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Abdallah II de Jordania: Loles Oliván
Transcurridos diez meses desde que asumiera el trono, y tras dos remodelaciones de gobierno, el rey Abdallah de Jordania ha sentado las bases de la política doméstica, regional e internacional jordana tratando de acomodar el interés prioritario de fortalecer la economía del país con la necesidad de corregir formalmente las restricciones políticas impuestas en los últimos años. Paralelamente, en el frente árabe e internacional intenta afianzar el recuperado papel regional -ajustada ya la normalización, con Israel y con EEUU- y despliega una intensa labor diplomática ante la comunidad internacional y las instancias financieras en busca de apoyos económicos que garanticen el drenaje de la economía interna mediante inversiones y condonaciones de la deuda exterior.
Sintéticamente, el legado de Husein a su heredero Abdallah se define en términos económicos por recibir un país con una economía devastada por las secuelas de la guerra del Golfo y del embargo a Iraq y por la implantación de las reformas estructurales impuestas en el país según el modelo del FMI desde 1989. Paralelamente, el campo político presenta una progresiva ruptura como consecuencia del retroceso en el proceso de apertura iniciado en 1989, retroceso ejemplificado en la implantación de restrictivas leyes contrarias a los principios del pluralismo político (Ley de Prensa y Ley Electoral) y en una fuerte represión de la oposición política. Ligado a todo ello, en fuerte interdependencia, se intenta afianzar un traumático reajuste regional vinculado al establecimiento de relaciones con Israel desde 1994 y asociado al acomodo con la política norteamericana en Oriente Medio. La experiencia de las últimas décadas permite constatar de qué manera el respaldo jordano a la política de EEUU en la región ha ido acompañado sistemáticamente de una intensa represión política interna. Ello explica que ante esta coyuntura los sectores políticos de la oposición reclamasen a Abdallah, desde su ascenso al trono, la necesidad de establecer un diálogo nacional que permitiese consensuar el retorno al proceso democratizador paralizado durante años, con la restauración de un papel regional para Jordania que no operase en contra de los intereses árabes. Ello implicaría necesariamente replantear la muy criticada normalización con Israel, que sigue siendo inaceptable para buena parte de la opinión pública jordana, así como la reformulación de la política pronorteamericana de Jordania en Oriente Medio.
Reforma política y recuperación económica Lejos de afrontar esas medidas, el primer movimiento de Abdallah, tras la destitución inmediata de varios oficiales militares nombrados meses atrás por su tío Hasan, fue decretar un cambio de gobierno nombrando como primer ministro al conservador Abd al-Rawf Rawabda (ligado a los sectores tradicionales tribales) y a 23 nuevos ministros entre los cuales se encuentran figuras de la vida política jordana que desempeñaron un importante papel de apoyo al rey Husein en diferentes gobiernos. Asimismo, el rey substituyó al jefe de la Casa Real -cargo cuya influencia y competencias tienen un determinante carácter político en Jordania- por Abdel Karim Kabariti, primer ministro en 1996/97 y responsable de la implantación de los recortes en los subsidios del pan que causaron tres días de fuertes revueltas en el sur del país en 1996. Su vinculación con los Estados del Golfo así como su coincidencia con la política norteamericana respecto a Iraq, vaticinaron desde su nombramiento un fortalecimiento de la alianza de Jordania con EEUU y una difícil aproximación al vecino iraquí. Ello, unido al mantenimiento de Samih Batiji como jefe de la seguridad, considerado como la figura más fuerte a la sombra del poder y responsable directo de la mujabarat, pronostican que las prometidas reformas en el sistema jordano estén abocadas a mantenerse dentro de un margen siempre controlado, el mismo que estableció durante los últimos años el rey Husein. No obstante, la necesidad de suavizar el clima de descontento que impera en Jordania desde los últimos años y de afianzar su posición como nuevo dirigente del régimen jordano, obligó a Abdallah a manifestar públicamente su decisión de apoyar profundas reformas políticas internas que permitiesen abrir el paralizado proceso democratizador. Se trata, en definitiva, de propiciar una difícil reconciliación entre las obligaciones pro-occidentales asumidas por su padre -en los ámbitos político y económico- con la opinión pública interna. La necesidad de contrapesar estos dos factores ilustra hasta qué punto el sistema político jordano descansa en un siempre difícil equilibrio entre la política interna y exterior. En el orden interno -establecido como prioritario por Abdallah- dos cuestiones priman: la reforma política y la recuperación económica. La primera de ellas parece ineludible si se quiere hacer frente a la contestación que la oposición jordana viene manifestando en los últimos años por vías menos expeditivas que la represión policial que recibe. Lo contrario, el mantenimiento de la represión