibilidad de continuidad territorial sobre la cual los palestinos puedan edificar un Estado viable.

Netanyahu tiene toda la razón cuando afirma hoy que la lógica de proseguir la colonización de Gaza y Cisjordania la ha heredado de anteriores gobiernos laboristas, si bien su Gobierno sí ha autorizado la creación de nuevos asentamientos (agosto de 1996) con el objetivo de aumentar el número de colonos hasta medio millón en el año 2000 (sin contar los de Jerusalén). De hecho, existe ya un más o menos explícito consenso nacional entre el bloque Likud y el Partido Laborista sobre las condiciones no negociables y los límites efectivos de una retirada final del Ejército israelí de Cisjordania (37). En esta línea, el 14 de enero de 1998, el Gobierno israelí describía el marco que debería respetar el acuerdo final entre Israel y la AP en función de los "intereses vitales y nacionales de Israel": Israel mantendrá bajo su control una franja a lo largo de Línea Verde, la totalidad del valle del Jordán, el límite municipal ampliado de Jerusalén (que ya incluye el 40% de Cisjordania)(38), los asentamientos judíos, las infraestructuras (agua, electricidad y transportes), las zonas militares y estratégicas, las carreteras y las áreas de circunvalación y los "lugares sagrados del pueblo judío". La entidad palestina resultante -llámesela como se quiera, Estado o no- estará desmilitarizada y carecerá de competencias soberanas en política exterior. En suma, conservar bajo control israelí la casi totalidad de Cisjordania, limitando las prerrogativas de la AP a las propias de una autoridad administrativa encargada de gestionar el día a día de la población árabe de Gaza y Cisjordania.

Consideración final: desarrollo y democracia

Emerge así, en una formulación meridiana, la lógica israelí subyacente en el proceso de negociación con los palestinos, una lógica que no es distinta de la que alentó el proyecto sionista para Palestina en 1947-48 o la política efectiva del Estado de Israel desde 1967 en Gaza y Cisjordania: escindir a la población de su territorio... por un método u otro. Nunca ha sido más cierto en esta región del mundo que la política -la negociación- es la continuación de la guerra por otros medios.

Los regímenes árabes implicados en el denominado proceso de paz que se inauguró en Madrid en 1991, se avinieron a negociar entonces con Israel -apresuradamente y sin garantías, por separado y sin coordinación- tan sólo para garantizar su propia supervivencia: aquí reside su mínimo margen de maniobra. En una región que, tras la Guerra del Golfo, está política y económicamente desestructurada, los dirigentes árabes apostaron su precario mantenimiento en el poder, sin legitimación popular alguna, a la carta única de la aceptación de la imposición norteamericana de normalización plena de relaciones con Israel e integración económica de la región en la economía mundial, que ha de realizarse siguiendo las recetas antisociales del Fondo Monetario Internacional. La dinámica interna en estos países (el ejemplo de ello es Jordania) es, irremediablemente, el incremento de la represión.

Este es también el caso de Palestina. La única carta que le restaba a la dirección de la OLP jugar tras emerger de la Guerra del Golfo como aliada del derrotado Iraq y con una población que sufría los efectos del derrumbe del mercado laboral interárabe y el asedio financiero a los Territorios Ocupados tras el esfuerzo titánico de la Intifada, fue negociar con Israel el legado de la resistencia palestina a cambio de ser aceptada como interlocutor, para poder así entrar en una partida de la que temía ser definitivamente excluida. Para Israel reconocer a una OLP que en 1993 ya solo aspiraba a representar a los palestinos de Gaza y Cisjordania fue una mínima concesión que, por el contrario, le reportaba grandes beneficios: con ello, primero, se legitimaba un proceso de negociación a todas luces muy provechoso y, segundo, se desbarataba -como así ha sucedido- toda oposición palestina y árabe al mismo. A partir de ese momento, aceptadas las reglas de tan desigual proceso, la OLP, antaño un movimiento de liberación nacional que representaba a la totalidad del pueblo palestino, se transmuta en una Autoridad Palestina, con competencias de nivel municipal, que ha de negociar el futuro de los palestinos del interior amparándose en unos documentos que, uno tras otro, han ido acotando paulatinamente su margen de maniobra, ya de partida muy limitado.

