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Líbano y el ERJ: vender la memoria La entrega de los miembros del Ejército Rojo Japonés permite al gobierno reforzar la nueva imagen del país Artículo publicado en Middle East International, núm. 624, 5 de mayo de 2000, con el título "Lebanon: the Japanese Red Army five". (Traducción de David San Martín para Nación Árabe) Jim Quilty Los libaneses tienden a no ponerse de acuerdo sobre su pasado, aunque entre la clase gobernante existe un consenso generalizado sobre la necesidad de quitar de en medio el pasado si éste se interpone en la producción de dinero. Esta verdad se hizo evidente al salir a la luz el caso de la saga de los cinco, del Ejército Rojo Japonés (ERJ). Durante la mayor parte de su estancia en Líbano, estos veteranos marxistas, dedicados a derrocar al gobierno japonés, permanecieron políticamente invisibles. Pero a finales de 1999 han vuelto a ser motivo de abundante documentación manejada desde el gobierno. El Estado ha sido incapaz de ocultar su incomodidad ante un caso que hacía colisionar su política exterior con el sentir popular, la realidad que impone la política de inversiones frente a la nostalgia por la disidencia armada. La historia de los cinco del ERJ, y el compromiso, en que se resolvió este asunto ilustra en buena forma los esfuerzos libaneses para identificar sus prioridades y al Líbano mismo
Kozo Okamoto es el único superviviente del ataque guerrillero al aeropuerto de Tel Aviv en 1972 en el que resultaron 26 personas muertas. Tras ello, sobrevivió a 13 años de prisiones israelíes sufriendo toda clase de torturas que le dejaron, por decirlo delicadamente, convertido en un vegetal. Después permaneció en Líbano desde el año 1985, cuando por un intercambio de prisioneros se vió canjeado junto a unos 1.200 palestinos por unos cuantos soldados israelíes. El resto del contingente en Líbano del ERJ "Masao Adachi, Kazuo Tohira, Haruo Wako y Mariko Yamamoto" llegaron al país legalmente en los primeros años de la década de los 70. Asegurar la extradición de los cinco ha sido una prioridad para Tokio durante mucho tiempo. La representación diplomática [japonesa] en Líbano fue restablecida en 1995 y desde el principio la presencia diplomática fue enriquecida con inversiones económicas. En los dos años siguientes a la reapertura de su embajada, Japón aprobó 120 millones de dólares en préstamos flexibles a devolver en los próximos 20 años a condición de que se cumpliesen ciertas garantías básicas. Paralelamente también se reiniciaron los esfuerzos para asegurar el arresto de los cinco y Tokio informó correctamente a Beirut de que sus compromisos financieros se verían afectados si los cinco no eran arrestados.
Economía versus nostalgia La zanahoria económica que Japón exhibió junto a sus demandas de extradición bastaron para que el primer ministro Rafiq al-Hariri comenzase a actuar. De esta manera, como si de un negocio más se tratase, los servicios de seguridad arrestaron a los cinco el 15 de febrero de 1997, mientras un avión japonés esperaba en el aeropuerto de Beirut para enviarlos a Tokio. Todo el asunto podría haberse desarrollado de esta manera tan subrepticia si el primer ministro japonés no hubiese anunciado a los medios de comunicación la captura de los cinco. Una vez hecho público, el proceso se convirtió en algo más complicado para el gobierno Hariri. La legalidad de la operación era altamente sospechosa y pocos miembros del aparato de la seguridad del Estado o del medio político fueron informados con antelación. A hurtadillas, los cinco fueron acusados de falsificar documentos, utilizar pasaportes falsos y residir ilegalmente en Líbano. En julio de 1997 fueron sentenciados a tres años de prisión. El cambió de régimen apenas afectó a la cuestión. El gobierno de Lahoud aprecia las inversiones japonesas tanto como el de Hariri y comparte la misma indiferencia "con algo de hostilidad" hacia lo que representa el Ejército Rojo. Así que, como se esperaba, el 4 de diciembre de 1999, unos meses antes de cumplirse las condenas de los cinco, Japón solicitó oficialmente su extradición. Sin embargo, existían algunos obstáculos. Beirut no estaba obligado legalmente a acceder, ya que no existen tratados de extradición con Tokio. Las leyes libanesas asimismo prohiben la extradición de cualquier prisionero susceptile de afrontar la pena de muerte. Por supuesto que no fueron las consideraciones legales de carácter internacional o de otro tipo las que motivaron la maniobra de Hariri en 1997 sino la inconveniencia de contrariar el sentimiento popular. Cualquier intento de extraditar a Okamoto y a sus compañeros se arriesgaba a activar una fuerza latente pero de gran potencial en Líbano: el peso de la nostalgia. En el clima actual de ausencia de poder "atrapado entre los intereses de Siria por un lado y los de EEUU e Israel por otro" el ERJ llegó a simbolizar la memoria de las reivindicaciones por la libertad política en este país. El año del ataque al aeropuerto de Lod, 1972, era una época distinta para Líbano. En aquellos años previos a la guerra civil [de 1975] la causa palestina todavía podía intepretarse aquí en términos muy idealistas. La izquierda libanesa tomó tanto impulso con la revolución palestina como la economía del país lo hizo con los 2 mil millones de dólares por año que se estima generaba la OLP. Como recuerda un antiguo