Guerra y sanciones a Iraq


Miembros del Tribunal

Argelia:
Ahmed Ben Bella

(Primer Presidente de Argelia, Vice-Presidente del Tribunal Bertrand Russell),
Louisa Hannoun
(Secretaria General del PTA).

Austria:
Hans Koechler

(Presidente de la Organización Internacional Progresista, IPO).

Egipto:
Saber Mohamed Mahmoud Ammar

(miembro del Comisión Permanente de Unión de Abogados Arabes, ALU).

España:
Najib Abu-Warda

(Profesor de RR.II, Univ. Complutense de Madrid, representante de La Asociación Hispano-Palestina Jerusalén),
Juan María Bandrés
(Abogado, Presidente del Centro Español de Ayuda al Refugiado, CEAR),
Aurora Bilbao
(Médica, Profesora, UPV-EHU, Presidenta de Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, IPPNW),
Marcelino Camacho
(Sindicalista, ex Presidente de CCOO),
Pablo Castellano
(diputado y portavoz de IU-IC en la Comisión de Justicia del Congreso de Diputados),
Francisco Doñate
(Catedrático de Medicina, UPV-EHU),
Francisco Frutos
(Diputado de IU-IC y Coordinador Federal del Partido Comunista de España, PCE),
Juan Francisco Martín Seco
(Economista),
Pedro Martínez Montávez
(Catedrático de Arabe e Islam, Universidad Autónoma de Madrid),
Joaquín Navarro
(Magistrado),
Carmen Pujol
(Jurista, Presidenta y representante de Asociación de Mujeres Juristas Themis),
Nicolás Redondo
(Sindicalista, ex Secretario Gral. de UGT),
Francisco Rodríguez
(Diputado del Bloque Nacionalista Gallego en el Congreso de Diputados),
Juan José Romeo Laguna
(Magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla, representante de Jueces para la Democracia),
Javier Sádaba
(Catedrático de Filosofía, Universidad Autónoma de Madrid),
Eloy Terrón
(Ex Presidente del CAUM),
Endika Zulueta
(Abogado, representante de la Asociación Libre de Abogados, ALA).

Italia:
Domenico Gallo

(ex Senador, Magistrado del Tribunal de Roma, miembro de Asociación Europea de Jurista, AEJDDH).

Jordania:
Tujan Feisal

(Diputada del Parlamento),
Husain Mujali
(Presidente del Colegio de Abogados de Jordania, JLU).

Marruecos:
Mohamed al-Basry

(miembro de la Unión Socialista de Fuerzas Populares, USPP).

Palestina:
Haider Abdel Shafi

(Doctor, Presidente del Creciente Rojo Palestino en Gaza, Consejo Legislativo Palestino),
Raji Sourani
(Abogado, Director del Centro Palestino de Derechos Humanos, PCHR, Gaza).

Reino Unido:
Robert Parry

(Diputado del Partido Laborista).

Siria:
Yousef Zuain

(ex Primer Ministro).

Turquía:
Türkkaya Ataöv

(Catedrático de Relaciones Internacionales, Universidad de Ankara).

Iraq

Guerra y sanciones a Iraq
Naciones Unidas y el 'nuevo orden mundial'

Veredicto Final

Tribunal Internacional Seif Zuhair y Bushra Ibrahim Ali por Crímenes Contra la Humanidad Cometidos por el Consejo de Seguridad (CS) de Naciones Unidas

Los miembros del Tribunal Internacional Seif Zuhair y Bushra Ibrahim Ali por Crímenes Contra la Humanidad Cometidos por el Consejo de Seguridad (CS) de Naciones Unidas (NNUU) en Iraq, una vez examinada la acusación formulada por Ramsey Clark (ex Fiscal General de Estados Unidos y Presidente del Centro de Acción Internacional), en el día de ayer, 16 de noviembre de 1996, contra el CS de NNUU y sus miembros permanentes, se han reunido para deliberar sobre las pruebas aportadas en la sesión pública.

En concreto:

- Los testimonios y documentos aportados por Peter L. Pellet (Jefe del equipo de la FAO 1995, Universidad de Massachusetts, EEUU), Khaldun Darwix al-Bakri (Presidente del Creciente Rojo Iraquí), Siegwart-Horst Günther (Presidente de la Cruz Amarilla Internacional, Austria), y Margret Fakhouri (pediatra, Alemania/Jordania), en relación a la situación sanitaria de la población iraquí y, en especial, sobre su incidencia en la infancia, así como los efectos del uso de armamento no convencional durante la guerra.