La lógica del proceso ha sido así implacable con el conjunto del pueblo palestino. Si para los cuatro millones de palestinos de la diáspora el proceso de negociación sencillamente les ha robado la esperanza, para los del interior, los residentes en Gaza y Cisjordania, sus supuestos beneficiarios, les ha robado su dignidad, al tiempo que ha determinado un empeoramiento aún mayor de su vida cotidiana. Tras la firma de la Declaración de Washington, el presidente del Fondo Monetario Internacional explicó públicamente que el proceso de negociación entre la OLP e Israel debía ser -literalmente- engrasado con dinero para que así fuera mejor aceptado por los palestinos de Gaza y Cisjordania. Mezquina y, finalmente, falaz consideración: si los palestinos de Gaza y Cisjordania dejaron bien claro durante los años de la Intifada cuáles eran sus objetivos nacionales (39), su situación tras cinco años de Oslo I es insoportable. Un informe de la Unión Europea (UE) de enero de 1998 daba cuenta de una reducción del 35% del PNB palestino, la duplicación del paro hasta alcanzar el 42% de la población activa, la reducción a un tercio de las inversiones privadas desde 1993... a pesar de la ayuda internacional (40). La explicación de estos datos la daba la propia UE: los habitantes de Gaza y Cisjordania viven hoy asediados por el Ejército de ocupación en la constelación de guetos de la autonomía palestina, en ellos controlados por 36.000 policías palestinos, en una de las tasas más altas del planeta de policía por ciudadanos.

Edward Said, intelectual palestino residente en EEUU y caracterizado por su moderación, siempre partidario de una solución binacional al conflicto palestino-israelí e intermediario durante años entre la OLP y EEUU, ha resumido la negociación palestino-israelí de manera palmaria: la dirección de la OLP ha firmado, simplemente, el Versalles palestino (41), y con ello ha dilapidado décadas de resistencia, heroísmo, abnegación y reconocimiento internacional a unos derechos que, siendo por ello inalienables, han sido escamoteados ante millones de espectadores en ceremonias televisadas, como si de sesiones de prestidigitación se hubiera tratado.


Notas:

