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Compromiso político
y solidaridad con los presos y presas palestinos, y sus familias
CSCAweb (www.nodo50.org/csca),
27 de febrero de 2004
Nota informativa del Comité de Solidaridad con la Causa
Árabe (CSCA)
Programa
de emergencia para asistencia alimentaria a las familias de los
presos políticos palestinos encarcelados por Israel del
CSCA y la organización palestina Comités de Trabajos
de la Salud en colaboración con los ayuntamientos de Oviedo
y Gijón, y la Agencia Asturiana de Cooperación
al Desarrollo
Desde el pasado noviembre de
2003, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe
(CSCA) colabora a través de la organización palestina
Comités de Trabajos de la Salud (HWC, Health Work Committees)
en el programa "Emergencia para asistencia alimentaria a
las familias de los presos políticos palestinos encarcelados
por Israel". La aportación a este programa cuenta
con el respaldo institucional y económico de los siguientes
organismos públicos del Principado de Asturias: Ayuntamiento
de Oviedo (45.000 euros), Ayuntamiento de Gijón (30.000
euros) y la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo
(35.000 euros).
El respaldo del CSCA a este
programa está directamente relacionado con la necesidad
urgente de asistir a las familias de los presos, así como
con la de contribuir desde el Estado español a promover
la sensibilización, la solidaridad y el compromiso político
con un colectivo de la sociedad palestina doblemente represaliado
y castigado por su activismo político, por su determinación
en la defensa de Palestina y de sus derechos nacionales.
Antecedentes
sobre la situación de los presos palestinos
Ya antes del estallido de
la nueva Intifada, en septiembre del año 2000, las condiciones
sociales y económicas en los territorios palestinos ocupados
por Israel en 1967 (Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén
Oriental) presentaban problemas estructurales extremadamente
graves y niveles de pobreza elevados. El estatus político
de la región en los últimos 33 años, caracterizado
por una situación de ocupación militar, limitaba
los niveles de crecimiento, implicaba unas inversiones públicas
ínfimas y definía un modelo económico altamente
dependiente y condicionado por Israel [1]. A estos problemas
se suman la superpoblación derivada de la presencia de
más de 1.400.000 refugiados y un crecimiento poblacional
muy superior al de la economía. Derivado de este contexto,
los indicadores socioeconómicos de los territorios ocupados
en 1967 muestran cifras preocupantes, así la renta per
capita en los Territorios Palestinos es unas ocho veces inferior
a la de Israel [2].
Efectos
sociales y económicos de la ocupación
La mantenida ocupación
ilegal de Israel en Gaza y Cisjordania incluye asesinatos selectivos
contra dirigentes políticos palestinos, destrucción
de infraestructuras, tala de árboles, restricción
de la libertad de movimientos, castigos colectivos en sus vertientes
de demolición de viviendas, confiscación de tierras,
construcción de asentamientos y recientemente la construcción
del Muro de separación [3] y las repetidas
invasiones de ciudades palestinas, aldeas y campamentos de refugiados.
Todos los estudios realizados sobre la sociedad palestina por
organizaciones internacionales como el del Programa de Desarrollo
de Naciones Unidas (PNUD), Care International y USAID,
muestran que, como consecuencia directa de la ocupación
militar israelí, la pobreza ha alcanzado al 65% de la
población palestina de Gaza y Cisjordania y que más
del 50% está en paro. El número de familias que
sufren directamente esas medidas se incrementa a diario.
La situación
de los presos y presas palestinos
Esta situación afecta
muy especialmente a un amplio sector de familias que debido a
la política de detenciones que de forma arbitraria y sistemática
practica el ejército de ocupación israelí
en Gaza y Cisjordania han sufrido el arresto y encarcelamiento
prolongados, en la mayoría de los casos arbitrario y sin
justificación, de miembros de familias que son en general,
cabezas de familia, padres, hijos o esposos de cuyo trabajo depende
habitualmente el salario mínimo para la subsistencia familiar.
Igualmente, muchas familias empobrecidas por la ocupación
suman a su precariedad y marginalidad el hecho de tener que soportar
la carga emocional y económica de tener a uno de sus miembros
encarcelado. Los desplazamientos para las visitas en las prisiones,
la asistencia económica para su sustento en las cárceles
(que el Estado de Israel no garantiza) así como el apoyo
legal, suponen cargas materiales que en la mayoría de
los casos las familias palestinas no pueden soportar.