estudiante y activista: "1972 fue muy mal momento para nosotros. El ataque [al aeropuerto de Lod] relanzó de nuevo la causa árabe a la opinión pública y en cierto sentido nos vengaba a todos". Sin que sorprenda, el gobierno japonés tiene una perspectiva diferente sobre la asociación del Ejército Rojo con la causa árabe. Los diplomáticos japoneses en Beirut tienden a ver a los partidarios del Ejército Rojo en Líbano como un colectivo pueril. El ERJ, según argumenta uno de estos diplomáticos, sólo adoptó la causa palestina para conseguir apoyo financiero y material de los regímenes árabes radicales; se mostró más reticente a discutir sobre la relación entre la solicitud de extradición y los intereses internos y exteriores de Japón. La petición de extradición llegó justo en el momento en que el gobierno del primer ministro Keizo Obuchi entraba en una escandalosa crisis de credibilidad. El descontento público era tan manifiesto en febrero que retrasó las elecciones generales y parece que comenzó a intentar ganar algún prestigio en el terreno de la política exterior. La prensa japonesa informaba que Obuchi esperaba recuperar ese prestigio en la Cumbre del G8 a realizar en Okinawa en julio del 2000. Anticipándose a la cumbre "y posiblemente con el recuerdo incómodo de Seattle en mente" Obuchi se propuso desactivar a algunos grupos disidentes de su propio país. El objetivo prioritario entre estos grupos era la Facción Nucleus. Lo llamativo fue la fecha de su neutralización, pues para entonces Tokio ya había alcanzado un acuerdo con Beirut acerca de los cinco. A principios de abril también fueron encarcelados simpatizantes del ERJ en Japón.
Protestas populares Pero resultaba mucho mas fácil a Japón que a Líbano ser expeditivo en relación al ERJ. La memoria política que evoca la figura de Kozo Okamoto no se limita a la izquierda libanesa. De manera similar al caso de Marcel Jalifa el asunto despertó el interés de gran parte de la población. Existe además una "simpatía por asociación" hacia el ERJ ya que al igual que Hizbullah se encuentra en las listas estadounidenses de "organizaciones terroristas". Durante las semanas finales de su encarcelamiento hubo una gran conmoción y actividad para libanizar a los militantes marxistas japoneses, asistidos desde su arresto por un equipo informal de 170 abogados libaneses. Masao Adachi, aparentemente el más maduro del grupo, fue autorizado a casarse con Umaya Abbud, la acupunturista libanesa que fue arrestada junto con los cinco en 1997. Antes de la ceremonia celebrada en la prisión de Rumiya, Adachi fue bautizado como ortodoxo griego. La ola de religiosidad cubrió a otros tres de los detenidos convirtiéndose al Islam sunní. Mientras los cinco se esforzaban en obtener sus credenciales libanesas, los activistas locales por un lado y la embajada de Japón por otro pujaban por atraer hacia sí al gobierno libanés. Un grupo llamado "Amigos de Kozo Okamoto" aseguraba que entregar a los enemigos de Israel a Japón para ser juzgados sería el colmo de la hipocresía política. Tal colectivo demandaba asilo político y un completo perdón presidencial para los cinco. "Si entregamos a los héroes del 72", argumentaba Hadi Bakdash, coordinador del colectivo, "¿qué nos asegura que dentro de 15 años no hagamos lo mismo con los de 1996 o los del 1999?". Peticiones públicas, manifestaciones y sentadas se han sucedido en este periodo de tiempo. La presión diplomática japonesa ha sido invisible pero no se han dejado de hacer discretos esfuerzos para recordar al público la benevolencia de Tokio.Sucesivas notas de prensa anunciaban discretamente que los japoneses habían donado 36.000 dólares para equipar una clínica y otros 41.000 para la adquisición de un autobús para niños discapacitados. En las semanas previas al 7 de marzo, fecha de la liberación, el Estado permaneció en silencio sobre el destino de los cinco. Pero mucho antes de que las demandas japonesas de extradición fueran rechazadas oficialmente el 1 de marzo, desde la oficina del Fiscal del Estado, Adnan Addum, se filtró que la extradición no era una opción a considerar; más tarde, el asilo político quedaba también descartado. Estaba claro que se necesitaba algún tipo de compromiso que no pusiera en peligro la ayuda japonesa ni los proyectos de reelección de los candidatos parlamentarios del gobierno en las ecciones. A finales de febrero el Estado dio a conocer su intención de juzgar él mismo a los cinco bajo cargos de terrorismo internacional en vez de deportarlos. Así podría mantenerse la imagen de ley y orden del régimen, se prestaría atención efectiva a las demandas japonesas y se evitaría la ira popular ya que el proceso lo realizara un tribunal libanés y no japonés. A principios de Marzo "un país anónimo de Europa occidental" "Alemania, de hecho" ofreció asilo. La propuesta se desechó por carecer de suficientes garantías relativas a la seguridad. Esto podría parecer absurdo mirado retrospectivamente. Pero dados los últimos precedentes en la región de disidentes maniatados y arrojados a un avión, la preocupación era legítima. La fecha de liberación de los cinco llegó y pasó, pero siguieron en prisión. En respuesta a las protestas que esta resolución provocó, Addum anunció que los cinco pasarían a "custodia administrativa" lo que significaba que serían llevados al ala de la prisión de Rumiya gestionada por la Seguridad General del Estado.