  1. El equipo negociador palestino en Oslo estuvo integrado por Mahmoud Abbas -Abu Mazen-, Hamad Krech -Abu Ala-, Hassan Asfour y Yasser Abed Rabbo. Nabil Al Shaath era el portavoz palestino en las negociaciones públicas.
  2. La Declaración de Washington pudo ser firmada por Arafat gracias al previo reconocimiento mutuo entre la OLP e Israel formalizado en sendas cartas de Arafat y Rabin del 9 de septiembre. En la suya, Rabin señalaba que el Gobierno de Israel reconocía a la OLP como el representante del pueblo palestino. Por su parte, la de Arafat incluía cinco consideraciones: el reconocimiento "del derecho de Israel a vivir en paz y seguridad", la aceptación de la OLP de las resoluciones 242 y 338 del CS, el compromiso de la OLP con el proceso de paz, la renuncia a todo tipo de violencia y oposición al proceso, y la declaración de "inoperantes y no válidos" los puntos de la Carta Nacional Palestina que niegan el derecho a la existencia del Estado de Israel.
  3. El artículo 5 de la Declaración establecía un calendario que ha sido totalmente incumplido. La fase transitoria, de cinco años, debía iniciarse tras la retirada israelí de Gaza y Jericó, prevista para el 13 de diciembre de 1993, tres meses después de la firma del acuerdo. El estatuto definitivo debía empezarse a negociar lo más tardar a los tres años de iniciada esta fase transitoria. Las elecciones palestinas -legislativas y presidenciales- en el conjunto de Gaza y Cisjordania serían convocadas "lo más tarde nueve meses después de la entrada en vigor de la Declaración", en julio de 1994. Previa a su celebración, el Ejército israelí sería "replegado fuera de las zonas [árabes] pobladas" de Gaza y Jericó (no hay referencia al conjunto de Cisjordania), tras acuerdo negociado con los palestinos (anexo II, apartado 1).
  4. La resolución 242 fue aprobada por el Consejo de Seguridad tras la guerra árabe-israelí de 1967. Al igual que la posterior 338, aprobada tras la guerra de 1973, la resolución 242 exige la retirada israelí de los territorios árabes ocupados militarmente (Gaza y Cisjordania -incluido Jerusalén Este- el Sinaí egipcio y el Golán sirio, además de pequeñas extensiones jordanas) y el reconocimiento árabe del derecho de Israel a la existencia y la seguridad.
  5. Concretamente en el documento presentado a israelíes y palestinos por Warren Christopher, secretario de Estado norteamericano, en agosto de 1993.
  6. Véase Izquierdo Brichs, Ferrán, 1998, "El agua en la Cuenca del Jordán, pieza clave de la negociación árabe-israelí", Nación Árabe, número 34.
  7. El texto de la Declaración ha sido traducido y publicado en Nación Árabe número 21, febrero de 1994, versión incluida en el anexo documental del libro de Edward W. Said Gaza y Jericó: Pax Americana, editorial Txalaparta, Tafalla, 1995.
  8. Imprecor, 373, octubre de 1993.
  9. Puede leerse tal formulación, por ejemplo, en su libro Oriente Medio, año cero, publicado en castellano por la editorial Grijalbo, 1994.
  10. Por ejemplo, Nabil Al Shaath en su entrevista en Revue d'Etudes Palestiniennes, del otoño de 1993 (n. 49), habla de "excepciones temporales" al referirse a la postergación de las reivindicaciones centrales palestinas.
  11. World Report, 2, 8, del 15 al 30 de abril de 1993.
  12. Le Monde, 14 de septiembre de 1995.
  13. Le Monde, 17 de septiembre de 1993.
  14. Le Monde, 13 de marzo de 1993.
  15. Le Monde, 14 de noviembre de 1993.
  16. En 1993, 3.000 millones de dólares, 1.800 en ayuda militar, el 22% de toda la ayuda exterior norteamericana. Al año siguiente, EEUU incrementará su ayuda a Israel ante los supuestos "riesgos a la seguridad" que el proceso de negociación con los árabes comporta. 250 millones de dólares suplementarios fueron aprobados por la Administración Clinton para mejorar y acondicionar la red de carreteras e instalaciones militares que han de garantizar la seguridad de los asentamientos de las áreas que quedan bajo control israelí en Gaza y Jericó (Washington Report on Middle East Affairs, 12, 6, marzo de 1994). En la actualidad Israel recibe anualmente sólo de EEUU 5.000 millones de dólares, más de 10 veces la cantidad donada a los Territorios Autónomos Palestinos por el conjunto de la comunidad internacional.
  17. Frase pronunciada por Arafat en su discurso ante empresarios y políticos reunidos en Davos (Suiza) en el foro 'Asegurar la paz en Oriente Próximo', organizado por el Fondo Económico Mundial en enero de 1994 (El País, 31 de enero de 1994).
  18. Por este acuerdo, la AP podrá establecer una autoridad monetaria con ciertas prerrogativas de Banco Central, pero no emitir moneda propia, siendo el shekel israelí, el dólar y el dinar jordano las monedas a utilizar en los TAP. La AP establecerá sus impuestos directos, mientras que Israel transferirá a las autoridades palestinas el 75% de las retenciones sobre los salarios de los palestinos que trabajan en Israel, una medida incumplida hasta el día de hoy.
  19. Sobre el impacto de la ocupación en la economía de Gaza y Cisjordania pueden consultarse las obras de Sara Roy -quien ha acuñado al respecto el término des-desarrollo- "The Gaza Strip: a case of economic de-development" en Journal of Palestine Studies, 1, 1987; "Critical effects of the occupation" en Arab Studies Quarterly, Washington, invierno de 1988; y "The political economy of despair"en Journal of Palestine Studies, 3, 1991; además de "Israeli obstacles to the economic development in the Occupied Palestinian Territories", editado en 1992 por el organismo Jerusalem Media an Comunication Centre, Jerusalén.