- Los testimonios y documentos aportados por Sarah Zaidi (miembro del equipo de la FAO 1995, Directora del Centro de Derechos Económicos y Sociales de Nueva York, EEUU/Paquistán), Thaera Abdul Wahid Mohammed (médica, Vicepresidenta de la Federación General de Mujeres Iraquíes) y María Durán (abogada, Asociación de Mujeres Juristas Themis, España), sobre indicadores socioeconómicos de empobrecimiento y lo efectos del embargo sobre la situación de las mujeres.

- Los testimonios y documentos presentados por Joaquín Córdoba Zoilo (profesor de Historia Antigua de la Universidad Autónoma de Madrid) sobre las consecuencias de las sanciones en el patrimonio histórico-cultural de la Humanidad en Iraq.

- Los testimonios y documentos aportados por Saad Hamid (jurista, del Centro de Derechos Económicos y Sociales de Nueva York, EEUU/Jordania), Patrick Brunot (abogado del Tribunal de Apelación de París, Profesor de Derecho Internacional de la Escuela Superior de Estudios Internacionales de París, Francia), Terrance M. Duffy (profesor de la Universidad del Ulster, Irlanda del Norte), y Akram Witri (profesor de Derecho Internacional, Universidad de Bagdad) sobre el régimen de sanciones contra Iraq y el Derecho Internacional.

No han comparecido los acusados: el CS de NNUU se ha excusado, a través de la Oficina de NNUU en Madrid, y ha alegado su reiterada preocupación por el estado de la sociedad civil afectada por el embargo y la situación humanitaria en Iraq, que ha plasmado en sus resoluciones 776 y 712 de 1991. En esta última se hace hincapié en el deterioro de los niveles de nutrición y salud de la población iraquí. Asimismo, ha aducido que los Directores de UNICEF y del Programa de Alimentación Mundial, así como el Subsecretario para Asuntos Humanitarios, han realizado un llamamiento para que aportaran contribuciones financieras urgentes para el programa humanitario de asitencia a Iraq. Estas alegaciones han sido remitidas por la Oficina de NNUU en Madrid mediante fax fechado el 31 de octubre del presente año.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO. El CS de la NNUU, hegemonizado por EEUU, ha adoptado, desde el 6 de agosto de 1990 hasta la fecha, una conducta orientada a imponer, mantener y aplicar sanciones económicas extremas y un estricto bloqueo al pueblo de Iraq con el propósito de perjudicar a toda la población, matando a sus miembros más débiles (niños de todas las edades, ancianos, personas crónicamente enfermas y mujeres embarazadas y en período de lactancia) privándolos de medicinas, agua potable, alimentos y demás elementos esenciales.

SEGUNDO. Los acusados han obstruido la Justicia y corrompido las funciones de NNUU mediante coacciones de todo tipo, utilizando sistemáticamente la amenaza, la manipulación y la desinformación para acallar las protestas e impedir el levantamiento de las sanciones contra Iraq, a pesar de los informes emitidos a lo largo de cinco años por las principales agencias de la NNUU y diversas organizaciones humanitarias y pacifistas que han denunciado rigurosamente la mortalidad y el sufrimiento del pueblo iraquí.

TERCERO. Los acusados han perpetrado ataques criminales contra fábricas químicas de fertilizantes e insecticidas, depósitos de productos agrícolas y alimenticios, tanques de almacenamiento de petróleo, etc., exponiendo al pueblo de Iraq a la radiación y la contaminación química y causando muertes, enfermedades y lesiones permanentes.

CUARTO. Los acusados han ocultado la existencia y utilización de una amplia gama de armas ilegales, incluyendo cohetes y misiles que contenían uranio empobrecido y que han contaminado el terreno y las aguas subterráneas con radiaciones que son gravemente lesivas, incluso letales, y que afectarán a la población durante miles de años.

QUINTO. Los acusados han impuesto coactivamente exacciones y tributos ilegales y han institucionalizado reparaciones económicas desproporcionadas que ignoran los daños injustos causados en Iraq y que suponen que más de la mitad del valor de todas las ventas de petróleo realizadas desde Iraq se utilicen para el pago de esas sanciones, dando lugar al hambre, a la malnutrición y a la carencia de recursos elementales para atender a los sectores más vulnerables de la población.