La política de encarcelamiento
de palestinos es practicada de manera generalizada por la ocupación
israelí. Las organizaciones de derechos humanos estiman
que desde el comienzo de la ocupación en 1967 se han practicado
casi 400 mil detenciones contra palestinos. Ello podría
significar que casi todos los adultos de los territorios ocupados
han sido detenidos al menos una vez en su vida, dándose
casos de personas que han sido detenidas 20 veces. Desde el comienzo
de la segunda Intifada, la política de detenciones masivas
por parte de Israel y aquellas practicadas por la Autoridad Palestina
vienen siendo denunciadas por amplios sectores de la sociedad
palestina como un sistema de represión contra la disidencia
política y contra el derecho legítimo a resistir
a la ocupación [4].
"Detención
administrativa" y tortura
El método más
comúnmente utilizado por la ocupación para detener
a los palestinos es la denominada "detención administrativa",
un procedimiento ilegal desde el punto de vista del Derecho pero
que se aplica desde el inicio de la ocupación en 1967
y cuyo uso se intensificó duramente en particular desde
la primera Intifada (1987). La detención administrativa
significa el arresto indefinido de una persona sin que existan
cargos contra ella y sin que se le someta a la autoridad de un
juez en un periodo de encarcelamiento que puede llegar hasta
los seis meses, momento en que la autoridad penitenciaria (y
no la judicial) determina si el detenido pasa a disposición
de un juez o si se prolonga su detención administrativa
por un nuevo periodo de otros seis meses. Antes de ser llevados
a juicio, muchos de los detenidos son sometidos en las sesiones
de interrogatorio a procedimientos inhumanos de tortura física
y psicológica, tal y como siguen denunciando los organismos
palestinos e internacionales de derechos humanos. Posteriormente,
cuando los detenidos administrativos son llevados ante un juez,
el tribunal, que es militar y no civil, se reserva siempre el
derecho de que los informes queden sujetos a "archivos secretos"
sin que los abogados de los presos puedan acceder a ellos para
plantear su defensa.
Durante la primera Intifada
las fuerzas de ocupación construyeron un campo de detención
(convertido por sus características en un campo de concentración
para palestinos) en el desierto del Neguev en el que se encarcelaron
a más de 5.000 detenidos.
28.0000
palestinos detenidos desde 2000
A la desproporción y
arbitrariedad de las detenciones y a la ilegalidad de la aplicación
de la detención administrativa hay que añadir que
Israel viola sistemáticamente la normativa del Derecho
Humanitario y de la Cuarta Convención de Ginebra que prohíbe
expresamente trasladar a los prisioneros de un territorio ocupado
(Cisjordania y Gaza) al territorio de la potencia ocupante (el
Estado de Israel). Esta violación implica que las familias
de detenidos y presos palestinos así como sus abogados
están sometidos a los impedimentos administrativos que
Israel impone mediante la restricción de movimientos en
los territorios ocupados y en Israel para que no puedan ejercer
su derecho a visitar a los presos en las prisiones.
Desde el comienzo de la presente
Intifada el 29 de septiembre de 2000, más de 28.000 palestinos
han sido detenidos por las autoridades israelíes. En la
actualidad entre 150 y 200 menores de edad siguen encarcelados
en prisiones israelíes. La situación en las prisiones
israelíes y en los centros de detención son dramáticas.
La falta de higiene y de cuidados médicos, la carencia
de alimentos y la saturación de presos empeoran considerablemente
la situación de los prisioneros. La ayuda exterior a favor
de la población palestina encaminada a paliar los efectos
de esta situación está siendo muy limitada. Se
estima que siete de cada diez personas en Cisjordania requieren
en la actualidad de apoyo externo para paliar sus necesidades
básicas pero solamente tres de cada diez tienen acceso
a alguna forma de ayuda externa [4].
El siguiente cuadro muestra
la distribución de los detenidos en los distintos prisiones
y centros de detención israelíes [5]:
| Prisión y centro
de detención |
Encarcelados |
| Ashkelon |
400 |
| Centro
de detención de Bet Eil |
40 |
| Centro
de detención de Erez |
24 |
| Centro
de detención de Etzion |
17 |
| Centro
de detención de Huwarra |
52 |
| Centros
de Interrogatorio |
~100 |
| Hadoriym |
120 |
| Hospital
de Ramle |
10 |
| Kadomin |
41-45 |
| Kfar
Yuna |
1 |
| Meggido |
1.000 |
| Nafha |
807 |
| Neguev
(Ansar 3) |
800 |
| Prisión
de mujeres de Ramleh |
73 |
| Prisión
militar de Ofer |
700 |
| Shatta |
260 |
| Telmond |
70 |
| Ver
Sheba |
472 |
| Total |
5. 011 |
Objetivo
del programa
El programa de emergencia tiene
por objeto atender las necesidades alimentarias básicas
mediante raciones de alimentos de unas 600 familias palestinas
(alrededor de 3.600 personas) que tienen alguno de sus miembros
encarcelados en prisiones israelíes. El proyecto consiste
en proporcionar paquetes de alimentos a unas 600 familias (unas
3.600 personas) de detenidos y presos palestinos que han resultado
especialmente afectadas por la ocupación israelí
y por la pérdida de ingresos debido al encarcelamientos
de los miembros que sustentan con su salario la economía
mínima familiar. A través de los Comités
de Trabajos de la Salud se han distribuido en diciembre de 2003
unas 390 familias (unas 2.340 personas) han recibido un paquete
de alimentos. Desde 1985 los Comités de Trabajos de la
Salud ha intervenido activamente para mejorar la salud en Palestina
y parte de su programa consiste en distribuir alimentos. Durante
el pasado año 2.002 los Comités de Trabajos de
la Salud ejecutó con éxito tres grandes programas
de distribución de paquetes de alimentos a más
5.000 familias.