  20. Parcialmente publicado en Nación Árabe, número 22, julio de 1994, pp. 37-39.
  21. Según datos de la organización norteamericana Foundation for Middle East Peace, recogidos en International Herald Tribune, 3 de octubre de 1998.
  22. Rabin fue muerto el 4 de noviembre en Jerusalén por el extremista judío Yigal Amir.
  23. Benjamín Netanyahu, candidato por la coalición Likud, venció por reducido margen al primer Ministro laborista Simón Peres en las elecciones de mayo de 1996. Peres, tras haber sustituido al asesinado Rabin como primer Ministro, postergó el repliegue de la ciudad hasta después de las elecciones.
  24. Israel conserva la quinta parte de Hebrón (donde residen 20.000 de los 140.000 árabes que en ella viven) para proteger a 450 colonos judíos. El hecho de que este grupo de colonos extremistas resida en el mismo centro de Hebrón explica la tensión permanente que vive la ciudad y los enfrentamientos reiterados entre la población palestina de una parte y los colonos y el Ejército israelí de otra. El pasado 7 de octubre, se colocó en el barrio de Hebrón de Tel Roumeida la primera piedra de un segundo asentamiento.
  25. Inicialmente previstas para el 13 de julio de 1994, se celebraron el 20 de enero de 1996.
  26. Diario israelí Haarez del 6 de octubre, reproducido en Challenge de diciembre de 1995.
  27. Ni Arafat ni Netanyahu hicieron público el contenido de ambas cartas, aun cuando fueron ampliamente filtradas a la prensa internacional.
  28. En el original, redeployments. Este término se contrapone claramente con el de retirada completa.
  29. Netanyahu procuró inicialmente hacer coincidir un único repliegue de Cisjordania con esta fecha final en la que el acuerdo sobre el estatuto definitivo de los Territorios -aquél que incluirá la resolución de las cuestiones claves: Jerusalén, soberanía, fronteras, asentamientos- había de haberse alcanzado.
  30. Por ejemplo, el primer redespliegue propuesto por el Gobierno Netanyahu tras la salida de Hebrón, en marzo de 1997, consistía en un traspaso de competencias de un 7% de la Zona B a la A, y de un 2% de la C a la B, propuesta rechazada por la Autoridad Palestina.
  31. Le Monde, 10 de enero de 1998.
  32. Yigal Allon, militar, dirigente del Partido Laborista, viceprimer ministro israelí y ministro de Asuntos Exteriores, da su nombre al proyecto que preconiza el control militar y demográfico israelí de Cisjordania por medio de la creación de asentamientos judíos en los Territorios Ocupados.
  33. Jerusalén Este fue anexionada al Estado el 28 de junio de 1967 y declarada "capital eterna de Israel" el 31 de julio de 1980.
  34. El ministro israelí de la Vivienda, general Ben Eliezer, reconocía abiertamente que "En ciertas colonias situadas a lo largo de la Línea Verde, en terrenos que hemos decidido no devolver y cuyo control consideramos necesario para nuestra seguridad, continuaremos construyendo [viviendas]" (Le Monde, 5 de octubre de 1994). La Línea Verde es la línea de armisticio de la guerra de 1948 que separaba hasta 1968 el Estado de Israel de Gaza y Cisjordania.
  35. Una actualizada revisión de la colonización de los Territorios Palestinos durante el proceso de negociación y de la lógica de dominación territorial y demográfica que incluye puede encontrarse en Alvarez-Ossorio, Ignacio, 1997, "La paz truncada: los asentamientos israelíes en Gaza, Cisjordania y Jerusalén", Nación Árabe, números 31/32. En Cisjordania el proceso de colonización prosigue sobre los dos ejes Norte-Sur de la Línea Verde y del valle del Jordán, y en torno a Jerusalén, áreas unidas entre sí y con el Estado de Israel por medio de corredores transversales.
  36. Véase el mapa de Palestina que se deriva del Acuerdo 'Oslo II' publicado en Le Monde Diplomatique de diciembre de 1995, o el número 29 de Nación Árabe, otoño de 1996, editado como desplegable.
  37. Véase al respecto el denominado Documento Beilin-Eitan o "Acuerdo nacional [Likud-Laborista] para las negociaciones sobre el estatuto final con los palestinos", traducido en Nación Árabe, 1997, números 31/32.
  38. Véase en este número de Nación Árabe el texto relativo al proyecto israelí de ampliación del área metropolitana de Jerusalén.
  39. Pueden recordarse leyendo los comunicados del Mando Unificado de la Infifada-OLP publicados en el volumen Intifada. La voz del levantamiento palestino, editorial Txalaparta, Tafalla, 1991.
  40. Informe reproducido en Europe, número 2068/2069, de 23 de enero de 1998. Anteriormente, el Programa de NNUU para el Desarrollo daba cuenta en su informe anual de 1997 que la renta per cápita palestina se había reducido un 25% desde 1992 y que dos tercios de los palestinos de Gaza y Cisjordania viven por debajo del nivel de la pobreza (Middle East International, 29 de agosto de 1997)
  41. En castellano la editorial Txalaparta ha publicado de Said su colección de artículos sobre el proceso de paz en Gaza y Jericó: Pax Americana, y Palestina: paz sin territorios, Tafalla, 1995 y 1997, respectivamente.
  42. La contribución norteamericana en este tema ha sido imponer a la AP la mediación de la CIA, que hay podido así penetrar todos los aparatos de seguridad palestinos.



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