política y la preservación del control de las fuerzas de seguridad sobre la población, está llamado a provocar mayores olas de protesta y a desencadenar mayor inestabilidad interna. Es por ello que Abdallah orientó sus primeros pasos a calmar a los grupos de oposición dando instrucciones al nuevo primer ministro para llevar a cabo "reformas fundamentales en la lucha contra la corrupción, el desempleo y la pobreza, así como introducir mayores libertades políticas". La publicación de un decreto real que anunciaba una sesión extraordinaria en el parlamento durante el verano pasado con el fin de enmendar la Ley de Prensa y Publicaciones y las instrucciones al nuevo gobierno para preparar un borrador de una nueva Ley Electoral fueron tomados como signos de buenas intenciones por parte de la oposición: "No hemos visto hasta ahora nada negativo en él y percibimos un esfuerzo real para afrontar cambios positivos, lo cual por si mismo es muy bueno. Está en un periodo de rodaje y nosotros le apoyaremos en tanto siga así". Ambas leyes, la primera por su carácter restrictivo y contrario a la libertad de expresión y la segunda por estar orientada a asegurar la mayoría de los escaños en los representantes tribales y pro-gubernamentales, fueron causa del boicot unánime de los grupos de oposición a las elecciones parlamentarias de 1997. En un gesto declarado públicamente como de confianza hacia la línea reformadora iniciada por Abdallah, los grupos políticos de la oposición -islamistas del Frente de Acción Islámica (FIA), izquierda y nacionalistas árabes- decidieron concurrir a las elecciones municipales celebradas el pasado 14 de julio. Las declaraciones del FAI, sin embargo, no dejaron resquicio a la duda: su participación en los próximos comicios generales (2001) estará sujeta a un efectivo cambio del sistema electoral que abra la participación real a toda la población por distribución demográfica y no geográfica como hasta ahora impone la ley. No sin controversia y tras varios sucesos que enfrentaron a algunos sectores de la prensa independiente jordana con la oficina del primer ministro Rawabda, el Parlamento aprobó finalmente el 6 de septiembre la modificación de la Ley de Prensa suavizando aquellos aspectos que la hacían más impopular. Frente a estas acciones que podrían indicar movimientos formales favorables a una mejora de la situación política, un hecho determinante viene a constatar que la misma dinámica de control y represión política sigue operando en el interior de Jordania: el cierre el pasado 30 de agosto de las oficinas que el grupo político palestino Hamas tenía en Amán y la posterior detención de veintiún activistas jordanos de la organización, incluidos tres dirigentes acusados por el gobierno de estar en posesión de armas y de preparar operaciones militares en los Territorios Ocupados, ha abierto un proceso judicial y político cuyas dimensiones alcanzan muy negativamente no sólo al proceso democratizador jordano sino a la proyección regional del reino en el marco de las negociaciones palestino-israelíes sobre el llamado estatuto final.
Hamas, democratización y refugiados La implicación de estas detenciones y la resolución de las mismas mediante la deportación de cuatro de los detenidos a Qatar el pasado 21 de noviembre tiene una doble incidencia para la vida política jordana. Por un lado, si bien desde un principio el gobierno se había negado a considerar la resolución de la crisis desde la base de la negociación política, atribuyendo al Tribunal de Seguridad del Estado competencia exclusiva para resolver la cuestión en un ámbito judicial, el escaso fundamento legal de los cargos de los que se acusaba a los detenidos (en total siete; además de los mencionados, la afiliación a organizaciones ilegales o la posesión de teléfonos móviles con fines ilegales) obligó al gobierno a renunciar a un juicio militar sin garantías de fallar a su favor optando de manera inmediata por utilizar el método de la deportación contra cuatro de los detenidos y liberando a los 18 restantes. La medida, criticada desde la oposición por su inconstitucionalidad -los deportados, aún siendo de origen palestino, son ciudadanos jordanos- tiene serias consecuencias políticas al sentar un doble precedente: como antecedente puede volver a aplicarse contra cualquier ciudadano jordano que realice activismo político contrario al régimen; asimismo, presupone que el gobierno, con el consentimiento del rey, puede arrogarse el derecho de violar la Constitución. Que la crisis de los detenidos de Hamas se haya resuelto provisionalmente de modo tan drástico y acarreando un gran descrédito para el gobierno y, sobre todo para el propio rey Abdallah, sólo puede explicarse si se considera la decisión del nuevo régimen jordano de eliminar el activismo de Hamas en Jordania como condición necesaria para deslegitimar la presencia y actividad política opositora de otros grupos afines a organizaciones palestinas. La presencia organizada de grupos políticos palestinos en el país y especialmente la de grupos contrarios al proceso de paz como es el caso de Hamas, sigue siendo valorada por el régimen como una amenaza