SEXTO. Los acusados han manipulado, controlado y desinformado mediante una política sectaria de ocultación y deformación de la realidad, el incumplimiento de los requerimientos de la propia NNUU y el sufrimiento del pueblo iraquí para propiciar el apoyo o la ignorancia de la opinión pública internacional sobre los hechos que se están consumando.

SEPTIMO. Todo lo anteriormente expuesto ha incidido con especial brutalidad sobre los sectores más vulnerables y desprotegidos del pueblo iraquí, singularmente, niños, mujeres y ancianos. Diversos informes de organismos internacionales de la NNUU y organizaciones humanitarias y pacifistas han constatado la muerte de más de un millón y medio de personas, de las que 750.000 son niños de edades inferiores a los cinco años. Ello aparte del alto índice de mortalidad en el momento del parto y del nacimiento de miles de niños con malformaciones congénitas. La situación de las mujeres ha padecido una gigantesca involución con atentados brutales contra su dignidad y su integridad física y moral.

OCTAVO. Los acusados han propiciado, por omisión, pasividad o complicidad, la destrucción y el saqueo de gran parte de la riqueza histórica, artística, monumental y documental de la nación iraquí, que es patrimonio de toda la Humanidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Este Tribunal se considera asistido por la legitimidad ética y jurídica que le presta la reprobación por amplios sectores de la opinión pública mundial del desprecio y la brutalidad ejercidos por el CS de la NNUU contra el pueblo iraquí. Estima el Tribunal que ningún poder está autorizado a actuar sin el Derecho o contra el Derecho, arrogándose la terrible e inexistente facultad de delinquir impunemente. El CS de la NNUU ha perpetrado crímenes atroces contra los propios principios de paz, libertad y justicia que está llamado a defender, violando declaraciones y resoluciones fundamentales de NNUU y del Código moral y jurídico que constituyen el mínimo ético de la convivencia internacional.

SEGUNDO. Los hechos relatados constituyen un DELITO DE GENOCIDIO descrito y tipificado en el Convenio de NNUU de 9 de diciembre de 1948. Tales hechos han supuesto, y siguen suponiendo, la destrucción del pueblo iraquí mediante los siguientes actos:

Primero: la matanza de miembros de este pueblo.

Segundo: la producción de lesiones graves a la integridad física y psíquica del pueblo iraquí.

Tercero: el sometimiento intencionado y consciente del pueblo iraquí a condiciones de existencia que acarrean su destrucción.

El Tribunal considera que este delito de genocidio podría integrar una forma específica de TERRORISMO INSTITUCIONAL perpetrado por el CS de NNUU.

TERCERO. De los referidos delitos y de los crímenes contra la humanidad que en los mismos se subsumen, son responsables, en concepto de AUTORES, por la ejecución material, inducción o cooperación necesaria, los Estados miembros del CS de NNUU que han prestado su apoyo a las acciones descritas.

Son también responsables los que, con su ENCUBRIMIENTO o COMPLICIDAD, han colaborado decisivamente en la comisión y ocultación de tales crímenes.

CUARTO. Los hechos declarados probados violan, entre otras, las siguientes normas de DERECHO INTERNACIONAL, aprobadas por las propias NNUU:

a. La DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, de 10 de diciembre de 1948.

b. El PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, de 19 de diciembre de 1966.

c. La CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, de 18 de diciembre de 1979.

d. La CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, de 20 de noviembre de 1989.

e. El Protocolo adicional primero de la CONVENCIÓN DE GINEBRA de 1977.

Por todo lo expuesto, este Tribunal Internacional CONDENA a los acusados, CS de NNUU y, especialmente, al Gobierno de EEUU, como responsables de los delitos descritos en la presente resolución.

Asimismo EXIGE:

1. El inmediato levantamiento de las sanciones impuestas al pueblo iraquí.

2. La inmediata retirada de la región de todas las fuerzas militares y del armamento acumulado a partir de la guerra de exterminio contra Iraq.

3. Que se indemnice al pueblo iraquí por todos los daños causados.

En Madrid, a 17 de noviembre de 1996,

Los miembros del Tribunal.


Guerra y sanciones a Iraq