El compromiso final Las deliberaciones concluyeron el 17 de marzo cuando inesperadamente se anunció que Kozo Okamoto sería la primera persona en la historia de la República de Líbano a la que se le concedía asilo político. Con antelación esa misma mañana sus cuatro compañeros habían sido embarcado en un vuelo de MEA [las líneas aéreas libanesas] en dirección a Amán. El hecho consumado cogió por sorpresa a los partidarios del ERJ y a los periodistas. Desde Amán se comunicó que a los cuatro les había sido denegado el acceso al país e inmediatamente fueron llevados a otro vuelo rumbo a Japón. Durante los días siguientes Amán y Beirut se esforzaron en liberarse de toda responsabilidad referente al incómodo proceso. Los jordanos aparentaron tener un papel de meros observadores inocentes. El ministro de Información, Salah Qallab, alegó sentirse perplejo cuando supo que los cuatro habían sido enviados a Jordania sin previo aviso de su llegada por parte de Beirut. Asimismo, negó toda complicidad de su gobierno en cualquier operación coordinada para enviarles a Japón. "Sólo permanecieron durante unos minutos", insiste Qallab, "Luego partieron hacia un destino elegido por ellos mismos, no sabemos cuál". Pero existen evidencias irrefutables aunque circunstanciales que indican lo contrario. Antes incluso de que los japoneses llegasen a Tokyo una fuente diplomática nipona anónima en Amán declaró a la agencia AFP que "los libaneses sabían que Jordania negaría la entrada a los cuatro y que serían embarcados en un avión cuyo destino final era Japón... Esta era la mejor manera de librarse de ellos". Fuentes en Amán corroboraron el cinismo diplomático. No hay vuelos directos a Tokyo desde Amán, así que parece claro que el avión que llevaría a los cuatro estaba especialmente fletado para ello. Ello sugiere una trabada colaboración entre Beirut, Amán y Tokio. La reciente tendencia de Jordania a las deportaciones refuerza el escepticismo respecto a que los japoneses eligieran su destino: los cuatro líderes de Hamas deportados a Qatar en noviembre "de quienes Amán afirmó que habían escogido su destino" no tenían ni idea de a dónde los estaban llevando cuando se encontraron maniatados y amordazados en un avión qatarí. Así fue como los cuatro deportados del ERJ abandonaron la prisión de Rumiya. Mas recientemente, el 6 de marzo, los jordanos extraditaron a ocho libios sospechosos de mantener contactos con activistas islamistas. En Beirut las noticias sobre la extradición de facto a través de Jordania fue recibida con ira por los simpatizantes del ERJ. La Seguridad Interna se enfrentó a los protestantes con porras y equipos antidisturbios, atacando por igual a manifestantes y periodistas que cubrían los sucesos. El gobierno hizo esfuerzos casi vergonzosos por negar su complicidad en la extradición. El primer ministro Hoss desmintió que Líbano hubiera alcanzado acuerdos secretos para intercambiar a los japoneses por ayuda y Addum insistió en que Líbano "no era responsable de lo ocurrido una vez abandonado su territorio". No es dificil encogerse de hombros ante las extradiciones. Algunas lumbreras locales sacuden sus cabezas ante una izquierda que se une sentimentalmente por la causa de un puñado de oportunistas disidentes japoneses, mientras tantos problemas locales reclaman ser atendidos. Esto refleja, algunos dirían, a qué se ha reducido la izquierda libanesa. Pero igualmente refleja la vía que los dirigentes del país están dispuestos a seguir para superar la reputación que tiene Líbano como Estado "fuera de la ley" y atraer la inversión extranjera. A falta de obligación y capacidad legales para satisfacer las demandas de Japón e incapaz de expulsar formalmente a los cinco, el compromiso de Beirut fue deshacerse del problema por otros medios no tan legales. Este comportamiento también está "fuera de la ley" pero tiene el mérito de no ofender a la gente equivocada. El apunte final debe dejarse al embajador de Japón en Beirut. Mientas recorría el sur de Líbano el 9 de abril, Matsushiro Horiguchi dijo que "Japón apoya al Líbano en sus demandas para el estricito cumplimiento por parte de Israel de la resolución 425 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sin condiciones ni compromisos impuestos". También prometió que Tokio extendería su ayuda financiera al sur de Líbano tras la retirada de las tropas israelíes. No hizo mención alguna sobre qué condiciones se pondrían a esa ayuda. |