susceptible de incidir en la población refugiada de los campamentos palestinos en Jordania, en un momento en que la normalización con Israel y las negociaciones sobre el estatuto final no ofrecen garantías de alcanzar una solución justa para este colectivo -derecho al retorno o compensación económica, según la resolución 194 de NNUU. Es por ello que la crisis de Hamas está intrínsecamente asociada al contexto del proceso negociador palestino-israelí y al papel que Jordania pueda representar en él. De hecho, las detenciones y su resolución final con la deportación han sido permanentemente valoradas no sólo por los sectores islamistas jordanos sino por toda la oposición como una manifestación de la voluntad del nuevo gobierno de satisfacer a Yaser Arafat, a Israel y a EEUU con el fin de que Jordania pueda participar activamente en las conversaciones sobre el estatuto final y defender en ellas sus propios intereses. Ligado a ello y operando en contra del proceso reformador, otro factor de importancia mediatiza la política interior del país: el representado por el papel que juegan los poderosos e inmovilistas sectores conservadores vinculados a los círculos tribales, tradicionales pilares de la monarquía hachemí y a los cuales pertenece el nuevo primer ministro Rawabda. La resistencia de dichos sectores a soportar el peso de una mayor democratización en el país, que implicaría una pérdida de su influencia política en beneficio de una mayor igualdad entre todos los jordanos -incluidos los de origen palestino- ha sido ya objeto de consideración por parte del nuevo rey. La trascendencia de esta cuestión no es irrelevante: si hasta ahora el sistema jordano ha negado la participación palestina en la vida política bajo el pretexto de esperar a que la cuestión de los refugiados palestinos se resuelva en las negociaciones palestino-israelíes sobre el estatuto final, la decisión de Abdallah de establecer la igualdad entre todos los ciudadanos jordanos implicaría que la mayoría de origen palestino tendría derecho a participar activamente en la vida política del país, modificando sustancialmente el mapa político del sistema jordano. La polémica sobre este asunto se ha extendido hasta el enfrentamiento entre el primer ministro Rawabda, partidario de mantener la exclusión política palestina, y el recién destituido jefe de la Casa Real, Kabariti, favorable a la integración política de los jordanos de origen palestino. La consideración de que Abdallah estuviese valorando ante EEUU la posibilidad de asentar a más de un millón y medio de refugiados palestinos a cambio de percibir el coste financiero del realojo y la asistencia para su integración económica, estaría contribuyendo a retrasar cualquier reforma que, como la de la Ley Electoral, pudiera acarrear serias implicaciones para el régimen político jordano. El mantenimiento de la configuración del reparto no equitativo del poder a favor de los elementos autóctonos tribales, establecida por el propio rey Husein, tiende a pronunciarse con Abdallah al reforzarse la preponderancia jordana frente a la mayoría palestina. Afianzar el sistema interno aun a costa de no satisfacer las demandas de pluralismo y democratización -y sirviéndose para ello de un reforzado mecanismo de represión y control de toda actividad política opositora por medio de las fuerzas de seguridad- es un elemento necesario asociado a los requerimientos que impone la resolución de la cuestión palestina a escala regional en el contexto de las negociaciones con Israel sobre el estatuto final. En este sentido, la salida a la crisis de Hamas no es sino una manifestación extrema de la determinación de Abdallah de fortalecer internamente el régimen mediante un método que criminaliza el activismo político opositor palestino (acomodándose así a las claves impuestas por EEUU, Israel y la Autoridad Palestina en el proceso de paz) y que perpetúa el anquilosamiento del sistema político jordano y sus desigualdades. Las consecuencias que de ello se derivan determinarán que la brecha existente en el interior del país entre los estamentos jordanos autóctonos y los de origen palestino se profundice. A este respecto es sintomática la posición tomada por la oposición islamista jordana y más concretamente por los Hermanos Musulmanes ante la crisis de Hamas. Acomodada tácitamente en la permisividad con que el régimen los ha aceptado en la última década, la mayoría moderada de sus miembros ha optado por un distanciamiento de Hamas que ha abierto asimismo una quiebra en el seno de la organización de los Hermanos: mientras que sus miembros de origen palestino condenan la actuación del gobierno y favorecen el mantenimiento de la presencia del grupo palestino en Jordania y en su propio movimiento, los representantes autóctonos han impuesto finalmente el distanciamiento y la separación respecto del núcleo político de Hamas en Cisjordania y Gaza, modificando así lo que hasta ahora constituía una línea oficial de la asociación. Con ello, la organización jordana, al igual que en anteriores coyunturas críticas, adopta un perfil bajo, evita la confrontación directa con el régimen y cubre sus espaldas.