Los paquetes de alimentos consisten en: 2.5 Kg. de leche enriquecida;
12 Kg. de azúcar; 5 litros de aceite de girasol; cinco
litros de aceite de oliva; 3 Kg. de lentejas; 5 Kg. de fideos;
3Kg. de alubias blancas; 3 Kg. de salsa de tomate; 1 paquete
de salsa de sésamo; 3 Kg. de garbanzos; 1 Kg. de saater;
30 Kg. de harina; 5 latas de sardinas; 5 latas de atún;
5 latas de carne; 1 litro de zumo de limón concentrado
y 10 Kg. de arroz. La composición de este paquete de alimentos
está basada en las necesidades de una familia de 6 miembros
y su duración se estima entre 2 y 3 semanas. Los Comités
de Trabajos de la Salud almacenan y preparan los paquetes de
alimentos y los distribuyen en Cisjordania mediante su propia
red de centros médicos. Todos los alimentos que componen
los paquetes pueden obtenerse en Cisjordania.
Los Comités
de Trabajos de la Salud
Los Comités de Trabajos
de la Salud son una organización palestina creada en 1985
por un grupo de profesionales de la salud con el propósito
de mejorar las condiciones de vida de la población palestina.
Su desarrollo como organización se produjo en el periodo
de la primera Intifada (1987-1991) en el marco de la desobediencia
civil colectiva promovida por la dirección unificada del
levantamiento frente a la ocupación militar israelí.
En aquella época numerosas organizaciones políticas
y sociales crearon comités populares sectoriales y profesionalizados
para atender las necesidades básicas de la población
ocupada. Digno ejemplo de coherencia política y compromiso
nacional, los comités populares palestinos demostraron
la capacidad de la sociedad palestina para auto organizarse en
un medio extremadamente hostil como el de la represión
y ocupación israelíes llevando a cabo una labor
que contribuiría notablemente al desarrollo de un tejido
social palestino altamente organizado, políticamente comprometido
y activo en la Intifada.
Los Comités de Trabajos
de la Salud ha subsistido dignamente como muchos otros comités
populares palestinos a pesar de la desmovilización que
el proceso de Oslo puso en marcha para que muchas organizaciones
sociales y políticas palestinas perdieran su carácter
popular y su compromiso político nacional transformándose
en meros receptores de "ayuda humanitaria" a través
de las grandes ONG de la "comunidad de donantes". En
la actualidad siguen llevando a cabo una labor social de primer
orden en el terreno de la salud en Palestina ocupada.
Notas:
1. Palestinian
Water Authority. Technical framework regarding the water issues.
Junio 1999.
2. Información de la Palestinian Academic Society for
the Study of International Affairs. 2000.
3. Véase en CSCAweb: El Muro del Apartheid en Palestina
y el Derecho Internacional y enlaces relacionados.
4. Estos datos corresponden a los informes publicados por la
organización palestina de derechos humanos Addamir
que trabaja en apoyo de los presos y detenidos palestinos (www.addameer.org/index2.html). No obstante, las
cifras pueden variar habida cuenta de que en muchas ocasiones
las autoridades israelíes no informan de la detención
de palestinos o del lugar en donde están recluidos impidiendo
con ello a las familias y a las organizaciones de apoyo hacer
su seguimiento y contabilización.
5. Véase en CSCAweb: Comunicado de las
organizaciones sociales palestinas contra la represión
interna y por el derecho a la resistencia y Comunicado
de Ahmad Saadat, secretario general del FPLP, y de sus compañeros
desde la cárcel de Jericó - Los presos políticos
de Jericó
6. Impact of the Israeli measures on the economic conditions
of Palestinian households. Palestinian Central Bureau of
Statistics.. Abril, 2001. Para más información
sobre la situación de los presos y detenidos palestinos
en las cárceles de Israel, véase: "Informe
sobre presos políticos palestinos en cárceles de
Israel y bajo la Autoridad Palestina", CSCA, 1998.
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