Imposiciones del FMI Mientras que el campo político aparece dominado por la preponderancia de los sectores tribales, el sector privado de la economía jordana está vinculado desde hace años a familias de origen palestino, habiendo quedado aquéllos en dependencia simbiótica de los empleos del gobierno y de los subsidios concedidos tradicionalmente por el Estado a cambio de obtener la lealtad tribal al régimen. Ello ha dado lugar a que la puesta en marcha de las reformas impuestas por el FMI desde 1989 (recortes de los subsidios estatales, privatizaciones de los sectores públicos y desmantelación progresiva de la clase funcionarial que pasa a engrosar la tasa de desempleo estimada en un 27%) haya tenido una fuerte contestación precisamente en las áreas jordanas de mayor población autóctona y tribal. Por ello las obligaciones heredadas por Abdallah y las asumidas recientemente (en marzo de 1999 Jordania firmó un nuevo acuerdo para la obtención de créditos financieros para los próximos tres años con el FMI) tienen un difícil ajuste con las expectativas de una población abocada a soportar las peores contrapartidas del reajuste económico que alcanza ya a sectores hasta ahora alineados con el régimen y que pueden provocar nuevas protestas populares sólo controlables mediante la represión. A las consecuencias demoledoras que está teniendo la imposición de las reformas en los recortes de los gastos sociales y la política de privatizaciones, hay que añadir que el efecto económico del establecimiento de las relaciones jordano-israelíes no ha derivado en beneficios económicos tangibles: mientras Israel empieza a implantar industrias en Jordania, utilizando obreros jordanos como mano de obra barata, el mercado jordano sigue sin poder acceder libremente al establecimiento de intercambios comerciales con Cisjordania y Gaza, territorios que siguen monopolizados por el mercado israelí. La integración de la economía israelí en la región, uno de los fundamentos básicos del tratado de paz jordano-israelí, encuentra además una fuerte oposición en la opinión pública interna que contempla dicho tratado más como una rendición frente a Israel que como un acuerdo en pie de igualdad. Ello ha generado un movimiento antinormalización fuertemente reprimido por el régimen pero eficaz en su determinación de castigar a los sectores económicos y profesionales jordanos que establezcan relaciones con Israel. Liderado por las activas asociaciones de profesionales jordanas y apoyado por toda la oposición, el movimiento antinormalización rechaza cualquier acuerdo con el Estado israelí en tanto Israel no devuelva los Territorios Ocupados y mientras no se permita la existencia de un Estado palestino independiente y soberano. Su creación en 1994, como consecuencia de la firma del tratado de paz entre Jordania e Israel, ha derivado en la planificación de actuaciones concretas que abarcan desde la expulsión de sus colectivos de todos aquellos profesionales que entablen relaciones de cualquier índole con Israel, a campañas de boicot de los productos de industrias jordanas que operen en el mercado israelí, o a la condena pública de los empresarios jordanos que se beneficien de las ayudas asociadas a la creación de industrias en el marco del acuerdo jordano-israelí. Si las contrapartidas económicas de la paz con Israel son inciertas, aquellas asociadas al proceso de reforma estructural -apertura al capital y a las inversiones extranjeras- no se han visto realizadas (como cabría esperar tras el retorno jordano al marco del nuevo orden regional) ni siquiera por parte de los vecinos de las petromonarquías del Golfo, proveedores tradicionales de recursos y de mercado laboral para Jordania antes de la crisis iraco-kuwaití. Si ello se une al efecto negativo que las sanciones internacionales a Iraq siguen teniendo sobre el comercio y la economía jordanas, la ecuación de la estabilidad económica como pieza imprescindible para asegurar la estabilidad política interna que garantice mantener los compromisos adquiridos en el ámbito regional con EEUU parece de difícil solución. Es por ello que el diseño de la acción regional y exterior del nuevo monarca ha estado orientada en sus primeros pasos a ejercer una intensa labor diplomática en busca de respaldos financieros regionales e internacionales que permitan afrontar la crisis económica interna.
Política regional e internacional De las primeras visitas de carácter político efectuadas por el rey Abdallah a los países vecinos se desprende la línea definida para la política regional: se establece como prioridad la reparación de las relaciones jordanas con los Estados árabes que puedan aportar beneficios económicos a Jordania. Bloqueada la interdependencia de las relaciones económicas con Iraq como consecuencia de las sanciones internacionales a este país, la única opción económica a la que está abocado el régimen jordano es la de substituirla por medio de las ayudas procedentes de los países del Golfo con las contrapartidas de alineamiento político que ello impone. En este sentido, el hecho de que los primeros países visitados por el monarca fuesen Arabia Saudí (4 de abril), Omán (10 de abril) y los Emiratos Árabes Unidos (11 de abril) es indicativo de cómo el régimen jordano intenta recuperar la posición que ocupaba entre las petromonarquías del Golfo en el periodo anterior a la crisis iraco-kuwaití. En el caso saudí, lejos de obtener un compromiso firme que garantice asistencia financiera en los próximos años a Jordania, Abdallah se ha visto abocado a solicitar que al menos se restablezcan los lazos de cooperación económica que permitan abrir las puertas a los trabajadores jordanos así como el mercado saudí a la producción jordana, sin que en esto haya obtenido tampoco una inmediata respuesta favorable. Pese a la modificación de su posición regional respecto a Iraq y a que las relaciones con Kuwait se restaurasen plenamente cuando el pasado 3 de marzo se reabriese la embajada jordana en ese país, la propia crisis financiera que afecta a las petromonarquías así como la desconfianza creada por la ruptura jordana en la Guerra del Golfo, hacen que la reinserción jordana en el sistema regional árabe surgido del nuevo orden regional no vaya a tener repercusiones beneficiosas inmediatas para su economía. En cualquier caso, las ayudas de las petromonarquías, siempre exiguas y condicionadas, no garantizan la estabilidad económica a largo plazo en la medida en que el desarrollo natural de la economía del país está indisolublemente ligado al comercio con Iraq y, por tanto, condenado a un destino incierto en tanto las sanciones a Iraq no se levanten. En línea con esta consideración, las declaraciones de Abdallah sobre Iraq parecen contundentes: "Jordania no será utilizado como trampolín para desarrollar ninguna acción hostil contra Iraq, ni participará en ninguna clase de intervención militar o política contra este país. Estamos entrando en una nueva era. Lo prioritario es poner nuestra casa en orden y reforzar la unidad nacional. De manera que no tenemos la ambición de jugar un papel regional en Iraq ni en ningún otro lugar". Por otra parte, el acercamiento jordano a Siria, tras la visita del rey en abril, ha permitido que se hayan alcanzado nuevos acuerdos en cuestiones relativas al agua: desde el 15 de mayo los depósitos jordanos están recibiendo 8 millones de metros cúbicos de agua de los pozos sirios. Asimismo, Asad ha garantizado la revisión de los expedientes de los más de 700 presos políticos jordanos -la mayoría de origen palestino- encarcelados en Siria desde los años 70. Desde su encuentro con el rey Abdallah, el presidente sirio viene permitiendo que dichos presos reciban las visitas de sus familias en las cárceles. En directa asociación con el frente económico interno y con la posición jordana regional, el rey Abdallah ha iniciado desde los primeros meses de su reinado una intensa actividad diplomática orientada a solicitar ante los países occidentales la reducción de la deuda externa jordana. El pago de los 6.8 billones de dólares que integran el total de la deuda externa ocupa un tercio del presupuesto nacional en un país en el que un tercio de sus 4,5 millones de habitantes vive por debajo del nivel de la pobreza. La trascendencia de este problema es tal que el rey no ha dudado en explicitar ante sus interlocutores internacionales que el compromiso occidental con Jordania pasa por ayudar a la recuperación económica de su país como condición indispensable para que el Estado jordano pueda garantizar su estabilidad interna y ejercer así el papel estabilizador que tiene asignado en la turbulenta región de Oriente Medio. Como medida de garantía, el rey ha insistido en su determinación de poner en marcha un decidido programa de privatizaciones que favorezca la inversión extranjera y que permita controlar la pobreza y el desempleo. No obstante, pese a su solicitud de reducción de un 50% de la deuda ante el Club de París, ante el llamado G-7 y ante representantes de la UE y otros países donantes, las peticiones jordanas no han encontrado la respuesta esperada; ni siquiera el papel favorable que EEUU había prometido ejercer ante estos foros, en compensación por la convalidación del régimen jordano con la política norteamericana en la región, ha surtido un efecto decisorio. En su reunión del 20 de mayo, el Club de París acordó que únicamente aceptaría la reprogramación del pago de un billón de dólares excluyendo de momento cualquier tipo de condonación de la deuda; por su parte el G-7 sólo se comprometió a revisar las posibilidades de un tratamiento más beneficioso. Asimismo, Canadá, Francia, Alemania y Japón se han limitado exclusivamente a favorecer una revisión de las balanzas de pagos bilaterales. |
